Vlad_Empalador
Será en Octubre
Los juzgados revisarán desde homicidio imprudente, la desprotección de los trabajadores hasta el propio estado de alarma
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Las imágenes del juzgado de la localidad coruñesa de Noia han causado bochorno en el mundo judicial (La Vanguardia)
CARLOTA GUINDAL, MADRID
04/05/2020 00:59 | Actualizado a 04/05/2020 11:41
Finales de mayo, principios de junio se baja la bandera. Es la fecha que se baraja desde el Ministerio de Justicia para levantar la suspensión de los plazos procesales. Esto significa que a partir de ese momento se podrán celebrar vistas y arrancará toda la maquinaria judicial. Según explican fuentes ministeriales, el plan es que los funcionarios se vayan incorporando paulatinamente para que al levantar la orden de suspensión, fijada en el decreto del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, el engranaje ya esté funcionando. Será entonces cuando empezará el aluvión contra la gestión del Gobierno, que va a tener que defenderse en todas las áreas.
Los primeros
Un juzgado de Madrid ya investiga una posible prevariación por omitir los riesgos
En la penal, ya se han interpuesto varias querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diferentes ministros, principalmente el de Sanidad, Salvador Illa. El órgano competente para revisarlas es el Tribunal Supremo, por el aforamiento de los dirigentes. Fuentes del tribunal señalan que por ahora se encuentran paralizadas ante la orden de suspensión. El criterio del Supremo es dar respuesta de manera prioritaria a las causas urgentes o con preso, por lo que las querellas contra el Gobierno quedan a la cola. Estas fuentes explican que una vez que se levante la suspensión de plazos, el primer paso será dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia de iniciar una investigación. Después, la Sala de lo Penal estudiará si procede su admisión a trámite. Fuentes gubernamentales quitan importancia a estas querellas, que van desde homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, imprudencia profesional o delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral. No le ven ningún futuro judicial aunque reconocen que ante el aluvión de denuncias, demandas y querellas será inevitable que se inicien investigaciones y se abran diligencias, sobre todo en juzgados de provincias. La previsión es que además de los procedimientos contra miembros del Gobierno y altos cargos, sobre todo de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, también se actúe contra la gestión de hospitales, residencias y otros centros públicos.
Ministerio de justicia
El pistoletazo de salida será a principios de junio, cuando se levante la suspensión de plazos
Por ahora, el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa querellas del sindicato de funcionarios CSIF, Consejo General de Enfermería o la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre otros. A su juicio, desde el Gobierno se ha puesto “en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos”, por la falta de material, por un lado, y por el material defectuoso entregado, como mascaras, por otro. Lo más avanzado que existe hasta ahora es la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras una denuncia del abogado Víctor Valladares, quien inicialmente actuó en solitario y después ha logrado que se sumen a él, a través de una asociación, cerca de 10.000 personas.
La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid investiga un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, al permitir las manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo a pesar de conocer el grave riesgo de contagio que existía. La Guardia Civil se encuentra analizando una serie de documentación, tal y como requirió la juez. En este asunto la Fiscalía está evitando pronunciarse aunque pronto el departamento dirigido por Dolores Delgado deberá adoptar una posición. En todos estos asuntos en los que va a haber acusaciones tanto particulares como populares, el papel del Ministerio Público pasa a un segundo plano. No obstante, para poder pleitear las acusaciones van a tener que hacer frente a fianzas . En el caso del Tribunal Supremo la cuantía está en torno a los 12.000 euros.
Tribunal Supremo
El primer paso en las querellas contra el Gobierno será dar traslado a la Fiscalía
La parte penal será sólo una de las patas judiciales. Ya existen varios pleitos abiertos tanto en los juzgados de lo Social como en lo Contencioso -Administrativo por la falta de material. Por ahora se han resuelto las medidas cautelarísimas reclamadas por diversos colectivos, pero tanto el Supremo, como la Audiencia Nacional y otros juzgados deberán celebrar vistas y dictar sentencias . En el ámbito social, se reclama el cumplimiento de la ley sobre riesgos laborales. Aunque quienes reclamen son funcionarios públicos, se aplica la misma normativa y exigen su derecho a trabajar con la protección adecuada. Los jueces deberán determinar si la empresa –pública o privada– puso en riesgo a los trabajadores al no facilitarles los medios necesarios. Si así queda determinado, se fijarán condenas y junto a éstas se establecerán posibles daños y perjuicios por contagios o fallecimientos y conllevará el inicio de procesos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito contencioso, lo que se dirimirá es el incumplimiento de las normas por parte de la Administración, es decir, “inactividad” del Gobierno. Para ello, habrá que demostrar que existía la obligación de proporcionar material y que no se ejecutó pudiéndolo hacer. Por último, está el Tribunal Constitucional, que analizará si el decreto del estado de alarma y sus prórrogas se acogieron a la Constitución. Tanto diputados de Vox como senadores del PP ya han recurrido varias medidas.
