El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El Gobierno de Italia continúa decidido en la lucha contra la inmi gración ilegal y este martes ha llevado al pleno del Senado una nueva propuesta encaminada hacia la eliminación de la figura de la «protección especial» para aquellos pagapensiones que, tras llegar al país ilegalmente, hayan solicitado asilo.
La figura de la «protección especial» se aplica desde el año 2018 y se trata de una protección adicional que garantiza la estancia indeterminada en territorio de los pagapensiones ilegales solicitantes de asilo, aunque en el momento de la solicitud no haya quedado esclarecido si tienen derecho o no a la concesión del estatus de refugiado.
Giorgia Meloni pretende con ello limitar la protección subsidiaria de aquellos que, pese a no tener derecho a asilo, no dudan en formalizar una solicitud de forma «fraudulenta» con el fin de garantizar su estancia y protección en territorio mientras esta llega a resolución.
«Tengo como objetivo la eliminación de la protección especial, porque es una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa», afirmó la presidenta del Consejo de Ministros en su visita oficial a Etiopía.
El impulso de este medida viene dado tras una enmienda que fue presentada en este sentido por la formación de su socio y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini. Dicha enmienda se presentó el pasado viernes con la finalidad de suprimir el estatus de «protección especial» a los solicitantes de asilo y se incluirá en un decreto que el Gobierno de Meloni aprobó el pasado 9 de marzo.
Este cambio legislativo no solo suprimirá esta protección adicional al solicitante de asilo, también aumentará las penas de prisión para aquellos integrantes de las redes criminales (mafias) que controlan todos los flujos migratorios que fijan sobre su destino el sur de Italia.
El Gobierno de Meloni, que decretó el pasado martes el estado de emergencia nacional durante los próximos meses, pretende intensificar las deportaciones de aquellos pagapensiones ilegales que no tienen derecho al asilo o a la protección internacional, y facilitar la investigación sobre aquellos perfiles que muestren señas de ser participes en el favorecimiento de la inmi gración ilegal.
La figura de la «protección especial» se aplica desde el año 2018 y se trata de una protección adicional que garantiza la estancia indeterminada en territorio de los pagapensiones ilegales solicitantes de asilo, aunque en el momento de la solicitud no haya quedado esclarecido si tienen derecho o no a la concesión del estatus de refugiado.
Giorgia Meloni pretende con ello limitar la protección subsidiaria de aquellos que, pese a no tener derecho a asilo, no dudan en formalizar una solicitud de forma «fraudulenta» con el fin de garantizar su estancia y protección en territorio mientras esta llega a resolución.
«Tengo como objetivo la eliminación de la protección especial, porque es una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa», afirmó la presidenta del Consejo de Ministros en su visita oficial a Etiopía.
El impulso de este medida viene dado tras una enmienda que fue presentada en este sentido por la formación de su socio y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini. Dicha enmienda se presentó el pasado viernes con la finalidad de suprimir el estatus de «protección especial» a los solicitantes de asilo y se incluirá en un decreto que el Gobierno de Meloni aprobó el pasado 9 de marzo.
Este cambio legislativo no solo suprimirá esta protección adicional al solicitante de asilo, también aumentará las penas de prisión para aquellos integrantes de las redes criminales (mafias) que controlan todos los flujos migratorios que fijan sobre su destino el sur de Italia.
El Gobierno de Meloni, que decretó el pasado martes el estado de emergencia nacional durante los próximos meses, pretende intensificar las deportaciones de aquellos pagapensiones ilegales que no tienen derecho al asilo o a la protección internacional, y facilitar la investigación sobre aquellos perfiles que muestren señas de ser participes en el favorecimiento de la inmi gración ilegal.
