Vlad_Empalador
Será en Octubre
Sánchez repartirá «compresas y tampones» a las mujeres para su «salud sensual» en año electoral
Montero dice que con su ley del aborto «las mujeres no deberán esconderse para ponerse el tampax»
Mónica García propone que Ayuso pague un «kit de bienvenida» de la menstruación a las niñas
Aragonès promete productos de higiene femenina gratis para «acabar con el machismo»
Barra libre de compresas y tampones. El Gobierno de España repartirá productos de higiene menstrual a las mujeres a través del Ministerio de Igualdad en 2023, año electoral. Así lo ha anunciado Ángela Rodríguez, Pam, secretaria de Estado de Igualdad y alto cargo de Podemos, en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.
Al explicar la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, la estrecha colaboradora de Irene Montero ha avanzado: «El Instituto de las Mujeres crece este año en cuatro millones sobre los 24 totales del ejercicio anterior. Es una cifra muy notable y me gustaría explicar los motivos. Además de contar con una nueva sede, que animo a todas sus señorías a visitar, se consolida un programa de salud sensual y reproductiva que va a incluir, entre otras cuestiones, guías de educación sensual y reparto de productos de gestión menstrual como pueden ser tampones y compresas». El plan de entrega de estos elementos está en elaboración y, por ahora, no se ofrecen más detalles de la forma en el que las mujeres españolas podrán acceder a estos artículos femeninos oficiales.
Además, la secretaria de Estado avanza que el Instituto de las Mujeres recibirá más fondos porque organizará actos para celebrar el 40 aniversario de este órgano oficial. «Esto conllevará una agenda cultural descentralizada, muy relevante para cumplir con las mujeres en el ámbito rural», indica.
También detalla que desde el Instituto, otra de las iniciativas pasa por «el desarrollo, a través de la colaboración con los sindicatos, de herramientas de asesoramiento en materia de igualdad retributiva, que van a ayudar a que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas y centros de trabajo que tienen la obligación de tenerlos». «La nueva sede y las subvenciones a entidades feministas entran dentro del presupuesto del Instituto», comenta la alto cargo ministerial.
Reproches
Durante la comparecencia, el PP y Vox han afeado con dureza las políticas impulsadas por Igualdad. Ambas formaciones han denunciado que los presupuestos del Ministerio sirven para financiar «propaganda», «adoctrinamiento» y «privilegios».
El PP considera las cuentas del Gobierno son «irreales, electoralistas y ajenos al interés general». La portavoz popular, María Auxiliadora Pérez, ha razonado que las partidas no van a mejorar la vida de las mujeres españolas y, en particular, estas no van a encontrar «oportunidades y empleo» en 2023. En este sentido, ha afeado que las «brechas de género no han dejado de aumentar».
En cuanto a los fondos que el Ejecutivo quiere destinar a la violencia de género, Pérez llama al Gobierno a usarlo «a los fines» para los que se prevé, y no a financiar una «acción contratada por una de sus empresas amigas». Además, pide fiscalizar si las comunidades autónomas están ejecutando bien las partidas tras*feridas en materia de conciliación y ha pedido explicaciones del aumento en las partidas de personal del departamento.
Por su lado, la diputada Carla Toscano ha afeado la apuesta por un Plan Corresponsables porque, en su opinión, la conciliación la deben «decidir en libertad el hombre y la mujer» y al Estado «no debe importarle como». Tampoco está de acuerdo con destinar partidas a «adoctrinar a profesores y a niños», a realizar «propaganda de la ideología de género» o dar «privilegios» a las personas LGTBI como, a su juicio, son las iniciativas de fomento de inserción laboral para las personas de este colectivo.
Además, lamenta que Igualdad siga proponiendo subir la cuantía para luchar contra la violencia de género cuando, según ha indicado Toscano, «las cifras siguen igual» y las medidas «no funcionan».
Ante estas críticas, Rodríguez ha defendido el Pacto Corresponsables indicando que la conciliación «no es un capricho del Ministerio de Igualdad», sino que es la propia ley en esta materia la que habla del derecho a conciliar. Y, en esta línea, ha defendido la necesidad de que el Estado «ponga las medidas necesarias para que madres y padres puedan conciliar».
Dirigiéndose al PP, ha señalado que, en su opinión, no es verdad que las mujeres españolas ahora estén peor económicamente. La secretaria de Estado ha apuntado que los datos de la Encuesta de Población Activa hablan de 8 millones de mujeres trabajando en 2018, frente a los 9,4 millones que hay en 2022. Además, ha apuntado que hay 500.000 mujeres más con contrato indefinido, y 400.000 menos con trabajos temporales.
Sobre el aumento en la partida para personal del Ministerio, cercano al 20%, ha respondido el subsecretario de Igualdad, Nacho Sola. Según ha indicado, este crecimiento se explica por el nuevo personal funcionario «que viene a prestar su servicio» y que es de «nuevo ingreso» tras acceder a la Administración del Estado «a través de oposiciones». También achaca esta subida al aumento salarial por el pacto del Gobierno y las centrales sindicales de función pública.
