serradell
Madmaxista
puede un partido que a utilizado una triple vara de medir en las cuestiones autonómicas seguir considerándose democrático ??
Puede un partido político seguir existiendo sin sentir vergüenza después de esto ??
corrupción urbanística en el PP
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CORRUPTOS PEPEROS EN VALENCIA
/La+corrupcion+acorrala+al+PP+valenciano
CORRUPCION EN MADRID
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Puede un partido político seguir existiendo sin sentir vergüenza después de esto ??
corrupción urbanística en el PP
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Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP
Obras en Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de varios proyectos. (Imagen: Archivo)
* La corrupción urbanística ha hecho dimitir a altos cargos, como Enrique Porto , director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
* Campos de golf y nuevas viviendas motivan, en varios casos, recalificaciones presuntamente ilegales.
* En Águilas, un promotor podría haber ganado hasta 75 millones de euros con una recalificación.
Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.
La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:
EN ALICANTE:
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña de color.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN BALEARES:
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
EN BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.
EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN CANARIAS:
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
EN GRANADA:
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN MADRID:
Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
EN MÁLAGA:
Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.
Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.
EN MURCIA:
Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
* Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
EN LA RIOJA:
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).
Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP
Obras en Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de varios proyectos. (Imagen: Archivo)
* La corrupción urbanística ha hecho dimitir a altos cargos, como Enrique Porto , director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
* Campos de golf y nuevas viviendas motivan, en varios casos, recalificaciones presuntamente ilegales.
* En Águilas, un promotor podría haber ganado hasta 75 millones de euros con una recalificación.
Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.
La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:
EN ALICANTE:
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña de color.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN BALEARES:
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
EN BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.
EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN CANARIAS:
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
EN GRANADA:
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN MADRID:
Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
EN MÁLAGA:
Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.
Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.
EN MURCIA:
Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
* Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
EN LA RIOJA:
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).
Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
/La+corrupcion+acorrala+al+PP+valenciano
La corrupción acorrala al PP valenciano
Desde Camps hasta los máximos responsables del partido en Alicante y Castellón
La trama Gürtel salpica a altos cargos populares de toda la Comunidad Valenciana
Los casos de corrupción en el seno del PP valenciano se multiplican. A los tentáculos de la trama Gürtel y a las implicaciones del caso Fabra se suma ahora la investigación judicial abierta en la Diputación de Alicante y en el ayuntamiento de Orihuela. Los máximos responsables del partido en Valencia, empezando por su presidente, Francisco Camps, pasando por el jefe de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el de Alicante, José Joaquín Ripoll, se han visto salpicados por unos casos que dejan en entredicho la gestión del poder en la comunidad valenciana.
Los casos de corrupción en el seno del PP valenciano se multiplican.
*
Ripoll declarará como imputado ante el juez (06.07.10)
*
El juez tras*forma las diligencias contra Fabra en juicio con jurado (01.06.10)
*
Camps tacha de montaje el "caso Gürtel" (26.05.10)
La archiconocida trama Gürtel ha puesto entre las cuerdas a grandes nombres del PP en Valencia. El propio presidente Francisco Camps ha sido imputado junto a otros altos cargos de su partido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por sus relaciones con el cabecilla de la red, Francisco Correa.
Tal es así que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid trasladó su instrucción del caso a Valencia al haber encontrado indicios de delitos en la actuación del presidente Camps y de su Gobierno regional.
Por otra parte, la corrupción también se cierne sobre la provincia de Castellón. El presidente popular de la Diputación y presidente regional del partido, Carlos Fabra, está inmerso en un proceso judicial por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.
El último caso destapado ha tenido lugar en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de Orihuela. El presidente José Joaquín Ripoll estuvo detenido varias horas antes de quedar en libertad con cargos.
Pese a ello, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo su imputación por varios delitos por lo que deberá comparecer ante la Justicia en los próximos días. EPF
Desde Camps hasta los máximos responsables del partido en Alicante y Castellón
La trama Gürtel salpica a altos cargos populares de toda la Comunidad Valenciana
Los casos de corrupción en el seno del PP valenciano se multiplican. A los tentáculos de la trama Gürtel y a las implicaciones del caso Fabra se suma ahora la investigación judicial abierta en la Diputación de Alicante y en el ayuntamiento de Orihuela. Los máximos responsables del partido en Valencia, empezando por su presidente, Francisco Camps, pasando por el jefe de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el de Alicante, José Joaquín Ripoll, se han visto salpicados por unos casos que dejan en entredicho la gestión del poder en la comunidad valenciana.
Los casos de corrupción en el seno del PP valenciano se multiplican.
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Ripoll declarará como imputado ante el juez (06.07.10)
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El juez tras*forma las diligencias contra Fabra en juicio con jurado (01.06.10)
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Camps tacha de montaje el "caso Gürtel" (26.05.10)
La archiconocida trama Gürtel ha puesto entre las cuerdas a grandes nombres del PP en Valencia. El propio presidente Francisco Camps ha sido imputado junto a otros altos cargos de su partido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por sus relaciones con el cabecilla de la red, Francisco Correa.
