http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/23/espana/1161591962.html
EL MUNDO
Cada día se tras*forma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.
En el 'paraíso del ladrillo' los escándalos inmobiliarios se suceden a una velocidad pasmosa, sobre todo desde que salió a la luz el 'caso Malaya' en Marbella y con el definitorio horizonte de las elecciones municipales y autonómicas cada vez más próximo.
Los ayuntamientos están bajo sospecha. A la corrupción le gusta el Mediterráneo, pero seduce por igual a todos los signos políticos. Éstos son sólo algunos de los numerosos casos surgidos, denunciados o investigados en los últimos meses.
Los ayuntamientos se han convertido en la china en el zapato de la ordenación del territorio. O al contrario. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, y esta dependencia, unida quizá a un exceso competencial y a la simple codicia, hace muy difícil negarse a autorizar un proyecto que indefectiblemente va a repartir suculentos beneficios.
El pasado viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se decidía a impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Ejecutivo para que las corporaciones locales dejen de estar en el punto de mira. Mientras eso llega, éstos son algunos de los escándalos recientes:
Comunidad de Madrid
El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos cosa, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.
A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).
Comunidad Valenciana
El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos cosa, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.
A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).
Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana figura en los mapas de corrupción gracias, en parte, a la provincia de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.
En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.
No muy lejos de allí hay otros municipios que han optado por tras*formar de forma masiva su huerta tradicional por viviendas. Es el caso de Catral, a cuyo Ayuntamiento (PSOE) el Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella, por haber tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección. Cerca está Dolores, cuyo alcalde (PP) se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su progenitora.
En el interior de la provincia, no hay pueblo que no tenga previsto desarrollar un Plan de Actuación Integrada con cientos de casas. El caso más sorprendente es el de Castalla, donde campan más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio, algo que ha reconocido el propio alcalde, del PP.
Valencia tampoco se salva. Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales; es decir, cinco veces más que Catral. La permisividad del Consistorio ha provocado que el número de chalés y adosados ilegales se haya doblado desde finales de los 90. Otros casos sonados en Valencia son los que afectan a los escasos espacios naturales que sobreviven con dificultad al auge del ladrillo: una reciente sentencia recriminó la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera, en Sueca (PSOE), mientras el alcalde socialista de Estivella sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf en la amenazada Sierra Calderona.
El alcalde popular de Riba-roja del Túria, enfrascado en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales, o el socialista El Puig, donde se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población, son algunos de los casos más espectaculares.
Andalucía
El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La 'operación Malaya' ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en el Ayuntamiento costasoleño desde la época del difunto Jesús Gil. El Consistorio fue disuelto y ya ha habido más de 60 detenciones. Una decena de personas sigue en prisión; entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de la corporación Julián Muñoz, así como otros cinco ex ediles.
Aun siendo el más pintoresco, el de Marbella no es el único caso de escándalo urbanístico andaluz. Por ejemplo: en el caso Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.
En Cádiz, el Gobierno autonómico también ha arrebatado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la guandoca después de que varios constructores le acusaran de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete. En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles.
En Córdoba, son continuas las acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar, de haber dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan, uno de los imputados en la operación Malaya. En Huelva, el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por "intereses urbanísticos inconfesables".
En este muestreo incompleto, debe resaltarse la dimisión del ex concejal de Urbanismo del municipio granadino de Armilla, el socialista Gabriel Cañavate, tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en seis años.
Castilla-La Mancha
El western manchego del verano lo protagonizó un alcalde insobornable de IU que, armado con una afortunada denuncia, se enfrentó al rey del ladrillo, Paco 'El Pocero', por un puñado de 13.500 viviendas en Seseña (Toledo).
El regidor Manuel Fuentes se atrevió contra una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían el constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España, miembros del PSOE y funcionarios municipales con apoyo de la socialista Junta de Castilla-La Mancha. El final de este David contra Goliat de hormigón está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.
Pero el caso sirvió para que Izquierda Unida se animara en Toledo y denunciara que el Ayuntamiento -del PP- olía "a corrupción" tras la venta de tres parcelas tan sólo dos días antes de que se paralizara el proyecto urbanístico.
