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Malversación y contratos a dedo: el escándalo sanitario que amenaza a Revilla
El presidente afronta el que puede ser su peor trago desde que está en el cargo a causa de una presunta trama de corrupción en el Servicio Cántabro de Salud que ya investiga la Fiscalía
Foto: El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una foto de archivo. (EFE)
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una foto de archivo. (EFE)
DAVID BRUNAT
TAGSMIGUEL ÁNGEL REVILLANOTICIAS DE CANTABRIACORRUPCIÓNPREVARICACIÓNPSOE
TIEMPO DE LECTURA10'
25/08/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 25/08/2018 11:22
Cantabria se encamina al que, según todos los indicios, será el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en la comunidad, posiblemente la mancha más de color de Miguel Ángel Revilla en sus años de mandato. Todo a cuenta del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que según un demoledor informe de la Intervención General de Cantabria habría sido el escenario de una trama de malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, todo organizado desde la misma cúpula del servicio. El escándalo estalló en abril y ahora la Fiscalía ha decidido actuar judicialmente. La primera cita será este 20 de septiembre, cuando la interventora que dirigió la auditoría, Luz Gómez, explicará en calidad de perito todo lo que averiguó. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha mientras Revilla, quien no ha movido ficha en todo este tiempo, intenta calibrar la magnitud del desastre entre baños de masas como el del pasado domingo y rumores de que abandonará la política el próximo año.
Revilla convoca a sus fans por Twitter para hacerse fotos en el despacho
EC
"Ante la petición de mucha gente que está en #Cantabria y quiere verme y hacerse una foto; el próximo domingo 19, estaré desde las 9 de la mañana, en mi despacho..."
La presunta trama delictiva se habría instalado en la jefatura del SCS hace dos años, con la llegada del gerente Julián Pérez Gil y de su número dos, el subdirector de Gestión Económica Javier González, ambos dimitidos de sus cargos en junio tras una larga resistencia. Pérez Gil y González llegaron al poder al amparo de su familia política, el PSOE, partido que gestiona la consejería de Salud en virtud del pacto de gobierno de Revilla con los socialistas, que designaron como consejera a María Luisa Real. Con la llegada de ambos comenzaron a circular por la consejería multitud de asesores externos y personas sin vinculación laboral que pronto empezaron a redactar y valorar los pliegos de los contratos y se hicieron los amos del presupuesto del servicio de salud, que asciende a más de 800 millones de euros.
El escándalo salpica de lleno al PSOE, que ha llenado de asesores externos con carné del partido el servicio de salud cántabro
El primer rastro evidente de las irregularidades es el fraccionamiento de contratos, con el fin de eludir la obligación legal de convocar concurso público y poder adjudicarlos a dedo. La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) fija como tope para no convocar concurso un monto de 40.000 euros para contratos de obras y de 15.000 euros para suministros. En las investigaciones aparecen decenas de ejemplos, entre ellos la compra de 22 ecógrafos para el servicio de atención primaria que fueron adquiridos en once contratos individuales de 13.908,95 euros a la empresa Esaote España y otros once de 12.584 euros a Sakura. En total, 291.422 euros de gasto público que jamás pasaron por concurso, sin contar con que varios de esos ecógrafos siguen hoy embalados en un rincón de los centros de salud, señal de que, como advierten médicos consultados por este diario, esa compra no era en absoluto prioritaria.
Uno de los 22 ecógrafos comprados, aún embalados en un centro de salud.
Uno de los 22 ecógrafos comprados, aún embalados en un centro de salud.
En segundo lugar llama la atención que el fraccionamiento de contratos beneficia siempre a un mismo grupo de empresas, que en algunos casos comparten administrador. Así lo refleja el primer informe interno, previo al más extenso de la intervención general, que fue ejecutado por el ex gerente del SCS José Alburquerque y al que ha tenido acceso este diario. El mayor ejemplo es el Hospital Virtual de Valdecilla, donde hace un año se decidió ampliar con carácter de urgencia la estructura e instalaciones. Se adjudicó la obra a tres empresas: Gardenor (57.894,87 euros), Iralia Global Services (59.988,17 euros) y Serincopsa (tres contratos por valor de 178.236,63 euros). En total, 296,119.67 euros. El informe revela que "el encargado o jefe de obras y la empresa de contacto, en todo momento, corresponden con Iralia Global Services". Tanto Iralia como Gardenor y Serincopsa son administradas por dos personas, una de ellas Diego Ruiz García, hijo del alcalde socialista de Suances (Cantabria), Andrés Ruiz Moya.
