El Gobierno promete a ERC y Bildu el ingreso "inmediato" en la comisión de secretos para salvar el decreto económico de la guerra

Chapapote1

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El espionaje a líderes independentistas ha puesto en solfa el apoyo de los socios de gobernabilidad de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, Gerardo Cueva (presidente de Cepyme) y Yolanda Díaz, en un acto en Madrid.

Pedro Sánchez, Gerardo Cueva (presidente de Cepyme) y Yolanda Díaz, en un acto en Madrid.EFE
El Gobierno no las tiene todas consigo. Este jueves se vota en el Congreso el decreto que contiene las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis agravada por la guerra en Ucrania. El espionaje a líderes independentistas ha puesto en solfa el apoyo de los socios de gobernabilidad de Pedro Sánchez. Que este decreto no saliera adelante sería un duro varapalo para La Moncloa. Se mueven todos los resortes. Se ofrecen gestos para evitar el batacazo.
El Gobierno promete e ERC y Bildu que la comisión de secretos oficiales, donde se tratan los asuntos relativos al CNI como éste del espionaje, se constituirá de manera "inmediata e inminente". Esto es, que su ingreso en la misma quieren que sea "inmediato". Esta comisión está formada por los portavoces de los grupos del Congreso y sus asistentes tienen obligación de guardar secreto respecto a lo allí tratado.
El espionaje a los líderes independentistas es una nueva herida en la de por sí en la maltrecha gobernabilidad. ERC sigue presionando al Gobierno y pese al encuentro este domingo de la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los republicanos dejan en el aire su apoyo parlamentario. En el Ejecutivo quieren creer que una cosa es el espionaje y otra las leyes sociales y económicas que benefician a muchos españoles, también a muchos catalanes. De ahí que quieran creer que ERC finalmente no rechazará el decreto de medidas económicas.
Pero que en La Moncloa no lo ven claro y que esta crisis con sus socios -al malestar de ERC se suman el de Bildu, también afectados por el espionaje, y PNV- no está cerrada lo demuestra el hecho de que se quiere acelerar en el Congreso la creación de la comisión de secretos oficiales, que es el único lugar donde el Ejecutivo está dispuesto a dar explicaciones.
VETOS CRUZADOS
Ocurre que esa comisión ni siquiera se ha constituido. Permanece bloqueada por los partidos. Los vetos cruzados entre las formaciones de la derecha (PP, Vox y Cs) hacia las formaciones nacionalistas (ERC y EH Bildu, sobre todo) y viceversa, ha impedido que eche a andar. Sus integrantes, uno por cada grupo del Congreso, precisan del apoyo de 210 diputados para sentarse en esa comisión. Lo que hace preciso apoyos entre muchos partidos de la Cámara, lo que dado el ambiente político reinante se hace inviable.
PP, Vox y Cs, más los dos diputados que antes pertenecían a UPN y el representante de Foro Asturias, suman 152 votos más que suficientes para vetar la elección de miembros de la comisión.
Esta exigencia de una mayoría de tres quintos para pertenecer a esta comisión está regulada por una resolución de la Presidencia del Congreso de 11 de mayo de 2004. Y es una resolución de la Presidencia de la Cámara la que puede alterar esa mayoría necesaria. El Gobierno está "barajando distintas fórmulas" para ponerla en marcha, pero una podría ser que la presidenta del Congreso emitiera un dictamen con una nueva mayoría que sortease el veto de las formaciones de derecha. Por tanto, los socialistas instarían a la presidenta Meritxell Batet a hacer ese nuevo escrito.
De momento, en el PSOE esgrimen que su posición es la de intentar dialogar con todos los grupos para que la comisión pueda constituirse sin tocar las mayorías necesarias. "Vamos a pedir a los grupos que de manera normal se pueda poner en marcha esta comisión con los mecanismos ahora en vigor", ha expuesto Felipe Sicilia, portavoz del PSOE. "Que con la situación actual se pueda poner en marcha". Pero no se descarta incluso la vía de cambiar las mayorías, en aras de conceder un gesto rápido a los nacionalistas.
"Vamos a desbloquear esta comisión", ha sentenciado el ministro Félix Bolaños, en una entrevista en TVE. El titular de Presidencia ha recordado que la composición de la comisión de secretos oficiales "no está en el reglamento de la Cámara" y que, por lo tanto, no hay que modificar el reglamento de la Cámara para constituir la comisión y, por tanto, "se están barajando distintas fórmulas".
Juan Bravo, vicepresidente económico del PP.