Un supuesto "reparto de dinero con maletines" para "comprar las voluntades del pueblo" se conocía esta semana en Hellín (Albacete) por cortesía de las denuncias del PP, partido en la oposición, y de Ecologistas en Acción. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario.
La mancha urbanística se ha extendido también hasta la provincia de Cuenca, donde está ubicado casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; es decir, 520 edificaciones sin papeles.
La Rioja
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó que se demoliera parcialmente un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, colindante a Logroño, que habría sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista. El PSOE ha denunciado que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo urbano.
Castilla y León
La provincia de Ávila ha saltado al primer plano de la actualidad a partir de dos casos en los que el urbanismo y el medio ambiente han entrado en colisión. En Las Navas del Marqués se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña de color y el águila imperial. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo. El consistorio popular ha seguido el mismo camino.
El presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, acusó al director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, (PP) de supuesta "prevaricación" en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Avila), al "violar la legislación vigente" en medio ambiente. Este será uno de los argumentos que su organización planteará en los próximos días en la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.
En Villanueva de Gómez, el conflicto se produce por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano neցro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.
Por otro lado, el alcalde popular de Guisando ha sido denunciado porque quiere construir en pleno Parque Regional de Gredos.
Además de estos casos, en los últimos tiempos se han presentado otros proyectos urbanísticos, la mayoría próximos a la Comunidad de Madrid, que podrían ser objeto de nuevas controversias urbanísticas. Entre las localidades afectadas se encuentran Cebreros, con dos proyectos de este tipo; Piedralaves, donde se proyecta el mayor complejo de turismo rural de España, o Santa Cruz del Valle.
Baleares
Durante los últimos meses la Fiscalía se ha mostrado especialmente activa al denunciar, por presuntos casos de corrupción urbanística, a varios alcaldes y concejales del PP. La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas, María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas. Eso, pese a que una de las empresas que concursaban, la promotora Núñez y Navarro que dirige el ex presidente del Barça, había ofrecido 60 millones de euros.
Pero el récord se lo lleva el primer edil popular de Andratx, que acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala jovenlandesagues.
El también popular alcalde de Santa Margalida presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.
Y, en Menorca, la Fiscalía se ha querellado contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.
Murcia
Sus gobernantes se defienden una y otra vez, pero Murcia es, después de la Comunidad Valenciana, el lugar donde se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. Es el paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia está unida con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya.
El alcalde socialista de Los Alcázares dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano.
Roca nació en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, ha permitido a las promotoras construir 22.000 viviendas donde estaban previstas 4.000, incluso donde estaba programado que el Ministerio de Fomento hiciese una carretera.
Cataluña
Debe ser que con la salida de Jordi Pujol de la Generalitat empezó a hundirse el oasis catalán, porque no ha sido hasta los últimos años que han empezado a aflorar escándalos urbanísticos en Cataluña. El último caso está ubicado en Salou (Tarragona). Allí la Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.
También en la ciudad de Tarragona (CiU), el caso Terres Cavades ha entrado en su recta final. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio.
Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento convergente de Cervera (Lérida), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.
Extremadura
El caso Golf Guadiana lleva exactamente un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde popular y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.
Galicia
El fiscal de Ordenación del Territorio de Vigo investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club.
De más al sur es el alcalde de Tui, también del PP, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. El pasado febrero fue condenado por el mismo delito a otros siete años de inhabilitación, y tiene pendiente un tercer juicio por el mismo motivo, por el que se solicitan 20 años también de inhabilitación. Se da la circunstancia de que, además de alcalde, es promotor inmobiliario.
En el caso por el que se le juzga ahora concedió una licencia para rehabilitar un edificio y construir otro nuevo en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural.
La alcaldesa socialista de Cabanas (La Coruña) ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en una zona costera. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, compró cuatro fincas de suelo no urbanizable que, por obra y gracia del Plan que él mismo encargó redactar, se iban a recalificar y doblar su valor.
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Con información de Luis Ángel Sanz (Madrid); Manuel Becerro Pérez (Andalucía); M. A. Ruiz (Baleares); A. Rubio, H. Sanjuán y M. González (Comunidad Valenciana); Antonio García (Castilla y León); Nando García (Cataluña); Begoña P. Ramírez (Galicia); sección de Documentación y Olga R. Sanmartín.
