El gobierno lleva a Castilla Leon al Constitucional por no tener competencias en sanidad :)

El Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional a la Junta de Castilla y León a fin de evitar que PP y Vox adopten en esta comunidad cualquier actuación que afecte o limite la ley del aborto. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sensual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, cuya sola admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma autonómica recurrida, hasta que se pronuncie el tribunal.

En una charla informal con los periodistas en los pasillos de la cumbre de Davos, Pedro Sánchez ha explicado por qué el Gobierno ha dado el salto de hacer un requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León, paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. “No ha habido claridad de la Junta de Castilla y León. Estamos reclamando un mensaje nítido. Se están escudando en si es obligatorio o no, si es voluntario o no, pero no hay claridad. Nosotros simplemente estamos respondiendo ante la vulneración de una ley estatal que establece de manera clara los derechos de las mujeres”, ha asegurado el presidente. Sánchez ha desligado el cara a cara que mantendrá con Alberto Nuñez Feijoo en el Senado este mes, promovido por La Moncloa, de esta polémica sobre las medidas antiabortistas en Castilla y León, pero ha admitido que en esos debates se suele hablar de todos los temas y por tanto este también saldrá. La Moncloa ha promovido rápidamente dos comparecencias, una en el Congreso y otra en el Senado, en teoría para hablar de la última cumbre europea y de la situación económica, pero parece evidente que Sánchez quiere aprovechar el momento para ahondar en los problemas que le genera al PP tener por primera vez a la ultraderecha de Vox en un Gobierno, el de Castilla y León, informa Carlos E. Cué

El paso que ha dado esta mañana el Gobierno de Pedro Sánchez implica que la Junta le tiene que precisar por escrito qué medidas pueden estar viciadas de incompetencia. Pero el hecho es que, tras cinco días de contradicciones constantes entre los socios de gobierno de la Junta, se ignora las medidas que va a adoptar el Ejecutivo castellanoleonés. Esto es, si finalmente mantiene el protocolo vigente o introduce modificaciones. Ayer mismo, Mañueco insistió en que “nada cambia” en la oferta de servicios a las mujeres embarazadas —incluidas las que decidan abortar— y que no se obligará “a nada” ni a las embarazadas ni a los médicos de la comunidad.

El requerimiento de incompetencia, previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo “velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constitución”. El Gobierno puede formalizar directamente ante el Constitucional un conflicto de competencia o hacer uso del previo requerimiento a la comunidad autónoma para que derogue o anule el acto o disposición que considera que vulnera las competencias estatales. El plazo para formalizar directamente el conflicto o hacer uso del requerimiento de incompetencia es el de dos meses desde la publicación o comunicación del acto o disposición viciado de incompetencia.

Las competencias en sanidad están tras*feridas a las comunidades autónomas, como tantas otras cosas (por desgracia), así que no tiene lugar.