Eric Finch
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Hoy he decidido marcarme un chicocostra y llenar de cosa el Principal.
mozart25.substack.com
El gobierno americano, las big tech y la censura
Y los que defienden la libertad de expresión
Mozart 25
18 hr ago
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Aquellos que nos hemos mantenido críticos con el relato dominante sobre la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito hemos observado, primero con asombro y más adelante como algo previsible, la censura y el silencio que las redes sociales más populares y los medios de comunicación masivos han aplicado a determinadas personas y grupos. Así, plataformas como YouTube, Facebook y Twitter han censurado a científicos y médicos reputados que osaban discrepar de las ideas predominantes sobre las medidas aplicadas por los gobiernos, la gravedad de la enfermedad y la seguridad y la eficacia de las banderillas.
A lo largo de los meses hemos podido a acceder a diversos documentos muy relevantes, sobre todo correos enviados por las autoridades de Salud Pública de Estados Unidos. Este valioso material se obtuvo gracias a las leyes de tras*parencia americana (en concreto la FOIA) y a varias demandas legales, como la del periodista Alex Berenson contra Twitter. En esta documentación se muestra el enorme interés de Anthony Fauci y otros responsables de Salud Pública en silenciar y atacar a través de los medios de comunicación y las redes sociales a las teorías o a las personas que se oponían a sus versiones sobre asuntos como el origen del bichito, la eficacia de las mascaras y las consecuencias de los confinamientos.
Una de las ofensivas más llamativas se dirigió contra la Declaración de Great Barrington y sus impulsores: Jayanta Bhattacharya, Martin Kulldorff y Senetra Gupta . De forma resumida, la Declaración de Great Barrington (firmada por más de 900.000 personas) proponía una estrategia enfocada en la protección de los grupos vulnerables y, junto con unas medidas básicas de higiene, en dejar correr la infección por el resto de la población para alcanzar una inmunidad de grupo que protegiera precisamente a esas personas de mayor riesgo. Lo que afirmaban sus firmantes no sólo resultaba razonable en su momento, sino que con el tiempo se ha demostrado que era mucho más eficaz y menos costoso que las políticas draconianas que se habían aplicado. Sin embargo, a Fauci y a otros burócratas estadounidenses esta propuesta no les hizo ninguna gracia. Francis Collins, entonces director del Instituto Nacional de Salud, propuso un "rápido y devastador ataque público".
En mayo de 2020 los citados Bhattakarya y Kulldorff y los estados de Missouri y Luisiana, junto con otros periodistas y científicos, demandaron a varias altas autoridades federales por haber confabulado con las redes sociales o por haberlas coaccionado para silenciar las opiniones de determinadas personas o grupos, lo que supone una violación de la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Entre los demandados se encuentran el Presidente Joe Biden, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el omnipresente Anthony Fauci y autoridades de varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.
Como parte del proceso de obtención de evidencias ("preliminary injunction discovery") los demandantes solicitaron la declaración de la mayoría de los acusados. En octubre el juez accedió a esta petición y ordenó a estos declarar bajo juramento. Los motivos fueron el conocimiento personal de los acusados sobre los asuntos juzgados y el hecho de que la demanda se refiriese a la supresión de la libertad de expresión. Fauci además incumplió la orden del juzgado de confirmar bajo juramento sus respuestas a los requerimientos de información.
En la demanda se encuentran datos muy interesantes, por ejemplo, que destacados altos cargos federales han amenazado a las plataformas con cambiar el régimen jurídico establecido en la sección 230 de la Ley de la decencia en las comunicaciones (Communications Decency Act). Esta norma y su interpretación judicial ofrecen protección y a la vez discrecionalidad a las redes sociales, lo que les da una situación ventajosa muy discutible.
Nos enfrentamos a un monstruo de dos cabezas, a Leviatán y Behemot, como dice Santiago Navajas. Así que el desenlace de este litigio y lo que en él se diga, así como en otros que tengan lugar, será muy relevante en nuestra lucha por la defensa de la libertad frente a este terrorífico ataque global.