EL MUNDO
Cada día se tras*forma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.
En el 'paraíso del ladrillo' los escándalos inmobiliarios se suceden a una velocidad pasmosa, sobre todo desde que salió a la luz el 'caso Malaya' en Marbella y con el definitorio horizonte de las elecciones municipales y autonómicas cada vez más próximo.
Los ayuntamientos están bajo sospecha. A la corrupción le gusta el Mediterráneo, pero seduce por igual a todos los signos políticos. Éstos son sólo algunos de los numerosos casos surgidos, denunciados o investigados en los últimos meses.
Los ayuntamientos se han convertido en la china en el zapato de la ordenación del territorio. O al contrario. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, y esta dependencia, unida quizá a un exceso competencial y a la simple codicia, hace muy difícil negarse a autorizar un proyecto que indefectiblemente va a repartir suculentos beneficios.
El pasado viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se decidía a impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Ejecutivo para que las corporaciones locales dejen de estar en el punto de mira. Mientras eso llega, éstos son algunos de los escándalos recientes:
Comunidad de Madrid
El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos cosa, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.
A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).
Comunidad Valenciana
El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos cosa, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.
A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).
Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana figura en los mapas de corrupción gracias, en parte, a la provincia de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.
En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.
No muy lejos de allí hay otros municipios que han optado por tras*formar de forma masiva su huerta tradicional por viviendas. Es el caso de Catral, a cuyo Ayuntamiento (PSOE) el Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella, por haber tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección. Cerca está Dolores, cuyo alcalde (PP) se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su progenitora.
En el interior de la provincia, no hay pueblo que no tenga previsto desarrollar un Plan de Actuación Integrada con cientos de casas. El caso más sorprendente es el de Castalla, donde campan más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio, algo que ha reconocido el propio alcalde, del PP.
Valencia tampoco se salva. Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales; es decir, cinco veces más que Catral. La permisividad del Consistorio ha provocado que el número de chalés y adosados ilegales se haya doblado desde finales de los 90. Otros casos sonados en Valencia son los que afectan a los escasos espacios naturales que sobreviven con dificultad al auge del ladrillo: una reciente sentencia recriminó la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera, en Sueca (PSOE), mientras el alcalde socialista de Estivella sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf en la amenazada Sierra Calderona.
El alcalde popular de Riba-roja del Túria, enfrascado en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales, o el socialista El Puig, donde se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población, son algunos de los casos más espectaculares.
Andalucía
El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La 'operación Malaya' ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en el Ayuntamiento costasoleño desde la época del difunto Jesús Gil. El Consistorio fue disuelto y ya ha habido más de 60 detenciones. Una decena de personas sigue en prisión; entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de la corporación Julián Muñoz, así como otros cinco ex ediles.
Aun siendo el más pintoresco, el de Marbella no es el único caso de escándalo urbanístico andaluz. Por ejemplo: en el caso Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.
En Cádiz, el Gobierno autonómico también ha arrebatado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la guandoca después de que varios constructores le acusaran de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete. En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles.
En Córdoba, son continuas las acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar, de haber dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan, uno de los imputados en la operación Malaya. En Huelva, el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por "intereses urbanísticos inconfesables".
En este muestreo incompleto, debe resaltarse la dimisión del ex concejal de Urbanismo del municipio granadino de Armilla, el socialista Gabriel Cañavate, tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en seis años.
Castilla-La Mancha
El western manchego del verano lo protagonizó un alcalde insobornable de IU que, armado con una afortunada denuncia, se enfrentó al rey del ladrillo, Paco 'El Pocero', por un puñado de 13.500 viviendas en Seseña (Toledo).
El regidor Manuel Fuentes se atrevió contra una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían el constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España, miembros del PSOE y funcionarios municipales con apoyo de la socialista Junta de Castilla-La Mancha. El final de este David contra Goliat de hormigón está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.
Pero el caso sirvió para que Izquierda Unida se animara en Toledo y denunciara que el Ayuntamiento -del PP- olía "a corrupción" tras la venta de tres parcelas tan sólo dos días antes de que se paralizara el proyecto urbanístico.
Un supuesto "reparto de dinero con maletines" para "comprar las voluntades del pueblo" se conocía esta semana en Hellín (Albacete) por cortesía de las denuncias del PP, partido en la oposición, y de Ecologistas en Acción. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario.
La mancha urbanística se ha extendido también hasta la provincia de Cuenca, donde está ubicado casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; es decir, 520 edificaciones sin papeles.
La Rioja
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó que se demoliera parcialmente un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, colindante a Logroño, que habría sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista. El PSOE ha denunciado que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo urbano.
Castilla y León
La provincia de Ávila ha saltado al primer plano de la actualidad a partir de dos casos en los que el urbanismo y el medio ambiente han entrado en colisión. En Las Navas del Marqués se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña de color y el águila imperial. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo. El consistorio popular ha seguido el mismo camino.
El presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, acusó al director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, (PP) de supuesta "prevaricación" en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Avila), al "violar la legislación vigente" en medio ambiente. Este será uno de los argumentos que su organización planteará en los próximos días en la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.
En Villanueva de Gómez, el conflicto se produce por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano neցro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.
Por otro lado, el alcalde popular de Guisando ha sido denunciado porque quiere construir en pleno Parque Regional de Gredos.
Además de estos casos, en los últimos tiempos se han presentado otros proyectos urbanísticos, la mayoría próximos a la Comunidad de Madrid, que podrían ser objeto de nuevas controversias urbanísticas. Entre las localidades afectadas se encuentran Cebreros, con dos proyectos de este tipo; Piedralaves, donde se proyecta el mayor complejo de turismo rural de España, o Santa Cruz del Valle.
Baleares
Durante los últimos meses la Fiscalía se ha mostrado especialmente activa al denunciar, por presuntos casos de corrupción urbanística, a varios alcaldes y concejales del PP. La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas, María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas. Eso, pese a que una de las empresas que concursaban, la promotora Núñez y Navarro que dirige el ex presidente del Barça, había ofrecido 60 millones de euros.
Pero el récord se lo lleva el primer edil popular de Andratx, que acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala jovenlandesagues.
El también popular alcalde de Santa Margalida presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.
Y, en Menorca, la Fiscalía se ha querellado contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.
Murcia
Sus gobernantes se defienden una y otra vez, pero Murcia es, después de la Comunidad Valenciana, el lugar donde se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. Es el paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia está unida con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya.
El alcalde socialista de Los Alcázares dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano.
Roca nació en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, ha permitido a las promotoras construir 22.000 viviendas donde estaban previstas 4.000, incluso donde estaba programado que el Ministerio de Fomento hiciese una carretera.
Cataluña
Debe ser que con la salida de Jordi Pujol de la Generalitat empezó a hundirse el oasis catalán, porque no ha sido hasta los últimos años que han empezado a aflorar escándalos urbanísticos en Cataluña. El último caso está ubicado en Salou (Tarragona). Allí la Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.
También en la ciudad de Tarragona (CiU), el caso Terres Cavades ha entrado en su recta final. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio.
Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento convergente de Cervera (Lérida), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.
Extremadura
El caso Golf Guadiana lleva exactamente un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde popular y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.
Galicia
El fiscal de Ordenación del Territorio de Vigo investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club.
De más al sur es el alcalde de Tui, también del PP, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. El pasado febrero fue condenado por el mismo delito a otros siete años de inhabilitación, y tiene pendiente un tercer juicio por el mismo motivo, por el que se solicitan 20 años también de inhabilitación. Se da la circunstancia de que, además de alcalde, es promotor inmobiliario.
En el caso por el que se le juzga ahora concedió una licencia para rehabilitar un edificio y construir otro nuevo en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural.
La alcaldesa socialista de Cabanas (La Coruña) ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en una zona costera. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, compró cuatro fincas de suelo no urbanizable que, por obra y gracia del Plan que él mismo encargó redactar, se iban a recalificar y doblar su valor.
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Con información de Luis Ángel Sanz (Madrid); Manuel Becerro Pérez (Andalucía); M. A. Ruiz (Baleares); A. Rubio, H. Sanjuán y M. González (Comunidad Valenciana); Antonio García (Castilla y León); Nando García (Cataluña); Begoña P. Ramírez (Galicia); sección de Documentación y Olga R. Sanmartín.