La Justicia se revuelve: ni juzgados de plástico ni agosto
La imagen del juzgado coruñés de Noia recubierto de plástico para prepararse a la vuelta al trabajo levantó esta semana ampollas entre asociaciones de jueces y fiscales. La sección de Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hacía eco de esta fotografía y criticaba la poca inversión que desde Justicia se ha hecho en juzgados y tribunales. “Afortunadamente, décadas de opíparas inversiones económicas y valientes reformas legislativas, nos permiten afrontar la crisis que viene con plásticos de la mejor calidad”, recogía con ironía la asociación mayoritaria de jueces. Tras hacerse públicas esas imágenes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia prohibió la colocación de plásticos en las salas de vistas al apostar por el uso de guantes, mascaras y geles hidroalcohólicos. Esta es sólo una de las críticas al plan de choque promovido por el Ministerio de Justicia, para evitar el colapso de los juzgados de cara al fin del estado de alarma. A pesar de que el departamento de Juan Carlos Campo ha contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas no ha podido evitar ciertas críticas por, entre otras cosas, haber declarado agosto hábil. Colectivos de jueces, fiscales, abogados y procuradores se han opuesto a la medida al considerarla “ineficaz”. Otras de las decisiones que va a provocar conflictos es el acuerdo de la Fiscalía General del Estado que interpreta que los plazos procesales en las causas judiciales comienzan de cero una vez se levante la suspensión de los plazos. Las instrucciones tienen un tiempo máximo y, con este nuevo criterio, el contador se pone a cero. Fuentes jurídicas explican que a pesar del acuerdo del ministerio público, quien tiene la última palabra es el juez. Desde la abogacía ya se han mostrado reparos a esta decisión por la indefensión que genera sobre todo en asuntos como el caso Pujol, abierto en el 2012, o diversos asuntos de Anticorrupción contra el PP, como el caso Púnica, iniciado en el 2014. En estos asuntos, los plazos estaban a punto de cumplirse, lo que iba a obligar a la Fiscalía a concluir la investigación y presentar los escritos de acusación con las pruebas que tuviera sin poder alargarlo más.
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CARLOTA GUINDAL, MADRID
04/05/2020 00:59 | Actualizado a 04/05/2020 11:41
Finales de mayo, principios de junio se baja la bandera. Es la fecha que se baraja desde el Ministerio de Justicia para levantar la suspensión de los plazos procesales. Esto significa que a partir de ese momento se podrán celebrar vistas y arrancará toda la maquinaria judicial. Según explican fuentes ministeriales, el plan es que los funcionarios se vayan incorporando paulatinamente para que al levantar la orden de suspensión, fijada en el decreto del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, el engranaje ya esté funcionando. Será entonces cuando empezará el aluvión contra la gestión del Gobierno, que va a tener que defenderse en todas las áreas.
Los primeros
Un juzgado de Madrid ya investiga una posible prevariación por omitir los riesgos
En la penal, ya se han interpuesto varias querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diferentes ministros, principalmente el de Sanidad, Salvador Illa. El órgano competente para revisarlas es el Tribunal Supremo, por el aforamiento de los dirigentes. Fuentes del tribunal señalan que por ahora se encuentran paralizadas ante la orden de suspensión. El criterio del Supremo es dar respuesta de manera prioritaria a las causas urgentes o con preso, por lo que las querellas contra el Gobierno quedan a la cola. Estas fuentes explican que una vez que se levante la suspensión de plazos, el primer paso será dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia de iniciar una investigación. Después, la Sala de lo Penal estudiará si procede su admisión a trámite. Fuentes gubernamentales quitan importancia a estas querellas, que van desde homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, imprudencia profesional o delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral. No le ven ningún futuro judicial aunque reconocen que ante el aluvión de denuncias, demandas y querellas será inevitable que se inicien investigaciones y se abran diligencias, sobre todo en juzgados de provincias. La previsión es que además de los procedimientos contra miembros del Gobierno y altos cargos, sobre todo de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, también se actúe contra la gestión de hospitales, residencias y otros centros públicos.
