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Será en Octubre
El fin de la precariedad de los interinos que nunca llega: "Llevo 14 años así, no puedo ni pedir una hipoteca"
El Gobierno se comprometió a rebajar la interinidad en el ámbito público, pero las cifras de temporales siguen cerca del 30%. EL MUNDO recaba cinco testimonios de trabajadores que llevan hasta 14 años como interinos
Una de las interinas participantes en el reportaje.ARABA PRESS
Daniel Viaña Madrid
Madrid
Actualizado Domingo,7julio2024-00:13
El fugaz ministro de Función Pública Miquel Iceta prometió ya en la primera mitad de 2021 reducir la temporalidad en la Administración hasta el 8%. El Gobierno lo plasmó en el Plan de Recuperación, tras*formación y Resiliencia, y Europa ha recriminado al Ejecutivo en numerosas ocasiones la "precariedad" que existe en el ámbito público. E, incluso, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se insta al Gobierno a atajar ese exceso de interinidad.
Pero, de momento, nada de eso ha ocurrido y las Administraciones Públicas siguen abusando de la temporalidad, especialmente en las comunidades autónomas, donde hay sectores que superan ampliamente el 30% de trabajadores temporales. Con el análisis de si llegará el fin de la precariedad a la Administración arranca la serie Lo prometido es deuda.
"Llevo casi 14 años de interino en un juzgado, ya demandé mi situación en 2018 y me hicieron caso omiso. Vivir así te condiciona por todos los lados. Tanto para comprar una vivienda, porque no puedo ni pedir una hipoteca con 42 años que tengo, como para establecer un lugar fijo de residencia. Y salgo de clase ahora, que son las ocho de la tarde. Mi vida social está muy condicionada", explica J. A. R.
Como en todos los testimonios que ha recabado este periódico, J. A. R. prefiere no dar su nombre ni su puesto concreto de trabajo por miedo a las posibles represalias de sus superiores. Pide que no se refleje con exactitud ni siquiera la comunidad en la que trabaja. "Digamos que estoy en el norte de España", explica, para no quedar marcado.
"Los interinos tenemos miedo a decir que no. La sobrecarga de trabajo, echar horas de más, más volumen de trabajo del que puedes asumir o que se me exija un nivel de conocimiento que no tenemos", prosigue M.G, que acumula 10 años como interina también el ámbito de la Justicia pero casi en la otra punta del país.
Ambos coinciden al explicar que durante muchos años las oposiciones estuvieron congeladas, y que ahora es cierto que comienzan a convocarse, pero que su situación de "precariedad" les dificulta compatibilizar el estudio y el trabajo. "Viene un recién licenciado, que no tiene que trabajar sino solo estudiar, y te adelanta por la derecha", añade J. A. R., que antes de terminar su conversación con EL MUNDO critica que el Gobierno "exige a las empresas privadas una estabilidad y unas condiciones de trabajo para los empleados que luego no cumple para sus propios trabajadores".
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"Llevo trabajando en la Universidad desde 2017, con contratos eventuales haciendo las mismas funciones, pero en diferentes ubicaciones. No puedo acceder a la plaza que ocupo actualmente porque para concursar por ella he de ser fija, ya que sale a concurso de traslados primero y a promoción interna después", expone, por su parte, O. S.. Como el resto de las protagonistas que aceptan ser fotografiadas, lo hace a condición de que no se pueda identificar su rostro por el mismo temor por el que prefiere que no se publique su nombre.
El sector de la Educación en el que trabaja es uno de los que más temporalidad presenta, con cifras que se acercan incluso al 40%. "Tienes que trabajar, estudiar y conciliar si tienes familia, como es mi caso. Sin un puesto fijo, tienes que presentarte a todas las convocatorias porque si no te presentas y suspendes, fuera", prosigue O. S., que recuerda, además, que no puede mejorar su nivel económico. "Los interinos y laborales tenemos el sueldo base, pero no puedo ser jefe de servicio. No puedo promocionar y me pueden cambiar de destino". Y añade: "Me pueden echar en cualquier momento".
Acogerse a un programa
L. M. alternó la empresa privada y el ámbito público entre 2012 y 2018, y ese año se decidió a apostar por la Administración. Desde entonces ocupa un puesto de interina en la Generalitat Valenciana. "Soy nivel A2 de la Administración", explica. Esto es uno de los más altos y está destinado a diplomados o ingenieros técnicos, por ejemplo."Desde septiembre de 2018 he trabajado en la Generalitat Valenciana, en un ayuntamiento, después como educadora especial, y también en la Administración general", explica. Y sin embargo, aporta una visión más positiva que la que ofrecen el resto de testimonios. "Dentro de lo malo no me quejo. La suerte que tengo es que, como siempre saco buena nota en los exámenes, siempre puedo elegir y me he ido acercando a mi casa", relata, y ofrece una clave para que los trabajadores que están en situación de interinidad mejoren sus condiciones laborales o, al menos, estas sean más estables. "Yo estoy en un programa del servicio de empleo que recibe fondos de Europa. Cuando estás en un programa de este tipo te aseguras tres años de estabilidad, prorrogables uno más. A día de hoy, como interino, la mejor opción es acogerse a un programa", detalla.
