El gobierno sólo ha expulsado a 123 pagapensiones en cuatro años

Al Gobierno central le está resultando tremendamente complicado reanudar con normalidad los vuelos de expulsión de migrantes en situación irregular que fueron suspendidos durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo por razones sanitarias. Desde 2020 España solo ha logrado fletar diez vuelos con 123 personas rumbo a sus países de origen. El pasado año, cuando se batieron todos los récords con 56.852 entradas irregulares –debido a la crisis migratoria en Canarias–, el Gobierno organizó cuatro vuelos con un total de 59 migrantes deportados. Además, por primera vez en los últimos cuatro años, Argelia –que venía cooperando en los retornos marítimos– no aceptó en el 2023 ningún operativo de expulsión en barco. En el Ministerio del Interior se consuelan con el hecho de que el resto de países de la Unión Europea con los que comparte la política migratoria también ven “casi imposible organizar estos vuelos”.

Interior trabaja con Asuntos Exteriores y están convencidos de que los vuelos de expulsiones son una fórmula muy eficaz para disuadir la inmi gración irregular. De hecho, en los últimos viajes que los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares han realizado a países de origen y tránsito de las rutas migratorias –como Senegal, Mauritania o jovenlandia– el asunto de las deportaciones ha estado siempre sobre la mesa de reunión con sus homólogos, según confirman fuentes ministeriales. El problema es que las expulsiones de migrantes no dependen solo de la voluntad de España, sino –en gran medida– de la conformidad del país receptor. Y es aquí donde se dan contra un muro difícil de franquear.

El Gobierno consiguió fletar un vuelo rumbo a Dakar durante el pasado otoño, después de que ambos ministros se reuniesen con mandatarios senegaleses. Solo al archipiélago canario llegaron en el 2023 casi 40.000 pagapensiones, la mayoría a bordo de cayucos senegaleses. Los deportados, según fuentes policiales, no fueron pagapensiones recién llegados, sino aquellos pendientes de ejecución de su expulsión. Sin embargo, ni Interior ni Exteriores han logrado arrancar el compromiso de mantener la regularidad de estos vuelos, debido al fuerte rechazo popular que genera en los países de origen.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a los que remiten las mismas fuentes, las remesas –el abundante dinero que envían los emigrantes a sus familiares– suponen entre un 5% y un 10% del PIB en algunos países jovenlandeses. “Aceptar las expulsiones supone confirmar que se está colaborando para que tus nacionales que mantienen desde el exterior a sus familias dejen de hacerlo. Eso es muy complicado de justificar”, defienden fuentes gubernamentales.

Esto explica, en parte, la opacidad con la que Interior gestiona este tema; el ministerio que dirige Marlaska se niega a dar detalles de los vuelos con pagapensiones expulsados. Una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, revela que ni en el 2020 ni en el 2021 el Gobierno logró realizar vuelos de este tipo. Sin embargo, en esos dos años sí se realizaron repatriaciones en barco hacia Argelia: 44 con un total de 764 argelinos, de los cuales diez eran mujeres.

En el 2022, cuando se recuperaron los vuelos, se fletaron seis con 64 migrantes a bordo. Desde Almería, ese mismo año, partieron 13 barcos hasta las costas argelinas con 198 repatriados, todos varones. Sin embargo, el pasado año disminuyeron a cuatro los vuelos, con 59 personas expulsadas. Y ningún operativo marítimo. Unas cifras que, tal y como reconocen altos cargos del Gobierno en privado, están “lejos de lo deseado”.

Este falta de vías abiertas para proceder a los retornos provoca un enorme cuello de botella entre la órdenes de expulsión y sus ejecuciones. Según la ley de Extranjería, estar en situación irregular en España supone una infracción grave, que puede ir aparejada con la expulsión del país. Pero esto, tal y como reconocen fuentes policiales, no es un procedimiento ni fácil ni rápido, puesto que el migrante tiene la posibilidad de presentar una serie de alegaciones por la vía contenciosa que pueden dilatar mucho el proceso.

La expulsión solo se podrá acordar, según doctrina del Tribunal Supremo, si concurren agravantes como carecer de papeles , contar con antecedentes penales o no tener familia ni domicilio en España. Si finalmente hay luz verde a la expulsión, es en el siguiente paso donde se colapsa: las órdenes apenas se pueden ejecutar porque los países se niegan siempre a reconocer a los ciudadanos como suyos.

El Gobierno defiende que España es uno de los países del mundo que mejores tasas de retorno tiene. Sin embargo es imposible contrastar esos datos porque no existe tras*parencia comunitaria. En la misma respuesta al parlamentario de EH Bildu, Moncloa traslada que el pasado año se realizaron 28 vuelos internacionales conjuntos financiados por la Agencia Frontex –que no tiene capacidad de negociación– con 689 personas expulsadas. Salieron desde Madrid y el destino era “distintos países”. En el 2022, el número de estos vuelos internacionales fue de 20 con 348 personas a bordo también con múltiples destinos. Sin embargo, no se aclara cuántos migrantes logró España repatriar.

Estos datos evidencian las enormes dificultades que encuentran los países para ejecutar las expulsiones. Es por esto por lo que a principios de año, cuando estalló la polémica por el traspaso de competencias en materia de migración a Catalunya –logrado por Junts–, desde Interior no salían de su asombro cuando el partido independentista decía querer gestionar las expulsiones. “Piensan que esto es comprar un billete de avión y montar al migrante de vuelta”, ironizaban. Dada la complejidad del asunto, fue Pedro Sánchez quien zanjó la controversia: “Expulsar a migrantes compete a la administración central”.

Estamos bien dolidos.
No hay vuelta atrás por las buenas.