Pedro Sánchez EFE
Paula V. Sisó
Publicado: 17 de diciembre de 2022, 11:31
Los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han bloqueado desde septiembre la renovación del Tribunal Constitucional han tildado este sábado de "irresponsable" al presidente, Pedro Sánchez, por sus palabras, el pasado jueves en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo. El presidente manifestó que "la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia".
En una declaración institucional, han criticado que estas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que "se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial". Los firmantes consideran "irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone tras*itar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía".
Además recuerdan que la Comisión Europea exige que, para respetar el Estado de Derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la UE deben "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto".
El texto está firmado por los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Angeles Carmona Vergara.
¿Cuál es el origen de toda la polémica?
Aprovechando la proposición de ley de derogación de la sedición, PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas que modifican diversos aspectos legales de dos leyes orgánicas con la intención de desbloquear la renovación del Constitucional. Una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional, siempre que no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.
En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quorum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente. Y lo más polémico, la reforma abre la puerta a responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, como sucede actualmente. La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.
¿Por qué se plantean estas enmiendas?
El motivo que justifica estos cambios legales es el bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ, que impide el nombramiento de los dos magistrados del TC que por turno corresponden al Consejo. El 13 de septiembre venció el plazo legal fijado por la ley para efectuar los nombramientos sin que hasta la fecha los vocales conservadores se hayan sentido concernidos por ello. Tres meses dilatando la renovación con todo tipo de argumentos.
Conferencia de prensa desde Brueselas del presidente español Pedro Sanchez. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Sánchez acusa a PP y Vox de urdir un «complot» para «amordazar» el Parlamento
16 diciembre 2022
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Bruselas (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la derecha y la ultraderecha, en referencia al PP y Vox, han urdido un «complot» para intentar «amordazar» el Parlamento y «secuestrar» al Tribunal Constitucional, pero ha asegurado que «la democracia y la Constitución prevalecerán» frente a esas actitudes.
Sánchez ha interpretado de esta forma la pretensión del PP de que el Tribunal Constitucional paralizara la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal que incluye la modificación de las leyes del Consejo General del Poder Judicial y del propio Alto Tribunal.
«Estamos ante un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política y judicial jaleadas por la derecha mediática», ha asegurado.
En la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves al término de la reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que la intención era mantener el bloqueo del Tribunal Constitucional de la misma forma que se mantiene el bloqueo para renovar el órgano el gobierno de los jueces «tras secuestras la Constitución durante cuatro años».
El presidente ha asegurado que el procedimiento para reformar el Código Penal se ajusta al Reglamento del Congreso, y ante la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional el próximo lunes tras la petición del PP y que en caso de que prosperara podría frenar la tramitación de la reforma prevista, ha pedido que «impere el sentido común y la Constitución»·.
«El `procés´ acabó»
Respecto a las polémicas por la propuesta de ERC de insistir en un referéndum de autodeterminación y por la reforma del delito de malversación, Sánchez ha garantizado que no habrá nunca una consulta de ese tipo en Cataluña y tras defender su política de convivencia ha afirmado rotundo: El `procés´ acabó
Ante las críticas a esta reforma del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no las comparte porque si se echa la mirada atrás, la última década ha sido una pérdida de tiempo para Cataluña y para España en todo lo que tiene que ver con el modelo territorial.
Ha añadido que se rompieron los puentes y se acabó con el diálogo, se propició la confrontación y la judicialización y más tarde llegó la vía unilateral y la quiebra del orden constitucional y de la legalidad democrática.
Todo ello ha considerado que fue un fracaso, por lo que ha pedido ser conscientes de lo que más le conviene a España.
«Y lo que más le conviene a España y Cataluña es la convivencia», ha apostillado.
«No va a haber consulta de autodeterminación»
Sánchez ha llamado la atención sobre el hecho de que había tres elementos que formaban parte del procés y que ya están acabados: la unidad del independentismo («hoy -ha precisado- está rota»), la vía unilateral («hoy no se plantea», ha dicho) y el incumplimiento de la Constitución por los independentistas.
«Y hoy la ley y la Constitución se cumplen en todos los territorios, y precisamente es quien dice defender la Constitución quien la incumple, el PP, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional», ha subrayado.
El Gobierno descarta la nueva petición de ERC: “No habrá referéndum de autodeterminación”
El Ejecutivo defiende el cambio de la malversación pero lo considera su último paso para normalizar Cataluña
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Isabel Rodríguez: "No se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum"
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros.Foto: EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS)
CARLOS E. CUÉMARC ROVIRA
Madrid - 14 DIC 2022 - 05:40 CET
Acosado por críticas internas y externas, y con ERC aprovechando la situación para apuntar su siguiente paso, el referéndum de autodeterminación, el Gobierno pone el freno: “No habrá referéndum de autodeterminación. Es inconstitucional. No se va a celebrar”, han cerrado de forma tajante tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Ejecutivo está lanzando un mensaje muy claro: asume el desgaste que pueda suponer la reforma del delito de malversación, una medida que el presidente Pedro Sánchez calificó de “arriesgada” y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado con una dureza inusitada, al igual que el de Aragón, el también socialista Javier Lambán, que ha empleado un tono más suave. En todo caso, se trata del último paso que dará Sánchez como concesión a ERC con el objetivo de cerrar la etapa del procés y devolver la normalidad política a Cataluña.
