urano
Madmaxista
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una mujer cuya ejecución se postergó hasta que alumbrase y amamantase a su hija
Las hermanas Carmen y Rosario Soriano Gambín, dos jóvenes de Callosa de Segura (Alicante), fueron juzgadas en 1939 por un tribunal militar franquista, acusadas de haber participado en el asesinato de un guardia municipal. Ambas fueron condenadas a fin y a Rosario la fusilaron
inmediatamente. A Carmen, embarazada a sus 20 años, no la llevaron al paredón hasta el 1 de agosto de 1941, después de dar a luz y amamantar durante un tiempo a su hija. Cuando murió tenía 22 años. Su cuerpo acaba de exhumarse en una fosa común del cementerio de Alicante, junto al de otros represaliados, los primeros que aparecen en la provincia tras numerosas excavaciones.
La fuerte influencia de la Iglesia en el régimen franquista y el “tremendo poder” que los sacerdotes ejercían en las prisiones pueden ser las causas de que las autoridades permitieran que Carmen diera a luz, según conjetura el historiador Miguel Ors, antes de que se ejecutase su pena capital. “No le habrían permitido abortar”, sostiene, “y el cura no habría permitido que la fusilaran embarazada”, sostiene el experto, porque “el bebé no tenía culpa de nada”. Con todo, su caso es muy infrecuente, sino único, al menos en Alicante. En la provincia solo se fusilaron 20 mujeres frente a 605 hombres y Ors no tiene constancia de otras embarazadas condenadas a fin.
El cuerpo de Carmen estaba en la fosa 20 del cementerio de Alicante, una de las dos que se están excavando actualmente con la participación de la Consejería de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Aspe (Alicante) y la asociación local Cinco Ojos. Sus restos han sido los más fáciles de identificar “y ya están exhumados”, cuenta el arqueólogo Jorge García Fernández, de la empresa Drakkar Consultores y codirector de la excavación, “ya que es la única mujer enterrada en la fosa”.
“Carmen pertenecía a una familia de izquierdas”, recuerda el historiador ilicitano Miguel Ors, que especifica que alguno de sus hermanos murió durante la contienda, en el frente. Inicialmente, las hermanas Gambín fueron juzgadas por un tribunal popular republicano antes de que acabara la guerra. Se las acusaba de “haber estado envueltas en la fin de un guardia municipal”, aunque fueron absueltas.
En 1939, tras la victoria de los sublevados franquistas, las nuevas autoridades volvieron a detenerlas, alegando el mismo motivo, aunque esta vez fueron condenadas a fin. Rosario fue fusilada poco después de la sentencia. Con Carmen “esperaron a que diera a luz a su hija” que fue entregada a su viudo, Roberto Fernández, señala Ors. “Él se tuvo que ir del pueblo y no volvió hasta que ya era muy mayor”, señala. Carmen murió en el paredón el 1 de agosto de 1941. “Si las familias estaban atentas y reclamaban a sus hijos o nietos, se los daban”, asegura el historiador. Se da el caso, además, de que el viudo de Carmen no tenía ninguna cuenta pendiente con la justicia franquista.
En la misma fosa 20, junto a la joven de Callosa, fueron arrojados otros 13 represaliados, localizados por el Ayuntamiento de Aspe y la asociación Cinco Ojos. Los fallecidos también procedían de otras localidades además de Aspe y Callosa, como Ibi, La Unión (Murcia) o Madrid.
Ya se han exhumado nueve cuerpos de los 14 previstos. “Todos menos dos están enterrados en cajas de madera de pino”, manifiesta García Fernández, “y tres de ellos presentan orificios de proyectil en el cráneo y otro, en el esternón”. Estos signos de violencia parecen confirmar que se trata de condenados a fin “encarcelados en el reformatorio de adultos de Alicante”, los actuales juzgados de la ciudad, y “posteriormente fusilados en el cuartel militar de Rabasa”, unas instalaciones que aún están en uso. Luego fueron llevados, “ya cadáveres”, al cementerio”, indica el arqueólogo.
Previsiblemente, ocho de ellos son aspenses que tomaron parte, de manera directa o indirecta en “el linchamiento de la familia Calpena”, afirma el catedrático de la Universidad de Alicante José Ramón García Gandía. Los hechos tuvieron lugar el 7 de julio de 1937. Ramón Calpena, “un importante industrial alpargatero”, fue detenido por fuerzas republicanas junto a su hijo Luis y su yerno Javier González. Se los acusaba de alentar la rebelión militar. El empresario fue encerrado en Totana y posteriormente “enviado a su pueblo bajo arresto domiciliario”. Nada más llegar a su casa, los tres fueron hostigados por algunos de sus conciudadanos, “quienes les odiaban por motivos sociales y laborales”, dice el historiador. Los dos Calpena murieron en el altercado. El yerno sobrevivió.
“La República intentó averiguar lo que había pasado”, especifica el experto, pero varios sospechosos fueron absueltos tras pasar por el Tribunal de Espionaje de Valencia y otro juzgado de Alicante. “Perdieron la oportunidad de hacer justicia, pero en plena guerra no se permitieron perder a destacados representantes políticos y sindicales”, continúa García Gandía. Al acabar la Guerra Civil, sin embargo, el franquismo volvió sobre este mismo asunto. “Juntaron a los principales sospechosos con altos cargos locales”, asevera el experto, “entre ellos, el alcalde socialista Pascual Cánovas Martínez”, que en realidad había tratado de impedir el asesinato de los Calpena. Cánovas fue fusilado y arrojado a la misma fosa 20 del cementerio alicantino.
La misma excavación se ha extendido a la fosa 26, donde el actual alcalde de Aspe, Antonio Puerto (Esquerra Unida del País Valencià), confía en que se pueda identificar a una decena de aspenses más, fusilados el 26 de junio de 1941. “Sus restos se trasladarán a un laboratorio custodiado que hemos instalado”, avanza el primer edil, “para que puedan ser identificados por su ADN”. En la misma fosa fueron arrojadas 25 personas, 22 de ellas represaliadas y procedentes de Aspe, Callosa de Segura, Orihuela, La Romana, Alicante, Torrevieja, Benissa y Elche. “La mayoría de los cuerpos están amontonados y removidos”, explica el codirector de los trabajos, “pero dos cráneos y un esternón presentan orificios de proyectil”.