El gran hedor

TRIBUNA

TSEVAN RABTAN

29 may. 2018 02:04

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel contiene tres párrafos demoledores en los que, en síntesis, se declara que el PP y el llamado Grupo Correa crearon, desde 1996, un "sistema de corrupción institucional" por el que este obtenía contratos públicos -con precios inflados- para sí o para otras empresas concertadas con él, a cambio de comisiones o regalos que se distribuían entre los corruptos, salvo en aquella parte que se destinaba al pago de gastos electorales del partido o a nutrir su caja B -un sistema opaco de contabilidad paralela que la sentencia afirma existe desde al menos 1989 y que se utilizaba, entre otras cosas, para que "personas relevantes del partido" recibieran sobresueldos-.

Además de estos párrafos, hay otro que ha servido para justificar la moción de censura presentada por el PSOE. En él se afirma que, aunque hay testigos que han negado la existencia de la caja B ("Arenas, Álvarez Cascos, García-Escudero, Rajoy, etc.") y la autenticidad de los papeles de Bárcenas, sus testimonios no son verosímiles.

Visto el asunto desde una perspectiva jurídica, estos párrafos concretos -que semejan un injerto en las 1.700 páginas de la resolución y el voto particular- son artificiales. De hecho, la prolija y desmesurada sentencia -irritantemente reiterativa, aunque hay que reconocer la enorme dificultad de analizar y valorar la prueba en un asunto tan complicado- prácticamente no explica el origen y la razón de estas explosivas afirmaciones, que terminan resultando autorreferenciales. Por eso, imagino que la lectura íntegra de la sentencia -o la más probable caza de términos- haya sido, para muchos, una especie de anticlímax. Tras decenas de miles de palabras para concretar los hechos y dar respuesta a las numerosísimas cuestiones jurídicas -de manera bastante discutible, por cierto, en más de una ocasión-, la gran contundencia probatoria sobre el núcleo de aquello que lleva a tantos a la guandoca resulta que solo sirve para que el PP, esa organización que se nos dice culpable de la creación y mantenimiento de un sistema de corrupción institucional y poblada por mandatarios mentirosos, responda como partícipe a título lucrativo, lo que implica, necesaria y sorprendentemente, no tener conciencia de que las cantidades que según los jueces utilizaron en su beneficio pudieran tener un origen delictivo. Es decir, el PP tiene que devolver 245.492,80 euros, pero no porque la sentencia afirme que hiciera nada malo, sino solo porque ese dinero no es suyo.

¿Cómo cuadrar, por tanto, esos cuatro párrafos con esa raquítica consecuencia jurídica? Más aún, resulta forzado sostener que la sentencia afirme que Rajoy ha mentido. A diferencia del detalladísimo e individualizado análisis de las declaraciones de otros muchos testigos, y las explicaciones sobre por qué el tribunal cree esto o por qué no da credibilidad a aquello, en el caso de Mariano Rajoy opta por incluirlo en un grupo ("Arenas, Álvarez Cascos, García-Escudero, Rajoy, etc.") y por señalar que los testimonios de todos sus integrantes, en bloque, sobre la inexistencia de una Caja B, no merecen credibilidad. Pero ¿afirmó Mariano Rajoy, en concreto, en su declaración, que no existiera esa Caja B como para decir que su testimonio no es verosímil? Además de leer la sentencia completa, he vuelto a escuchar la inútil, larga y, en general, desesperante declaración de Rajoy y resulta que no, que no lo hizo. En cuanto a lo que sabía, lo que afirmó es que los apuntes de los papeles de Bárcenas en lo que se referían a él eran falsos, que no ha llevado cuestiones económicas en el partido y que nunca tuvo noticia de donaciones ilegales, comisiones o prácticas irregulares.