Montero dice que con su ley del aborto «las mujeres no deberán esconderse para ponerse el tampax»
Mónica García propone que Ayuso pague un «kit de bienvenida» de la menstruación a las niñas
Aragonès promete productos de higiene femenina gratis para «acabar con el machismo»
- FERNÁN GONZÁLEZ
- 19/10/2022 14:16
- ACTUALIZADO: 19/10/2022 17:21
Barra libre de compresas y tampones. El Gobierno de España repartirá productos de higiene menstrual a las mujeres a través del Ministerio de Igualdad en 2023, año electoral. Así lo ha anunciado Ángela Rodríguez, Pam, secretaria de Estado de Igualdad y alto cargo de Podemos, en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.
Al explicar la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, la estrecha colaboradora de Irene Montero ha avanzado: «El Instituto de las Mujeres crece este año en cuatro millones sobre los 24 totales del ejercicio anterior. Es una cifra muy notable y me gustaría explicar los motivos. Además de contar con una nueva sede, que animo a todas sus señorías a visitar, se consolida un programa de salud sensual y reproductiva que va a incluir, entre otras cuestiones, guías de educación sensual y reparto de productos de gestión menstrual como pueden ser tampones y compresas». El plan de entrega de estos elementos está en elaboración y, por ahora, no se ofrecen más detalles de la forma en el que las mujeres españolas podrán acceder a estos artículos femeninos oficiales.
Además, la secretaria de Estado avanza que el Instituto de las Mujeres recibirá más fondos porque organizará actos para celebrar el 40 aniversario de este órgano oficial. «Esto conllevará una agenda cultural descentralizada, muy relevante para cumplir con las mujeres en el ámbito rural», indica.
También detalla que desde el Instituto, otra de las iniciativas pasa por «el desarrollo, a través de la colaboración con los sindicatos, de herramientas de asesoramiento en materia de igualdad retributiva, que van a ayudar a que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas y centros de trabajo que tienen la obligación de tenerlos». «La nueva sede y las subvenciones a entidades feministas entran dentro del presupuesto del Instituto», comenta la alto cargo ministerial.
Reproches
Durante la comparecencia, el PP y Vox han afeado con dureza las políticas impulsadas por Igualdad. Ambas formaciones han denunciado que los presupuestos del Ministerio sirven para financiar «propaganda», «adoctrinamiento» y «privilegios».
El PP considera las cuentas del Gobierno son «irreales, electoralistas y ajenos al interés general». La portavoz popular, María Auxiliadora Pérez, ha razonado que las partidas no van a mejorar la vida de las mujeres españolas y, en particular, estas no van a encontrar «oportunidades y empleo» en 2023. En este sentido, ha afeado que las «brechas de género no han dejado de aumentar».
En cuanto a los fondos que el Ejecutivo quiere destinar a la violencia de género, Pérez llama al Gobierno a usarlo «a los fines» para los que se prevé, y no a financiar una «acción contratada por una de sus empresas amigas». Además, pide fiscalizar si las comunidades autónomas están ejecutando bien las partidas tras*feridas en materia de conciliación y ha pedido explicaciones del aumento en las partidas de personal del departamento.
Por su lado, la diputada Carla Toscano ha afeado la apuesta por un Plan Corresponsables porque, en su opinión, la conciliación la deben «decidir en libertad el hombre y la mujer» y al Estado «no debe importarle como». Tampoco está de acuerdo con destinar partidas a «adoctrinar a profesores y a niños», a realizar «propaganda de la ideología de género» o dar «privilegios» a las personas LGTBI como, a su juicio, son las iniciativas de fomento de inserción laboral para las personas de este colectivo.
Además, lamenta que Igualdad siga proponiendo subir la cuantía para luchar contra la violencia de género cuando, según ha indicado Toscano, «las cifras siguen igual» y las medidas «no funcionan».
Ante estas críticas, Rodríguez ha defendido el Pacto Corresponsables indicando que la conciliación «no es un capricho del Ministerio de Igualdad», sino que es la propia ley en esta materia la que habla del derecho a conciliar. Y, en esta línea, ha defendido la necesidad de que el Estado «ponga las medidas necesarias para que madres y padres puedan conciliar».
Dirigiéndose al PP, ha señalado que, en su opinión, no es verdad que las mujeres españolas ahora estén peor económicamente. La secretaria de Estado ha apuntado que los datos de la Encuesta de Población Activa hablan de 8 millones de mujeres trabajando en 2018, frente a los 9,4 millones que hay en 2022. Además, ha apuntado que hay 500.000 mujeres más con contrato indefinido, y 400.000 menos con trabajos temporales.
Sobre el aumento en la partida para personal del Ministerio, cercano al 20%, ha respondido el subsecretario de Igualdad, Nacho Sola. Según ha indicado, este crecimiento se explica por el nuevo personal funcionario «que viene a prestar su servicio» y que es de «nuevo ingreso» tras acceder a la Administración del Estado «a través de oposiciones». También achaca esta subida al aumento salarial por el pacto del Gobierno y las centrales sindicales de función pública.
