Anónimo222
Madmaxista
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Las restricciones por el cobi19 paralizan las expulsiones de pagapensiones
Las restricciones para frenar la expansión del cobi19 impuestas por más de 120 países a personas procedentes de España dejan en suspenso las repatriaciones forzosas de pagapensiones. El Ministerio del Interior mantiene que no hay ninguna orden de paralizarlas, pero en la práctica es casi imposible ejecutarlas. Antes de la emergencia sanitaria, la inmensa mayoría de las expulsiones eran de nacionales de países que ahora han prohibido la entrada a ciudadanos procedentes de España o que han suspendido sus conexiones aéreas o marítimas, según el listado del Ministerio de Exteriores.
Los dos casos con más impacto son los de jovenlandia y Argelia, que cerraron sus fronteras y cuyos nacionales ocupan siempre el primer y segundo puesto de expulsados, muy por encima del resto. Fuentes policiales reconocen que, ante el cerrojazo ―por tierra, mar y aire y por tiempo indefinido― no será posible devolver a los pagapensiones de esos países a los que se traslada generalmente en barco. En 2017, las expulsiones y devoluciones de marroquíes y argelinos supusieron el 75% de las 9.326 órdenes ejecutadas, según los últimos datos oficiales disponibles, recogidos en una respuesta parlamentaria a la exsenadora Maribel jovenlandesa (Podemos).
Lo mismo ocurre con Colombia, Rumanía, Georgia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, el segundo grupo de países a donde más se devuelven pagapensiones en situación irregular en España. Ninguno de ellos permite la entrada a personas procedentes de España. Juntos sumaron el 12% del total de expulsiones. La excepción entre los primeros países del ranking de expulsiones es Brasil, donde su presidente, Jair Bolsonaro, que ve “histeria” en torno a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, está dilatando la decisión de cerrar fronteras.
Otros países que admiten de vuelta con frecuencia a sus nacionales, como Albania, Argentina, Bolivia o Portugal, también han blindado sus fronteras.
Una de las pocas excepciones es Mauritania, desaparecida en los registros de los últimos años, pero que en los últimos meses ha recibido al menos nueve vuelos de repatriación llenos de migrantes llegados a las islas Canarias. El país no ha cerrado aún su frontera a los que proceden de España, pero sí les impone cuarentena, una medida que dificulta la admisión de vuelos de repatriación en los que viajan cerca de medio centenar de migrantes.
La imposibilidad de expulsar pagapensiones tiene un impacto directo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde la ley permite encerrar a quien está en situación irregular en España un periodo máximo de dos meses mientras se tramita su repatriación. Según informan fuentes jurídicas y policiales, la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 limitará su funcionamiento, ya que la normativa solo respalda el internamiento con el objetivo de garantizar la devolución. Por tanto, si la mayoría de países de origen de los pagapensiones internados han prohibido la entrada de personas procedentes de España, los jueces tendrán más difícil autorizar su confinamiento en estos centros. “Si la finalidad es la devolución, ante la actual circunstancia excepcional, su internamiento carece de sentido”, admiten fuentes de la Fiscalía.
España cuenta actualmente con siete CIE, que suman 876 plazas, según los datos facilitados por el Ejecutivo a través del portal de tras*parencia. Fuentes de Interior aseguran que la ocupación en este momento se encuentra al 59%. En diciembre, en cambio, era del 89%, según consta en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH-Bildu). La previsión es que este porcentaje disminuya conforme los internos se acercan al cumplimiento de los 60 días de encierro. “Los van a ir dejando en libertad según se cumpla su estancia en el CIE y serán entregados a las ONG para que se hagan cargo de ellos, según los convenios suscritos con el Ministerio de Interior”, señalan fuentes policiales. Otros criterios, como si cuentan con redes familiares en España, serán tenidos en cuenta.
Interior mantiene que no hay una orden generalizada para el cese de los internamientos, pero en los últimos días, según ha podido saber este periódico, se han multiplicado las salidas de internos que no habían cumplido el tiempo máximo de 60 días. “Se están analizando caso por caso las causas del ingreso y se están poniendo en relación con la capacidad de retorno”, aseguran fuentes del ministerio.
Ante tal coyuntura, el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ya ha exigido al Gobierno que libere a los encerrados que no puedan ser expulsados y les ofrezca “alternativas de protección”. “La falta de información está derivando en brotes de violencia en los CIE”, recuerda la ONG, después de que un grupo de migrantes se amotinara el martes en el CIE de Aluche (Madrid).
El Defensor del Pueblo mantiene una posición similar. “En el caso de los extranjeros internados en un CIE, se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad”, apunta la institución en un escrito en el que se da respuesta a la consulta de la Asociación de Abogados Extranjeristas.
En ese mismo documento, el órgano liderado por Francisco Fernández Marugán añade que dicha iniciativa debe considerarse de inmediato para proteger la salud de los internos, los policías y “todo el personal que presta servicio en los CIE”. A su vez, recalca que la Comisaría General de Extranjería y la Secretaría de Estado de Migraciones ya le han informado de que han iniciado las gestiones para que vuelvan a sus casas los internos que queden en libertad y cuenten con residencia en España; y para que sean derivados a los servicios sociales municipales aquellos que no tengan domicilio en el país.
