El constitucional facilitará finalmente la anulación de las condenas de los ere de andalucía

El Tribunal Constitucional (TC) abrió oficialmente este martes la puerta a desmontar buen parte de la sentencias de los ERE en las que tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo habían establecido que entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones de euros que, en medio de un «descontrol absoluto», repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la «paz social». El pleno de la corte, con los siete votos a favor de la mayoría progresista y la oposición de los cuatro vocales conservadores, acordó estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía de la Junta andaluza y declaró la nulidad de la pena de nueve años de inhabilitación (sin prisión) por un delito continuado de prevaricación, al tiempo que declaró vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal.

El Constitucional, que ordena a la Audiencia Provincial de la capital hispalense que dicte una nueva sentencia favorable sobre el fraude de los ERE en lo que se refiera a Álvarez, hizo suya la ponencia de la elaborada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, del sector progresista, que sostiene que no cabe la prevaricación por la mera aprobación de anteproyectos legislativos -que luego fueron usados para desviar dinero público destinados a los parados para otros fines- porque esa normativa fue luego refrendada por el Parlamento andaluz.

Esta premisa, según anticipan todas las fuentes consultadas, será aplicada a todos los condenados por prevaricación por los ERE. O sea, otros 14 ex-altos cargos más de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este último, no obstante, no quedaría exonerado del todo, puesto que fue condenado también por malversación, (malversación en concurso medial con prevaricación), los que le valió una pena seis años de prisión (al margen de los 15 años de inhabilitación absoluta), que aún no ha sido ejecutada debido al tratamiento al tratamiento oncológico al está siendo sometido. La idea del Constitucional es que todos los amparos de los ERE planteados, una docena, y cuyas ponencias van a corresponder siempre a Montalbán, sean resueltos de urgencia antes de las vacaciones de agosto.

La argumentación del Constitucional -para tumbar la prevaricación en el caso de Álvarez y presumiblemente del resto de condenados –que es coincidente con la de la Fiscalía- es que los anteproyectos y proyectos de Ley aprobados por el Consejo de Gobierno autonómico no pueden ser sometidos de control jurídico.

Y es que tienen una naturaleza jurídica distinta. Ni son «resoluciones» ni «asuntos administrativos», por lo que no generan «efectos jurídicos» cuyas consecuencias puedan ser enjuiciadas penalmente. Son «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al parlamento», cuya fiscalización «altamente incompatible con la separación de poderes» que proclama el artículo 66.2 de la Constitución. Y nadie impugnó la ley de Presupuestos de Andalucía de la que derivó la gestión realizada posteriormente sobre los ERE acordados por la Junta. Esta tesis encaja de lleno con el caso de Álvarez que, según la sentencia de primera instancia, se limitó a «intervenir en la elaboración de los presupuestos de los años 2002, 2003 y 2004, participando en las sesiones d el Consejo de Gobierno, aprobando los proyectos de presupuestos».

Según informó hoy la corte, la sentencia que tumba la esencia de la condena de los eres contará con los votos particulares de los magistrados Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Tolosa Tribiño y Espejel Jorquera.

El primer varapalo a la sentencias de los ERE del Constitucional -que había aplazado la deliberación de los recursos hasta después de los comicios vascos, catalanes y europeos- tiene lugar apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez el pasado 5 de junio en un mitin en Benalmádena (Málaga) pusiera en valor la figura de Magdalena Álvarez, que desde la primera condena hace un lustro había sido arrinconada en el PSOE andaluz. El presidente del Gobierno denunció que ella había sido una «víctima» del «fango» y del «vil ataque de la derecha y la ultraderecha judicial».

Ley del pendulo, acabaremos con gente en las cunetas. Todo votante del psoe es cómplice de esto.