[Nota del machaca copiaypega: He dicho.]
El gobierno americano, las big tech y la censura
Y los que defienden la libertad de expresión
El gobierno americano, las big tech y la censura
Y los que defienden la libertad de expresión
Mozart 25
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Aquellos que nos hemos mantenido críticos con el relato dominante sobre la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito hemos observado, primero con asombro y más adelante como algo previsible, la censura y el silencio que las redes sociales más populares y los medios de comunicación masivos han aplicado a determinadas personas y grupos. Así, plataformas como YouTube, Facebook y Twitter han censurado a científicos y médicos reputados que osaban discrepar de las ideas predominantes sobre las medidas aplicadas por los gobiernos, la gravedad de la enfermedad y la seguridad y la eficacia de las banderillas.
A lo largo de los meses hemos podido a acceder a diversos documentos muy relevantes, sobre todo correos enviados por las autoridades de Salud Pública de Estados Unidos. Este valioso material se obtuvo gracias a las leyes de tras*parencia americana (en concreto la FOIA) y a varias demandas legales, como la del periodista Alex Berenson contra Twitter. En esta documentación se muestra el enorme interés de Anthony Fauci y otros responsables de Salud Pública en silenciar y atacar a través de los medios de comunicación y las redes sociales a las teorías o a las personas que se oponían a sus versiones sobre asuntos como el origen del bichito, la eficacia de las mascaras y las consecuencias de los confinamientos.
Una de las ofensivas más llamativas se dirigió contra la Declaración de Great Barrington y sus impulsores: Jayanta Bhattacharya, Martin Kulldorff y Senetra Gupta . De forma resumida, la Declaración de Great Barrington (firmada por más de 900.000 personas) proponía una estrategia enfocada en la protección de los grupos vulnerables y, junto con unas medidas básicas de higiene, en dejar correr la infección por el resto de la población para alcanzar una inmunidad de grupo que protegiera precisamente a esas personas de mayor riesgo. Lo que afirmaban sus firmantes no sólo resultaba razonable en su momento, sino que con el tiempo se ha demostrado que era mucho más eficaz y menos costoso que las políticas draconianas que se habían aplicado. Sin embargo, a Fauci y a otros burócratas estadounidenses esta propuesta no les hizo ninguna gracia. Francis Collins, entonces director del Instituto Nacional de Salud, propuso un "rápido y devastador ataque público".
En mayo de 2020 los citados Bhattakarya y Kulldorff y los estados de Missouri y Luisiana, junto con otros periodistas y científicos, demandaron a varias altas autoridades federales por haber confabulado con las redes sociales o por haberlas coaccionado para silenciar las opiniones de determinadas personas o grupos, lo que supone una violación de la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Entre los demandados se encuentran el Presidente Joe Biden, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el omnipresente Anthony Fauci y autoridades de varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.
Como parte del proceso de obtención de evidencias ("preliminary injunction discovery") los demandantes solicitaron la declaración de la mayoría de los acusados. En octubre el juez accedió a esta petición y ordenó a estos declarar bajo juramento. Los motivos fueron el conocimiento personal de los acusados sobre los asuntos juzgados y el hecho de que la demanda se refiriese a la supresión de la libertad de expresión. Fauci además incumplió la orden del juzgado de confirmar bajo juramento sus respuestas a los requerimientos de información.
En la demanda se encuentran datos muy interesantes, por ejemplo, que destacados altos cargos federales han amenazado a las plataformas con cambiar el régimen jurídico establecido en la sección 230 de la Ley de la decencia en las comunicaciones (Communications Decency Act). Esta norma y su interpretación judicial ofrecen protección y a la vez discrecionalidad a las redes sociales, lo que les da una situación ventajosa muy discutible.
Nos enfrentamos a un monstruo de dos cabezas, a Leviatán y Behemot, como dice Santiago Navajas. Así que el desenlace de este litigio y lo que en él se diga, así como en otros que tengan lugar, será muy relevante en nuestra lucha por la defensa de la libertad frente a este terrorífico ataque global.
[Nota del machaca copiaypega: He dicho.]
