El gobierno aplicara el 155 a Castilla Leon si intenta limitar el aborto

“Cabe perfectamente el 155”, advierten en el Gobierno de Pedro Sánchez ante el polémico protocolo antiabortista puesto encima de la mesa por el ejecutivo de Castilla y León, la primera y por ahora única administración autonómica en España dirigida por el Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Pero el recurso a este artículo de la Constitución, que podría llegar a intervenir las competencias en Sanidad en esta comunidad autónoma, sería la última opción, según admiten en el Ejecutivo, si previamente no logran que se retire esta controvertida iniciativa que ha estallado en plena precampaña electoral del 28-M.

“Hay muchos otros instrumentos para velar por la constitucionalidad de las normas”, alegan. Pero fuentes gubernamentales admiten que el 155 sí sería la última estación en el caso de que la ruta de colisión iniciada entre este gobierno regional y el Ejecutivo central no lograra frenarse con un acuerdo entre las partes. Un acuerdo que, para el Gobierno, sólo se podría alcanzar si esta administración autonómica “rectifica” y retira el polémico protocolo antiabortista impulsado por la ultraderecha de Vox.

Tanto la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como la titular de Sanidad, Carolina Darias, han coincidido este lunes, en las sucesivas entrevistas radiofónicas y televisivas que han protagonizado, en que el requerimiento trasladado este domingo al gobierno de Castilla y León es solo “el primer paso” con el que el Ejecutivo central “pasa a la acción”, para tratar de frenar el protocolo antiabortista planteado por Vox en esta comunidad autónoma. El Gobierno confía, por tanto, en no tener que recurrir al artículo 155 de la Constitución. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que ya en el 2020, el gobierno de Murcia, presidido por el PP pero igualmente a iniciativa de Vox, trató de implantar el denominado “pin parental” en los colegios e institutos de esta comunidad autónoma. El Ministerio de Educación, en aquel momento dirigido por la ministra Isabel Celaá, remitió un requerimiento al ejecutivo de Murcia para que retirara este pin parental, según justificó, “porque vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados”. El Ejecutivo lo entendió como “un instrumento de censura educativa” que aseguró que no estaba dispuesto a tolerar. Aquella iniciativa fue “rectificada”, según recuerdan ahora en el Gobierno central, y no fue necesario ir más allá.

En caso de que no se lograra un acuerdo entre los gobiernos central y autonómico, se procedería a la constitución de una comisión mixta entre ambas administraciones que tratara de reconducir la situación, según explican en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si tampoco se alcanzara un pacto en esta comisión, el Gobierno ya abriría la vía del recurso al contencioso-administrativo, para que actuaran los tribunales de justicia. Y si tampoco esta vía lograra un entendimiento entre las partes, advierten estas fuentes, al Ejecutivo central le quedaría el recurso de plantear un requerimiento para esgrimir la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Castilla y León, como el que activó en octubre del 2017 el gobierno de Mariano Rajoy ante la aceleración del proceso independentista en Catalunya, que acabó aprobando el Senado. “Pero solo después de todos estos pasos previos”, alegan.

En el caso del protocolo antiabortista en Castilla y León, y desde el punto de vista de la confrontación política ya en pleno año electoral, el Gobierno central y el PSOE elevan ahora el tiro contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien reclaman que inste al presidente Alfonso Fernández Mañueco a que “ponga fin a esta tropelía”, según ha advertido la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “¿Dónde está Feijóo?”, ha insistido, ante un “silencio” del líder del PP que ha calificado de “elocuente”. La portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, también ha responsabilizado a Feijóo de este “retroceso ideológico”, que a su juicio vulnera la legislación vigente y atenta contra el derecho de la mujer a la libre interrupción del embarazo. El objetivo político de los socialistas, por tanto, es Feijóo. “No vamos a permitir ni un paso atrás en el aborto”, advierten en la Moncloa.

Para esto si ponen toda la carne en el asador estos asesinos hijos de mil pilinguis sidosas.