Vlad_Empalador
Será en Octubre
Un grupo selecto y hasta ahora secreto de miembros de la Abogacía del Estado trabaja a la vez en lo público y en lo privado. Son 33 altos funcionarios -de los 323 en activo en el cuerpo- que tienen permiso para compatibilizar su tarea de defensa de la Administración con otros negocios. La mayoría ejercen de abogados, asesores o árbitros entre empresas, pero en la práctica apenas se fiscaliza su actividad para que no haya conflicto de intereses, según fuentes de la Abogacía. El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer la identidad de estas 33 personas. La Abogacía del Estado se negó a hacerla pública, pero El Confidencial recurrió y el Consejo de tras*parencia ha fallado a favor de este diario. Aquí está el listado. Como en el Equipo A, “si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos”.
El pasado 18 de enero, el secretario del consejo de administración de Afinsa, Joaquín José Abajo Quintana, comparecía en el macrojuicioen la Audiencia Nacional por la presunta estafa de los sellos. Abajo fue durante años abogado del Estado en activo y a la vez secretario del consejo de Afinsa, el que vigila por la legalidad de sus actos. "Dada su amplia formación jurídica como abogado del Estado, los más relevantes temas de la compañía, aquellos que afectaban al núcleo del negocio de inversión, fueron sometidos a su consideración durante los años que estuvo en la compañía (1997-2006)", según la fiscalía.
Allí, ante el interrogatorio del fiscal Luzón, un histórico en temas de corrupción, Abajo Quintana dio detalles sobre los abogados del Estado con compatibilidad difíciles de escuchar en público. Abajo Quintana admitió que no tenía contrato con Afinsa aunque, según el auto de procesamiento, recibió 230.455 euros entre 1998 y 2005 "en concepto de retribuciones o sobresueldos no declarados". "La relación entre Afinsa y yo siempre fue una relación verbal. Jamás se puso por escrito. Jamás fue laboral. Entre otras razones porque eso hubiera sido incompatible con mi función de abogado del Estado en activo", declaró Abajo Quintana en el juicio.
Allí señaló que jamás se ocupó de los temas fiscales, porque él en la Abogacía del Estado defendía a la Agencia Tributaria. "La asesoría fiscal dependió del señor Ballesteros, porque la tenía atribuida y por una razón de incompatibilidad personal. Antes yo era abogado del Estado en activo, y precisamente mi función como abogado del Estado era llevar pleitos de la Administración Tributaria, porque la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva los recursos contra las decisiones de la Agencia Tributaria y de los tribunales económico administrativos, con lo cual evidentemente mi incompatibilidad en esos asuntos, tal y como yo la entiendo, es total". Pero inmediatamente añadió que cuando comenzó el caso puso en contacto a los abogados de Cuatrecasas, contratados por Afinsa, con la inspectora de Hacienda que llevaba el tema: "Ahí terminó mi intervención".
Luzón mostró un papel con el membrete de la Abogacía en el que aparecía documentación de Afinsa. Abajo señaló que resolvía su trabajo como funcionario para la Administración desde su despacho en Afinsa y, por tanto, no era extraño que se mezclase papel con membrete público entre la documentación de Afinsa.
Su relato ante el tribunal es de los más claros sobre este cuerpo con un pie en la Administración y otro en lo privado. Tras ser imputado, Abajo Quintana pidió el reingreso y volvió a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, la misma que lo investigaba. Abajo se incorporó a lo Contencioso, donde menos vistas hay y donde hay más abogados compatibles, y luego fue trasladado a otro tribunal.
El secretario de Afinsa era abogado del Estado. No tenía contrato porque "hubiera sido incompatible"
En la Audiencia Nacional estuvo también de abogada del Estado Catalina Miñarro Brugarolas, que compatibilizaba su puesto con el de consejera de Mapfre. Después de que 'El País' publicase su nombramiento, pidió la excedencia. Antes de ella, Francisco Ruiz Risueño, ya jubilado, compaginó el cargo de abogado del Estado en ese mismo lugar con el de vicepresidente de Mapfre.
