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Dos vehículos de alta gama, BMW 350i, están al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del fiscal superior de las Islas
La Consejería de Justicia defiende que el Gobierno central le tras*firió las competencias sobre gestión de los medios materiales para la Administración de Justicia a finales del siglo XX
El Ejecutivo regional paga más líneas de teléfono móvil a fiscales (36) que a jueces y magistrados (24), a pesar de que son muchos menos en número (119 frente a 297)
El Gobierno de Canarias tiene a disposición de la cúpula de jueces y fiscales del Archipiélago un total de seis coches oficiales y 60 líneas de teléfono móvil, según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dos vehículos de alta gama, en concreto dos BMW 350i adquiridos en noviembre de 2006 -con Australia Navarro (PP) como consejera de Justicia-, están al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del fiscal superior de las Islas. El Ejecutivo regional paga el chófer, el combustible y el mantenimiento.
De los otros cuatro coches, sólo dos se encuentran en la actualidad en funcionamiento. Se trata de un Volkswagen Bora destinado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de un Renault Laguna reservado para el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. La flota para jueces y fiscales se completa con otros dos Volkswagen Bora 2.0 que no prestan servicio desde octubre. Todos ellos fueron comprados entre julio de 2001 y diciembre de 2002. Entonces las competencias residían en la Consejería de Presidencia, con Julio Bonis (CC) al frente.
El departamento de Justicia disponía de un séptimo coche, un Mitsubishi Lancer C62 que fue adquirido en 1990 y que se dio de baja el pasado mes de julio.
Desde el Gobierno regional explican que estos vehículos no se utilizan porque tres de las cinco plazas de conductor que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Justicia están vacantes, dos por jubilación y una por concurso. Además, por motivos de "reasignación de efectivos", el Ejecutivo encomendó la pasada legislatura a un conductor del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) labores de apoyo al servicio de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía de Las Palmas era el destino de dos de los vehículos ahora sin servicio. El otro se utilizaba en juzgados y tribunales de la isla de Tenerife.
El coste en combustible de estos siete coches durante 2016 ascendió a 9.916,99 euros y el de mantenimiento, a 10.249,75, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia.
Coches a disposición de jueces y fiscales desde hace 17 años
El Gobierno de Canarias mantiene estos servicios desde enero de 1999, fecha en la que se realizó la tras*ferencia a la Comunidad Autonóma de los medios adscritos al parque móvil del Ministerio de Economía y Hacienda mediante el Real Decreto 39/1999. "Con anterioridad a la materialización de dicho traspaso, estos medios ya estaban afectos al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal jefe", precisan fuentes de la Consejería, que aseguran que el Gobierno se ha limitado a "dar continuidad a una decisión que se tomó por parte del Ministerio en su momento".
El Ejecutivo regional defiende que la administración central le cedió a finales de 1996 las competencias en materia de provisión y gestión de medios personales y materiales (a través de los reales decretos 2462/1996 y 2463/1996). "El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias son puestos representativos y con funciones gubernativas dentro de la estructura del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado", justifican las mismas fuentes.
Cabe recordar que, según el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el presidente y los consejeros del Gobierno regional son aforados y, por lo tanto, sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas, cuyo presidente es uno de los miembros de la judicatura que recibe la prerrogativa del Ejecutivo desde hace años.
Más teléfonos para fiscales que para jueces
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias paga más líneas de teléfonos móviles a fiscales (36) que a jueces y magistrados (24). Y ello a pesar de que los representantes del Ministerio Público son muchos menos en número. La proporción es de 2,5 jueces por cada fiscal. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2015 Canarias contaba con 297 jueces (29 de ellos en expectativa de destino adscritos como refuerzo) y 119 fiscales.
Las líneas corresponden, en su mayoría, a la cúpula judicial del Archipiélago. En concreto, disponen de una terminal pagada por el Gobierno regional el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fiscal superior, los presidentes de las audiencias provinciales, los fiscales jefes provinciales, los tenientes fiscales de la Fiscalía Superior y de las fiscalías provinciales, los fiscales decanos, los presidentes de Sala del TSJC, los jueces decanos y los fiscales de las diferentes secciones especializadas, así como los jueces y fiscales que realicen las guardias en los diferentes partidos judiciales.
La Consejería de Justicia defiende que el Gobierno central le tras*firió las competencias sobre gestión de los medios materiales para la Administración de Justicia a finales del siglo XX
El Ejecutivo regional paga más líneas de teléfono móvil a fiscales (36) que a jueces y magistrados (24), a pesar de que son muchos menos en número (119 frente a 297)
El Gobierno de Canarias tiene a disposición de la cúpula de jueces y fiscales del Archipiélago un total de seis coches oficiales y 60 líneas de teléfono móvil, según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dos vehículos de alta gama, en concreto dos BMW 350i adquiridos en noviembre de 2006 -con Australia Navarro (PP) como consejera de Justicia-, están al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del fiscal superior de las Islas. El Ejecutivo regional paga el chófer, el combustible y el mantenimiento.
De los otros cuatro coches, sólo dos se encuentran en la actualidad en funcionamiento. Se trata de un Volkswagen Bora destinado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de un Renault Laguna reservado para el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. La flota para jueces y fiscales se completa con otros dos Volkswagen Bora 2.0 que no prestan servicio desde octubre. Todos ellos fueron comprados entre julio de 2001 y diciembre de 2002. Entonces las competencias residían en la Consejería de Presidencia, con Julio Bonis (CC) al frente.
El departamento de Justicia disponía de un séptimo coche, un Mitsubishi Lancer C62 que fue adquirido en 1990 y que se dio de baja el pasado mes de julio.
Desde el Gobierno regional explican que estos vehículos no se utilizan porque tres de las cinco plazas de conductor que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Justicia están vacantes, dos por jubilación y una por concurso. Además, por motivos de "reasignación de efectivos", el Ejecutivo encomendó la pasada legislatura a un conductor del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) labores de apoyo al servicio de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía de Las Palmas era el destino de dos de los vehículos ahora sin servicio. El otro se utilizaba en juzgados y tribunales de la isla de Tenerife.
El coste en combustible de estos siete coches durante 2016 ascendió a 9.916,99 euros y el de mantenimiento, a 10.249,75, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia.
Coches a disposición de jueces y fiscales desde hace 17 años
El Gobierno de Canarias mantiene estos servicios desde enero de 1999, fecha en la que se realizó la tras*ferencia a la Comunidad Autonóma de los medios adscritos al parque móvil del Ministerio de Economía y Hacienda mediante el Real Decreto 39/1999. "Con anterioridad a la materialización de dicho traspaso, estos medios ya estaban afectos al servicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal jefe", precisan fuentes de la Consejería, que aseguran que el Gobierno se ha limitado a "dar continuidad a una decisión que se tomó por parte del Ministerio en su momento".
El Ejecutivo regional defiende que la administración central le cedió a finales de 1996 las competencias en materia de provisión y gestión de medios personales y materiales (a través de los reales decretos 2462/1996 y 2463/1996). "El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias son puestos representativos y con funciones gubernativas dentro de la estructura del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado", justifican las mismas fuentes.
Cabe recordar que, según el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el presidente y los consejeros del Gobierno regional son aforados y, por lo tanto, sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas, cuyo presidente es uno de los miembros de la judicatura que recibe la prerrogativa del Ejecutivo desde hace años.
Más teléfonos para fiscales que para jueces
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias paga más líneas de teléfonos móviles a fiscales (36) que a jueces y magistrados (24). Y ello a pesar de que los representantes del Ministerio Público son muchos menos en número. La proporción es de 2,5 jueces por cada fiscal. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2015 Canarias contaba con 297 jueces (29 de ellos en expectativa de destino adscritos como refuerzo) y 119 fiscales.
Las líneas corresponden, en su mayoría, a la cúpula judicial del Archipiélago. En concreto, disponen de una terminal pagada por el Gobierno regional el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fiscal superior, los presidentes de las audiencias provinciales, los fiscales jefes provinciales, los tenientes fiscales de la Fiscalía Superior y de las fiscalías provinciales, los fiscales decanos, los presidentes de Sala del TSJC, los jueces decanos y los fiscales de las diferentes secciones especializadas, así como los jueces y fiscales que realicen las guardias en los diferentes partidos judiciales.