Tres empresas del hijo del alcalde de Suances (PSOE) se adjudicaron 296.119,67 euros en varios contratos para un mismo proyecto
Si la auditoría interna ya fue reveladora, la investigación de la intervención cántabra, elaborada durante cuatro meses, fue un auténtico rodillo. El Diario Montañés publicó algunos extractos: los técnicos encontraron "fraccionamientos de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden", "ineficiencias en la contratación", "recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados" o "el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción". Ejemplo de esto último es el lote de equipamiento para tratar el cáncer de mama donado a la Seguridad Social por la Fundación Amancio Ortega, cuyas actas de comprobación del material se firmaron el 27 de diciembre de 2017 sin que hubieran llegado aún los equipos.
María Luisa Real, en primer plano, en una visita a un centro médico. (EFE)
María Luisa Real, en primer plano, en una visita a un centro médico. (EFE)
El Gobierno de Cantabria se niega a valorar este escándalo. Tanto Miguel Ángel Revilla como la consejera María Luisa Real han declinado ofrecer sus puntos de vista a este periódico. Incómodo cada vez que sale a colación el asunto, el presidente de Cantabria ha pasado de decir en abril que no le "temblará la mano" a la hora de "cortar cabezas” a advertir, una vez visto que el escándalo escapa a su control, de que solo hablará del tema cuando se cierre el proceso judicial.
Revilla ha pasado de decir que no le "temblará la mano" a la hora de "cortar cabezas" a no hablar del asunto ahora que está en manos de Fiscalía
"Es alucinante que una persona que se llena la boca en televisión de 'tolerancia cero' hacia la corrupción y da lecciones a todo el mundo tenga este asunto en Fiscalía y no haga nada. Con esto Revilla demuestra que antepone su interés personal, que es salvar su pacto de gobierno con el PSOE, al interés de todos los cántabros", afirma María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria. Y sentencia: "Es el gran escándalo de su legislatura, huele muy mal y cada día se pone peor, con más pruebas incriminatorias y la flagrante inacción del gobierno. Supongo que [Revilla] pensó que el temporal iba a amainar, pero con su actitud él solo se está poniendo la soga al cuello".
El Servicio Cántabro de Salud gestiona un presupuesto de 800 millones al año. (EFE)
El Servicio Cántabro de Salud gestiona un presupuesto de 800 millones al año. (EFE)
"Hay mucho más"
La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación tras las denuncias interpuestas por Izquierda Unida y el Partido Popular en junio. Muestra de la seriedad con que el fiscal Ángel González se toma la presunta trama es que ha tardado un suspiro en reclamar a la consejería de Sanidad el informe de 114 páginas elaborado por los interventores, pese a que aún se trata oficialmente de un borrador abierto a las alegaciones de la consejería. En los meses de septiembre y octubre se tomará declaración a todos los implicados y se aclarará hasta qué punto puede acarrear procedimientos penales para los responsables.
La propia Sáenz de Buruaga ocupó el cargo de consejera de Sanidad en la anterior legislatura (2011-2015) y, asegura, comenzó a oír rumores de los funcionarios al poco de llegar el nuevo equipo socialista de gerencia. "Era un secreto a voces en el SCS. Empezaron a desembarcar asesores externos, intervenían en procedimientos de contratación sin ser funcionarios y comenzaron a aparecer empresas que acudían a los procedimientos menores, que son los que acumulan la mayor parte de las adjudicaciones”, resume la exconsejera. El SCS gestiona entre 30.000 y 40.000 contratos menores cada año.