El cuerpo más prestigioso del Estado
Los abogados del Estado son quizás el cuerpo más prestigioso de la Administración pública. Tras una dura oposición, ingresan con un nivel 28 -el máximo es 30- en la función pública. Defienden al Estado en pleitos e informan sobre la elaboración de leyes, decretos y todo tipo de actos administrativos. Tienen mucho poder. Un informe negativo de la Abogacía del Estado disuade a muchos políticos de tomar decisiones.
Por todo ello, también son muy codiciados en el sector privado. Muchos piden la excedencia, situación en la que se encuentran actualmente 262 abogados del Estado -frente a 323 en activo-. Son muy apreciados por el Ibex por sus conocimientos jurídicos… y de la Administración y sus resortes. Forman una piña. Hay consenso en que dentro de la Administración hay pocos incentivos para progresar, que una vez sacada la exigente oposición hay poco margen para ascender, lo que lleva a muchos a pasarse al sector privado, donde multiplican su sueldo. Los que están en excedencia a menudo se enfrentan en pleitos y arbitrajes con compañeros en activo que se dejan las pestañas para defender lo público con muchos menos medios y sueldo. Los que siguen en la brecha en la Administración señalan en privado que sienten que a veces no se les valora y se les confunde con los que optan por el dinero. Otros pasan a la política. Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete son abogados del Estado. Están en servicios especiales en puestos públicos, una categoría donde actualmente se encuadran 61 personas.
Y hay un tercer grupo, menos conocido y visto con cierto recelo incluso dentro del cuerpo: los que han conseguido la compatibilidad. Se trata de un puesto de libre designación en el que trabajan a la vez en sus negocios. A cambio, rebajan su nivel en la Administración a un nivel 24y su sueldo a la mitad. Aun así, hay cola por estar ahí.
Autorización de compatibilidad.
El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia en la que se pedían las “autorizaciones de actividad privada de los abogados del Estado que se encuentran en régimen de compatibilidad o en excedencia voluntaria”. Un mes y medio más tarde, se recibía respuesta firmada por la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, en la que no se contestaba a la solicitud planteada por El Confidencial.
La respuesta detallaba la situación profesional de los abogados del Estado (323 activos, 37 en régimen de compatibilidad, 260 en excedencia voluntaria y 61 en servicios especiales, en el Gobierno o cargos públicos) a 17 de diciembre de 2015 y la relación de nombres de los 323 abogados del Estado en activo. Esa lista se publicaba periódicamente en el BOE, pero desde marzo de 2012, nada más llegar el PP al poder, no se actualiza sin que Justicia haya explicado por qué no la ha vuelto a hacer pública.
La respuesta de la Abogacía a El Confidencial no incluía las compatibilidades ni las excedencias voluntarias. Justicia no quería hacer público el listado. El Confidencial reclamó ante el Consejo de tras*parencia y Buen Gobierno (CTBG) y este estimó parcialmente la reclamación e instó a la Abogacía del Estado a facilitar las “resoluciones de compatibilidad (incluyendo nombre y apellidos del funcionario) que afecten a funcionarios del Cuerpo de Abogado del Estado” y la “identificación del listado de ex altos cargos que tengan concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada”.
En su resolución, el Consejo de tras*parencia afea la publicación en el Portal de tras*parencia de un listado con las compatibilidades de los funcionarios al “no cumplir con la literalidad de la norma”. “La Ley de tras*parencia habla expresamente de que lo que se debe publicar son las resoluciones de compatibilidad”, lo que “implica que se conozca la identidad del beneficiario”, manifiesta Esther Arizmendi, presidenta del CTBG, al tiempo que afirma que “la sustitución del nombre del funcionario por sus iniciales no cumple el objetivo de salvaguardar su identidad”.
Finalmente, El Confidencial ha tenido acceso a las 33 resoluciones de compatibilidad originales de los abogados del Estado, firmadas todas ellas por el director de la Oficina de Conflictos de Intereses o, en su defecto, el jefe del departamento responsable de gestionar estas competencias.
