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La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene los días contados en Navarra. En cinco meses los agentes de esta especialidad del Instituto Armado dejarán de circular y controlar las carreteras navarras para dejar esa competencia en manos de la Policía Foral. El viejo deseo de los nacionalistas de ver cómo las Fuerzas de Seguridad del Estado abandonan el País Vasco y la comunidad foral da un nuevo pasito hacia delante.
La fecha de expulsión de estos agentes de la Benemérita aparece reflejado en el acuerdo político que han alcanzado en las últimas horas los dos partidos políticos que forman parte del Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con EH Bildu, la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA. El objetivo, que los batasunos apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos del Ejecutivo para 2023.
Exactamente, se recoge en el punto 6 del acuerdo que han alcanzado. "Se tras*ferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de tras*ferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la tras*ferencia de la misma", dice el acuerdo.
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El primer acuerdo a tres bandas, entre el presidente del Gobierno, la entonces presidenta de Navarra, la nacionalista Uxue Barkos, y los socialistas navarros, llegó a principios de 2019. Ahí se llegó al pacto inicial y se activaron los mecanismos para que fuera posible, como la luz verde desde el Ministerio del Interior de la ampliación de la plantilla de la Policía Foral de Navarra, que necesitaba un aumento importante en su número de agentes para poder asumir la competencia.
Pese al cambio de Gobierno en Navarra, en el mismo año 2019, con la llegada de la socialista María Chivite, nada cambió en lo que respecta a la expulsión de los guardias civiles de tráfico de la comunidad foral, pues el Gobierno seguía necesitando de EH Bildu en el Congreso de los Diputados y la propia Chivite necesitaba de los votos de la propia coalición electoral batasuna para poder gobernar con relativa tranquilidad en Navarra.
Éste no es la única cesión de calado del Gobierno de Pedro Sánchez a los batasunos de Bildu desde que llegó al Palacio de La Moncloa. El más llamativo, o doloroso, es el acuerdo para trasladar a todos los presos de la banda terrorista que siguen en prisión a cárceles del País Vasco y Navarra. Un traslado que se encuentra ya al 90 por ciento y que es posible que esté terminado para las fiestas de Navidad.
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La fecha de expulsión de estos agentes de la Benemérita aparece reflejado en el acuerdo político que han alcanzado en las últimas horas los dos partidos políticos que forman parte del Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con EH Bildu, la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA. El objetivo, que los batasunos apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos del Ejecutivo para 2023.
Exactamente, se recoge en el punto 6 del acuerdo que han alcanzado. "Se tras*ferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de tras*ferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la tras*ferencia de la misma", dice el acuerdo.
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El primer acuerdo a tres bandas, entre el presidente del Gobierno, la entonces presidenta de Navarra, la nacionalista Uxue Barkos, y los socialistas navarros, llegó a principios de 2019. Ahí se llegó al pacto inicial y se activaron los mecanismos para que fuera posible, como la luz verde desde el Ministerio del Interior de la ampliación de la plantilla de la Policía Foral de Navarra, que necesitaba un aumento importante en su número de agentes para poder asumir la competencia.
Pese al cambio de Gobierno en Navarra, en el mismo año 2019, con la llegada de la socialista María Chivite, nada cambió en lo que respecta a la expulsión de los guardias civiles de tráfico de la comunidad foral, pues el Gobierno seguía necesitando de EH Bildu en el Congreso de los Diputados y la propia Chivite necesitaba de los votos de la propia coalición electoral batasuna para poder gobernar con relativa tranquilidad en Navarra.
Éste no es la única cesión de calado del Gobierno de Pedro Sánchez a los batasunos de Bildu desde que llegó al Palacio de La Moncloa. El más llamativo, o doloroso, es el acuerdo para trasladar a todos los presos de la banda terrorista que siguen en prisión a cárceles del País Vasco y Navarra. Un traslado que se encuentra ya al 90 por ciento y que es posible que esté terminado para las fiestas de Navidad.
El pacto de presupuestos Gobierno-Bildu pone fecha a la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico
El primer acuerdo para realizar el traspaso de la competencia de seguridad vial fue en 2019, aunque los policías forales no contaban con medios.
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