Perro Viejo
Cave Canem
- Desde
- 25 Jul 2019
- Mensajes
- 12.628
- Reputación
- 71.354
La Democracia y el estado de derecho que nos hemos dado. Agradeced también al Frijolito su contribución
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo parcial a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1991 y 2009, por su condena en el caso de los ERE. El exmandatario socialista fue condenado a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019, confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2022. Con esta decisión, el tribunal de garantías exonera parcialmente al exlíder del PSOE andaluz, señalado por la instrucción de la jueza Mercedes Alaya como parte de la "cúspide de la pirámide". La magistrada sevillana quiso hacer ver con esa expresión que el sistema de reparto de fondos que desembocó en el reparto de ayudas por valor de 680 millones sin controles previos fue un diseño de los gobiernos andaluces que encabezó Chaves entre 2000 y 2008 con el objetivo de deliquir y no sólo un fraude acotado a la Consejería de Empleo.
Este es el relato jurídico que ahora cambia después de la cascada de anulaciones que comenzó a mediados de junio con la anulación parcial de la condena de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda. Como Chaves, la malagueña estaba condenada al delito de prevaricación, aunque en su caso era la responsable de las cuentas andaluzas y, por lo tanto, del diseño de los proyectos de presupuestos. Inmaculada Montalbán, ponente de los recursos del caso de los ERE en el TC, inauguró con Álvarez una tesis que es la misma que se aplica a Chaves ahora.
"Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", establece la sentencia de Magdalena Álvarez, del pasado 19 de junio. Con este argumento, el Tribunal Constitucional concede amparo parcial a Chaves al considerar vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal. Esta decisión responde al convencimiento de que la elaboración de un proyecto de presupuestos y su aprobación en Consejo de Gobierno no es un acto administrativo, sino un acto político, por lo que no es posible la aplicación de la jurisdicción penal.
El Constitucional ha avalado el amparo parcial a Chaves por 7 votos a 4 en aplicación de la mayoría progresista que viene operando desde el inicio de este proceso de revisión. La aritmética se ha mantenido en esta votación después de que el pleno del tribunal de garantías comenzase la sesión desestimando la petición de recusación registrada por el PP contra dos de las magistradas, la citada Inmaculada Montalbán y María Luisa Segoviano.
TE PUEDE INTERESAR
El Constitucional borra la malversación de los ERE y deja todo el foco del fraude en Empleo
Carlos Rocha. Sevilla Pablo Gabilondo
Uno de los cuatro miembros contrarios a la decisión, Enrique Arnaldo, emitió un voto particular en las sentencias emitidas el pasado pleno por considerar que la jurisprudencia del TC sobre los ERE propicia un "espacio de impunidad" en el que "determinados gobernantes gozan de un escudo protextor que repele cualquier control o fiscalización". Los cuatro magistrados de la minoría conservadora también han emitido un voto particular a la decisión sobre Chaves.
Ahora será la Audiencia de Sevilla la que deba elaborar una nueva sentencia sobre el caso de Chaves con unos hechos probados muy reducidos respecto a la que emitió en noviembre de 2019. En la misma situación está Magdalena Álvarez, pero también otros cuatro exaltos cargos condenados y que han recibido amparo parcial: los exconsejeros Carmen Rodríguez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de la agencia IDEA, quedó exonerado por completo en el fallo del Tribunal Constitucional. Todos están ya fuera de prisión después de que el tribunal hispalense ordenase su excarcelación al recibir la notificación del TC.
El pleno del tribunal de garantías debe todavía abodar los recursos de otros cuatro exaltos cargos, con José Antonio Griñán como el más destacado de ellos. El expresidente de la Junta fue condenado a seis años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación, pero no llegó a entrar en la guandoca después de que se le detectara un cáncer de próstata de difícil tratamiento.
Las decisiones del Tribunal Constitucional han retrotraído el debate público en Andalucía una década y el nivel de crispación recuerda a los tiempos de la instrucción del caso ERE. El PSOE ha puesto en marcha una campaña para reivindicar a sus exdirigentes y acusa a los populares de armar una "cacería política" para desgastar a su partido, mientras que el PP, por su parte, defiende su labor como acusación particular en el caso y se centra en recordar que "Andalucía no olvida" que el caso de los ERE fue "el mayor caso de corrupción de España".
