Los afectados por el temporal podrán modificar, suspender o aplazar gratis sus contratos de luz y gas, pero las reparaciones de las infraestructuras dañadas las sufragarán todos los ciudadanos
El BOE se hizo ayer eco del segundo paquete de medidas de emergencia aprobado por el Gobierno para afrontar el desastre que la DANA ha dejado a su paso. Esta segunda batería de acciones, que ha elevado a más de
14.000 millones de euros el escudo social desplegado por el Ejecutivo, incorporó por primera vez un bloque específico de acciones energéticas ideado para salvaguardar a los afectados por el temporal, quienes podrán flexibilizar, suspender, incluso, aplazar sus facturas de luz y gas sin coste alguno. Si bien, en el caso de los destrozos que las lluvias causaron en las redes eléctricas, principalmente en la provincia de Valencia, serán los consumidores de todo el país los que costearán las reparaciones.
La DANA dejó durante horas a más de
155.000 personas sin suministro debido a los daños físicos provocados en las redes de tras*porte y de distribución. Las primeras las gestiona Red Eléctrica que, tras una primera inspección aérea, llegó a contabilizar más de una veintena de torres caídas y otras siete «seriamente dañadas», principalmente, en la zona de Catadau. Además, algunas subestaciones se vieron afectadas por la inundación. Por su parte, las redes de distribución en las áreas azotadas por la DANA las gestiona, en su mayoría, Iberdrola, que movilizó a 500 técnicos para recuperar los tendidos dañadas, y desplegó 50 grupos electrógenos para dar servicio a sus clientes mientras durasen las reparaciones.
A fecha de hoy, el suministro se ha restablecido casi por completo, a excepción de algunos hogares en los que los fallos eléctricos no proceden ya de la red exterior, sino del propio circuito doméstico, lo que traslada la competencia a los seguros. Si bien todavía es pronto para ponerle una cifra definitiva al destrozo, según fuentes del sector, las primeras estimaciones de los daños en la infraestructura eléctrica se sitúan en
algo menos de 100 millones de euros. Sea cual sea, el importe final se cargará en el recibo de los consumidores.
"Estas actuaciones [las inversiones en redes destinadas a dar servicio a los municipios afectados y que se pongan en servicio entre 2024 y 2025] tendrán derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico y
serán sufragadas a través de los peajes de acceso a las redes de tras*porte y distribución", especifica el real decreto de medidas. Los llamados peajes son costes regulados que se incluyen en la factura de la luz de todos los consumidores para pagar el mantenimiento de las redes de tras*porte y distribución. Fuentes del Gobierno aseguran que esta es la metodología que fija el marco europeo, el cual determina que la competencia para calcular los peajes de acceso es de los supervisores nacionales (en el caso español, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). En cualquier caso, asegura, "
no se espera que esto tenga un impacto sustancial en el recibo de los consumidores".
En España, el importe de las inversiones que Red Eléctrica y las compañías distribuidoras pueden hacer cada año en redes debe respetar un máximo que se calcula en proporción al PIB. Para evitar que esto pudiera retrasar de algún modo las reparaciones necesarias para recuperar la normalidad tras la DANA, el Gobierno también ha aprobado que "excepcionalmente" dichas actuaciones de reconstrucción no computarán en ese volumen anual de inversiones.
Cinco años de escudo energético
El Gobierno acumulará casi cinco años de escudo social en lo que al ámbito energético se refiere. Muchas de las medidas aprobadas ayer son una continuación del salvavidas que el Ejecutivo ya aplicó, primero en 2020 por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y, casi en paralelo, en el marco de la erupción del volcán de la Palma y durante la histórica crisis de precios energéticos derivada de la guerra en Ucrania. Ahora, el Ejecutivo extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, el grueso de un balón de oxígeno que ha
minimizado el impacto de las sucesivas crisis en los bolsillos de empresas y hogares.
Es el caso de la extensión de la flexibilización, sin coste alguno para afectados en la zona cero de la DANA, de los contratos de suministro de gas natural y electricidad. En el primer caso, sobre todo enfocado a grandes consumidores, para poder reducir sin coste el caudal de combustible contratado, clave en una región como la Comunidad Valenciana, donde buena parte del tejido empresarial se abastece de un ingente volumen de gas natural. En el segundo, también dirigido a hogares, para poder bajar la potencia eléctrica de forma gratuita.
Además, también hasta finales del próximo año, los consumidores de los municipios indicados también "podrán solicitar a su comercializador el aplazamiento del pago de las facturas giradas al cobro", tanto en gas como en luz. Una vez concluido el
periodo de gracia, las cantidades adeudadas se prorratearán a partes iguales en las facturas de los siguientes doce meses, en el caso del gas, o seis meses, en el caso de la luz.
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