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Será en Octubre
El decreto para que Garzón multe a las eléctricas provoca un lío legal y la ira del PSOE
El texto, que entró en vigor el pasado 28 de mayo, pone en juego procesos sancionadores ya iniciados por las comunidades autónomas al haber absorbido el ministro sus competencias
El ministro de Consumo, Alberto Garzón. EUROPA PRESS
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JESÚS ORTEGA
PUBLICADO 04/06/2022 18:11
ACTUALIZADO 04/06/2022 18:23
Alberto Garzón ha vuelto a provocar un incendio en el Gobierno de coalición y, además, una revuelta de las comunidades autónomas, también aquellas con presidencias del PSOE, contra el Ejecutivo central. Las modificaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluidas en el Libro Sexto del Real Decreto 24/2021, del pasado 2 de noviembre, otorgan al Ministerio de Consumo unas competencias sancionadoras hasta ahora blindadas para las los gobiernos regionales que, más allá de la ira provocada en los diferentes barones del PSOE y otros dirigentes autonómicos, ha generado un importante lío legal que deja en el limbo miles de reclamaciones.
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Hasta la aprobación de este texto, "las comunidades autónomas eran las que podían iniciar el proceso sancionador". Entre otras cosas, porque "son las que tienen equipos de inspección y unidades específicas para ello, algo de lo que carece el Ministerio de Consumo". Además, "el dinero recibido por esas sanciones permitía financiar el mantenimiento de esas infraestructuras, que ahora las quiere el Gobierno".
Las multas a las eléctricas
Según las fuentes consultadas, "Garzón ha asumido esas competencias porque quiere ser él quien protagonice una gran sanción a una de las principales compañías eléctricas". Un objetivo que ha provocado tensiones en varias comunidades autónomas: "En Galicia, por ejemplo, hay más de 4.000 denuncias abiertas contra las compañías eléctricas por la subida del recibo de la luz y el vaciado de los pantanos... y Garzón quiere quedarse con ellas".
El enfado de los gobiernos gallego y catalán es tal que Moncloa llevó el asunto a dos comisiones bilaterales con ambas comunidades autónomas, aunque no se resolvió nada. Además, se han celebrado reuniones técnicas con todas los ejecutivos regionales presentes. Estas cumbres, sin embargo, solo sirvieron para confirmar el gran rechazo al decreto de Garzón: "14 comunidades autónomas se mostraron en contra".
Los gobiernos socialistas también se han opuesto claramente al texto. El más beligerante, apuntan las fuentes consultadas, es el de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara: "La recaudación en su administración es vital, y el ministro se la quiere quedar".
Inseguridad jurídica
Más allá de las protestas de los diferentes gobiernos autonómicos, la entrada en vigor del texto que confirma la modificación a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios está provocando inseguridad jurídica para aquellos procedimientos sancionadores ya iniciados.
Las administraciones contactadas advierten que "un juez de cualquier comunidad autónoma con expediente abierto a una gran compañía puede cerrarlo ahora al haber sido iniciado el procedimiento a instancias de un gobierno regional que, en principio, ya no es competente".
El Gobierno, explican las fuentes consultadas, es consciente de ese "lío judicial" y, por ese motivo, se ha puesto manos a la obra para solucionarlo: "El Real Decreto se está tramitando como proyecto de ley, pero tiene muchas dificultades. Por eso, se han decidido a incluir cambios... mediante enmiendas al Proyecto de Ley que modifica la Ley de regulación del juego".
Efectivamente, mediante enmiendas pactadas entre el PSOE y Podemos, se especifica que, en caso de existir un expediente abierto, las comunidades autónomas deben mantenerlo hasta el final:
El objetivo es aprobar, a lo largo de este mes, las enmiendas necesarias, como la expuesta anteriormente, para evitar que miles de reclamaciones puedan decaer en los juzgados cada día. En todo caso, y "aunque esta tramitación es más rápida", a día de hoy "estamos en una situación de total inseguridad jurídica".
Las mismas fuentes concluyen, además, que las enmiendas son un "parche" y no tapan el hecho de que Consumo quiere hacerse con unas competencias para las que no tiene aún infraestructura territorial: "Alberto Garzón quiere la gloria, pero no el trabajo".