El SCS gestiona entre 30.000 y 40.000 contratos menores cada año. Son el gran objetivo de las empresas y el principal foco de corrupción
Los rumores se tornaron escándalo el día en que la jefa de contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, envió una extensa carta a la consejera María Luisa Real en la que detallaba las irregularidades. Rodríguez reveló las "continuas injerencias" del subdirector de gestión económica, Javier González, y se quejó de que su despacho "está ocupado por asesores externos sobre los que desconozco su relación con la Administración" y “se realizan reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales", según reveló El Diario Montañés.
Los médicos denuncian que se compra equipamiento y suministros no prioritarios. (EFE)
Los médicos denuncian que se compra equipamiento y suministros no prioritarios. (EFE)
"Rodríguez es una funcionaria muy respetada en el SCS que en 35 años de carrera siempre ha hecho su trabajo con honestidad. Tenía prestigio y te daba mucha seguridad. Pero en cuanto envió la carta a la consejera empezó a sufrir un acoso terrible. Era como el bicho malo, ha pasado dos años horrorosos hasta que cayó en depresión, con amenazas constantes del gerente y de la cúpula de que le iban a poner una querella criminal. La humillaron hasta que lograron que no volviera", confiesa un médico que la conoce. "Ahora está en su casa, ha sufrido mucha ansiedad y no quiere hablar del tema. Por suerte ya tiene edad para jubilarse y no volverá al servicio". Nadie ha sido capaz de proteger a esta funcionaria que, en un acceso de ética profesional, decidió tirar de la manta en un grave caso de corrupción política a costa de su propia salud.
La alta funcionaria que destapó la trama ha sufrido acoso y amenazas de la antigua gerencia y ha pasado por un proceso de depresión
Revilla se ha escudado para no hacer nada estos meses en que el escándalo ha caído del lado del PSOE y no del suyo, el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). La oposición rechaza de plano ese argumento y le afea que dé a entender que solo es presidente de medio gobierno, el que tiene sus siglas políticas. Desde el PP aseguran que Revilla no cesa a Real para evitar que el PSOE, en venganza, rompa su pacto de gobierno.
"Ya estamos viendo grandes movidas de venga a pedir papeles [para destruirlos] ahora que se ha metido la fiscalía. Son expertos en hacer desaparecer cosas pero esto va a cantar por muchos sitios", desvela el médico del SCS consultado. "El gerente y su segundo dimitieron, pero aún quedan los responsables de la Gerencia de Atención Primaria (GAP), que tuvieron mucho que ver en las adjudicaciones en su terreno". Por su parte, el Sindicato Médico de Cantabria denuncia la presunta trama y lamenta que los partidos políticos solo se atrevieron a denunciarla después de que el sindicato denunciase el troceo de contratos de los 22 ecógrafos y el asunto saliese a la luz pública.
Miguel Ángel Revilla en una de sus frecuentes apariciones televisivas. (EFE)
Miguel Ángel Revilla en una de sus frecuentes apariciones televisivas. (EFE)
"Cuando llegaron los nuevos gerentes, personas con carné de partido venidos del PSOE del País Vasco, ya advertimos a la consejera de que tuviera cuidado y empezamos a ver cosas raras. Nosotros fuimos los primeros en denunciar las irregularidades, principalmente suministros y aparatos que se compraban sin ton ni son, y por ello el gerente del SCS nos hizo boicot sindical durante seis meses", recuerdan desde el sindicato. "Entendemos que Revilla lo que quiere es, como siempre, quedar limpio, más con el pacto tan precario que tiene con el PSOE. Pero un presidente no puede permitir que se malgaste el dinero de los cántabros en favores a amigos sabiendo que hay deficiencias enormes en nuestro sistema de salud".
Todas las fuentes consultadas, tanto médicas como políticas, coinciden en que "hay mucho más" por salir a la luz. "Lo de la lucha contra la corrupción de Revilla es un cuento. Tragará lo que sea para mantener su estatus de presidente", zanja Sáenz de Buruaga. Desde el Sindicato Médico señalan uno de los que consideran grandes agujeros aún por destapar: el programa informático ISIS, un proyecto piloto por el que una empresa privada (CYMAP), a través de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), pasaría a gestionar el software de los centros de salud de la comunidad. Tiene un valor de 81.457 euros que, hasta la fecha, no ha visto concurso público.
