El tribunal estudia el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de la Generalitat para mantener el catalán como lengua vehicular
Manifestación Escuela de Todos en Barcelona en septiembreMUNDO
Justo un año después del acoso que sufrió una familia de Canet de Mar por conseguir la escolarización de su hija fuese un 25% en castellano, medida que se mantiene por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pese a la petición de la Generalitat para suprimirla, el debate lingüístico en las aulas catalanas sigue judicializado. El Tribunal Constitucional empezó con la tramitación de la cuestión de
inconstitucionalidad planteada por el TSJC contra el decreto ley de la Generalitat que fija los criterios aplicables para elaborar y aprobar proyectos lingüísticos en los centros educativos así como la ley aprobada por el Parlament, con votos a favor de ERC, JxCat, PSC y 'comunes', sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Estas normas están pensadas para eludir la aplicación del 25% de castellano en las aulas que fijó el TSJC y que el Supremo refrendó hace más de un año. Sin embargo, la Generalitat presentó recursos hasta la elaboración de la nueva legislación educativa. Ante esta situación, el TSJC acordó en julio elevar una cuestión de inconstitucionalidad ya que consideraba que el hecho de que el catalán se considerase vehicular y el castellano curricular podía vulnerar la Constitución.
De esta forma, el Constitucional estudia si el Govern ha pretendido esquivar la orden del TSJC con las nuevas leyes educativas. Dentro de este proceso, el pasado 7 de noviembre de 2022 el Boletín Oficial del Estado publicó que todos los que se consideren afectados por este recurso presenten sus alegaciones.
Uno de ellos fueron los representantes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que actúa en nombre de las 15 entidades que forman la plataforma Escuela de Todos así como las "1.643 familias que confiaron en nosotros", según la asociación. El Constitucional ha aceptado esta personación y concede a la AEB "quince días para que formule las alegaciones que estime convenientes".
La entidad recordó en su petición al Constitucional que ya fue parte en el procedimiento seguido por el TSJC y que en marzo pasado compareció en el alto tribunal catalán para "instar a la ejecución forzosa" de la sentencia que obligaba a aplicar el 25% a todo el sistema educativo catalán. La normativa de la Generalitat y el Parlament, que ahora dirime el Constitucional sobre si vulnera la Carta Magna, se hizo para blindar la inmersión lingüistica que sigue en vigor.
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PD: alomojó es para evitar esto (también) que Sánchez quiere desesperadamente controlar el TC.
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Justo un año después del acoso que sufrió una familia de Canet de Mar por conseguir la escolarización de su hija fuese un 25% en castellano, medida que se mantiene por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pese a la petición de la Generalitat para suprimirla, el debate lingüístico en las aulas catalanas sigue judicializado. El Tribunal Constitucional empezó con la tramitación de la cuestión de
inconstitucionalidad planteada por el TSJC contra el decreto ley de la Generalitat que fija los criterios aplicables para elaborar y aprobar proyectos lingüísticos en los centros educativos así como la ley aprobada por el Parlament, con votos a favor de ERC, JxCat, PSC y 'comunes', sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Estas normas están pensadas para eludir la aplicación del 25% de castellano en las aulas que fijó el TSJC y que el Supremo refrendó hace más de un año. Sin embargo, la Generalitat presentó recursos hasta la elaboración de la nueva legislación educativa. Ante esta situación, el TSJC acordó en julio elevar una cuestión de inconstitucionalidad ya que consideraba que el hecho de que el catalán se considerase vehicular y el castellano curricular podía vulnerar la Constitución.
De esta forma, el Constitucional estudia si el Govern ha pretendido esquivar la orden del TSJC con las nuevas leyes educativas. Dentro de este proceso, el pasado 7 de noviembre de 2022 el Boletín Oficial del Estado publicó que todos los que se consideren afectados por este recurso presenten sus alegaciones.
Uno de ellos fueron los representantes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que actúa en nombre de las 15 entidades que forman la plataforma Escuela de Todos así como las "1.643 familias que confiaron en nosotros", según la asociación. El Constitucional ha aceptado esta personación y concede a la AEB "quince días para que formule las alegaciones que estime convenientes".
La entidad recordó en su petición al Constitucional que ya fue parte en el procedimiento seguido por el TSJC y que en marzo pasado compareció en el alto tribunal catalán para "instar a la ejecución forzosa" de la sentencia que obligaba a aplicar el 25% a todo el sistema educativo catalán. La normativa de la Generalitat y el Parlament, que ahora dirime el Constitucional sobre si vulnera la Carta Magna, se hizo para blindar la inmersión lingüistica que sigue en vigor.
El Constitucional estudia la petición de 1.643 familias para garantizar el 25% de castellano en las aulas
Justo un año después del acoso que sufrió una familia de Canet de Mar por conseguir la escolarización de su hija fuese un 25% en castellano, medida que se mantiene por el...
PD: alomojó es para evitar esto (también) que Sánchez quiere desesperadamente controlar el TC.
