El FMI plantea al Gobierno una subida de impuestos para reducir el déficit a partir de 2023

La institución da la bienvenida a la reforma laboral, pero pide “medidas adicionales” para compensar la vinculación de las pensiones con el IPC


Trabajadores en una cafetería.JUAN BARBOSA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ve encarrilada la recuperación en España, cuya economía prevé que recupere todo el músculo perdido a raíz de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo a finales de este año gracias sobre todo al impulso que ha imprimido una exitosa campaña de banderillación. Por ello, el FMI pone fecha para empezar los ajustes: 2023. En línea con los nuevos vientos que soplan en las instituciones internacionales, el FMI pide a los gobiernos que eviten un tajo brusco y opten por una retirada “firme” pero “gradual” para volver al equilibrio en las cuentas públicas a lo largo de la próxima década. En un informe elaborado tras una visita de los analistas del organismo a España, el llamado Artículo IV, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva sugiere subir impuestos tras constatar que hay margen para movilizar más recursos derivados del IVA y los impuestos medioambientales. El documento también da la bienvenida a la reforma laboral, si bien es crítico con medidas como la ultraactividad de los convenios.


Los analistas del FMI han publicado este miércoles su informe preliminar sobre sus conclusiones del viaje a España, que ampliarán con un diagnóstico completo en las próximas semanas. Sin embargo, esta aproximación deja un exhaustivo catálogo de sus impresiones. Los técnicos del Fondo ratifican las previsiones que manejaban hasta ahora: la economía crecerá un 5,8% en 2022 y un 3,8% en 2023 gracias a la elevada tasa de banderillación, el drenaje del ahorro hacia el consumo y la ejecución de los recursos del fondo europeo Next Generation EU, que tendrán un impacto de entre el 1,5% y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de año. El FMI cree, además, que España recuperará su crecimiento potencial a medio plazo, si bien también estima que el sector del turismo y la restauración puede arrastrar cicatrices aún durante un tiempo por el tremendo golpe sufrido. De hecho, en un escenario sin cambio de políticas públicas, a partir de 2025 el fondo prevé que la expansión económica sea ya inferior al 2%.


Después de una respuesta fiscal que el FMI estima que equivale al 23% del PIB, la institución con sede en Washington pide un regreso paulatino a la disciplina fiscal. En concreto, los analistas creen que una reducción del déficit estructural en un 0,5% del PIB cada año permitiría a España acercarse al equilibrio fiscal dentro de la próxima década. La propuesta del FMI consiste en una combinación de subir impuestos y reforzar la eficiencia en el gasto, pero no reclama de forma explícita recortes. Es más, el fondo recuerda que España gasta más en pensiones y prestaciones de desempleo que los países de su entorno, pero dedica menos a inversión pública y educación. Por el contrario, el informe ve recorrido en subir el IVA para cerrar la brecha con la media de la UE, lo que le daría un rendimiento de entre el 1,5% y el 2%; poner fin a las distorsiones que acusa el sistema tributario (0,3%-0,5%) y armonizar las tasas medioambientales con el resto de los socios comunitarios (0,7%-0,9%).

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, interpretó el informe como un espaldarazo a la “agenda reformista” del Gobierno y pidió esperar la reforma fiscal que ahora está en la mesa del comité de expertos. “Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos proponen los expertos para abordar cuáles pueden ser las mejoras que se desarrollen en los próximos años, sobre todo orientadas en reforzar la progresividad y la justicia en el sistema fiscal”, ha afirmado.


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Críticas a la ultractividad
La misión del FMI aterriza en España en plena oleada reformista, con modificaciones de calado en las legislaciones sobre pensiones, mercado laboral o vivienda para acceder a los fondos europeos. En general, el informe da la bienvenida a todas esas reformas, aunque con notas a pie de página. El fondo sigue creyendo que, a largo plazo, las presiones de gasto relativas al envejecimiento de la población supondrán un “desafío” para las arcas públicas. Por ello, exhibe cierto escepticismo con la reciente reforma de las pensiones enviada a Bruselas, que recupera su actualización de acuerdo con el IPC. “Se necesitarán medidas adicionales para compensar el aumento del gasto futuro en pensiones derivado de la reforma de 2021″, apunta. Al respecto, el Gobierno responde a los analistas que llevará a cabo una segunda fase de medidas este año y que, además, el mecanismo de equidad intergeneracional incorpora medidas complementarias a partir de 2032 si hay un fuerte desvío.


El informe también destaca que el Gobierno haya acordado con los agentes sociales una reforma laboral que, a su juicio, permitirá elevar la proporción de contratos indefinidos. Sin embargo, señala que las medidas acordadas “no abordan el problema fundamental de la dualidad” del mercado laboral y le recuerdan que la opción de ampliar de forma indefinida los convenios una vez estos han vencido “no está en línea” con las prácticas de otros países y suponen una reducción de la “flexibilidad” en las empresas.


El documento también se detiene a destacar las subidas del salario mínimo interprofesional que se han ido aprobando y la intención del Gobierno de que en 2023 el SMI alcance el 60% del salario medio, en línea con lo que fija la Carta Social Europea. El FMI destaca que eso dejará a España “con uno de los salarios mínimos más elevados” de la UE en relación con los ingresos medios y pide que los futuros incrementos se realicen de acuerdo con las “condiciones del mercado laboral” y “el crecimiento de la productividad”.


El informe incide, por último, en las dificultades del mercado de la vivienda y recuerda que ya antes de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo la falta de pisos en alquiler creaba problemas de acceso a la vivienda y obstaculizaba la movilidad laboral. El organismo se detiene en el nuevo anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno, que introduce límites a las rentas percibidas por los grandes tenedores. Y si bien admite que puede suponer algún beneficio a corto plazo, considera que puede “introducir ineficiencias” y “restringir la disponibilidad de propiedades para futuros inquilinos”.


El interrogante de la inflación
La inflación sigue siendo la principal incertidumbre que planea sobre la economía mundial este año. El alza de precios, de hecho, ya fue del 6,1% en enero. Los analistas del FMI creen que seguirá siendo elevada en 2022 y pronostican una tasa del 3,5% para el conjunto del año. A corto plazo, el fondo cree que seguirán pesando los elevados precios de la energía y los obstáculos en las cadenas de suministros. En línea con lo previsto por el Banco Central Europeo (BCE), el FMI sostiene que ambas restricciones son tras*itorias deben irse moderando en la segunda mitad de 2022. El organismo, además, prevé que la inflación subyacente (la que elimina el efecto de la energía y los alimentos frescos) se situará en el 1,8%, lo cual ya está por debajo del 2,1% de diciembre.

El principal temor del BCE viene por la posibilidad de que los salarios puedan dispararse y alimentar una espiral inflacionista. Máxime cuando la tasa de paro de la zona euro está en el 7%, un mínimo histórico. No es ese el caso de España, que de nuevo es el país con más desempleo. Y, a tenor del informe del FMI, la subida de salarios ha sido “modesta” hasta ahora. “Sin embargo, los riesgos sobre las perspectivas de inflación siguen siendo significativos, reflejando incertidumbre sobre la senda de los precios de la energía y la rapidez con la que los cuellos de botella a nivel global se resuelvan”, remacha el documento.