Noticias de Cantabria: Malversación y contratos a dedo: el escándalo sanitario que amenaza a Revilla
El presidente afronta el que puede ser su peor trago desde que está en el cargo a causa de una presunta trama de corrupción en el Servicio Cántabro de Salud que ya investiga la Fiscalía
Foto: El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una foto de archivo. (EFE)
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una foto de archivo. (EFE)
DAVID BRUNAT
TAGSMIGUEL ÁNGEL REVILLANOTICIAS DE CANTABRIACORRUPCIÓNPREVARICACIÓNPSOE
TIEMPO DE LECTURA10'
25/08/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 25/08/2018 11:22
Cantabria se encamina al que, según todos los indicios, será el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en la comunidad, posiblemente la mancha más de color de Miguel Ángel Revilla en sus años de mandato. Todo a cuenta del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que según un demoledor informe de la Intervención General de Cantabria habría sido el escenario de una trama de malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, todo organizado desde la misma cúpula del servicio. El escándalo estalló en abril y ahora la Fiscalía ha decidido actuar judicialmente. La primera cita será este 20 de septiembre, cuando la interventora que dirigió la auditoría, Luz Gómez, explicará en calidad de perito todo lo que averiguó. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha mientras Revilla, quien no ha movido ficha en todo este tiempo, intenta calibrar la magnitud del desastre entre baños de masas como el del pasado domingo y rumores de que abandonará la política el próximo año.
Revilla convoca a sus fans por Twitter para hacerse fotos en el despacho
EC
"Ante la petición de mucha gente que está en #Cantabria y quiere verme y hacerse una foto; el próximo domingo 19, estaré desde las 9 de la mañana, en mi despacho..."
La presunta trama delictiva se habría instalado en la jefatura del SCS hace dos años, con la llegada del gerente Julián Pérez Gil y de su número dos, el subdirector de Gestión Económica Javier González, ambos dimitidos de sus cargos en junio tras una larga resistencia. Pérez Gil y González llegaron al poder al amparo de su familia política, el PSOE, partido que gestiona la consejería de Salud en virtud del pacto de gobierno de Revilla con los socialistas, que designaron como consejera a María Luisa Real. Con la llegada de ambos comenzaron a circular por la consejería multitud de asesores externos y personas sin vinculación laboral que pronto empezaron a redactar y valorar los pliegos de los contratos y se hicieron los amos del presupuesto del servicio de salud, que asciende a más de 800 millones de euros.
El escándalo salpica de lleno al PSOE, que ha llenado de asesores externos con carné del partido el servicio de salud cántabro
El primer rastro evidente de las irregularidades es el fraccionamiento de contratos, con el fin de eludir la obligación legal de convocar concurso público y poder adjudicarlos a dedo. La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) fija como tope para no convocar concurso un monto de 40.000 euros para contratos de obras y de 15.000 euros para suministros. En las investigaciones aparecen decenas de ejemplos, entre ellos la compra de 22 ecógrafos para el servicio de atención primaria que fueron adquiridos en once contratos individuales de 13.908,95 euros a la empresa Esaote España y otros once de 12.584 euros a Sakura. En total, 291.422 euros de gasto público que jamás pasaron por concurso, sin contar con que varios de esos ecógrafos siguen hoy embalados en un rincón de los centros de salud, señal de que, como advierten médicos consultados por este diario, esa compra no era en absoluto prioritaria.
Uno de los 22 ecógrafos comprados, aún embalados en un centro de salud.
Uno de los 22 ecógrafos comprados, aún embalados en un centro de salud.
En segundo lugar llama la atención que el fraccionamiento de contratos beneficia siempre a un mismo grupo de empresas, que en algunos casos comparten administrador. Así lo refleja el primer informe interno, previo al más extenso de la intervención general, que fue ejecutado por el ex gerente del SCS José Alburquerque y al que ha tenido acceso este diario. El mayor ejemplo es el Hospital Virtual de Valdecilla, donde hace un año se decidió ampliar con carácter de urgencia la estructura e instalaciones. Se adjudicó la obra a tres empresas: Gardenor (57.894,87 euros), Iralia Global Services (59.988,17 euros) y Serincopsa (tres contratos por valor de 178.236,63 euros). En total, 296,119.67 euros. El informe revela que "el encargado o jefe de obras y la empresa de contacto, en todo momento, corresponden con Iralia Global Services". Tanto Iralia como Gardenor y Serincopsa son administradas por dos personas, una de ellas Diego Ruiz García, hijo del alcalde socialista de Suances (Cantabria), Andrés Ruiz Moya.
