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El Gobierno multa a 16 empresas de la Región por abusar de los agricultores
El control sobre los contratos agrarios al que obliga la Ley de la Cadena Alimentaria ha derivado en lo que va de año en sanciones por valor de 64.000 euros a compañías comercializadoras de carne, verduras o frutas
Alberto Sánchez | @asanchez777
01·09·23 | 06:00
Un jornalero recoge limones parasu comercialización. TONY SEVILLA
El número de empresas de la Región de Murcia o con sede en la Comunidad dedicadas a la comercialización de verduras, frutas o carne y que han sido sancionadas por romper las reglas en la formalización de los contratos con sus proveedores no deja de crecer este año. El Ministerio de Agricultura ha impuesto en lo que va de año multas a 16 compañías de la industria agroalimentaria regional por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca poner freno a las operaciones comerciales fraudulentas que terminan por perjudicas a los agricultores y ganaderos de la Región.
La gran mayoría de estas firmas sancionadas son sociedades o cooperativas que están dedicadas a la venta al por mayor y exportación de frutas y verduras, así como productos cárnicos, aunque también hay bodegas, queserías o supermercados. El importe económico global de todas las multas, tras cerrar el Minisiterio los expedientes abiertos a lo largo de este año, asciende a 64.000 euros, con empresas que han recibido hasta tres o dos sanciones por las que ha tenido que pagar más de 9.000 euros, como es el caso de la conocida compañía de vinos y zumos de García Carrión, hasta los 1.800 euros, la cuantía más baja.
El departamento del ministro en funciones, Luis Planas, adelantó en febrero de este año las primeras once sanciones que se impusieron a empresas murcianas o cuya actividad les lleva a tener sedes o naves en la Comunidad aunque sean de otras partes de España. La Ley de la Cadena, reformada en 2020, pretende atajar los contratos abusivos en el campo regulando las prácticas comerciales para evitar que los productores primarios vendan a pérdidas. La norma prohíbe la destrucción de valor en los productos agroalimentarios por parte de los eslabones de la cadena de distribución.
Modificaciones en los precios
Los últimos expedientes cerrados reflejan el incumplimiento de cuatro empresas que están asentadas en la Comunidad. Import-export Candaya Frutas, afincada en Archena y especializada en la venta al por mayor de fruta y verdura, recibió una multa de 6.000 euros por incumplir los plazos de pago a los agricultores y omitir en el contrato con sus proveedores el precio que les iba a pagar. Con el mismo objetivo empresarial, la mercantil Frutas Severa, con sede en Torreagüera (Murcia), recibió la misma sanción económica, también por retrasos en los pagos, pero con el añadido de que realizó modificaciones del precio que quedaba reflejado en el contrato si es que este estuviera pactado por ambas partes.
La productora, exportadora y distribuidora de vino de la DOP de Jumilla, Esencia Wines Cellars, con sede en dicho municipio, tiene un multa de 3.001 euros por retrasos en los pagos, mientras la comercializadora Industrias Cárnicas Hala, de El Palmar (Murcia), debe pagar 3.600 euros por incumplimiento de los tiempos de pago y por no formalizar por escrito los contratos que lleva a cabo con los ganaderos.
La mercantil alicantina Juan Fornés Fornés, dirigida por José Juan Fornés, que lidera la cadena de supermercados Masymas, tiene sede en Beniel, donde abrió su primera tienda de este conocido lineal en 2008. De nuevo, el incumplimiento de los plazos le obliga a pagar 1.800 euros.
Primeras sanciones
Desde el pasado 30 de junio las empresas deben registrar de forma electrónica todos los contratos que lleven a cabo. La herramienta, denominada Registro de Contratos Alimentarios, permitirá a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a las comunidades mejorar la protección sobre los productores primarios. En toda España se han detectado más de un centenar de infracciones.
Las primeras sanciones económicas llegaron para la firma del empresario jumillano José García Carrión, que tuvo que pagar 9.147,81 euros por incumplir los tiempos de pago a los viticultores. La segunda empresa con el importe más elevado fue Frutas Ginés, de Archena. En este caso, el Ministerio interpuso hasta tres multas por valor de 5.700 euros.
Agrosol del Levante 2019 (Cartagena), Central Quesería Montesinos (Jumilla) o Bodegas Alceño (Jumilla) fueron sancionadas con 3.000 euros mientras que el resto de empresas recibieron la multa más baja, unos 1.800 euros: Exportaciones Blanca (Blanca), el grupo Hortiberia (Cartagena), Hortofrutícula Brigitte (Abarán) y Uniland (Abarán). Además, otras dos empresas (Crisol Frutos Secos y Guillem Export), con naves en Mula y Librilla, también fueron objeto de expediente.