Las restricciones para frenar la expansión del cobi19 impuestas por más de 120 países a personas procedentes de España dejan en suspenso las repatriaciones forzosas de pagapensiones. El Ministerio del Interior mantiene que no hay ninguna orden de paralizarlas, pero en la práctica es casi imposible ejecutarlas. Antes de la emergencia sanitaria, la inmensa mayoría de las expulsiones eran de nacionales de países que ahora han prohibido la entrada a ciudadanos procedentes de España o que han suspendido sus conexiones aéreas o marítimas, según el listado del Ministerio de Exteriores.
Los dos casos con más impacto son los de jovenlandia y Argelia, que cerraron sus fronteras y cuyos nacionales ocupan siempre el primer y segundo puesto de expulsados, muy por encima del resto. Fuentes policiales reconocen que, ante el cerrojazo ―por tierra, mar y aire y por tiempo indefinido― no será posible devolver a los pagapensiones de esos países a los que se traslada generalmente en barco. En 2017, las expulsiones y devoluciones de marroquíes y argelinos supusieron el 75% de las 9.326 órdenes ejecutadas, según los últimos datos oficiales disponibles, recogidos en una respuesta parlamentaria a la exsenadora Maribel jovenlandesa (Podemos).
Lo mismo ocurre con Colombia, Rumanía, Georgia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, el segundo grupo de países a donde más se devuelven pagapensiones en situación irregular en España. Ninguno de ellos permite la entrada a personas procedentes de España. Juntos sumaron el 12% del total de expulsiones. La excepción entre los primeros países del ranking de expulsiones es Brasil, donde su presidente, Jair Bolsonaro, que ve “histeria” en torno a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, está dilatando la decisión de cerrar fronteras.
Otros países que admiten de vuelta con frecuencia a sus nacionales, como Albania, Argentina, Bolivia o Portugal, también han blindado sus fronteras.
Una de las pocas excepciones es Mauritania, desaparecida en los registros de los últimos años, pero que en los últimos meses ha recibido al menos nueve vuelos de repatriación llenos de migrantes llegados a las islas Canarias. El país no ha cerrado aún su frontera a los que proceden de España, pero sí les impone cuarentena, una medida que dificulta la admisión de vuelos de repatriación en los que viajan cerca de medio centenar de migrantes.
La imposibilidad de expulsar pagapensiones tiene un impacto directo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde la ley permite encerrar a quien está en situación irregular en España un periodo máximo de dos meses mientras se tramita su repatriación. Según informan fuentes jurídicas y policiales, la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del cobi19 limitará su funcionamiento, ya que la normativa solo respalda el internamiento con el objetivo de garantizar la devolución. Por tanto, si la mayoría de países de origen de los pagapensiones internados han prohibido la entrada de personas procedentes de España, los jueces tendrán más difícil autorizar su confinamiento en estos centros. “Si la finalidad es la devolución, ante la actual circunstancia excepcional, su internamiento carece de sentido”, admiten fuentes de la Fiscalía.
España cuenta actualmente con siete CIE, que suman 876 plazas, según los datos facilitados por el Ejecutivo a través del portal de tras*parencia. Fuentes de Interior aseguran que la ocupación en este momento se encuentra al 59%. En diciembre, en cambio, era del 89%, según consta en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH-Bildu). La previsión es que este porcentaje disminuya conforme los internos se acercan al cumplimiento de los 60 días de encierro. “Los van a ir dejando en libertad según se cumpla su estancia en el CIE y serán entregados a las ONG para que se hagan cargo de ellos, según los convenios suscritos con el Ministerio de Interior”, señalan fuentes policiales. Otros criterios, como si cuentan con redes familiares en España, serán tenidos en cuenta.
Interior mantiene que no hay una orden generalizada para el cese de los internamientos, pero en los últimos días, según ha podido saber este periódico, se han multiplicado las salidas de internos que no habían cumplido el tiempo máximo de 60 días. “Se están analizando caso por caso las causas del ingreso y se están poniendo en relación con la capacidad de retorno”, aseguran fuentes del ministerio.
Ante tal coyuntura, el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ya ha exigido al Gobierno que libere a los encerrados que no puedan ser expulsados y les ofrezca “alternativas de protección”. “La falta de información está derivando en brotes de violencia en los CIE”, recuerda la ONG, después de que un grupo de migrantes se amotinara el martes en el CIE de Aluche (Madrid).
El Defensor del Pueblo mantiene una posición similar. “En el caso de los extranjeros internados en un CIE, se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad”, apunta la institución en un escrito en el que se da respuesta a la consulta de la Asociación de Abogados Extranjeristas.
En ese mismo documento, el órgano liderado por Francisco Fernández Marugán añade que dicha iniciativa debe considerarse de inmediato para proteger la salud de los internos, los policías y “todo el personal que presta servicio en los CIE”. A su vez, recalca que la Comisaría General de Extranjería y la Secretaría de Estado de Migraciones ya le han informado de que han iniciado las gestiones para que vuelvan a sus casas los internos que queden en libertad y cuenten con residencia en España; y para que sean derivados a los servicios sociales municipales aquellos que no tengan domicilio en el país.
