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- El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las “ranas” al situar a Ignacio González y Granados como “ejecutores” de las órdenes de la expresidenta
- La investigación ubica a Esperanza Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam
- Concluye que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las pocas semanas de convertirse en presidenta y que la utilizó para ganar en 2007 y 2011
- La expresidenta responde en un comunicado que declarará “con mucho gusto” en la Audiencia Nacional y califica de “falso” el contenido del auto judicial
Foco
VIGILANCIA DEL PODER
Pedro Águeda
2 de septiembre de 2019 21:15h
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La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar “a principios del año 2004”. Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: “Madrid, la suma de todos”.
Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, “se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación”. Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.
El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: “Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación “ilícita” del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.
El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones
El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas" al situar a Ignacio González y Granados como "ejecutores" de las órdenes de la expresidenta
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