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El control sobre los contratos agrarios al que obliga la Ley de la Cadena Alimentaria ha derivado en lo que va de año en sanciones por valor de 64.000 euros a compañías comercializadoras de carne, verduras o frutas
Alberto Sánchez | @asanchez777
01·09·23 | 06:00
Un jornalero recoge limones parasu comercialización. TONY SEVILLA
El número de empresas de la Región de Murcia o con sede en la Comunidad dedicadas a la comercialización de verduras, frutas o carne y que han sido sancionadas por romper las reglas en la formalización de los contratos con sus proveedores no deja de crecer este año. El Ministerio de Agricultura ha impuesto en lo que va de año multas a 16 compañías de la industria agroalimentaria regional por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca poner freno a las operaciones comerciales fraudulentas que terminan por perjudicas a los agricultores y ganaderos de la Región.
La gran mayoría de estas firmas sancionadas son sociedades o cooperativas que están dedicadas a la venta al por mayor y exportación de frutas y verduras, así como productos cárnicos, aunque también hay bodegas, queserías o supermercados. El importe económico global de todas las multas, tras cerrar el Minisiterio los expedientes abiertos a lo largo de este año, asciende a 64.000 euros, con empresas que han recibido hasta tres o dos sanciones por las que ha tenido que pagar más de 9.000 euros, como es el caso de la conocida compañía de vinos y zumos de García Carrión, hasta los 1.800 euros, la cuantía más baja.
El departamento del ministro en funciones, Luis Planas, adelantó en febrero de este año las primeras once sanciones que se impusieron a empresas murcianas o cuya actividad les lleva a tener sedes o naves en la Comunidad aunque sean de otras partes de España. La Ley de la Cadena, reformada en 2020, pretende atajar los contratos abusivos en el campo regulando las prácticas comerciales para evitar que los productores primarios vendan a pérdidas. La norma prohíbe la destrucción de valor en los productos agroalimentarios por parte de los eslabones de la cadena de distribución.
Modificaciones en los precios
Los últimos expedientes cerrados reflejan el incumplimiento de cuatro empresas que están asentadas en la Comunidad. Import-export Candaya Frutas, afincada en Archena y especializada en la venta al por mayor de fruta y verdura, recibió una multa de 6.000 euros por incumplir los plazos de pago a los agricultores y omitir en el contrato con sus proveedores el precio que les iba a pagar. Con el mismo objetivo empresarial, la mercantil Frutas Severa, con sede en Torreagüera (Murcia), recibió la misma sanción económica, también por retrasos en los pagos, pero con el añadido de que realizó modificaciones del precio que quedaba reflejado en el contrato si es que este estuviera pactado por ambas partes.
La productora, exportadora y distribuidora de vino de la DOP de Jumilla, Esencia Wines Cellars, con sede en dicho municipio, tiene un multa de 3.001 euros por retrasos en los pagos, mientras la comercializadora Industrias Cárnicas Hala, de El Palmar (Murcia), debe pagar 3.600 euros por incumplimiento de los tiempos de pago y por no formalizar por escrito los contratos que lleva a cabo con los ganaderos.
La mercantil alicantina Juan Fornés Fornés, dirigida por José Juan Fornés, que lidera la cadena de supermercados Masymas, tiene sede en Beniel, donde abrió su primera tienda de este conocido lineal en 2008. De nuevo, el incumplimiento de los plazos le obliga a pagar 1.800 euros.
Primeras sanciones
Desde el pasado 30 de junio las empresas deben registrar de forma electrónica todos los contratos que lleven a cabo. La herramienta, denominada Registro de Contratos Alimentarios, permitirá a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a las comunidades mejorar la protección sobre los productores primarios. En toda España se han detectado más de un centenar de infracciones.
Las primeras sanciones económicas llegaron para la firma del empresario jumillano José García Carrión, que tuvo que pagar 9.147,81 euros por incumplir los tiempos de pago a los viticultores. La segunda empresa con el importe más elevado fue Frutas Ginés, de Archena. En este caso, el Ministerio interpuso hasta tres multas por valor de 5.700 euros.
Agrosol del Levante 2019 (Cartagena), Central Quesería Montesinos (Jumilla) o Bodegas Alceño (Jumilla) fueron sancionadas con 3.000 euros mientras que el resto de empresas recibieron la multa más baja, unos 1.800 euros: Exportaciones Blanca (Blanca), el grupo Hortiberia (Cartagena), Hortofrutícula Brigitte (Abarán) y Uniland (Abarán). Además, otras dos empresas (Crisol Frutos Secos y Guillem Export), con naves en Mula y Librilla, también fueron objeto de expediente.
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