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El Gobierno se indigna con los jueces y asume que quedan meses para el archivo del ‘caso Begoña Gómez’
El juez Juan Carlos Peinado camina cerca de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid.Andrea Comas
Carlos E. Cué
Madrid - 19 oct 2024 - 05:40CEST
La Justicia lleva muchos meses dando malas noticias al Gobierno. En el Ejecutivo estaba asumida la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara la querella que, de forma inédita, presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado a su esposa, Begoña Gómez. Pero lo que nadie esperaba es que lo hiciera con un auto durísimo en el que se vuelven contra el presidente e incluso uno de los jueces plantea que debería estudiarse una posible multa contra el querellante. Tras la lectura del auto, en el entorno de Sánchez fue creciendo la indignación porque los jueces entran en calificativos claramente políticos y muy inusuales. No es la primera vez, en La Moncloa también se indignaron con otros autos recientes del Tribunal Supremo, por ejemplo el que descalificaba la calidad de la ley de amnistía y entraba en calificativos más bien políticos sobre su oportunidad.
La interpretación más extendida dentro del Gobierno, que solo se insinúa en público, para evitar un conflicto de poderes mayor, pero se traslada más abiertamente en privado, es que un sector de la justicia está claramente enfrentado al Ejecutivo y no deja pasar la oportunidad de darle algún golpe cuando tiene la ocasión. Algunos sectores del Gobierno dudaron de la oportunidad de presentar querellas por prevaricación porque las daban por perdidas, ya que prácticamente nunca prosperan, pero en La Moncloa, entre los que tomaron la decisión de ir por esta vía, ahora fracasada, sostienen que el objetivo no era tanto ganarlas como que quedara en evidencia la actuación del juez Peinado, que consideran totalmente fuera de la norma y con intenciones políticas.
La forma de redactar el auto, con unos inusuales puntos suspensivos más propios de una columna de opinión política que de un auto, tiene desconcertados a algunos miembros del Gobierno, que creen que es muy evidente la animadversión. Mientras el fiscal general del Estado está imputado por una supuesta filtración en el caso de fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aquí ni siquiera consideran que la filtración de las imágenes y audio del interrogatorio a Sánchez suponga ningún problema que haya que investigar.
El mensaje de fondo que traslada el Gobierno es que los jueces, o al menos algún sector de los jueces, han decidido hacer política e influir con sus decisiones para perjudicar al Ejecutivo. “En la querella presentada ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial”, señalan fuentes del Gobierno.
“Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta. El mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación. Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares”, rematan.
Esto es relevante políticamente para el Ejecutivo. Diversos miembros del Gobierno consultados creen que, a pesar de que es evidente el golpe que suponen estas decisiones judiciales, o la imputación del fiscal general, desde el punto de vista del debate público cada vez se está haciendo más evidente, según su visión, la animadversión de algunos jueces conservadores con el Ejecutivo progresista, y por eso, al menos entre el electorado que apoya Gobierno, pierde mucha fuerza el efecto de estas decisiones. El Gobierno asume así que la parte judicial dará más malas noticias, pero confía en que ese desgaste que espera la oposición ―Feijóo llegó a hablar de “agonía judicial” de Sánchez el miércoles en el Congreso― haya tocado techo porque se instale la idea en el mundo progresista de que hay una animadversión contra el Ejecutivo.
En cualquier caso el ambiente que se percibe en La Moncloa indica que esta vía de los recursos parece agotada y el Ejecutivo ahora solo confía en que el caso Begoña Gómez, que ha traído un desgaste evidente y ha dado munición a la oposición, vaya poco a poco agotando su camino y finalmente quede archivado en unos meses, aunque ya nadie se atreve a hacer previsiones después de que fallaran todas las anteriores. Después de que la Audiencia Provincial le diera margen para seguir investigando, aunque de forma acotada, y el Tribunal Superior de Madrid haya descartado la prevaricación con argumentos duros contra el querellante, Peinado tiene ahora de nuevo el control para seguir adelante durante varios meses. Pero en La Moncloa siguen convencidos de que no hay ningún elemento delictivo, como dijeron los dos informes de la Guardia Civil, y por tanto siguen pensando que es cuestión de tiempo, mucho más del previsto inicialmente, pero el final del proceso solo puede ser el archivo.
