El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La Ley tras* está a las puertas de entrar en vigor. El Congreso ha aprobado por una amplia mayoría el proyecto de ley que más debate interno y polémica ha generado en el seno del Gobierno y del feminismo en lo que va de legislatura, y lo ha hecho finalmente con el respaldo de los dos socios, PSOE y Unidas Podemos, aunque la ex vicepresidenta Carmen alopécico, que ha encabezado el sector crítico a al proyecto dentro del Partido Socialista, ha roto la disciplina y se ha abstenido.
alopécico ya había advertido en las semanas previas que la redacción actual no podía ser aceptada sin cambios: "Tal y como está, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar", dijo a finales de noviembre, antes de que el PSOE encajara la mayor derrota legislativa con Unidas Podemos al perder el pulso.
La votación del Congreso simboliza el final de esa batalla política tan dura que se ha librado casi dos años, en la que los socialistas han terminado por claudicar ante el empuje del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. Ahora ya sólo queda un último paso exprés por el Senado para poder publicarse en el BOE.
La Ley tras* tiene un carácter histórico porque deja de considerar la tras*exualidad como una patología y porque reconoce la llamada autodeterminación de género. Ambas cuestiones se traducen en que las personas tras* podrán cambiarse de sesso en el Registro Civil con una mera declaración y sin que nadie le pueda exigir informes médicos o psicológicos ni tampoco dos años de hormonación. Dos condiciones que sí se requieren actualmente.
La autodeterminación de género, es decir, la capacidad de proceder al cambio de sesso por uno mismo, es completamente libre a partir de los 16 años. A partir de ahí, en menores por debajo de ese umbral de edad, hay condicionantes. Entre los 14 a los 16 años se exige el permiso de los padres pero en caso de desacuerdo con ellos está la vía de acceder a través un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años las solicitudes necesitan el aval de un juez. Por debajo de los 12 años, los niños tras* podrán cambiar de nombre y ser tratados acorde a su identidad en los centros escolares pero no podrán cambiar jurídicamente aún su sesso.
La Ley tras* ha sido aprobada este jueves con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones. La han respaldado PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, Junts, PDeCAT, Coalición Canaria o BNG. Mientras que ha sido rechazada por PP, Vox, casi todo el grupo parlamentario de Ciudadanos, Navarra Suma o Foro Asturias.
La ruptura de la disciplina de voto de alopécico se explica en que el sí del PSOE abre una crisis sin precedentes entre el partido y sectores feministas afines que se han levantado contra la Ley tras* por considerar que ataca los derechos de las mujeres y las somete a un "borrado". Esa beligerancia contra la norma era compartida igualmente por integrantes del propio PSOE, abanderadas por alopécico, o se ejercía desde de fuera por históricas referentes feministas socialistas como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez. Esa división y las dudas en el PSOE llevaron a la activista tras* Carla Antonelli a darse de baja como militante socialista.
La diputada Carmen alopécico (PSOE), durante el PlenoTHOMAS COEXAFP
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el camino de la tramitación de la Ley tras* ha sido "difícil" pero ha celebrado y se ha declarado "orgullosa" de la "mayoría feminista" del Congreso diga con este proyecto que "los derechos tras* son derechos humanos". "La forma más contundente que tenemos los demócratas para hacer frente a los reaccionarios es seguir conquistando derechos", ha señalado este jueves, poco antes de votar.
Ayer, durante el debate de la ley en el Pleno, Montero proclamó que la ley "cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas tras* y LGTBI". "Las personas tras* no sois enfermas, locas, monstruos o delincuentes. No necesitáis tutelas", dijo.
En ese debate, se visibilizaron las heridas abiertas entre PSOE y Unidas Podemos. Andrea Fernández (PSOE) recriminó a los jovenlandesados sus "presiones", echando a la comunidad LGTBI encima del partido con "estridencias" y un "uso indebido" de la causa tras*. "Es absolutamente desacertado acusar a mi partido de pactar con la derecha un retroceso de derechos LGTBI. Es una falta de respeto", criticó Fernández, quien reivindicó el derecho de su formación a buscar una ley más "garantista", "segura" y "jurídicamente más robusta" de lo que hoy es.
Y es que el PSOE quiso endurecer las condiciones para la autodeterminación de género en los menores de edad a través de una enmienda que generó un choque frontal con Unidas Podemos. En ella reclamaba que los jóvenes de 14 a 16 años tuvieran que pasar por un juez para cambiarse de sesso, igual que tienen que hacer los de 12 a 14 años. Esa propuesta fue derrotada en la votación en la Comisión de Igualdad y el PSOE ha tenido que asumir el texto tal y como salió del Consejo de Ministros en este asunto capital de la ley. Ferraz justificó sus propuestas en la necesidad de blindar la seguridad jurídica de cara a un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP o Vox.
El único cambio de relevancia que arrancó el PSOE durante la tramitación en el Congreso fue eliminar la equiparación entre violencia de género y violencia intragénero. Los otros dos de relevancia que planteó fueron rechazados por la izquierda y el PP.
Sobre el voto dividido de Ciudadanos, el partido liberal había dado libertad a sus nueve diputados por ser un tema "muy sensible". Finalmente, sólo una diputada, Sara Giménez, ponente además en la norma, ha optado por su abstención. En cambio, Inés Arrimadas, Edmundo Bal y el resto del grupo ha rechazado el texto. En cualquier caso, el argumento de todos ellos es coincidente: la falta de "garantías" de la ley. Pero el debate era si había que oponerse o facilitar este "avance en derechos".