Tal es así que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid trasladó su instrucción del caso a Valencia al haber encontrado indicios de delitos en la actuación del presidente Camps y de su Gobierno regional.
Por otra parte, la corrupción también se cierne sobre la provincia de Castellón. El presidente popular de la Diputación y presidente regional del partido, Carlos Fabra, está inmerso en un proceso judicial por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.
El último caso destapado ha tenido lugar en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de Orihuela. El presidente José Joaquín Ripoll estuvo detenido varias horas antes de quedar en libertad con cargos.
Pese a ello, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo su imputación por varios delitos por lo que deberá comparecer ante la Justicia en los próximos días. EPF
CORRUPCION EN MADRID
Cinco detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid
Los detenidos en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco y no seis, como se informó en un primer momento. Entre los arrestados figuran los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez y la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano.
El error en la cifra de detenidos proviene de las iniciales de esta mujer M.C.R.Q, que en un primer momento se ofrecieron por separado, como correspondiente a dos personas diferentes, precisaron fuentes policiales.
Los arrestados están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
La operación está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción, que han ordenado a los agentds requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda.
En el operativo colaboran especialistas de la Agencia Tributaria y el juez Garzón ha declarado el secreto de las actuaciones.
PABLO CRESPO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE 8 EMPRESAS
Uno de los detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en cinco provincias españolas es Pablo Crespo Sabaris, quien aparece como administrador único de ocho empresas, algunas de ellas vinculadas con importantes contratos con Administraciones gobernadas por el PP, según los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Crespo Sabaris es administrador único de Pasadena Viajes, una agencia pequeña de viajes con la que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado alguno, y sobre la que la Justicia ha solicitado información a su alcalde, Arturo González Panero, según explicó el propio regidor en rueda de prensa. Con una plantilla fija de diez empleados, declaró unas ventas en 2007 por 418,428 euros, mientras que en 2005 habían sido de algo más de un millón de euros.
El detenido es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia, que era un hombre de confianza de Pio Cabanillas. A mediados de los años 80, Pablo Crespo ingresó en el PP y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Organización de este partido con Xosé Cuiña, de quien fue su mano derecha.
Tras conocerse su detención, el PPdeG emitió un comunicado en el que aclara que Pablo Crespo "no tiene nada que ver con el PP de Galicia actual", puesto que dejó de ser secretario de Organización en 1999 y en la actualidad "no está afiliado al partido".
En las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el puesto 5 de las candidaturas del PP por Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó la Cámara gallega en julio del año siguiente. Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal del Consejo de Administración de Puertos de Galicia en representación de la Consellería de Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y permaneció en ese puesto hasta su cese en diciembre de 2005.
FRAGA DIJO QUE NO VOLVERÍA A CONTRATAR A ESPECIAL EVENTS
Además, el detenido es administrador único de Especial Events, empresa que ha organizado en los últimos años numerosos actos para el PP y para la Comunidad de Madrid y que ya se vio envuelta en una polémica en 2005, después de la cual el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, aseguró que no creía que el Gobierno gallego volviera a contratarla, "después de todo" lo que había "pasado" con la compañía, acusada de "irregularidades" en las contrataciones.
Entonces se aseguró que la empresa, a la que contrató la Xunta por un millón y medio de euros para una campaña de publicidad de la carne gallega tras el caso de las vacas locas, estaba vinculada a personas del PP y era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Según publicó 'El País' en 2005, en esta empresa también trabajaron Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar durante ocho años, y Francisco Correa, este último detenido en la operación de hoy.
Además, su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, que también ha sido arrestada, fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo.
La única sociedad en la que aparece Francisco Correa en el Registro Mercantil, es FCS Formación Comunicación y Servicios, que ofrece actividades de apoyo turístico y de la que es presidente, administrador único y consejero delegado, aunque el último balance que depositó en el registro mercantil corresponde a las cuentas de 1996. Correa fue testigo en la boda de la hija del ex presidente José María Aznar, por su amistad con el marido de Ana Aznar, Alejandro Agag.
EMPRESAS DE PABLO CRESPO
Tanto Pasadena Viajes como Special Events aparecen registradas en el número 40 de la madrileña calle Serrano. Junto a estas, están radicadas en el mismo domicilio las empresas Rialgreen, Hator Consulting, Studios Vesubio y Forever Travel Group. De las dos primeras Crespo es administrador único, mientras que de la tercera aparece como administrador.
Rialgreen inicialmente fue constituida por una única sociedad llamada Smart Link, domiciliada en la Avenida Diagonal de Barcelona y dedicada al estudio y promoción de inversiones inmobiliarias. Según publicó 'EL País' en el año 2005, ha sido proovedora electoral del PP en las autonómicas madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004.
Según este diario, esta empresa ocultó a los tribunales de cuentas sus facturas de servicios en estas elecciones. También lo hizo, aseguraba 'El País', Especial Events tras sus servicios prestados al PP en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003.