Tienen una autorización genérica para ejercer la abogacía siempre que no vayan contra el Estado
Los abogados del Estado reciben una compatibilidad genérica para ejercer la abogacía, sin entrar en detalles. La resolución señala que deben hacerlo en horario que no coincida con el de su puesto de funcionarios. Sin embargo, la realidad es que algunos trabajan en su despacho. Francisco García Gómez de Mercado es uno de ellos. Es socio fundador de Gómez de Mercado Abogados y abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Especializado en expropiaciones, pasó al sector privado y cuando acabó el 'boom' de obra pública -y con él las expropiaciones- pidió el reingreso y obtuvo la compatibilidad. Ahora lleva casos de expropiaciones a favor del Estado pero según fuentes del cuerpo trabaja desde su despacho, donde ha defendido casos contra comunidades autónomas. No ha querido hablar para este reportaje.
No son el único cuerpo de altos funcionarios que pueden aspirar a la compatibilidad. Los letrados del Consejo de Estado y los letrados de Cortes también pueden trabajar a la vez asesorando a sus órganos y en despachos privados.
De la compatibilidad a la excedencia
En los abogados del Estado la compatibilidad se da con la condición de que no pleiteen contra la Abogacía del Estado. Nada les impide ir contra otras administraciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. En la práctica, apenas se controla que su actividad no incurra en conflicto de intereses. Cuando llega a oídos de la Abogacía un posible problema, se le sugiere a esa persona que pase a la excedencia, según fuentes del cuerpo. Así evitan un contencioso de difícil pronóstico y un eventual escándalo. Es lo que, según fuentes de la Abogacía, le ocurrió a Juan Ramón García Notario, padre de la Ley de Puertos y que era abogado del Estado en activo cuando comenzó a asesorar a ACS como constructora del Puerto del Musel en su reclamación millonaria contra la Autoridad Portuaria -que formalmente no es Administración general del Estado-. Al poco pidió la excedencia. García Notario afirmó a El País que siempre cumplió la ley.
La abogada general del Estado, Marta Silva Lapuerta, ante el Constitucional. (EFE)
Así que cada uno pone sus propios límites. Emilio Jiménez Aparicio fue director general de la Abogacía a principios de la década de 1990 y ahora está destinado en lo laboral en el Tribunal Supremo y tiene la compatibilidad. Él ganó por ejemplo la sentencia del ERE de la empresa pública Tragsa. Contesta al teléfono desde su despacho en el Supremo en horario laboral. Tiene fama de serio y riguroso. "Tengo un concepto de la incompatibilidad absoluta. En mi despacho no llevo nada de laboral". Señala que él tampoco iría contra una autoridad portuaria. "En mi caso, no hay ni ha habido ningún conflicto de interés. No entro en juegos malabares ilícitos".
Jiménez Aparicio trabaja solo. En otros casos, los abogados del Estado compatibles comparten despacho y, aunque el abogado del Estado en activo no pleitee contra la Administración, sí lo puede hacer el compañero -o subordinado- de la puerta de al lado. Reciben una compatibilidad para ejercer la abogacía genérica y en algunos casos luego trabajan para empresas. Elsa María Andrés Sanchís, abogada del Estado en Valencia, es al mismo tiempo secretaria del consejo de administración de la inmobiliaria Libertas 7. Esa entidad recibió varios préstamos del Banco de Valencia que, a pesar de su impago, fueron refinanciados por esa entidad en contra de la normativa bancaria y causando un quebranto a esa entidad de 13 millones de euros antes de que tuviera que ser rescatada por el Estado, según la investigación penal que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Elsa Andrés Sanchís, como secretaria del consejo de administración de Libertas 7, participada por Banco de Valencia, tenía encomendada la tarea de vigilar por la legalidad de las decisiones que tomara ese órgano directivo. El Confidencial trató de ponerse en contacto con ella por teléfono y mediante un correo electrónico enviado a su secretaria, pero no contestó a las preguntas de este diario. Se trataba de conocer si pudo advertir de la posible irregularidad de esas operaciones y de las consecuencias penales que pudieron acarrear.