Alberto Garzón Comunidades Autónomas Ministerio de Consumo Podemos PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
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El texto, que entró en vigor el pasado 28 de mayo, pone en juego procesos sancionadores ya iniciados por las comunidades autónomas al haber absorbido el ministro sus competencias
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JESÚS ORTEGA
PUBLICADO 04/06/2022 18:11
ACTUALIZADO 04/06/2022 18:23
Alberto Garzón ha vuelto a provocar un incendio en el Gobierno de coalición y, además, una revuelta de las comunidades autónomas, también aquellas con presidencias del PSOE, contra el Ejecutivo central. Las modificaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluidas en el Libro Sexto del Real Decreto 24/2021, del pasado 2 de noviembre, otorgan al Ministerio de Consumo unas competencias sancionadoras hasta ahora blindadas para las los gobiernos regionales que, más allá de la ira provocada en los diferentes barones del PSOE y otros dirigentes autonómicos, ha generado un importante lío legal que deja en el limbo miles de reclamaciones.
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Hasta la aprobación de este texto, "las comunidades autónomas eran las que podían iniciar el proceso sancionador". Entre otras cosas, porque "son las que tienen equipos de inspección y unidades específicas para ello, algo de lo que carece el Ministerio de Consumo". Además, "el dinero recibido por esas sanciones permitía financiar el mantenimiento de esas infraestructuras, que ahora las quiere el Gobierno".
Las multas a las eléctricas
Según las fuentes consultadas, "Garzón ha asumido esas competencias porque quiere ser él quien protagonice una gran sanción a una de las principales compañías eléctricas". Un objetivo que ha provocado tensiones en varias comunidades autónomas: "En Galicia, por ejemplo, hay más de 4.000 denuncias abiertas contra las compañías eléctricas por la subida del recibo de la luz y el vaciado de los pantanos... y Garzón quiere quedarse con ellas".
El gobierno de la Xunta, y también la Generalitat de Cataluña, ya han amenazado al Gobierno con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Acusan al Ejecutivo central de haberse apropiado de unas competencias que están blindadas por sus respectivos estatutos de autonomía. También en el estatuto andaluz, apuntan los cargos políticos contactados, aparece esta competencia sancionadora.
El enfado de los gobiernos gallego y catalán es tal que Moncloa llevó el asunto a dos comisiones bilaterales con ambas comunidades autónomas, aunque no se resolvió nada. Además, se han celebrado reuniones técnicas con todas los ejecutivos regionales presentes. Estas cumbres, sin embargo, solo sirvieron para confirmar el gran rechazo al decreto de Garzón: "14 comunidades autónomas se mostraron en contra".
Los gobiernos socialistas también se han opuesto claramente al texto. El más beligerante, apuntan las fuentes consultadas, es el de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara: "La recaudación en su administración es vital, y el ministro se la quiere quedar".
Inseguridad jurídica
Más allá de las protestas de los diferentes gobiernos autonómicos, la entrada en vigor del texto que confirma la modificación a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios está provocando inseguridad jurídica para aquellos procedimientos sancionadores ya iniciados.
Las administraciones contactadas advierten que "un juez de cualquier comunidad autónoma con expediente abierto a una gran compañía puede cerrarlo ahora al haber sido iniciado el procedimiento a instancias de un gobierno regional que, en principio, ya no es competente".
El Gobierno, explican las fuentes consultadas, es consciente de ese "lío judicial" y, por ese motivo, se ha puesto manos a la obra para solucionarlo: "El Real Decreto se está tramitando como proyecto de ley, pero tiene muchas dificultades. Por eso, se han decidido a incluir cambios... mediante enmiendas al Proyecto de Ley que modifica la Ley de regulación del juego".
Efectivamente, mediante enmiendas pactadas entre el PSOE y Podemos, se especifica que, en caso de existir un expediente abierto, las comunidades autónomas deben mantenerlo hasta el final:
El objetivo es aprobar, a lo largo de este mes, las enmiendas necesarias, como la expuesta anteriormente, para evitar que miles de reclamaciones puedan decaer en los juzgados cada día. En todo caso, y "aunque esta tramitación es más rápida", a día de hoy "estamos en una situación de total inseguridad jurídica".
Las mismas fuentes concluyen, además, que las enmiendas son un "parche" y no tapan el hecho de que Consumo quiere hacerse con unas competencias para las que no tiene aún infraestructura territorial: "Alberto Garzón quiere la gloria, pero no el trabajo".
Alberto Garzón Comunidades Autónomas Ministerio de Consumo Podemos PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
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