teto4006
Madmaxista
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El Pacte d'Immigració preveu que el català sigui la llengua d'acollida
Tres niñas chinas en una clase de catalán
Vídeo:
Ni PP ni CCOO estan d'acord amb el pacte
El gobierno ha presentado este jueves el Pacto Nacional para la inmi gración con la intención de firmarlo mañana con el resto de partidos y de entidades. Los puntos más destacables del texto son la reducción de diez a cinco años el tiempo necesario de residencia legal para conseguir la nacionalidad, y el derecho a voto para los recién llegados si hace cinco años que viven legalmente en el país. Estos puntos, sin embargo, sólo se podrán aplicar si se reforman las leyes españolas. CiU y el PP muestran reticencias y los grandes sindicados, como Comisiones Obreras, ya han dicho que no lo firmarán, al menos de momento.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha presentado el Pacto Nacional para la inmi gración, que pretende garantizar la cohesión social y laboral y la integración de los recién llegados. El documento prevé, entre otras cuestiones, el siguiente:
Conocer Cataluña y el catalán
El conocimiento de la lengua, la cultura y la sociedad catalana son tres aspectos básicos y recurrentes del Pacto Nacional. No se obligará a los pagapensiones a hacer cursos de catalán durante el proceso de acogida (ni les harán exámenes) pero, paradójicamente, los que puedan probar que conocen la lengua y la sociedad catalana tendrán más facilidades para el arraigo.
Nacionalización a los cinco años y derecho a voto
Una de las medidas más ambiciosas es facilitar la nacionalidad a los pagapensiones a partir del quinto año de residencia y no del décimo, como hasta ahora. También conceder el derecho a voto en las elecciones municipales a todas las personas que haga cinco años que viven en Cataluña.
Adaptar inmi gración y mercado de trabajo
Otro de los puntos básicos es el acceso de los pagapensiones al mercado de trabajo. El pacto quiere promover cambios en la normativa de extranjería para que las personas reagrupadas puedan acceder, sólo llegar, a una autorización de trabajo. También pretende mejorar los mecanismos de contratación en origen y potenciar los cursos de formación de la población inmigrada para evitar la precarització laboral, así como el aumento de las inspecciones de trabajo para que no haya contrataciones irregulares.
Servicios públicos para todo el mundo
El pacto quiere adaptar los servicios públicos a una sociedad diversa. Se quieren evitar conflictos con la población autóctona a la hora de acceder a los servicios sanitarios, escolares o sociales. Pero para que no haya competencia para los servicios públicos, hace falta redimensionarlos y aumentar la partida social de los presupuestos.
Las discrepancias de CiU, PP y CCOO
El gobierno es consciente de que hay puntos que no tendrán el consenso deseado: el reagrupamiento familiar, el derecho de voto de los recién llegados y la reducción de diez a cinco años el periodo de residencia legal para conseguir la nacionalidad, son algunos. CiU considera que estos puntos son competencia del Estado y que, por lo tanto, se tendrían que incluir en un anexo. La consejera Carme Capdevila ha dicho que no ve ningún inconveniente al hacerlo.
Por su parte, el PP ve "serias reticencias". Considera "inoportunos" diversos aspectos que llevan a reformar la ley de extranjería para garantizar la regulación de los flujos migratorios, y pide que el pacto se centre en las competencias de la Generalitat y no en las del Estado, como el derecho de voto o el derecho de nacionalidad.
Finalmente, Comisiones Obreras ha dicho que no firmará el documento porque no confía en que se aplique, aunque ve numerosos aspectos positivos.
En Cataluña hay 1.097.000 extranjeros
Si el año 2000 los pagapensiones representaban un 2,9% de la población, ocho años después ya son el 14,9%. Este cambio demográfico explica, según el gobierno, la necesidad del pacto, que se ha querido consensuar con los agentes sociales y los partidos políticos, pero no todo el mundo se ha sumado.
Saludos,
Tres niñas chinas en una clase de catalán
Vídeo:
Ni PP ni CCOO estan d'acord amb el pacte
El gobierno ha presentado este jueves el Pacto Nacional para la inmi gración con la intención de firmarlo mañana con el resto de partidos y de entidades. Los puntos más destacables del texto son la reducción de diez a cinco años el tiempo necesario de residencia legal para conseguir la nacionalidad, y el derecho a voto para los recién llegados si hace cinco años que viven legalmente en el país. Estos puntos, sin embargo, sólo se podrán aplicar si se reforman las leyes españolas. CiU y el PP muestran reticencias y los grandes sindicados, como Comisiones Obreras, ya han dicho que no lo firmarán, al menos de momento.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha presentado el Pacto Nacional para la inmi gración, que pretende garantizar la cohesión social y laboral y la integración de los recién llegados. El documento prevé, entre otras cuestiones, el siguiente:
Conocer Cataluña y el catalán
El conocimiento de la lengua, la cultura y la sociedad catalana son tres aspectos básicos y recurrentes del Pacto Nacional. No se obligará a los pagapensiones a hacer cursos de catalán durante el proceso de acogida (ni les harán exámenes) pero, paradójicamente, los que puedan probar que conocen la lengua y la sociedad catalana tendrán más facilidades para el arraigo.
Nacionalización a los cinco años y derecho a voto
Una de las medidas más ambiciosas es facilitar la nacionalidad a los pagapensiones a partir del quinto año de residencia y no del décimo, como hasta ahora. También conceder el derecho a voto en las elecciones municipales a todas las personas que haga cinco años que viven en Cataluña.
Adaptar inmi gración y mercado de trabajo
Otro de los puntos básicos es el acceso de los pagapensiones al mercado de trabajo. El pacto quiere promover cambios en la normativa de extranjería para que las personas reagrupadas puedan acceder, sólo llegar, a una autorización de trabajo. También pretende mejorar los mecanismos de contratación en origen y potenciar los cursos de formación de la población inmigrada para evitar la precarització laboral, así como el aumento de las inspecciones de trabajo para que no haya contrataciones irregulares.
Servicios públicos para todo el mundo
El pacto quiere adaptar los servicios públicos a una sociedad diversa. Se quieren evitar conflictos con la población autóctona a la hora de acceder a los servicios sanitarios, escolares o sociales. Pero para que no haya competencia para los servicios públicos, hace falta redimensionarlos y aumentar la partida social de los presupuestos.
Las discrepancias de CiU, PP y CCOO
El gobierno es consciente de que hay puntos que no tendrán el consenso deseado: el reagrupamiento familiar, el derecho de voto de los recién llegados y la reducción de diez a cinco años el periodo de residencia legal para conseguir la nacionalidad, son algunos. CiU considera que estos puntos son competencia del Estado y que, por lo tanto, se tendrían que incluir en un anexo. La consejera Carme Capdevila ha dicho que no ve ningún inconveniente al hacerlo.
Por su parte, el PP ve "serias reticencias". Considera "inoportunos" diversos aspectos que llevan a reformar la ley de extranjería para garantizar la regulación de los flujos migratorios, y pide que el pacto se centre en las competencias de la Generalitat y no en las del Estado, como el derecho de voto o el derecho de nacionalidad.
Finalmente, Comisiones Obreras ha dicho que no firmará el documento porque no confía en que se aplique, aunque ve numerosos aspectos positivos.
En Cataluña hay 1.097.000 extranjeros
Si el año 2000 los pagapensiones representaban un 2,9% de la población, ocho años después ya son el 14,9%. Este cambio demográfico explica, según el gobierno, la necesidad del pacto, que se ha querido consensuar con los agentes sociales y los partidos políticos, pero no todo el mundo se ha sumado.
Saludos,
