El juez constata la financiación ilegal del PP y el pago de sobresueldos en b | Política | EL PAÍS
-Ruz pide a Suiza datos de seis cuentas para saber si pertenecen a un político
-El magistrado considera documentado que Bárcenas robó al partido
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga desde hace 14 meses la supuesta contabilidad paralela del PP que registró en un cuaderno su extesorero Luis Bárcenas, considera ya “parcialmente contrastado” el pago de sobresueldos en b “a determinadas personas vinculadas al partido, bien de forma periódica u ocasional”; el “pago de gastos generados en campañas electorales” con dinero no declarado a Hacienda, y “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político” por el mismo sistema.
La afirmación de Ruz figura en el auto que dictó ayer el magistrado para pedir información a Suiza sobre la titularidad de seis cuentas que podrían estar vinculadas a un político español.
El juez explica en su escrito que ha conseguido acreditar, a través de distintas diligencias practicadas durante los últimos 14 meses de investigación, que parte de los apuntes del extesorero Luis Bárcenas son ciertos. Esos apuntes reflejaban ingresos (más de siete millones de euros en 18 años) en forma de donaciones anónimas de empresarios que no estaban permitidas por ley porque excedían el límite y procedían de contratistas del Estado, algo que prohibía expresamente la legislación.
En la misma “contabilidad paralela”, tal como la califica el juez, Bárcenas también registraba, en las casillas de salida, distintos pagos en las tres modalidades que Ruz refleja en su auto. Por un lado, para abonar gastos electorales que no se declaraban ni a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas. A través de distintas diligencias, el juez ya tiene probado que al menos 16 donativos ilegales que Bárcenas registró en la contabilidad paralela fueron troceados e ingresados en el Banco de Vitoria en cantidades inferiores a 60.000 euros para blanquearlos y así evitar que el Tribunal de Cuentas detectase la ilegalidad.
El segundo tipo de salidas era para pagar sobresueldos, ocasionales (a distintos miembros del partido para cosas variopintas) o periódicos (a los principales miembros de la cúpula de la organización cada tres o seis meses con idénticas cantidades). Algunos dirigentes y miembros del PP han testificado ya ante el juez Ruz que recibieron cantidades del partido que no figuran en la contabilidad oficial ni ellos declararon a Hacienda. Hasta 55 apuntes de la caja b del PP, según la investigación judicial, están probados por distintas diligencias.
Otras salidas, la tercera modalidad, servían para costear lo que el juez define como “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”, como lo fueron las obras de reforma de la sede del PP, por lo que ya está imputado el arquitecto encargado del proyecto.
Esta es la primera vez, desde que Ruz abrió la causa de los denominados papeles de Bárcenas, en la que el juez detalla en un auto los tres aspectos de supuesta financiación ilegal del PP que lleva investigando desde marzo de 2013.
En el mismo auto donde Ruz detalla las prácticas irregulares del PP, el juez solicita a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank de Ginebra, el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero.
Ruz basa su petición sobre en un correo fechado el 29 de julio de 2009 en el que una directiva del Dresdner advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos de sus clientes se encontraban en situación de “riesgo 3” y no habían “documentado cómo habían conseguido sus ingresos”. Uno de ellos era el exsenador del PP, Luis Fraga, mientras que el otro aún no ha sido identificado.
La situación de riesgo 3 está destinada a aquellos clientes que han hecho tras*ferencias de fondos o activos por un valor superior a los 50 millones de francos suizos; que tienen relación con una persona políticamente expuesta (PEP); relación con una persona vip, con una persona que en su país de origen o en otro lugar se encuentre bajo un proceso de investigación judicial o para aquellos que tengan vinculación con personas que hayan sido condenadas por un delito "susceptible de dañar la buena reputación de la entidad o que por razones familiares, personales o profesionales están relacionadas con estas", tal como define el juez Ruz en su auto.
Pese a la petición de una de las acusaciones, el juez de la Audiencia Nacional ha rechazado llamar a declarar en calidad de imputado al exsenador Luis Fraga ya que, según expone, no existen indicios de que pudiera haber cometido un delito contra la Hacienda Pública, ya que los fondos que tenía en Suiza no tenían la "entidad suficiente" para que el fraude alcanzara el importe de 120.000 euros que el Código Penal establece como límite para que se convierta en delito.