Crespo es también administrador único de Welldone 2002, Hator Consulting, Technology Consulting Management y Proyectos Financieros Fillmore. En Osiris Patrimonial e Inversiones Kintamani aparece como administrado. Es socio de Cresva, domiciliada en Pontevedra. Finalmente, es también apoderado de Caroki y Castano Corporate.
EASY CONCEPT
Los detenidos en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco y no seis, como se informó en un primer momento. Entre los arrestados figuran los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez y la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano.
El error en la cifra de detenidos proviene de las iniciales de esta mujer M.C.R.Q, que en un primer momento se ofrecieron por separado, como correspondiente a dos personas diferentes, precisaron fuentes policiales.
Los arrestados están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
La operación está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción, que han ordenado a los agentds requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda.
En el operativo colaboran especialistas de la Agencia Tributaria y el juez Garzón ha declarado el secreto de las actuaciones.
PABLO CRESPO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE 8 EMPRESAS
Uno de los detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en cinco provincias españolas es Pablo Crespo Sabaris, quien aparece como administrador único de ocho empresas, algunas de ellas vinculadas con importantes contratos con Administraciones gobernadas por el PP, según los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Crespo Sabaris es administrador único de Pasadena Viajes, una agencia pequeña de viajes con la que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado alguno, y sobre la que la Justicia ha solicitado información a su alcalde, Arturo González Panero, según explicó el propio regidor en rueda de prensa. Con una plantilla fija de diez empleados, declaró unas ventas en 2007 por 418,428 euros, mientras que en 2005 habían sido de algo más de un millón de euros.
El detenido es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia, que era un hombre de confianza de Pio Cabanillas. A mediados de los años 80, Pablo Crespo ingresó en el PP y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Organización de este partido con Xosé Cuiña, de quien fue su mano derecha.
Tras conocerse su detención, el PPdeG emitió un comunicado en el que aclara que Pablo Crespo "no tiene nada que ver con el PP de Galicia actual", puesto que dejó de ser secretario de Organización en 1999 y en la actualidad "no está afiliado al partido".
En las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el puesto 5 de las candidaturas del PP por Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó la Cámara gallega en julio del año siguiente. Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal del Consejo de Administración de Puertos de Galicia en representación de la Consellería de Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y permaneció en ese puesto hasta su cese en diciembre de 2005.
FRAGA DIJO QUE NO VOLVERÍA A CONTRATAR A ESPECIAL EVENTS
Además, el detenido es administrador único de Especial Events, empresa que ha organizado en los últimos años numerosos actos para el PP y para la Comunidad de Madrid y que ya se vio envuelta en una polémica en 2005, después de la cual el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, aseguró que no creía que el Gobierno gallego volviera a contratarla, "después de todo" lo que había "pasado" con la compañía, acusada de "irregularidades" en las contrataciones.
Entonces se aseguró que la empresa, a la que contrató la Xunta por un millón y medio de euros para una campaña de publicidad de la carne gallega tras el caso de las vacas locas, estaba vinculada a personas del PP y era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Según publicó 'El País' en 2005, en esta empresa también trabajaron Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar durante ocho años, y Francisco Correa, este último detenido en la operación de hoy.
Además, su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, que también ha sido arrestada, fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo.
La única sociedad en la que aparece Francisco Correa en el Registro Mercantil, es FCS Formación Comunicación y Servicios, que ofrece actividades de apoyo turístico y de la que es presidente, administrador único y consejero delegado, aunque el último balance que depositó en el registro mercantil corresponde a las cuentas de 1996. Correa fue testigo en la boda de la hija del ex presidente José María Aznar, por su amistad con el marido de Ana Aznar, Alejandro Agag.
EMPRESAS DE PABLO CRESPO
Tanto Pasadena Viajes como Special Events aparecen registradas en el número 40 de la madrileña calle Serrano. Junto a estas, están radicadas en el mismo domicilio las empresas Rialgreen, Hator Consulting, Studios Vesubio y Forever Travel Group. De las dos primeras Crespo es administrador único, mientras que de la tercera aparece como administrador.
Rialgreen inicialmente fue constituida por una única sociedad llamada Smart Link, domiciliada en la Avenida Diagonal de Barcelona y dedicada al estudio y promoción de inversiones inmobiliarias. Según publicó 'EL País' en el año 2005, ha sido proovedora electoral del PP en las autonómicas madrileñas de 2003 y en las andaluzas de 2004.
Según este diario, esta empresa ocultó a los tribunales de cuentas sus facturas de servicios en estas elecciones. También lo hizo, aseguraba 'El País', Especial Events tras sus servicios prestados al PP en las elecciones autonómicas de 1999 y 2003.
Crespo es también administrador único de Welldone 2002, Hator Consulting, Technology Consulting Management y Proyectos Financieros Fillmore. En Osiris Patrimonial e Inversiones Kintamani aparece como administrado. Es socio de Cresva, domiciliada en Pontevedra. Finalmente, es también apoderado de Caroki y Castano Corporate.
EASY CONCEPT
