El ministerio del interior tenía registradas todas las investigaciones de la operación catalunya.

Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El Ministerio del Interior tenía registradas todas las investigaciones de la operación Catalunya​

Decenas de informes con investigaciones prospectivas estaban en el sistema informático de la Dirección Adjunta Operativa y han sido entregados a la comisión de investigación del Congreso

Quico Sallés Barcelona

13/11/2024 22:10

Ahora ya no se podrá decir que la operación Catalunya no existía o que es un invento mediático. Si este martes el excomisario jefe de la poderosa Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, Marcelino Martín Blas, ya apuntaba su existencia en su comparecencia en el Congreso, los documentos aportados confirman que el Ministerio del Interior tenía controladas las investigaciones contra el Procés. Así se constata con uno de los documentos aportados por el comisario a la comisión de investigación del Congreso, a la cual ha tenido acceso El Món.

Un documento de seis páginas donde se acredita que la Dirección Adjunta Operativa -cuyo jefe es el máximo mando uniformado del cuerpo y que solo depende del director general de la policía, del secretario de Estado de Seguridad y del ministro del Interior– tenía incorporadas al Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información (GATI) las investigaciones prospectivas sobre la familia Pujol, Artur Mas, dirigentes de CDC, de ERC, gestores, exparejas, empresarios o simplemente, sospechosos de ser simpatizantes con la causa independentista. El registro en el GATI de la DAO implica que no solo tenían conocimiento la cúpula policial y de Interior, sino que se codificaban. Incluso después de la etapa de Jorge Fernández Díaz.


Martín Blas, en una imagen de archivo/EP

Una multitud de investigados, todo registrado en el sistema informático llamado GATI​

Los documentos comienzan a codificarse oficialmente a partir de 2014, e incluyen en primer término la investigación de los bienes del entonces alcalde Xavier Trias y de las supuestas cuentas corrientes en Suiza. También incorporan una investigación a Joan Anton Sánchez Carreter, el exconsejero Jordi Vilajoana o el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, que se vio involucrado en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Otro de los expedientes incorporados consiste en una investigación prospectiva a Alexandre Galofré. Una pesquisa basada en su relación con Jordi Pujol Ferrusola, porque Galofré había sido pareja de una hermana de Mercè Gironès, exesposa del primogénito de los Pujol. Se le implicaba en el caso 3%. Añaden al paquete una profusa investigación sobre los hermanos Martorell de la Capilla, -un médico, un abogado, un anticuario y un pensionista- y Alberto Cisneros. Según la policía, podían aportar información sobre los Mossos d’Esquadra y la familia Pujol.




El empresario e hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola | EP

Pujol, Mas, Puig y Trias​

Uno de los principales protagonistas de los informes, además de los Pujol, es Artur Mas y la familia Rakosnik, es decir, de la esposa del presidente, Helena. Un informe sumado al GATI demuestra cómo se investigaban «movimientos de capitales al exterior de España de forma fraudulenta». Una investigación iniciada a raíz de una informante llamada «Rosalina». También investigaron a Patrícia, la hija del presidente. Entre el elenco de investigados también destaca Jordi Pujol Ferrusola, a quien investigaban sobre compras de inmuebles y empresas con las que habría colaborado o negocios en Estados Unidos: ninguna de estas investigaciones se ha incorporado a la causa contra los Pujol en la Audiencia Nacional.

De la familia Pujol también cabe resaltar informes de seguimiento a Marta Ferrusola y sus hijas en Andorra, a raíz de las informaciones que pasaba Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola. También abrieron un expediente sobre una virtual fuga del primogénito de los Pujol a Nueva Zelanda, una información también proporcionada por Victoria Álvarez el verano de 2016. La policía estableció la vigilancia porque con Nueva Zelanda no existe tratado de extradición. A Trias también le atribuyen investigaciones por «corrupción urbanística» y a su sobrino, Jordi Cabré, le atribuyen una tapadera de financiación para el Procés en China, cuando formaba parte del personal de la consejería de Cultura, con Santi Vila de consejero, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.




Victoria Álvarez, el día de su comparecencia en el Parlamento/Parlament

ERC, también espiada​

En cuanto a ERC, la policía adscribió un informe, con fecha de 6 de mayo de 2015, sobre el «sistema de financiación irregular de ERC a través de un exmagistrado del TSJC, Eduard Bajet«. De hecho, a través de Bajet, investigan sus despachos de abogados y, de rebote, al exconsejero Xavier Vendrell y Agustí Benedito, que había sido eterno candidato a presidir el Barça. De hecho, tres meses después, la misma UDEF integró en el sistema otro atestado sobre la hipotética financiación irregular de los republicanos.
Posteriormente, la Dirección Adjunta Operativa agregó un curioso informe policial sobre la ayuda que recibían los republicanos por parte de las mezquitas en Cataluña. Una ayuda que, según la policía, también llegaría a CDC. Asimismo, incorpora un informe sobre tramas de corrupción política enmascarada en las fundaciones de ambos partidos y el supuesto blanqueo de capitales de líderes de CDC y ERC.



Artur Mas, 129º presidente de la Generalitat de Catalunya. Barcelona 20-02-2024 / Mireia Comas

Asesinatos, China, Trapero y Puigdemont​

Los informes policiales integrados en el GATI dan para una novela. Uno de los más impactantes es sobre un pendrive de la marca Toshiba con un audio escalofriante. Una grabación, en poder de la Audiencia Nacional, donde «se indica que la fin de John Rosillo en Panamá podría ser en realidad un asesinato, cuyo autor intelectual sería Joan Piqué Vidal, un individuo que fue abogado de Jordi Pujol». La tesis de los policías, en el año 2016, era que este «delito tendría como objetivo frenar la declaración que presumiblemente debía realizar en España».
También estos informes investigan la actividad del expresidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé; del Ayuntamiento de Figueres; del consistorio de Santa Cristina d’Aro; del empresario propietario de la empresa de distribución Serhs, Ramon Bagó; del actual director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, por y su supuesta relación con el clan Jorodovich, conocidos traficantes de drojas. En cuanto a Carles Puigdemont, los informes se refieren a su etapa en el Ayuntamiento de Girona, sobre la compra de la colección de arte de Aigües de Girona. Un caso que el mismo fiscal Fidel Cadena cerró argumentando que no era ni una falta administrativa. Uno de los informes más llamativos es sobre el Cesicat, un organismo del cual Ciudadanos tuvo información privilegiada para reprochar al Parlamento su creación.