Sánchez ha hecho tres saltos muy relevantes que resuelven en parte la situación penal de los líderes del procés. Primero, el indulto parcial, que los sacó de la guandoca después de cuatro años aunque les mantuvo la inhabilitación. Después, la reforma de la sedición, que reduce de 15 a 5 la pena máxima y ayuda sobre todo a los que aún no han sido juzgados, en especial los que se fugaron, como Marta Rovira (secretaria general de ERC, aún en Suiza) o Carles Puigdemont (referente de Junts, en Bélgica), que se enfrentan a penas inferiores. Y por último ha cambiado la malversación, algo que beneficia a todos los anteriores, pero sobre todo a los segundos niveles, que están procesados especialmente por este delito, que pasa de un máximo de 12 años a otro de 4. Pero este era el último y polémico paso.
El Gobierno cree que vale la pena este desgaste por un objetivo mayor, que es cerrar el episodio del procés. Y además, asegura en privado que esto está logrando romper al independentismo, cada vez más dividido, y debilitarlo, mucho más de lo que ha estado en los últimos cinco años, desde que empezó el procés. Rodríguez insistió varias veces en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que Sánchez y su política en Cataluña han logrado que este asunto, que llegó a ser la segunda preocupación de los españoles, después del paro, ahora esté en el puesto 41 según el CIS.
EDITORIALHabrá referéndum
Todo conspira a favor de un referéndum con el visto bueno de un Tribunal Constitucional compuesto por esbirros del PSOE y ERC. https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png
16/12/2022 - 21:22
El mismo Pedro Sánchez que no iba a pactar con Podemos, ni con ERC y Bildu, ese que no concedería los indultos a los golpistas catalanes, el que iba a traer detenido a Carles Puigdemont y que jamás cedería a los chantajes de los separatistas es el mismo Pedro Sánchez que proclama que en Cataluña no habrá referéndum de autodeterminación y que el proceso independentista se ha acabado.
Al presidente del Gobierno no sólo le desmienten los hechos. Cuando todavía no se había aprobado la reforma del Código Penal y del sistema de elección de magistrados en el Tribunal Constitucional, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, admitía abiertamente que en Cataluña se celebrará una consulta. Como reacción a esas declaraciones, el jefe de ERC, Oriol Junqueras, matizaba que tal consulta sería un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno o por las bravas, como en 2017. Este viernes, el segundo de Junqueras y presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, se carcajeaba del supuesto fin del proceso anunciado por Sánchez y planteaba una reforma de la Constitución para acoger en el texto la celebración de referéndums de autodeterminación.
ERC no se esconde. La ponencia política que se aprobará en un cónclave del partido el 28 de enero fija las condiciones del referéndum. Podrán votar los mayores de 16 años, será vinculante si la participación supera el 50% y la independencia de Cataluña será un hecho con el 55% de los votos a favor.
La operación es más que evidente. La eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación facultan a los golpistas para cumplir su promesa de que lo volverán a hacer, pero sin consecuencias penales. Y, en paralelo, la maniobra para desmantelar el Poder Judicial y ponerlo al servicio de los intereses de los socialistas y de los separatistas catalanes y vascos. Todo en el mismo paquete legislativo tramitado en el Congreso de los Diputados en una sesión idéntica a la del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el parlamento catalán. Un golpe de Estado sin paliativos.
Del autor
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Si se repara en la "Declaración de Barcelona" que Pedro Sánchez firmó tres meses antes del golpe de Estado con el PSC, toda esta operación de destrucción de la democracia en España consta en el guión socialista, desde la descomposición de la arquitectura institucional hasta el reconocimiento de las aspiraciones "nacionales" de Cataluña con reforma de la Constitución incluida.
Las graves amenazas de los socialistas a los magistrados del Tribunal Constitucional y del CGPJ, la artera maniobra encabezada en el seno del Constitucional por Conde-Pumpido y las manifestaciones de Illa, Junqueras y Aragonès evidencian la determinación de los autores de este golpe, desatados hasta el punto de llamar golpistas a jueces y magistrados que se limitan a seguir los cauces legales. La situación es de una gravedad extrema. Si el Tribunal Constitucional y el CGPJ se desmoronan ante el embate de socialistas y separatistas será el fin de la separación de poderes y de la democracia en España.
Salvo reacción judicial, política y ciudadana, habrá referéndum.