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alopécico ya había advertido en las semanas previas que la redacción actual no podía ser aceptada sin cambios: "Tal y como está, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar", dijo a finales de noviembre, antes de que el PSOE encajara la mayor derrota legislativa con Unidas Podemos al perder el pulso.
La votación del Congreso simboliza el final de esa batalla política tan dura que se ha librado casi dos años, en la que los socialistas han terminado por claudicar ante el empuje del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. Ahora ya sólo queda un último paso exprés por el Senado para poder publicarse en el BOE.
La Ley tras* tiene un carácter histórico porque deja de considerar la tras*exualidad como una patología y porque reconoce la llamada autodeterminación de género. Ambas cuestiones se traducen en que las personas tras* podrán cambiarse de sesso en el Registro Civil con una mera declaración y sin que nadie le pueda exigir informes médicos o psicológicos ni tampoco dos años de hormonación. Dos condiciones que sí se requieren actualmente.
La autodeterminación de género, es decir, la capacidad de proceder al cambio de sesso por uno mismo, es completamente libre a partir de los 16 años. A partir de ahí, en menores por debajo de ese umbral de edad, hay condicionantes. Entre los 14 a los 16 años se exige el permiso de los padres pero en caso de desacuerdo con ellos está la vía de acceder a través un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años las solicitudes necesitan el aval de un juez. Por debajo de los 12 años, los niños tras* podrán cambiar de nombre y ser tratados acorde a su identidad en los centros escolares pero no podrán cambiar jurídicamente aún su sesso.
La Ley tras* ha sido aprobada este jueves con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones. La han respaldado PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, Junts, PDeCAT, Coalición Canaria o BNG. Mientras que ha sido rechazada por PP, Vox, casi todo el grupo parlamentario de Ciudadanos, Navarra Suma o Foro Asturias.
La ruptura de la disciplina de voto de alopécico se explica en que el sí del PSOE abre una crisis sin precedentes entre el partido y sectores feministas afines que se han levantado contra la Ley tras* por considerar que ataca los derechos de las mujeres y las somete a un "borrado". Esa beligerancia contra la norma era compartida igualmente por integrantes del propio PSOE, abanderadas por alopécico, o se ejercía desde de fuera por históricas referentes feministas socialistas como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez. Esa división y las dudas en el PSOE llevaron a la activista tras* Carla Antonelli a darse de baja como militante socialista.
La diputada Carmen alopécico (PSOE), durante el PlenoTHOMAS COEXAFP
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el camino de la tramitación de la Ley tras* ha sido "difícil" pero ha celebrado y se ha declarado "orgullosa" de la "mayoría feminista" del Congreso diga con este proyecto que "los derechos tras* son derechos humanos". "La forma más contundente que tenemos los demócratas para hacer frente a los reaccionarios es seguir conquistando derechos", ha señalado este jueves, poco antes de votar.
Ayer, durante el debate de la ley en el Pleno, Montero proclamó que la ley "cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas tras* y LGTBI". "Las personas tras* no sois enfermas, locas, monstruos o delincuentes. No necesitáis tutelas", dijo.
En ese debate, se visibilizaron las heridas abiertas entre PSOE y Unidas Podemos. Andrea Fernández (PSOE) recriminó a los jovenlandesados sus "presiones", echando a la comunidad LGTBI encima del partido con "estridencias" y un "uso indebido" de la causa tras*. "Es absolutamente desacertado acusar a mi partido de pactar con la derecha un retroceso de derechos LGTBI. Es una falta de respeto", criticó Fernández, quien reivindicó el derecho de su formación a buscar una ley más "garantista", "segura" y "jurídicamente más robusta" de lo que hoy es.
Y es que el PSOE quiso endurecer las condiciones para la autodeterminación de género en los menores de edad a través de una enmienda que generó un choque frontal con Unidas Podemos. En ella reclamaba que los jóvenes de 14 a 16 años tuvieran que pasar por un juez para cambiarse de sesso, igual que tienen que hacer los de 12 a 14 años. Esa propuesta fue derrotada en la votación en la Comisión de Igualdad y el PSOE ha tenido que asumir el texto tal y como salió del Consejo de Ministros en este asunto capital de la ley. Ferraz justificó sus propuestas en la necesidad de blindar la seguridad jurídica de cara a un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP o Vox.
El único cambio de relevancia que arrancó el PSOE durante la tramitación en el Congreso fue eliminar la equiparación entre violencia de género y violencia intragénero. Los otros dos de relevancia que planteó fueron rechazados por la izquierda y el PP.
Sobre el voto dividido de Ciudadanos, el partido liberal había dado libertad a sus nueve diputados por ser un tema "muy sensible". Finalmente, sólo una diputada, Sara Giménez, ponente además en la norma, ha optado por su abstención. En cambio, Inés Arrimadas, Edmundo Bal y el resto del grupo ha rechazado el texto. En cualquier caso, el argumento de todos ellos es coincidente: la falta de "garantías" de la ley. Pero el debate era si había que oponerse o facilitar este "avance en derechos".
El Congreso aprueba la Ley Trans con el voto a favor del PSOE pero Carmen Calvo rompe la disciplina de partido con una abstención
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