Tres empresas del hijo del alcalde de Suances (PSOE) se adjudicaron 296.119,67 euros en varios contratos para un mismo proyecto
Si la auditoría interna ya fue reveladora, la investigación de la intervención cántabra, elaborada durante cuatro meses, fue un auténtico rodillo. El Diario Montañés publicó algunos extractos: los técnicos encontraron "fraccionamientos de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden", "ineficiencias en la contratación", "recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados" o "el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción". Ejemplo de esto último es el lote de equipamiento para tratar el cáncer de mama donado a la Seguridad Social por la Fundación Amancio Ortega, cuyas actas de comprobación del material se firmaron el 27 de diciembre de 2017 sin que hubieran llegado aún los equipos.
María Luisa Real, en primer plano, en una visita a un centro médico. (EFE)
María Luisa Real, en primer plano, en una visita a un centro médico. (EFE)
El Gobierno de Cantabria se niega a valorar este escándalo. Tanto Miguel Ángel Revilla como la consejera María Luisa Real han declinado ofrecer sus puntos de vista a este periódico. Incómodo cada vez que sale a colación el asunto, el presidente de Cantabria ha pasado de decir en abril que no le "temblará la mano" a la hora de "cortar cabezas” a advertir, una vez visto que el escándalo escapa a su control, de que solo hablará del tema cuando se cierre el proceso judicial.
Revilla ha pasado de decir que no le "temblará la mano" a la hora de "cortar cabezas" a no hablar del asunto ahora que está en manos de Fiscalía
"Es alucinante que una persona que se llena la boca en televisión de 'tolerancia cero' hacia la corrupción y da lecciones a todo el mundo tenga este asunto en Fiscalía y no haga nada. Con esto Revilla demuestra que antepone su interés personal, que es salvar su pacto de gobierno con el PSOE, al interés de todos los cántabros", afirma María José Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria. Y sentencia: "Es el gran escándalo de su legislatura, huele muy mal y cada día se pone peor, con más pruebas incriminatorias y la flagrante inacción del gobierno. Supongo que [Revilla] pensó que el temporal iba a amainar, pero con su actitud él solo se está poniendo la soga al cuello".
El Servicio Cántabro de Salud gestiona un presupuesto de 800 millones al año. (EFE)
El Servicio Cántabro de Salud gestiona un presupuesto de 800 millones al año. (EFE)
"Hay mucho más"
La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación tras las denuncias interpuestas por Izquierda Unida y el Partido Popular en junio. Muestra de la seriedad con que el fiscal Ángel González se toma la presunta trama es que ha tardado un suspiro en reclamar a la consejería de Sanidad el informe de 114 páginas elaborado por los interventores, pese a que aún se trata oficialmente de un borrador abierto a las alegaciones de la consejería. En los meses de septiembre y octubre se tomará declaración a todos los implicados y se aclarará hasta qué punto puede acarrear procedimientos penales para los responsables.
La propia Sáenz de Buruaga ocupó el cargo de consejera de Sanidad en la anterior legislatura (2011-2015) y, asegura, comenzó a oír rumores de los funcionarios al poco de llegar el nuevo equipo socialista de gerencia. "Era un secreto a voces en el SCS. Empezaron a desembarcar asesores externos, intervenían en procedimientos de contratación sin ser funcionarios y comenzaron a aparecer empresas que acudían a los procedimientos menores, que son los que acumulan la mayor parte de las adjudicaciones”, resume la exconsejera. El SCS gestiona entre 30.000 y 40.000 contratos menores cada año.
El SCS gestiona entre 30.000 y 40.000 contratos menores cada año. Son el gran objetivo de las empresas y el principal foco de corrupción
Los rumores se tornaron escándalo el día en que la jefa de contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, envió una extensa carta a la consejera María Luisa Real en la que detallaba las irregularidades. Rodríguez reveló las "continuas injerencias" del subdirector de gestión económica, Javier González, y se quejó de que su despacho "está ocupado por asesores externos sobre los que desconozco su relación con la Administración" y “se realizan reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales", según reveló El Diario Montañés.
