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Será en Octubre
Detenciones CDR: El juez García-Castellón analiza la posible ilegalización por terrorismo | Cataluña
El golpe policial al entramado de los CDR puede provocar un vuelco en la causa de ilegalización contra la CUP y de los Comités de Defensa de la República. Tal y como ha sabido OKDIARIO, el juez de la Audiencia Nacional va a volver a revisar la causa abierta tras una denuncia de ‘Manos Limpias’ para determinar si realmente hay pruebas que vinculen a estos colectivos con la violencia.
Los CDR tienen otra causa pendiente en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de la que es titular Manuel García-Castellón. Se trata de las Diligencias Previas 101/2018, que instruyen una "causa de una posible ilegalización de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y de su brazo armado CDR". Esta causa se encuentra actualmente sobreseída de manera provisional, pero los últimos acontecimientos han llevado al magistrado a volver a revisar la instrucción para determinar si la reabre.
‘Manos Limpias’ presentó la petición de ilegalización el pasado mes de enero. Sin embargo, el magistrado García-Castellón determinó que no existían suficientes indicios para proceder con esta causa y decidió el sobreseimiento provisional de las diligencias.
La detención de los siete miembros de los CDR, en poder de sustancias explosivas, ha provocado que el sindicato vuelva a presentar una solicitud de reapertura del caso. Exigen "una suspensión cautelar del partido político CUP y de los CDR en base a los gravísimos acontecimientos ocurridos la semana pasada".
"Caracter violento de los CDR"
El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, decidió interponer a principios de 2019 medidas legales contra los grupos independentistas aludiendo al "carácter violento" de estos colectivos, que ha ido en aumento. Les atribuía presuntos delitos de terrorismo, atentado a la autoridad, desórdenes públicos y de organización criminal.
Sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que los hechos por los cuales se acusaban a la CUP y los CDR no quedaban suficientemente acreditados con las pruebas presentadas. Argumentó el magistrado que, en su gran mayoría, se trataba de artículos periodísticos.
Lo que se desconocía en aquel momento era que el Juzgado y la Guardia Civil ya coordinaban conjuntamente una operación para seguir cada paso de los terroristas CDR, que planeaban actos violentos y que los harían coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la sentencia del ‘procés’.
La ‘Operación Judas’ investiga al grupo terrorista Equipo de Respuesta Táctica (ERT), integrado en los CDR, y la presunta operación que planificaban para asaltar y ocupar el Parlamento catalán serviéndose para ello de material explosivo.
En la querella actual, el sindicato exige la ilegalización del partido independentista aparándose en el artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos que en su apartado segundo establece que: "La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal".
Concretamente hacen referencia al artículo 515 del Código Penal que establece que se considerará ilícita una asociación que cometa algún delito, empleen medios violentos o alteren el orden, las que tengan carácter paramilitar, y las que fomenten el repruebo o la violencia contra personas por razón de su ideología.
La decisión de considerar ilegal al grupo CDR recaerá en el juez competente según consta en el artículo 520 del Código Penal. En este caso, el magistrado Manuel García-Castellón.
Cataluña: Interior aplicará a los terroristas CDR la misma política de dispersión que a los etarras
Los siete CDR encarcelados por terrorismo en la guandoca de Soto del Real no van a ser trasladados a prisiones de Cataluña en ningún caso. El Gobierno les aplicará la misma política de dispersión que a los presos de ETA.
Los miembros del ‘comando’ CDR detenidos con explosivos no irán a la guandoca de Lledoners (Barcelona). No compartirán prisión con los golpistas catalanes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart. Ni irán al Centro Penitenciario de Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). No lo harán, explican fuentes judiciales, porque los CDR detenidos están imputados en la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.
En España la decisión sobre dónde cumple un preso su condena corresponde al Gobierno, y desde hace décadas a los presos condenados por terrorismo se le aplica la llamada ‘política de dispersión’. Esto supone una alta rotación por las cárceles españolas, habitualmente aquellas que estén a distancias considerables de sus familias.
Esta política penitenciaria, creada en tiempos de Felipe González, se diseñó con el objetivo de “romper lazos entre los miembros de organizaciones afines y facilitar la reinserción de los presos”, según avaló la Audiencia Nacional en 2015.
El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció al respecto cuando era magistrado en la Audiencia Nacional. En un auto de la Sala de lo Penal que él mismo redactó recordaba que antes de que se aplicara la política de dispersión –iniciada en 1987– se procedía de una forma diametralmente opuesta: agrupando a los presos en las mismas cárceles. “Provocó que crearan entre sí un fuerte vínculo y cohesión, ejerciendo presiones sobre las respectivas direcciones de los centros”, apunta el auto.
La política de dispersión de presos acusados de terrorismo continúa en vigor, explican fuentes judiciales, por lo que no se espera que a los miembros de los CDR se les acerque a los centros penitenciarios más próximos a sus domicilios familiares.