Aunque las compatibilidades se siguen dando a discreción de la dirección de la Abogacía -la última es de marzo de 2016-, hay quien lleva en esa situación 28 años. Si busca contratar de forma legal a un abogado del Estado, con un pie en las tripas de la Administración, estos son sus hombres.
El pasado 18 de enero, el secretario del consejo de administración de Afinsa, Joaquín José Abajo Quintana, comparecía en el macrojuicioen la Audiencia Nacional por la presunta estafa de los sellos. Abajo fue durante años abogado del Estado en activo y a la vez secretario del consejo de Afinsa, el que vigila por la legalidad de sus actos. "Dada su amplia formación jurídica como abogado del Estado, los más relevantes temas de la compañía, aquellos que afectaban al núcleo del negocio de inversión, fueron sometidos a su consideración durante los años que estuvo en la compañía (1997-2006)", según la fiscalía.
Allí, ante el interrogatorio del fiscal Luzón, un histórico en temas de corrupción, Abajo Quintana dio detalles sobre los abogados del Estado con compatibilidad difíciles de escuchar en público. Abajo Quintana admitió que no tenía contrato con Afinsa aunque, según el auto de procesamiento, recibió 230.455 euros entre 1998 y 2005 "en concepto de retribuciones o sobresueldos no declarados". "La relación entre Afinsa y yo siempre fue una relación verbal. Jamás se puso por escrito. Jamás fue laboral. Entre otras razones porque eso hubiera sido incompatible con mi función de abogado del Estado en activo", declaró Abajo Quintana en el juicio.
Allí señaló que jamás se ocupó de los temas fiscales, porque él en la Abogacía del Estado defendía a la Agencia Tributaria. "La asesoría fiscal dependió del señor Ballesteros, porque la tenía atribuida y por una razón de incompatibilidad personal. Antes yo era abogado del Estado en activo, y precisamente mi función como abogado del Estado era llevar pleitos de la Administración Tributaria, porque la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva los recursos contra las decisiones de la Agencia Tributaria y de los tribunales económico administrativos, con lo cual evidentemente mi incompatibilidad en esos asuntos, tal y como yo la entiendo, es total". Pero inmediatamente añadió que cuando comenzó el caso puso en contacto a los abogados de Cuatrecasas, contratados por Afinsa, con la inspectora de Hacienda que llevaba el tema: "Ahí terminó mi intervención".
Luzón mostró un papel con el membrete de la Abogacía en el que aparecía documentación de Afinsa. Abajo señaló que resolvía su trabajo como funcionario para la Administración desde su despacho en Afinsa y, por tanto, no era extraño que se mezclase papel con membrete público entre la documentación de Afinsa.
Su relato ante el tribunal es de los más claros sobre este cuerpo con un pie en la Administración y otro en lo privado. Tras ser imputado, Abajo Quintana pidió el reingreso y volvió a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, la misma que lo investigaba. Abajo se incorporó a lo Contencioso, donde menos vistas hay y donde hay más abogados compatibles, y luego fue trasladado a otro tribunal.
El secretario de Afinsa era abogado del Estado. No tenía contrato porque "hubiera sido incompatible"
En la Audiencia Nacional estuvo también de abogada del Estado Catalina Miñarro Brugarolas, que compatibilizaba su puesto con el de consejera de Mapfre. Después de que 'El País' publicase su nombramiento, pidió la excedencia. Antes de ella, Francisco Ruiz Risueño, ya jubilado, compaginó el cargo de abogado del Estado en ese mismo lugar con el de vicepresidente de Mapfre.
El cuerpo más prestigioso del Estado
Los abogados del Estado son quizás el cuerpo más prestigioso de la Administración pública. Tras una dura oposición, ingresan con un nivel 28 -el máximo es 30- en la función pública. Defienden al Estado en pleitos e informan sobre la elaboración de leyes, decretos y todo tipo de actos administrativos. Tienen mucho poder. Un informe negativo de la Abogacía del Estado disuade a muchos políticos de tomar decisiones.
