El dominio público al servicio del nacionalismo catalán
3 octubre, 2013 | Por Autor: Jose Maria Martinez Palmer
Algunos municipios catalanes, especialmente de la provincia de Gerona, han instalado grandes mástiles con banderas separatistas en rotondas públicas donde confluyen varias vías de circulación.
Al amparo de la mayoría de votos correspondiente, se están utilizando para fines políticos determinados los bienes que son de dominio público, y están destinados a satisfacer el interés general.
No es excusa la libertad ideológica y de expresión. Todas las ideas políticas tienen cabida en nuestra sociedad, y pueden manifestarse libremente, pero no valiéndose de lo que es de todos. Nada que objetar a que los concejales y alcaldes electos, o cualquier ciudadano, pongan en su domicilio o bienes particulares las banderas o símbolos que les parezca oportuno colocar. Pero los bienes de dominio público no son un patrimonio de libre disposición para la Administración titular. El dominio público es de todos y para todos los ciudadanos, y debe rechazarse la arbitrariedad en su aprovechamiento.
Tampoco es excusa que el coste de esos mástiles haya sido sufragado por particulares o asociaciones (se supone), ni que se haya autorizado su instalación mediante el permiso municipal correspondiente (también supongo que existe). El efecto sería el mismo que si el Ayuntamiento de Madrid pusiera en plena Plaza de Colón en vez de la bandera española la bandera de las gaviotas del PP o la del Real Madrid, excluyendo otros partidos u otros gustos.
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su art. 6, como principios relativos a los bienes y derechos de dominio público, entre otros, los de:
“c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.”
Además, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (art. 103.1 Constitución).
Estos Ayuntamientos interpretan mal su legitimidad democrática. La democracia no consiste en un cheque en blanco durante cuatro años. Su triunfo electoral les permite ejercer la acción de la Administración durante el mandato legal, pero con pleno respeto del ordenamiento jurídico y de aquello que es de todos.
Por lo demás, con la colocación de esas banderas se pretende oficializar e institucionalizar una concreta opción política, ninguneando y amedrentando a aquellos ciudadanos que no la comparten. Desvirtúan así el propio sistema democrático, en el que pretenden competir con ventaja.
La permisividad para con estos mismos Ayuntamientos que en su día dejaron de colocar en sus de derechasdas la bandera de España, lejos de apaciguarlos y acercarlos a la normal convivencia democrática, ha conseguido envalentonarlos y dar un paso más en su menosprecio de la legalidad, y de la convivencia.
Quizá esta cuestión sea menor en relación a otras iniciativas más sonadas de los últimos días, pero sí es una muestra más de que el nacionalismo catalán no está dispuesto a respetar las reglas del juego democrático y la sociedad civil catalana es una leyenda, al menos cuando se trata de controlar la acción política del nacionalismo. No hay una contestación adecuada al abuso del poder político por los separatistas.
Así, los ciudadanos ¿qué podemos hacer? ¿interponer demandas judiciales costosas y de incierto resultado? ¿Hemos de ser los ciudadanos héroes en la defensa del Estado de Derecho soportando la presión legal y social sin la ayuda del Estado? Creo que es injusto que los particulares que pagamos nuestros impuestos debamos defender el adecuado uso de lo público en total soledad y echo en falta una mayor actividad y efectividad de los controles democráticos y del Estado de Derecho frente a estas conductas abusivas.
Estado de Derecho, no nos abandones…