El Constitucional anula la condena de Chaves y Griñán y libra a la "cúspide de la pirámide" de los ERE
El tribunal de garantías concede amparo parcial a los expresidentes de la Junta y apunta a una rebaja considerable de la inhabilitación y la revocación total de la penas de prisión
www.elconfidencial.com
El Tribunal Constitucional ha concedido amparo parcial a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1991 y 2009, por su condena en el caso de los ERE. El exmandatario socialista fue condenado a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019, confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2022. Con esta decisión, el tribunal de garantías exonera parcialmente al exlíder del PSOE andaluz, señalado por la instrucción de la jueza Mercedes Alaya como parte de la "cúspide de la pirámide". La magistrada sevillana quiso hacer ver con esa expresión que el sistema de reparto de fondos que desembocó en el reparto de ayudas por valor de 680 millones sin controles previos fue un diseño de los gobiernos andaluces que encabezó Chaves entre 2000 y 2008 con el objetivo de deliquir y no sólo un fraude acotado a la Consejería de Empleo.
Este es el relato jurídico que ahora cambia después de la cascada de anulaciones que comenzó a mediados de junio con la anulación parcial de la condena de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda. Como Chaves, la malagueña estaba condenada al delito de prevaricación, aunque en su caso era la responsable de las cuentas andaluzas y, por lo tanto, del diseño de los proyectos de presupuestos. Inmaculada Montalbán, ponente de los recursos del caso de los ERE en el TC, inauguró con Álvarez una tesis que es la misma que se aplica a Chaves ahora.
"Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", establece la sentencia de Magdalena Álvarez, del pasado 19 de junio. Con este argumento, el Tribunal Constitucional concede amparo parcial a Chaves al considerar vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal. Esta decisión responde al convencimiento de que la elaboración de un proyecto de presupuestos y su aprobación en Consejo de Gobierno no es un acto administrativo, sino un acto político, por lo que no es posible la aplicación de la jurisdicción penal.
El Constitucional ha avalado el amparo parcial a Chaves por 7 votos a 4 en aplicación de la mayoría progresista que viene operando desde el inicio de este proceso de revisión. La aritmética se ha mantenido en esta votación después de que el pleno del tribunal de garantías comenzase la sesión desestimando la petición de recusación registrada por el PP contra dos de las magistradas, la citada Inmaculada Montalbán y María Luisa Segoviano.
TE PUEDE INTERESAR
El Constitucional borra la malversación de los ERE y deja todo el foco del fraude en Empleo
Carlos Rocha. Sevilla Pablo Gabilondo
Uno de los cuatro miembros contrarios a la decisión, Enrique Arnaldo, emitió un voto particular en las sentencias emitidas el pasado pleno por considerar que la jurisprudencia del TC sobre los ERE propicia un "espacio de impunidad" en el que "determinados gobernantes gozan de un escudo protextor que repele cualquier control o fiscalización". Los cuatro magistrados de la minoría conservadora también han emitido un voto particular a la decisión sobre Chaves.
Ahora será la Audiencia de Sevilla la que deba elaborar una nueva sentencia sobre el caso de Chaves con unos hechos probados muy reducidos respecto a la que emitió en noviembre de 2019. En la misma situación está Magdalena Álvarez, pero también otros cuatro exaltos cargos condenados y que han recibido amparo parcial: los exconsejeros Carmen Rodríguez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de la agencia IDEA, quedó exonerado por completo en el fallo del Tribunal Constitucional. Todos están ya fuera de prisión después de que el tribunal hispalense ordenase su excarcelación al recibir la notificación del TC.
El pleno del tribunal de garantías debe todavía abodar los recursos de otros cuatro exaltos cargos, con José Antonio Griñán como el más destacado de ellos. El expresidente de la Junta fue condenado a seis años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación, pero no llegó a entrar en la guandoca después de que se le detectara un cáncer de próstata de difícil tratamiento.
Las decisiones del Tribunal Constitucional han retrotraído el debate público en Andalucía una década y el nivel de crispación recuerda a los tiempos de la instrucción del caso ERE. El PSOE ha puesto en marcha una campaña para reivindicar a sus exdirigentes y acusa a los populares de armar una "cacería política" para desgastar a su partido, mientras que el PP, por su parte, defiende su labor como acusación particular en el caso y se centra en recordar que "Andalucía no olvida" que el caso de los ERE fue "el mayor caso de corrupción de España".