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Gabriela Sánchez
10 de mayo de 2023 18:50h
Actualizado el 10/05/2023 18:58h
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“Hoy es un día histórico para las personas migrantes que hemos trabajado en España en condiciones de semiesclavitud. Es un gran ejemplo de participación ciudadana liderada por organizaciones migrantes y antirracistas”, ha iniciado su intervención Lamine Sarr, portavoz de la campaña ‘Esenciales’ con la que más de 800 organizaciones piden una regularización extraordinaria y permanente para las cerca de 500.000 personas que, según sus cálculos, viven en España en situación irregular. Después de recoger las firmas necesarias para convertir su propuesta en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la plataforma ha presentado la iniciativa en el Congreso de los Diputados.
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La Iniciativa Legislativa Popular presentada este miércoles ante los diputados de la Comisión de Trabajo del Parlamento reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España “ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos”.
Sentados frente a los parlamentarios, tres portavoces de la plataforma han defendido la importancia de conceder los papeles a quienes viven en España de manera clandestina, como empezó a defender el movimiento ciudadano “Regularización ya”, desde el inicio de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito-19, cuando miles de migrantes en situación irregular tuvieron que continuar trabajando en empleos considerados esenciales durante el confinamiento.
Lamine Sarr, también portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, recordó el largo camino recorrido por las personas migrantes que integran la campaña hasta lograr entrar en el Congreso de los Diputados.
La plataforma insta al Gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular y participativo, y brindar a más de medio millón de personas migrantes la oportunidad de una vida digna con pleno derechos.
“Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles”, ha defendido Sarr. “Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”, ha añadido el senegalés, quien a su llegada a España se vio empujado a trabajar como mantero para sobrevivir. El portavoz ha recordado que entre el cerca de medio millón de personas en situación irregular hay jornaleras, temporeros trabajadoras sensuales y niños que “habiendo nadido en España heredan el estatus migratorio de sus padres”.
“No queremos ser otra vez moneda de cambio durante un año electoral. Queremos ser sujetos políticos, ser partícipes de las políticas migratorias pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana”, ha incidido Lamine Sarra. “Les pedimos ser valientes”.
El investigador de PorCausa, Gonzalo Fanjul, ha intervenido para aportar datos de la situación en la que viven las personas en situación irregular, así como el aporte económico que podría suponer su regularización para las arcas del Estado. “Todos estamos interesados en una regularización. Desde el punto de vista más utilitarista, el impacto en la economía es positivo. No hay que repartir la tarta sino que viene a incrementar el tamaño de la tarta”, ha expuesto el portavoz de la plataforma. “La regularización es un gran negocio para el fisco español. Cuando os trabajadores quieren hacer lo correcto y tantos empresarios quieren hacer lo correcto necesitan una regularización para hacerlo”, dice Fanjunl, quien ha recordado que la mayoría de los migrantes sin papeles son de origen latinoamericano.
La tercera intervención ha corrido a cargo de Edith Espínola, quien también es representante de la organización SEDOAC, que apoya a las trabajadoras domésticas. “La discusión no es migración sí o migración no, sino personas con derechos o en la clandestinidad. Porque eso somos, personas que se nos denominó 'Esenciales' para la economía y bienestar social, mientras se nos sigue dejando atrás de todas las políticas públicas”, ha detallado. “En el caso de las mujeres migradas nuestro estatus migratorio condiciona el acceso a recursos y protección. Una regularización inmediata, permanente y sin condiciones sería una medida mínima de reparación contra la injusticia que soportan nuestras comunidades”.
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