Por todo ello, también son muy codiciados en el sector privado. Muchos piden la excedencia, situación en la que se encuentran actualmente 262 abogados del Estado -frente a 323 en activo-. Son muy apreciados por el Ibex por sus conocimientos jurídicos… y de la Administración y sus resortes. Forman una piña. Hay consenso en que dentro de la Administración hay pocos incentivos para progresar, que una vez sacada la exigente oposición hay poco margen para ascender, lo que lleva a muchos a pasarse al sector privado, donde multiplican su sueldo. Los que están en excedencia a menudo se enfrentan en pleitos y arbitrajes con compañeros en activo que se dejan las pestañas para defender lo público con muchos menos medios y sueldo. Los que siguen en la brecha en la Administración señalan en privado que sienten que a veces no se les valora y se les confunde con los que optan por el dinero. Otros pasan a la política. Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete son abogados del Estado. Están en servicios especiales en puestos públicos, una categoría donde actualmente se encuadran 61 personas.
Y hay un tercer grupo, menos conocido y visto con cierto recelo incluso dentro del cuerpo: los que han conseguido la compatibilidad. Se trata de un puesto de libre designación en el que trabajan a la vez en sus negocios. A cambio, rebajan su nivel en la Administración a un nivel 24y su sueldo a la mitad. Aun así, hay cola por estar ahí.
El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia en la que se pedían las “autorizaciones de actividad privada de los abogados del Estado que se encuentran en régimen de compatibilidad o en excedencia voluntaria”. Un mes y medio más tarde, se recibía respuesta firmada por la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, en la que no se contestaba a la solicitud planteada por El Confidencial.
La respuesta detallaba la situación profesional de los abogados del Estado (323 activos, 37 en régimen de compatibilidad, 260 en excedencia voluntaria y 61 en servicios especiales, en el Gobierno o cargos públicos) a 17 de diciembre de 2015 y la relación de nombres de los 323 abogados del Estado en activo. Esa lista se publicaba periódicamente en el BOE, pero desde marzo de 2012, nada más llegar el PP al poder, no se actualiza sin que Justicia haya explicado por qué no la ha vuelto a hacer pública.
La respuesta de la Abogacía a El Confidencial no incluía las compatibilidades ni las excedencias voluntarias. Justicia no quería hacer público el listado. El Confidencial reclamó ante el Consejo de tras*parencia y Buen Gobierno (CTBG) y este estimó parcialmente la reclamación e instó a la Abogacía del Estado a facilitar las “resoluciones de compatibilidad (incluyendo nombre y apellidos del funcionario) que afecten a funcionarios del Cuerpo de Abogado del Estado” y la “identificación del listado de ex altos cargos que tengan concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada”.
En su resolución, el Consejo de tras*parencia afea la publicación en el Portal de tras*parencia de un listado con las compatibilidades de los funcionarios al “no cumplir con la literalidad de la norma”. “La Ley de tras*parencia habla expresamente de que lo que se debe publicar son las resoluciones de compatibilidad”, lo que “implica que se conozca la identidad del beneficiario”, manifiesta Esther Arizmendi, presidenta del CTBG, al tiempo que afirma que “la sustitución del nombre del funcionario por sus iniciales no cumple el objetivo de salvaguardar su identidad”.
Finalmente, El Confidencial ha tenido acceso a las 33 resoluciones de compatibilidad originales de los abogados del Estado, firmadas todas ellas por el director de la Oficina de Conflictos de Intereses o, en su defecto, el jefe del departamento responsable de gestionar estas competencias.