"Yo estoy en un programa del servicio de empleo que recibe fondos de Europa. Cuando estás en un programa de este tipo te aseguras tres años de estabilidad, prorrogable uno más. A día de hoy, como interino, la mejora opción es acogerse a un programa", detalla.
Y a todos ellos se suma otra trabajadora de la Generalitat de Cataluña y que expone la siguiente historia. Forma parte de los interinos que se quedaron fuera de la regulación masiva que hace unos meses se llevó a cabo en la región. "Durante la estabilización no me regalaron el puesto", cuenta. "Además, me salió muy bien el examen de las oposiciones que se cancelaron [en 2023] y en las que sí valieron suspendí por medio punto. Llevo 13 años como interina, no tengo vida social desde hace años, saltando de puesto en puesto y estudiando. Esta semana, por ejemplo, estoy con la Ley de tras*parencia", relata.
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En su actual puesto, prosigue, lo primero que le dijeron "los jefes" es que querían a alguien que se quedara "para siempre". "Me pueden echar en cualquier momento en cuanto alguien pida mi plaza. De un día para otro y sin finiquito ni nada. Aunque como ya tengo mucha experiencia, voy buscando puestos libres antes de que esa situación se pueda llegar a dar", explica en un relato que coincide y mezcla las anteriores experiencias.
Retraso en las plazas
Las denuncias de estos trabajadores en situación de temporalidad se producen la misma semana en la que el Gobierno ha aprobado una oferta de empleo público histórica, que por primera vez ha superado las 40.000 plazas y que ha sido muy celebrada por el Ejecutivo. "Superamos por primera vez los 40.000 puestos nuevos en plantilla y triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió en el periodo 2012-2017. En términos netos hemos pasado entre 2012 y 2018 de una pérdida neta anual de 5.000 trabajadores públicos a un aumento neto de más de 5.000 en 2024", expuso el ministro para la tras*formación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes.Pero la oferta ha sido muy criticada por CSIF y CCOO, mientras que UGT es el único de los tres grandes sindicatos que la aplaudió. "Mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos", apuntaron en CSIF. Y algo muy similar, en referencia a los plazos, es lo que señalan en OpositaTest, una de las principales plataformas online para la preparación de oposiciones.
"La oferta de empleo público es, sin duda, una buena noticia para todos aquellos opositores que están esperando esta nueva convocatoria. Pero es una noticia agridulce debido a que no garantiza la ejecución de los plazos. A estas alturas de 2024 todavía hay procesos selectivos tan importantes como Administrativo o Auxiliar Administrativo del Estado que no han publicado su convocatoria cuando ya han sacado una nueva oferta", sostiene Jonathan García, fundador y CEO de la plataforma. "La improvisación continua de la Administración dificulta muchísimo a los aspirantes planificar el estudio y su vida", añade. En el ámbito sindical van incluso más allá, y denuncian que hay plazas de la oferta de 2020 que todavía no han sido desplegadas.
Otra de las cuestiones señaladas, la de la tasa de reposición, es algo que el Gobierno tiene pendiente eliminar. La medida fue introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante los años de la crisis financiera, y fue el modo en el que moderó e, incluso, congeló las contrataciones en la Administración. Su eliminación fue una de las primeras promesas de Escrivá cuando llegó al Ministerio, pero no será hasta 2025 cuando se lleve a cabo, explican en Función Pública. "Este es un año de tras*ición para llegar a un modelo que ponga el foco de forma más clara en la planificación de los recursos humanos", señaló también el ministro en la citada rueda de prensa de esta semana.
Una vez que se elimine la tasa de reposición, las ofertas públicas de empleo serán incluso más elevadas, algo clave en la planificación del Ejecutivo por dos motivos. Primero, porque va a tener que hacer frente a un volumen muy elevado de jubilaciones en los próximos años. Algunas estimaciones apuntan que hasta el 60% de los trabajadores de la Administración General del Estado se jubilarán en una década. Y, segundo, porque el Gobierno tiene el compromiso claro de aumentar sustancialmente el número de funcionarios.
En su primera comparecencia en el Congreso como titular de tras*formación Digital, Escrivá también señaló que el empleo público supone cerca del 16% del total que existe en España, mientras que la media de la OCDE era del 18%. El objetivo del Ejecutivo, añadió, es converger con ese dato, lo que supondría la creación de 400.000 potenciales nuevos funcionarios.
Lo que sí ha aplicado ya el Gobierno es la subida de sueldo a los funcionarios relativa a 2024, aunque lo hizo con medio año de retraso. El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el incremento del 2% acordado para este año, a lo que los funcionarios sumarán un 0,5% adicional como consecuencia de la evolución de la inflación.