Entonces, ¿por qué la sentencia declara probado un entramado de corrupción institucional entre el PP y el Grupo Correa, y dice sin decirlo que Rajoy miente? ¿Y por qué algo tan tremebundo solo se traduce en que el PP devuelva dinero? De hecho, el magistrado que emite el voto particular no solo afirma que no hay prueba de que el PP en sí se beneficiase del dinero que dos alcaldes corruptos utilizaron en actos en sus localidades -distinguiendo entre el PP y sus integrantes-, sino que expresamente critica en sus compañeros esos párrafos indicados al comienzo -tan trascendentes como para iniciar un proceso destinado a hacer caer un Gobierno-, porque en ellos los magistrados expresamente indican que su función es la de contextualizar una cuestión que no está dentro del conocimiento de la sala enjuiciadora. Contextualizando, se puede decir que el contexto de esa munición para la moción de censura es precisamente el de ser expresamente algo sobre lo que los jueces no tenían que decir nada.

Como hay una disonancia que hay que explicar, daré mi interpretación: los magistrados no creen a los dirigentes del PP, pero no pueden jurídicamente ir más allá, por ser los hechos anteriores a la reforma que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas y por tratarse, en muchos casos, de sospechas, al menos en esta parte de la trama, sobre personas indeterminadas. De hecho, con el juicio ya iniciado y pese a que solo se reclamaba al partido por su posible condición de partícipe a título lucrativo, aceptaron una declaración testifical que ya se preveía abiertamente inútil a los efectos del proceso, la de Mariano Rajoy. Los párrafos de marras son gratuitos porque las sentencias deben ser el vehículo para que los jueces fijen la versión oficial de aquella porción concreta de la realidad que ha de tener consecuencias jurídicas en cada momento. No son un vehículo para decir lo que se piensa sobre cualquier otra cuestión. Menos para introducir, a modo de nota al pie, un texto que fuera de los muros de la sala se convierte inmediatamente en una bomba. Hay una manera, además, de probarlo: la sentencia no tendría por qué haber variado un milímetro su fallo de haberse suprimido por completo esos párrafos que llenaron titulares. Quien la haya leído que haga un experimento mental y los elimine; verá que tengo razón.

Muchos agradecerán a los magistrados que hayan sucumbido a este ataque de sinceridad. La mayoría simplemente asumirá acríticamente las consecuencias del mármol y el oropel, por más que los dirigentes del PP se desgañiten diciendo que la sentencia no condena a nadie del Gobierno. Otros lo agradecerán por simple interés. Sin esas expresiones, que son como divisiones soviéticas atravesando el Óder, la útil imagen del hundimiento habría sido más difícil de escenificar. Otros más, por la creencia sincera de que es bueno para España y que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Yo, melancólicamente, discrepo -más aún cuando hay una causa judicial abierta sobre los papeles de Bárcenas- y no digo más porque para qué.

Quien carece de argumentos jovenlandesales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 se produjo el Gran Hedor. El Támesis comenzó a exhalar un olor tan nauseabundo que el parlamento británico tuvo que impregnar las cortinas con cloruro de calcio y, al final, suspendió sus sesiones. Décadas de crecimiento caótico de la población, el uso anárquico de pozos neցros, y la inexistencia de canalizaciones adecuadas fueron incrementando los vertidos descontrolados en el río. En 1849, el médico John Snow había avisado de la relación entre la contaminación del agua y el cólera, y en 1855 se había creado el primer órgano con competencia sobre todo Londres, un consejo metropolitano de obras que inmediatamente vio paralizada su actividad por las peleas entre compañías rivales y políticos. Hizo falta que los vapores de la inmundicia hiciesen irrespirable el aire de la ciudad y que muriera el marido de la reina Victoria de fiebre tifoidea, para que los poderosos se tomasen en serio el problema. La cosa -para qué los eufemismos- llevaba décadas acumulándose.

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

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Apostillas al Gran Hedor

Publicado el 29 mayo, 2018 de Tsevan Rabtan

En 1902, durante uno de los últimos brotes de peste bubónica, cuando ya era conocida la relación entre la tras*misión de la enfermedad y las pulgas, la administración colonial en Hanói decidió pagar por rata muerta. La socialdemócrata medida, sin embargo, tuvo una consecuencia indeseada: muchos ciudadanos descubrieron el negocio y empezaron a criar ratas en sus casas para luego matarlas y cobrar por sus despojos.

Para lograr el bien, incentivaron el mal. Y, en este caso, ni siquiera se puede afirmar que estuvieran haciendo algo incorrecto. Simplemente obviaron el factor humano.