Ministerio de justicia
El pistoletazo de salida será a principios de junio, cuando se levante la suspensión de plazos
Por ahora, el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa querellas del sindicato de funcionarios CSIF, Consejo General de Enfermería o la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre otros. A su juicio, desde el Gobierno se ha puesto “en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos”, por la falta de material, por un lado, y por el material defectuoso entregado, como mascaras, por otro. Lo más avanzado que existe hasta ahora es la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras una denuncia del abogado Víctor Valladares, quien inicialmente actuó en solitario y después ha logrado que se sumen a él, a través de una asociación, cerca de 10.000 personas.
La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid investiga un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, al permitir las manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo a pesar de conocer el grave riesgo de contagio que existía. La Guardia Civil se encuentra analizando una serie de documentación, tal y como requirió la juez. En este asunto la Fiscalía está evitando pronunciarse aunque pronto el departamento dirigido por Dolores Delgado deberá adoptar una posición. En todos estos asuntos en los que va a haber acusaciones tanto particulares como populares, el papel del Ministerio Público pasa a un segundo plano. No obstante, para poder pleitear las acusaciones van a tener que hacer frente a fianzas . En el caso del Tribunal Supremo la cuantía está en torno a los 12.000 euros.
Tribunal Supremo
El primer paso en las querellas contra el Gobierno será dar traslado a la Fiscalía
La parte penal será sólo una de las patas judiciales. Ya existen varios pleitos abiertos tanto en los juzgados de lo Social como en lo Contencioso -Administrativo por la falta de material. Por ahora se han resuelto las medidas cautelarísimas reclamadas por diversos colectivos, pero tanto el Supremo, como la Audiencia Nacional y otros juzgados deberán celebrar vistas y dictar sentencias . En el ámbito social, se reclama el cumplimiento de la ley sobre riesgos laborales. Aunque quienes reclamen son funcionarios públicos, se aplica la misma normativa y exigen su derecho a trabajar con la protección adecuada. Los jueces deberán determinar si la empresa –pública o privada– puso en riesgo a los trabajadores al no facilitarles los medios necesarios. Si así queda determinado, se fijarán condenas y junto a éstas se establecerán posibles daños y perjuicios por contagios o fallecimientos y conllevará el inicio de procesos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito contencioso, lo que se dirimirá es el incumplimiento de las normas por parte de la Administración, es decir, “inactividad” del Gobierno. Para ello, habrá que demostrar que existía la obligación de proporcionar material y que no se ejecutó pudiéndolo hacer. Por último, está el Tribunal Constitucional, que analizará si el decreto del estado de alarma y sus prórrogas se acogieron a la Constitución. Tanto diputados de Vox como senadores del PP ya han recurrido varias medidas.
La Justicia se revuelve: ni juzgados de plástico ni agosto
La imagen del juzgado coruñés de Noia recubierto de plástico para prepararse a la vuelta al trabajo levantó esta semana ampollas entre asociaciones de jueces y fiscales. La sección de Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hacía eco de esta fotografía y criticaba la poca inversión que desde Justicia se ha hecho en juzgados y tribunales. “Afortunadamente, décadas de opíparas inversiones económicas y valientes reformas legislativas, nos permiten afrontar la crisis que viene con plásticos de la mejor calidad”, recogía con ironía la asociación mayoritaria de jueces. Tras hacerse públicas esas imágenes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia prohibió la colocación de plásticos en las salas de vistas al apostar por el uso de guantes, mascaras y geles hidroalcohólicos. Esta es sólo una de las críticas al plan de choque promovido por el Ministerio de Justicia, para evitar el colapso de los juzgados de cara al fin del estado de alarma. A pesar de que el departamento de Juan Carlos Campo ha contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas no ha podido evitar ciertas críticas por, entre otras cosas, haber declarado agosto hábil. Colectivos de jueces, fiscales, abogados y procuradores se han opuesto a la medida al considerarla “ineficaz”. Otras de las decisiones que va a provocar conflictos es el acuerdo de la Fiscalía General del Estado que interpreta que los plazos procesales en las causas judiciales comienzan de cero una vez se levante la suspensión de los plazos. Las instrucciones tienen un tiempo máximo y, con este nuevo criterio, el contador se pone a cero. Fuentes jurídicas explican que a pesar del acuerdo del ministerio público, quien tiene la última palabra es el juez. Desde la abogacía ya se han mostrado reparos a esta decisión por la indefensión que genera sobre todo en asuntos como el caso Pujol, abierto en el 2012, o diversos asuntos de Anticorrupción contra el PP, como el caso Púnica, iniciado en el 2014. En estos asuntos, los plazos estaban a punto de cumplirse, lo que iba a obligar a la Fiscalía a concluir la investigación y presentar los escritos de acusación con las pruebas que tuviera sin poder alargarlo más.
