Torrente Ballester
Madmaxista
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El Gobierno de Sánchez envió un disco vacío al juez que investiga el megacontrato de Salvador Illa
El pasado mes de febrero, un juez de la Audiencia Nacional requirió al Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) una extensa lista de documentos y pruebas en relación con un polémico Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros, un convenio que el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, puso en marcha a finales de 2020 con el declarado propósito de acabar con las millonarias adjudicaciones a dedo de material sanitario. El 11 de abril, el departamento, perteneciente a Sanidad, hizo entrega de un DVD que debía contener las certificaciones solicitadas; sin embargo, según ha notificado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional que lleva el caso, el DVD «no tiene ningún contenido».
Así se desprende de un oficio emitido por el juzgado el pasado 9 de septiembre a la empresa demandante en el que se informa del acontecimiento y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE: «Por recibido oficio de Ingesa de 11 de abril de 2024 que consta en el acontecimiento 157 de la aplicación judicial, en el que se adjunta un DVD que debería contener las certificaciones solicitadas por este Juzgado mediante diligencia de ordenación y oficio de 23 de febrero de 2024, únase y visto que el DVD remitido no tiene ningún contenido, líbrese oficio y requiérase de nuevo a Ingesa para que aporte la documentación solicitada mediante el citado oficio el cual será adjuntado».
En el auto, al que ha tenido acceso este diario en exclusiva, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional exige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria «que certifique el número de contratos de productos incluidos en los lotes 1 y 7 del Acuerdo marco de suministro de material necesario para hacer frente al el bichito-19 con miras al Sistema Nacional de Salud». Tras admitir parcialmente la demanda, el juez quiere tener datos concretos de cuánto dinero se acabó entregando a través del acuerdo marco convocado por Illa, quiénes fueron los beneficiarios y por qué se siguió dando prioridad a los contratos a dedo por delante de este megacontrato que buscaba acabar con la opacidad de las adjudicaciones para el suministro de material sanitario a las administraciones.
Como adelantó THE OBJECTIVE, la Reserva Estratégica Nacional contaba con casi 600 millones de mascaras justo cuando entró el vigor el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros. Concretamente, 513.700.081 quirúrgicas y 65.061.086 FFP2. Además,esta reserva también contaba con 1.989.005 batas/buzos, 419.735 gafas, 102.953 geles hidroalcohólicos, 5.333.000 guantes, 39.000 kits test el bichito, 10 productores de oxígeno, 937.200 hisopos, 1.340 respiradores, 1.525.950 test anticuerpos y 4.560.755 test antígenos.
Esta situación dejó en la estacada a decenas de empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco que siguen sin haber utilizado ni distribuido sus mascaras cuatro años después del estallido de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. A pesar de cumplir con los requisitos, estas empresas quedaron, según la demanda que estudia la Audiencia Nacional, en una situación de indefensión, con pérdidas millonarias al haber tenido que acometer inversiones muy importantes en instalaciones, logística y material previamente adquirido a sus proveedores.
El Gobierno envía un disco vacío al juez que investiga el megacontrato de Salvador Illa
El pasado mes de febrero, un juez de la Audiencia Nacional requirió al Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) una extensa lista de documentos y
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