Aquí he contado algunas cosas. Y me quejo por un exceso que no puedo compartir, incluso presuponiendo que no haya en los magistrados ningún interés espurio. No eran ellos los que tenían que ponerse a pagar dinero por las ratas y, sin embargo, al ofrecer un botín en forma de discurso utilizable, puede que terminen consiguiendo algo peligroso: que los jueces se animen y empiecen a hacer literatura política en sus sentencias, incluyendo consideraciones y declarando probados hechos que no tienen consecuencias jurídicas y esparciendo miguitas que los ciudadanos, aplicados y confiados ante la autoridad (eso es un magistratus, alguien mejor, alguien que sabe más), seguirán con diligencia. Las nefastas consecuencias de esto son obvias y, de extenderse, provocarán, tras la alegría inicial de aquellos a los que favorezca el caso concreto, el descrédito del poder judicial. Solo piensen en los miles de jueces con miles de biografías y miles de posiciones políticas y vitales no solo explicando lo que creen sobre la vida y el arte, sino instruyéndonos sobre las soluciones que ellos, tan preparados, encontrarán para cada problema. Sí, esta plaga ya infectó a los militares en el pasado y sabemos perfectamente qué pasó.

Entonces, ¿por qué esto?:

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Se me ocurren tres explicaciones. Escojan la que prefieran;

1.- La primera es que el autor es un poco pastelero y ha decidido nadar y guardar la ropa, dando un poco de qué disfrutar a las diferentes aficiones. Es una hipótesis solvente, porque el hecho de que termine por no agradar a nadie no sería sino muestra de torpeza y no excluiría la equidistante intención inicial, que además le sirve de impulso en el proceloso intento de mantenerse en el mundo del opinador profesional.

2.- La segunda es que lo primero que se le ocurrió al autor fue relacionar el asunto con una anécdota histórica tan excelente (dando muestra además de una vasta cultura —esto es emic—), para lo que era impresindible introducir lo del Gran Hedor como fuera y, como ya no encajaba bien con la historia tras leer la sentencia, se agarró al calzador de la adversativa y a otra cosa.

3.- La tercera nos lleva al texto:

«Quien carece de argumentos jovenlandesales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 (…)

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.»

Si lo criticable en la sentencia es precisamente lo que casi sin excepción han utilizado los políticos y periodistas de este país para declarar la emergencia nacional —innúmeras veces he escuchado y leído que la sentencia declara que el PP como tal es corrupto y que los jueces no creen a Rajoy y esto es gravísimo— una solución que habría evitado el Gran Salto sería expurgar esos párrafos del artículo y decir que los políticos y periodistas, sin ellos, se habrían quedado sin las divisiones soviéticas y Rajoy podría continuar fumándose un puro y saludando a los barcos al pasar. El artículo, además, serviría para denunciar el mal uso de las instituciones por unos —presumámoslo así— bienintencionados magistrados. ¡Olé!

Esa solución presenta un problema: habría incongruencia omisiva. Para empezar, el autor no es juez: no está obligado a limitarse a analizar lo que dice y lo que no debe decir la sentencia, puede ir más allá. En segundo lugar, y por eso reproduzco los párrafos del artículo, el autor está explicando qué conclusiones se extraen de la sentencia después de borrar lo que no está justificado. Esto es lo más divertido: los jueces han decidido facilitar la labor a los que necesitan titulares, pero para la “verdad” no era necesario. Los miles de folios apestan. Al menos, apestan a ignorancia deliberada, a mirar para otro lado, a un no hay nadie que me libre de ese molesto sacerdote. Apestan a necesitamos pasta y no vamos a preguntar de dónde sale. Apestan a colaboracionistas sin cara. Muchos. Cientos de facilitadores que, en el mejor de los casos, no hacían preguntas cuando les pedían ayuda nuestros hijomios.

Y esto, además, envuelto ya en un mar de cieno. El legajo flota entre la cosa. En esta tercera hipótesis, el autor del artículo simplemente habría hecho su trabajo.

Escojan ustedes la hipótesis que más les guste.

Por cierto, sí, la anécdota que abre estas apostillas está metida con fórceps, pero es que es tan huevonuda que no me he resistido a incluirla.

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