El gobierno está preparando un decreto ómnibus con decenas de medidas económicas

El Gobierno de coalición prepara un decreto ómnibus de potente contenido económico con el que pretende iniciar su producción legislativa tras la investidura de Pedro Sánchez. La norma, que se aprobará en Consejo de Ministros antes de finalizar el año, está siendo coordinada por los equipos de Félix Bolaños en Presidencia y de María Jesús Montero en Hacienda y Función Pública.

Todos los ministerios están realizando ya aportaciones y protagonizando intensas negociaciones de cara a una votación en el Congreso que aspira a aglutinar a la misma mayoría que hizo presidente a Sánchez e, incluso, poner en su primera tesitura al PP.

El decreto ómnibus contendrá un paquete amplio de medidas, con especial atención a la economía. El principal motivo por el que el Ejecutivo decidió aglutinar en esta norma una batería de novedades es la imposibilidad para poder aprobar unos presupuestos generales del Estado que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Sánchez confirmó que las cuentas públicas en vigor se prorrogarán durante las primeras semanas de enero, de modo que hay medidas que hay que aprobar o prolongar en un gran decreto que dé continuidad a las anteriores normas que se convalidaron en el Congreso para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En Hacienda explican que una de las medidas que incluirá el decreto es la ampliación hasta junio de la rebaja del IVA de los alimentos y las bonificaciones al tras*porte público, que se encuentran en vigor, con el añadido de la gratuidad para jóvenes, parados y pensionistas. El Gobierno aún no tiene decidido qué hacer con las ayudas fiscales a la electricidad ahora vigentes. Si se prorrogan, se incluirán en esta norma. La subida del sueldo de los funcionarios para el próximo año, prevista en un mínimo del 2%, también se prevé para este decreto.

En Trabajo, por su parte, intentan cerrar el intenso debate que mantienen con Economía sobre la reforma del subsidio de desempleo, un compromiso pactado con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos. Tiene que estar aprobado antes de fin de año. No es la única medida que está negociando la cartera de Yolanda Díaz.

1. IVA de los alimentos. El Gobierno ya ha confirmado que ampliará hasta junio la rebaja del IVA de los alimentos, una medida que hasta octubre había provocado una merma en la recaudación de 781 millones.

2. Ayudas al tras*porte público. El Ejecutivo también ha confirmado que ampliará en el 2024 las ayudas al tras*porte público y la gratuidad de Cercanías, Rodalies y media distancia. Además, como gran novedad, se introducirá la bonificación total para jóvenes, parados y jubilados en todos los medios de tras*porte.

3. Pensiones. El Gobierno volverá a plantear una subida de acuerdo al IPC. El dato adelantado de noviembre implicaba una revalorización del 3,8%. Las no contributivas subirán un 6,8%.

4. Funcionarios. El sueldo de los empleados públicos volverá a subir en el 2024 un 2% como mínimo.

5. Subsidio de desempleo. Economía y Trabajo mantienen un potente debate sobre la reforma de esta prestación que cobran quienes han agotado el paro o no tienen derecho a cobrarlo. El departamento de Yolanda Díaz acusó esta semana al de Calviño de querer recortarlo. Aprobar los cambios antes del 31 de diciembre es un compromiso pactado con Bruselas.

6. Desahucios. La prohibición de lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad económica está vigente hasta el 31 de diciembre. Si no se prorroga la medida, decaerá.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia incluir la revalorización del grueso de las pensiones con el IPC, a la espera del dato definitivo de noviembre (el adelantado fue del 3,8%). El departamento que dirige Elma Saiz también trabaja en medidas para los autónomos.

Y Vivienda está estudiando la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, medida que caduca el 31 de diciembre. Si no se prorrogase, decaería.

En el Ejecutivo también resaltan la importancia de incluir la trasposición de una directiva europea para modernizar y simplificar la Administración Pública que elimina trabas burocráticas.

El gobierno de Sánchez ya protagonizó en el 2018 una maniobra similar a esta. En el último Consejo de Ministros del año aprobó un macrodecreto económico que luego fue convalidado sin problemas en el Congreso. El PP y Ciudadanos se abstuvieron.

El decreto pasaría a lo largo del mes de enero al Congreso para someterlo a su convalidación. Es entonces cuando los grupos parlamentarios pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley e introducir enmiendas.

La convalidación del decreto, en todo caso, sería el primer gran acuerdo de la mayoría de la investidura en la legislatura que ahora arranca. La primera gran votación a la que se enfrentará el nuevo Ejecutivo de coalición en una legislatura cuyo gran reto político para Sánchez es, precisamente, que se sostenga con estabilidad el nuevo mandato. Después llegará la prueba de fuego de los nuevos presupuestos del Estado, que Sánchez confía en aprobar durante el primer trimestre del 2024.

Todo ello, con un constante equilibrio entre intereses que pueden resultar antagónicos, sobre todo en el plano económico, tanto dentro de la nueva coalición gubernamental entre el PSOE y Sumar –Nadia Calviño y Yolanda Díaz ya chocan por las ayudas para los parados de larga duración– como en el seno de la mayoría parlamentaria de la investidura.

Y no será sencillo. En Junts consideran “poco democrático” que el Gobierno quiera aprobar todas estas iniciativas en un decreto ómnibus, que se votará en su conjunto. Por eso, desde la formación de Carles Puigdemont demandan negociar “punto por punto” y "en beneficio de Catalunya" el contenido.

Sobre todo en el plano económico, se presentan difíciles de conciliar los intereses de formaciones de perfil más conservador, como Junts y el PNV, con partidos de izquierdas como ERC, EH Bildu o el BNG. Pero Sánchez habrá de intentar alinear a todos sus aliados, dentro y fuera del Gobierno. Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el decreto, dispondrá de un mes de plazo para que el Congreso lo ratifique.

Precisa para ello de una mayoría simple, esto es, más síes que noes. Y no le sobra ningún voto.

Decreto guagua shiqui