Juan Bravo, vicepresidente económico del PP.TarekPP, EN CONTRA DE MODIFICAR LAS MAYORÍAS
Las formaciones de derecha siguen firmes en su propósito de que formaciones nacionalistas como ERC y Bildu no estén presentes en esa comisión. El PP demanda, en primer lugar, "una explicación clara" sobre si Pegasus se utilizó legalmente o no. Y, en segundo, apuesta por vetar la presencia de ERC y Bildu en la comisión. "No nos parece lógico que partidos que están contra el Estado conozcan los secretos de ese Estado", ha asegurado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, en una rueda de prensa. "Que Bildu esté en la Comisión de secretos oficiales cuando menos sorprende", ha añadido.
En 2004, ha asegurado Bravo, se acordó, a iniciativa del PSOE, "que una mayoría de tres quintos apoye la participación de los partidos" en esa comisión, de manera que PP y Vox podrían impedirlo (suman 141 escaños, justo uno más del mínimo necesario para bloquear). "Bildu entrará si consigue 210 votos", ha zanjado el dirigente 'popular'.
Lo que quiere el PP es que el Ejecutivo se retrate en sus apoyos y muestre si prefiere acordar asuntos de Estado con Feijóo o con los independentistas. "Si el PSOE quiere que entre Bildu, que nos llame y escucharemos", añaden en Génova, donde reconocen que en realidad su capacidad de veto es escasa, ya que los partidos de la coalición de Gobierno pueden cambiar las condiciones de acceso a esta comisión "sin el PP". "Esto no está bloqueado, si mañana lo propone Batet y lo votan", podría cambiarse sin más la minoría de bloqueo, admiten.
Inés Arrimadas y Edmundo Bal, en el Congreso.

Inés Arrimadas y Edmundo Bal, en el Congreso.BERNARDO DÍAZARRIMADAS: "METERLES ES SUICIDA"
Por su parte, Ciudadanos también va a mantener una posición tajante para impedir que los partidos independentistas entren en la comisión de secretos oficiales del Congreso, aunque sus votos sólo sirvan para hacer más grande el veto a los ERC, Junts o EH Bildu. Inés Arrimadas ha advertido de que es "suicida", "ridículo" y "absurdo" que se dé cabida en ese espacio a partidos "cuyo único objetivo es destrozar y romper" el Estado. Por eso ha lamentado las promesas hechas por Bolaños a ERC, porque son ideas que "no se le ocurren a nadie".
En este sentido, la líder de Ciudadanos ha arremetido duramente contra el Gobierno por su actitud en todo este asunto del presunto espionaje. "Sánchez manda a Bolaños de correveidile para arrodillarse ante el separatismo" y lo que es "peor", ha dicho, "para arrastrar por el suelo" el nombre de España. "No vamos a agachar la cabeza ni pedir perdón", ha avisado, porque el CNI "trabaja bajo un paraguas legal y autorización judicial".
Para Arrimadas lo que se ve en este asunto es que el Gobierno "depende tanto de los votos" del separatismo que es "capaz de cuestionar a los servidores públicos del CNI" para "mantenerse en Moncloa".
Jorge Buxadé, portavoz de Vox.

Jorge Buxadé, portavoz de Vox.E.M.VOX DENUNCIA EL ESPIONAJE A ALUMNOS
Desde Vox, la posición es clara: no a la presencia de independentistas en la comisión del Parlamento que analice el denominado caso Pegasus. Y así se tajante se ha mostrado su portavoz, Jorge Buxadé, quien ha pedido precisamente a los independentistas que den explicaciones por el "espionaje" en los colegios a los niños que no hablen catalán.
El portavoz nacional ha confirmado que Vox se opondrá a la entrada de formaciones independentistas en la comisión del Congreso que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y accede a información secreta.
"Espero que Bolaños -en referencia a la visita del ministro a Cataluña y a su reunión con el Govern- les hablara de cuándo se disuelven y acaban con el espionaje a los niños en los colegios". Buxadé denunció la encuesta que el Gobierno catalán está llevando a cabo con los niños para conocer el uso del catalán.
A su juicio, ese "es el espionaje" que debe preocupar al Ejecutivo porque supone una "gravísima vulneración de derechos y libertades" de "cientos de miles de alumnos".
Preguntado expresamente si el Gobierno debe dar explicaciones sobre el uso de Pegasus y dispositivos similares para el espionaje político, como exigen los independentistas, ha subrayado que el Ejecutivo debe rendir cuentas sobre "muchísimas cosas", entre ellas por qué no "garantiza el derecho a la libertad de educación en Cataluña".

"Los traidores a España que no aceptan la Constitución, no pueden estar", en referencia a la comisión de secretos oficiales.
Buxadé ha señalado que un órgano "esencial" para cualquier Estado como son los servicios de espionaje debe estar "bajo escrutinio y control legal". "Y poco más".

 
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