El informático de Laura Borràs pide un pacto con la Fiscalía y hunde a la presidenta de JxCat.

Isaías Herrero afronta una petición de pena de seis años que se suma a una condena previa de cinco por tráfico de drojas.



Laura Borràs, la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) y expresidenta del parlamento regional, afronta a partir de este viernes un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. Abandonada por los demás partidos separatistas, que han establecido una especie de cordón sanitario frente a la dirigente del partido de Puigdemont, ahora también se le complican más las cosas en el plano judicial.

El beneficiario de los contratos, su amigo el informático Isaías Herrero, trata de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para eludir una más que segura pena de prisión en caso de ser condenado. Herrero ya fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes y ahora el ministerio público pide seis años de guandoca por el caso del fraccionamiento de contratos.

La Fiscalía pide seis años de guandoca, 21 de inhabilitación y 144.000 euros para Laura Borràs. En cuanto a Herrero, la petición fiscal es la misma, pero su defensa negocia con la fiscalía reconocer los hechos a cambio de una sustancial rebaja con la que podría evitar el ingreso en prisión por el caso.

Seguía las instrucciones de Borràs

La intención de la defensa de Herrero es admitir los hechos de los que le acusa la Fiscalía y aducir que sólo seguía las instrucciones que le impartió Borràs y que constan en correos electrónicos, para trocear contratos y evitar la convocatoria de concursos públicos. Siguiendo tal procedimiento, Herrero se habría embolsado 335.700 euros.

La investigación deriva de otra que los Mossos d'Esquadra llevaban a cabo por un caso de falsificación de moneda y tráfico de drojas que implicaba a Herrero. En esas pesquisas apareció el nombre de Laura Borràs, quien al frente de la Institució de les Lletres Catalanes habría tomado parte en el fraccionamiento de contratos, 18 en total, a fin de favorecer a su entonces amigo Isaías Herrero con encargos relativos al área de informática de la entidad cultural dependiente de la Generalidad.

Según el testimonio de un cargo técnico de la Institución, Borràs era quien tenía la última palabra sobre los contratos menores. Además, cuando la investigación ya estaba en marcha y Borràs ejercía como consejera de Cultura de Quim Torra, habría dado instrucciones por mensajería telefónica a ese técnico para que le avisara de los registros de los Mossos d'Esquadra. Dicho funcionario aportó tales mensajes a la causa.

La defensa de Boye

El letrado de Borràs, Gonzalo Boye (abogado también de Torra y Puigdemont, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y encausado por presunto blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco, otro de sus clientes) sostiene que su patrocinada sufre una persecución política y ha recurrido a una pericial elaborada por Luis Enrique Hellín (condenado por el secuestro, tortura y asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980) para defender a Borràs. Otro de sus argumentos es que se han producido fallos en la cadena de custodia de las pruebas, lo que utilizará este viernes en las cuestiones previas para pedir la anulación del juicio.

Las pruebas en contra de Borràs se basan en grabaciones de conversaciones telefónicas de Isaías Herrero en las que describía las instrucciones que recibía de Borràs, correos electrónicos de la misma Borràs con las órdenes para fraccionar los contratos, así como los testimonios de trabajadores de la Institució de les Lletres Catalanes.

"Sólidos indicios de prácticas corruptas"

El magistrado instructor de la causa concluyó que existen "sólidos indicios de prácticas corruptas". En el auto de procesamiento apunta que "las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Borràs e Isaías Herrero son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar al ILC, propiciando contrataciones formales de servicios informáticos reveladores de una vulneración de especial relación de confianza surgida a raíz de aquella como directora de la institución pública".

Las "prácticas corruptas" tuvieron lugar entre marzo de 2013 y febrero de 2017 y afectan a 18 contratos menores para la programación y mantenimiento de la web del ILC. El auto indica que "Borràs intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicios, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago".