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Los agentes antidisturbios en Ferraz durante las protestas contra los pactos del PSOEPaula Andrade
El Gobierno culpa a la Policía de los excesos en Ferraz y niega órdenes políticas
Rechaza que se existieran órdenes dadas por la Delegación para reprimir la concentración el pasado 6 de noviembre en Ferraz, pese a que así lo denuncian los sindicatos policiales
Alicia Martín
Madrid 05/12/2023 Actualizada 04:30
El Gobierno deja vendidos a los agentes antidisturbios que participaron en el operativo de seguridad del pasado día 6 de noviembre en la madrileña calle Ferraz, cuando 3.800 personas, según sus propios datos, protestaron contra la amnistía y los pactos de Sánchez.
El uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes para disolver la concentración enfadó a los sindicatos policiales, que exigieron la destitución del delegado por las órdenes dadas, unas órdenes que ahora niega el ministerio, ya que, según dicen, fueron los propios agentes los que valoraron «in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar», según consta en un documento que obra en exclusiva en poder de este periódico, recibido el 4 de diciembre y firmado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de su Dirección General de la Administración General del Estado, que se arroga así la respuesta de la pregunta formulada al polémico Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En el atestado de la intervención policial del aquel 6 de noviembre consta que hubo tres detenidos, dos por agredir a agentes de la Policía y una tercera, una mujer, por desobediencia. Los agentes usaron botes de humo («fumígenos inocuos») y, en las últimas cargas, también gas lacrimógeno, una vez que detectaron la presencia de unos 200 infiltrados de «estética ultra» y embozados entre los manifestantes pacíficos que habían sido convocados por tercer día consecutivo, según explicaron.
Pero esta polémica actuación policial provocó la reacción de algunos sindicatos, que al tiempo que respaldaban a los agentes, pedían la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, de quien depende la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la región, al que acusaban de haber dado «órdenes políticas».
La Unión Federal de Policía (UFP) afirmó en un comunicado que «se está utilizando a la Policía Nacional de forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente».
Por su parte, el sindicato Jupol también defendió que la actuación en Ferraz fue «proporcional», aunque lamentó que las órdenes emitidas «presuntamente desde el Gobierno» consiguieron «poner el foco en la intervención policial y enmascarar el descontento social generado por la Ley de Amnistía y por los pactos de investidura».
De hecho, mostró su «sorpresa por la celeridad y contundencia con la que se han tomado por parte de la cúpula policial la decisión de actuar. Una forma de proceder que si se hubiera aplicado por ejemplo en los disturbios de Barcelona de 2019 hubieran podido evitar cientos de policías heridos y que tres agentes de la Unidad de Intervención Policial ahora no estuvieran jubilados por las lesiones sufridas».
Sin embargo, desde el Gobierno niegan la mayor. En concreto, según la resolución que obra en propiedad de El Debate, en relación a la existencia de órdenes políticas o cualquier otro tipo de instrucciones para una represión «de tamaña contundencia solo empleada en ocasiones extraordinarias», se afirma ahora que «no se recibió ninguna instrucción política ni de organización ni con carácter previo ni durante dicha concentración».
Fragmento de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria DemocráticaPaula Andrade
Además, añade «desde la Delegación del Gobierno no se dio ninguna instrucción en relación con el dispositivo de seguridad de la concentración», sino que «la seguridad de las manifestaciones y concentraciones viene desarrollándose a través de operativos previos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, como verdaderos profesionales y expertos en la materia, valoran in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar en función del desarrollo de las mismas con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana, el orden público, y la integridad física de los agentes policiales del dispositivo.»
Así pues, descarga en los propios operativos policiales la decisión de actuar o no, siguiendo el argumento ya marcado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, ante la polvareda generada por la actuación policial, aseguró que siempre «obedece a criterios operativos», añadiendo que su obediencia fue a la «cadena de mando que es la que establece, como no puede ser de otro modo, que los servidores públicos cumplan su función».
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El Gobierno deja vendidos a los agentes antidisturbios que participaron en el operativo de seguridad del pasado día 6 de noviembre en la madrileña calle Ferraz, cuando 3.800 personas, según sus propios datos, protestaron contra la amnistía y los pactos de Sánchez.
El uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes para disolver la concentración enfadó a los sindicatos policiales, que exigieron la destitución del delegado por las órdenes dadas, unas órdenes que ahora niega el ministerio, ya que, según dicen, fueron los propios agentes los que valoraron «in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar», según consta en un documento que obra en exclusiva en poder de este periódico, recibido el 4 de diciembre y firmado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de su Dirección General de la Administración General del Estado, que se arroga así la respuesta de la pregunta formulada al polémico Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En el atestado de la intervención policial del aquel 6 de noviembre consta que hubo tres detenidos, dos por agredir a agentes de la Policía y una tercera, una mujer, por desobediencia. Los agentes usaron botes de humo («fumígenos inocuos») y, en las últimas cargas, también gas lacrimógeno, una vez que detectaron la presencia de unos 200 infiltrados de «estética ultra» y embozados entre los manifestantes pacíficos que habían sido convocados por tercer día consecutivo, según explicaron.
Pero esta polémica actuación policial provocó la reacción de algunos sindicatos, que al tiempo que respaldaban a los agentes, pedían la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, de quien depende la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la región, al que acusaban de haber dado «órdenes políticas».
La Unión Federal de Policía (UFP) afirmó en un comunicado que «se está utilizando a la Policía Nacional de forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente».
Por su parte, el sindicato Jupol también defendió que la actuación en Ferraz fue «proporcional», aunque lamentó que las órdenes emitidas «presuntamente desde el Gobierno» consiguieron «poner el foco en la intervención policial y enmascarar el descontento social generado por la Ley de Amnistía y por los pactos de investidura».
De hecho, mostró su «sorpresa por la celeridad y contundencia con la que se han tomado por parte de la cúpula policial la decisión de actuar. Una forma de proceder que si se hubiera aplicado por ejemplo en los disturbios de Barcelona de 2019 hubieran podido evitar cientos de policías heridos y que tres agentes de la Unidad de Intervención Policial ahora no estuvieran jubilados por las lesiones sufridas».
Sin embargo, desde el Gobierno niegan la mayor. En concreto, según la resolución que obra en propiedad de El Debate, en relación a la existencia de órdenes políticas o cualquier otro tipo de instrucciones para una represión «de tamaña contundencia solo empleada en ocasiones extraordinarias», se afirma ahora que «no se recibió ninguna instrucción política ni de organización ni con carácter previo ni durante dicha concentración».
Fragmento de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria DemocráticaPaula Andrade
Además, añade «desde la Delegación del Gobierno no se dio ninguna instrucción en relación con el dispositivo de seguridad de la concentración», sino que «la seguridad de las manifestaciones y concentraciones viene desarrollándose a través de operativos previos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, como verdaderos profesionales y expertos en la materia, valoran in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar en función del desarrollo de las mismas con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana, el orden público, y la integridad física de los agentes policiales del dispositivo.»
Así pues, descarga en los propios operativos policiales la decisión de actuar o no, siguiendo el argumento ya marcado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, ante la polvareda generada por la actuación policial, aseguró que siempre «obedece a criterios operativos», añadiendo que su obediencia fue a la «cadena de mando que es la que establece, como no puede ser de otro modo, que los servidores públicos cumplan su función».
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