Los médicos denuncian que se compra equipamiento y suministros no prioritarios. (EFE)
Los médicos denuncian que se compra equipamiento y suministros no prioritarios. (EFE)
"Rodríguez es una funcionaria muy respetada en el SCS que en 35 años de carrera siempre ha hecho su trabajo con honestidad. Tenía prestigio y te daba mucha seguridad. Pero en cuanto envió la carta a la consejera empezó a sufrir un acoso terrible. Era como el bicho malo, ha pasado dos años horrorosos hasta que cayó en depresión, con amenazas constantes del gerente y de la cúpula de que le iban a poner una querella criminal. La humillaron hasta que lograron que no volviera", confiesa un médico que la conoce. "Ahora está en su casa, ha sufrido mucha ansiedad y no quiere hablar del tema. Por suerte ya tiene edad para jubilarse y no volverá al servicio". Nadie ha sido capaz de proteger a esta funcionaria que, en un acceso de ética profesional, decidió tirar de la manta en un grave caso de corrupción política a costa de su propia salud.
La alta funcionaria que destapó la trama ha sufrido acoso y amenazas de la antigua gerencia y ha pasado por un proceso de depresión
Revilla se ha escudado para no hacer nada estos meses en que el escándalo ha caído del lado del PSOE y no del suyo, el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). La oposición rechaza de plano ese argumento y le afea que dé a entender que solo es presidente de medio gobierno, el que tiene sus siglas políticas. Desde el PP aseguran que Revilla no cesa a Real para evitar que el PSOE, en venganza, rompa su pacto de gobierno.
"Ya estamos viendo grandes movidas de venga a pedir papeles [para destruirlos] ahora que se ha metido la fiscalía. Son expertos en hacer desaparecer cosas pero esto va a cantar por muchos sitios", desvela el médico del SCS consultado. "El gerente y su segundo dimitieron, pero aún quedan los responsables de la Gerencia de Atención Primaria (GAP), que tuvieron mucho que ver en las adjudicaciones en su terreno". Por su parte, el Sindicato Médico de Cantabria denuncia la presunta trama y lamenta que los partidos políticos solo se atrevieron a denunciarla después de que el sindicato denunciase el troceo de contratos de los 22 ecógrafos y el asunto saliese a la luz pública.
Miguel Ángel Revilla en una de sus frecuentes apariciones televisivas. (EFE)
Miguel Ángel Revilla en una de sus frecuentes apariciones televisivas. (EFE)
"Cuando llegaron los nuevos gerentes, personas con carné de partido venidos del PSOE del País Vasco, ya advertimos a la consejera de que tuviera cuidado y empezamos a ver cosas raras. Nosotros fuimos los primeros en denunciar las irregularidades, principalmente suministros y aparatos que se compraban sin ton ni son, y por ello el gerente del SCS nos hizo boicot sindical durante seis meses", recuerdan desde el sindicato. "Entendemos que Revilla lo que quiere es, como siempre, quedar limpio, más con el pacto tan precario que tiene con el PSOE. Pero un presidente no puede permitir que se malgaste el dinero de los cántabros en favores a amigos sabiendo que hay deficiencias enormes en nuestro sistema de salud".
Todas las fuentes consultadas, tanto médicas como políticas, coinciden en que "hay mucho más" por salir a la luz. "Lo de la lucha contra la corrupción de Revilla es un cuento. Tragará lo que sea para mantener su estatus de presidente", zanja Sáenz de Buruaga. Desde el Sindicato Médico señalan uno de los que consideran grandes agujeros aún por destapar: el programa informático ISIS, un proyecto piloto por el que una empresa privada (CYMAP), a través de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), pasaría a gestionar el software de los centros de salud de la comunidad. Tiene un valor de 81.457 euros que, hasta la fecha, no ha visto concurso público.
Noticias de Cantabria: Malversación y contratos a dedo: el escándalo sanitario que amenaza a Revilla