Tres de ellos aislados
A tres de los miembros de los CDR detenidos por terrorismo todavía no se les ha asignado un módulo concreto, y continúan en el módulo de ingresos de la prisión. Los otros cuatros –restantes–han sido trasladados a la celda que se le ha asignado, en módulos separados para evitar que se relacionen y clasificados en segundo grado.
Tiene su explicación: “Si hablas te quedas, si no te vas a tu celda” les han trasmitido a los detenidos, en referencia a que si colaboran tendrán beneficios. Como por ejemplo, no compartir -todavía- celda con otros reclusos.
Normalmente un reo suele estar entre 24 a 48 horas en el módulo de ingreso hasta que le asignan el módulo definitivo, siendo el tiempo máximo de cinco días. Ya han pasado seis y tres de los siete detenidos continúan en ingresos. Han excedido el límite de tiempo estipulado.
Desde que los internos ingresan en la prisión son sometidos a un procedimiento previo al ingreso donde se lleva a cabo una identificación personal; inscripción y apertura del expediente; cacheo y registro de pertenencias; se informa al interno de sus derechos y obligaciones; y por último, la visita de un médico y del Equipo Técnico que propondrá su ubicación definitiva en un módulo del establecimiento de acuerdo a su historial delictivo.
Están colaborando
Fuentes penitenciarias confiesan a este periódico que estos tres CDR no han sido trasladados a su celda porque están colaborando en la investigación. Están aportando información sobre la presunta operación que planificaban para asaltar y ocupar el Parlamento catalán sirviéndose para ello de material explosivo.
El trasiego que generarían sus continuas entradas y salidas del módulo para ser interrogados por los investigadores, han motivado a los funcionarios del centro a no moverles de la zona de ingresos.
Otra de las causas por las que les tienen separados es porque les consideran "los cabecillas" del grupo terrorista y quieren evitar que estos se relacionen con los demás.
El pasado jueves fueron interrogados en la Audiencia Nacional. Cinco de los miembros CDR, que cuentan con la asistencia letrada de la plataforma independentistas ‘Alerta Solidària’, decidieron acogerse a su derecho a no declarar por recomendación de sus abogados.
Los otros dos, Jordi Ros y Ferrán Jolis, que solicitaron un abogado de oficio, admitieron ante el juez que preparaban explosivos. Es más, el segundo aseguró que le habían dicho que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament.
El golpe policial al entramado de los CDR puede provocar un vuelco en la causa de ilegalización contra la CUP y de los Comités de Defensa de la República. Tal y como ha sabido OKDIARIO, el juez de la Audiencia Nacional va a volver a revisar la causa abierta tras una denuncia de ‘Manos Limpias’ para determinar si realmente hay pruebas que vinculen a estos colectivos con la violencia.
Los CDR tienen otra causa pendiente en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de la que es titular Manuel García-Castellón. Se trata de las Diligencias Previas 101/2018, que instruyen una "causa de una posible ilegalización de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y de su brazo armado CDR". Esta causa se encuentra actualmente sobreseída de manera provisional, pero los últimos acontecimientos han llevado al magistrado a volver a revisar la instrucción para determinar si la reabre.
‘Manos Limpias’ presentó la petición de ilegalización el pasado mes de enero. Sin embargo, el magistrado García-Castellón determinó que no existían suficientes indicios para proceder con esta causa y decidió el sobreseimiento provisional de las diligencias.
La detención de los siete miembros de los CDR, en poder de sustancias explosivas, ha provocado que el sindicato vuelva a presentar una solicitud de reapertura del caso. Exigen "una suspensión cautelar del partido político CUP y de los CDR en base a los gravísimos acontecimientos ocurridos la semana pasada".
"Caracter violento de los CDR"
El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, decidió interponer a principios de 2019 medidas legales contra los grupos independentistas aludiendo al "carácter violento" de estos colectivos, que ha ido en aumento. Les atribuía presuntos delitos de terrorismo, atentado a la autoridad, desórdenes públicos y de organización criminal.
Sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que los hechos por los cuales se acusaban a la CUP y los CDR no quedaban suficientemente acreditados con las pruebas presentadas. Argumentó el magistrado que, en su gran mayoría, se trataba de artículos periodísticos.
Lo que se desconocía en aquel momento era que el Juzgado y la Guardia Civil ya coordinaban conjuntamente una operación para seguir cada paso de los terroristas CDR, que planeaban actos violentos y que los harían coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la sentencia del ‘procés’.
La ‘Operación Judas’ investiga al grupo terrorista Equipo de Respuesta Táctica (ERT), integrado en los CDR, y la presunta operación que planificaban para asaltar y ocupar el Parlamento catalán serviéndose para ello de material explosivo.