El Gobierno se indigna con los jueces y asume que quedan meses para el archivo del ‘caso Begoña Gómez’
El Ejecutivo ve cada vez más claro que hay una animadversión de un sector judicial que incluye opiniones políticas contra el Gobierno en sus autos
Carlos E. Cué
Madrid - 19 oct 2024 - 05:40CEST
La Justicia lleva muchos meses dando malas noticias al Gobierno. En el Ejecutivo estaba asumida la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara la querella que, de forma inédita, presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado a su esposa, Begoña Gómez. Pero lo que nadie esperaba es que lo hiciera con un auto durísimo en el que se vuelven contra el presidente e incluso uno de los jueces plantea que debería estudiarse una posible multa contra el querellante. Tras la lectura del auto, en el entorno de Sánchez fue creciendo la indignación porque los jueces entran en calificativos claramente políticos y muy inusuales. No es la primera vez, en La Moncloa también se indignaron con otros autos recientes del Tribunal Supremo, por ejemplo el que descalificaba la calidad de la ley de amnistía y entraba en calificativos más bien políticos sobre su oportunidad.
La interpretación más extendida dentro del Gobierno, que solo se insinúa en público, para evitar un conflicto de poderes mayor, pero se traslada más abiertamente en privado, es que un sector de la justicia está claramente enfrentado al Ejecutivo y no deja pasar la oportunidad de darle algún golpe cuando tiene la ocasión. Algunos sectores del Gobierno dudaron de la oportunidad de presentar querellas por prevaricación porque las daban por perdidas, ya que prácticamente nunca prosperan, pero en La Moncloa, entre los que tomaron la decisión de ir por esta vía, ahora fracasada, sostienen que el objetivo no era tanto ganarlas como que quedara en evidencia la actuación del juez Peinado, que consideran totalmente fuera de la norma y con intenciones políticas.
La forma de redactar el auto, con unos inusuales puntos suspensivos más propios de una columna de opinión política que de un auto, tiene desconcertados a algunos miembros del Gobierno, que creen que es muy evidente la animadversión. Mientras el fiscal general del Estado está imputado por una supuesta filtración en el caso de fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aquí ni siquiera consideran que la filtración de las imágenes y audio del interrogatorio a Sánchez suponga ningún problema que haya que investigar.
El mensaje de fondo que traslada el Gobierno es que los jueces, o al menos algún sector de los jueces, han decidido hacer política e influir con sus decisiones para perjudicar al Ejecutivo. “En la querella presentada ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial”, señalan fuentes del Gobierno.
“Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta. El mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación. Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares”, rematan.
Esto es relevante políticamente para el Ejecutivo. Diversos miembros del Gobierno consultados creen que, a pesar de que es evidente el golpe que suponen estas decisiones judiciales, o la imputación del fiscal general, desde el punto de vista del debate público cada vez se está haciendo más evidente, según su visión, la animadversión de algunos jueces conservadores con el Ejecutivo progresista, y por eso, al menos entre el electorado que apoya Gobierno, pierde mucha fuerza el efecto de estas decisiones. El Gobierno asume así que la parte judicial dará más malas noticias, pero confía en que ese desgaste que espera la oposición ―Feijóo llegó a hablar de “agonía judicial” de Sánchez el miércoles en el Congreso― haya tocado techo porque se instale la idea en el mundo progresista de que hay una animadversión contra el Ejecutivo.
En cualquier caso el ambiente que se percibe en La Moncloa indica que esta vía de los recursos parece agotada y el Ejecutivo ahora solo confía en que el caso Begoña Gómez, que ha traído un desgaste evidente y ha dado munición a la oposición, vaya poco a poco agotando su camino y finalmente quede archivado en unos meses, aunque ya nadie se atreve a hacer previsiones después de que fallaran todas las anteriores. Después de que la Audiencia Provincial le diera margen para seguir investigando, aunque de forma acotada, y el Tribunal Superior de Madrid haya descartado la prevaricación con argumentos duros contra el querellante, Peinado tiene ahora de nuevo el control para seguir adelante durante varios meses. Pero en La Moncloa siguen convencidos de que no hay ningún elemento delictivo, como dijeron los dos informes de la Guardia Civil, y por tanto siguen pensando que es cuestión de tiempo, mucho más del previsto inicialmente, pero el final del proceso solo puede ser el archivo.