Tienen una autorización genérica para ejercer la abogacía siempre que no vayan contra el Estado
Los abogados del Estado reciben una compatibilidad genérica para ejercer la abogacía, sin entrar en detalles. La resolución señala que deben hacerlo en horario que no coincida con el de su puesto de funcionarios. Sin embargo, la realidad es que algunos trabajan en su despacho. Francisco García Gómez de Mercado es uno de ellos. Es socio fundador de Gómez de Mercado Abogados y abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Especializado en expropiaciones, pasó al sector privado y cuando acabó el 'boom' de obra pública -y con él las expropiaciones- pidió el reingreso y obtuvo la compatibilidad. Ahora lleva casos de expropiaciones a favor del Estado pero según fuentes del cuerpo trabaja desde su despacho, donde ha defendido casos contra comunidades autónomas. No ha querido hablar para este reportaje.
No son el único cuerpo de altos funcionarios que pueden aspirar a la compatibilidad. Los letrados del Consejo de Estado y los letrados de Cortes también pueden trabajar a la vez asesorando a sus órganos y en despachos privados.
De la compatibilidad a la excedencia
En los abogados del Estado la compatibilidad se da con la condición de que no pleiteen contra la Abogacía del Estado. Nada les impide ir contra otras administraciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. En la práctica, apenas se controla que su actividad no incurra en conflicto de intereses. Cuando llega a oídos de la Abogacía un posible problema, se le sugiere a esa persona que pase a la excedencia, según fuentes del cuerpo. Así evitan un contencioso de difícil pronóstico y un eventual escándalo. Es lo que, según fuentes de la Abogacía, le ocurrió a Juan Ramón García Notario, padre de la Ley de Puertos y que era abogado del Estado en activo cuando comenzó a asesorar a ACS como constructora del Puerto del Musel en su reclamación millonaria contra la Autoridad Portuaria -que formalmente no es Administración general del Estado-. Al poco pidió la excedencia. García Notario afirmó a El País que siempre cumplió la ley.
Así que cada uno pone sus propios límites. Emilio Jiménez Aparicio fue director general de la Abogacía a principios de la década de 1990 y ahora está destinado en lo laboral en el Tribunal Supremo y tiene la compatibilidad. Él ganó por ejemplo la sentencia del ERE de la empresa pública Tragsa. Contesta al teléfono desde su despacho en el Supremo en horario laboral. Tiene fama de serio y riguroso. "Tengo un concepto de la incompatibilidad absoluta. En mi despacho no llevo nada de laboral". Señala que él tampoco iría contra una autoridad portuaria. "En mi caso, no hay ni ha habido ningún conflicto de interés. No entro en juegos malabares ilícitos".
Jiménez Aparicio trabaja solo. En otros casos, los abogados del Estado compatibles comparten despacho y, aunque el abogado del Estado en activo no pleitee contra la Administración, sí lo puede hacer el compañero -o subordinado- de la puerta de al lado. Reciben una compatibilidad para ejercer la abogacía genérica y en algunos casos luego trabajan para empresas. Elsa María Andrés Sanchís, abogada del Estado en Valencia, es al mismo tiempo secretaria del consejo de administración de la inmobiliaria Libertas 7. Esa entidad recibió varios préstamos del Banco de Valencia que, a pesar de su impago, fueron refinanciados por esa entidad en contra de la normativa bancaria y causando un quebranto a esa entidad de 13 millones de euros antes de que tuviera que ser rescatada por el Estado, según la investigación penal que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Elsa Andrés Sanchís, como secretaria del consejo de administración de Libertas 7, participada por Banco de Valencia, tenía encomendada la tarea de vigilar por la legalidad de las decisiones que tomara ese órgano directivo. El Confidencial trató de ponerse en contacto con ella por teléfono y mediante un correo electrónico enviado a su secretaria, pero no contestó a las preguntas de este diario. Se trataba de conocer si pudo advertir de la posible irregularidad de esas operaciones y de las consecuencias penales que pudieron acarrear.
Aunque las compatibilidades se siguen dando a discreción de la dirección de la Abogacía -la última es de marzo de 2016-, hay quien lleva en esa situación 28 años. Si busca contratar de forma legal a un abogado del Estado, con un pie en las tripas de la Administración, estos son sus hombres.