En la querella actual, el sindicato exige la ilegalización del partido independentista aparándose en el artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos que en su apartado segundo establece que: "La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal".
Concretamente hacen referencia al artículo 515 del Código Penal que establece que se considerará ilícita una asociación que cometa algún delito, empleen medios violentos o alteren el orden, las que tengan carácter paramilitar, y las que fomenten el repruebo o la violencia contra personas por razón de su ideología.
La decisión de considerar ilegal al grupo CDR recaerá en el juez competente según consta en el artículo 520 del Código Penal. En este caso, el magistrado Manuel García-Castellón.
Cataluña: Interior aplicará a los terroristas CDR la misma política de dispersión que a los etarras
Los siete CDR encarcelados por terrorismo en la guandoca de Soto del Real no van a ser trasladados a prisiones de Cataluña en ningún caso. El Gobierno les aplicará la misma política de dispersión que a los presos de ETA.
Los miembros del ‘comando’ CDR detenidos con explosivos no irán a la guandoca de Lledoners (Barcelona). No compartirán prisión con los golpistas catalanes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart. Ni irán al Centro Penitenciario de Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). No lo harán, explican fuentes judiciales, porque los CDR detenidos están imputados en la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.
En España la decisión sobre dónde cumple un preso su condena corresponde al Gobierno, y desde hace décadas a los presos condenados por terrorismo se le aplica la llamada ‘política de dispersión’. Esto supone una alta rotación por las cárceles españolas, habitualmente aquellas que estén a distancias considerables de sus familias.
Esta política penitenciaria, creada en tiempos de Felipe González, se diseñó con el objetivo de “romper lazos entre los miembros de organizaciones afines y facilitar la reinserción de los presos”, según avaló la Audiencia Nacional en 2015.
El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció al respecto cuando era magistrado en la Audiencia Nacional. En un auto de la Sala de lo Penal que él mismo redactó recordaba que antes de que se aplicara la política de dispersión –iniciada en 1987– se procedía de una forma diametralmente opuesta: agrupando a los presos en las mismas cárceles. “Provocó que crearan entre sí un fuerte vínculo y cohesión, ejerciendo presiones sobre las respectivas direcciones de los centros”, apunta el auto.
La política de dispersión de presos acusados de terrorismo continúa en vigor, explican fuentes judiciales, por lo que no se espera que a los miembros de los CDR se les acerque a los centros penitenciarios más próximos a sus domicilios familiares.
Tres de ellos aislados
A tres de los miembros de los CDR detenidos por terrorismo todavía no se les ha asignado un módulo concreto, y continúan en el módulo de ingresos de la prisión. Los otros cuatros –restantes–han sido trasladados a la celda que se le ha asignado, en módulos separados para evitar que se relacionen y clasificados en segundo grado.
Tiene su explicación: “Si hablas te quedas, si no te vas a tu celda” les han trasmitido a los detenidos, en referencia a que si colaboran tendrán beneficios. Como por ejemplo, no compartir -todavía- celda con otros reclusos.
Normalmente un reo suele estar entre 24 a 48 horas en el módulo de ingreso hasta que le asignan el módulo definitivo, siendo el tiempo máximo de cinco días. Ya han pasado seis y tres de los siete detenidos continúan en ingresos. Han excedido el límite de tiempo estipulado.
Desde que los internos ingresan en la prisión son sometidos a un procedimiento previo al ingreso donde se lleva a cabo una identificación personal; inscripción y apertura del expediente; cacheo y registro de pertenencias; se informa al interno de sus derechos y obligaciones; y por último, la visita de un médico y del Equipo Técnico que propondrá su ubicación definitiva en un módulo del establecimiento de acuerdo a su historial delictivo.
Están colaborando
Fuentes penitenciarias confiesan a este periódico que estos tres CDR no han sido trasladados a su celda porque están colaborando en la investigación. Están aportando información sobre la presunta operación que planificaban para asaltar y ocupar el Parlamento catalán sirviéndose para ello de material explosivo.
El trasiego que generarían sus continuas entradas y salidas del módulo para ser interrogados por los investigadores, han motivado a los funcionarios del centro a no moverles de la zona de ingresos.
Otra de las causas por las que les tienen separados es porque les consideran "los cabecillas" del grupo terrorista y quieren evitar que estos se relacionen con los demás.
El pasado jueves fueron interrogados en la Audiencia Nacional. Cinco de los miembros CDR, que cuentan con la asistencia letrada de la plataforma independentistas ‘Alerta Solidària’, decidieron acogerse a su derecho a no declarar por recomendación de sus abogados.
Los otros dos, Jordi Ros y Ferrán Jolis, que solicitaron un abogado de oficio, admitieron ante el juez que preparaban explosivos. Es más, el segundo aseguró que le habían dicho que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament.
