chemarin
Será en Octubre
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Una cosa es la ya habitual utilización que todos los políticos, cuando gobiernan, hacen de las instituciones, utilización que ya es aceptada por la sociedad como en México se acepta “la mordida" al agente de policía que pretende sancionar una infracción de tráfico: desde Rajoy en el gobierno de España hasta Susana Díaz en el de Andalucía, no hay presidente de Comunidad, de Diputación, Alcalde o presidente de Asociación de Vecinos que no termine por pensar que la institución le pertenece.
Pero cuestión muy diferente, es la constante y descarada utilización por parte del Partido Popular –y mucho más concretamente por la más mala persona de un partido repleto de personas muy malas, la vicepresidente Soraya Sáenz Santamaría- de los servicios secretos españoles, un CNI que, bajo su dirección política, ha cosechado los mayores fracasos profesionales de la historia mundial de los servicios de inteligencia, hasta el punto que en todo el mundo se hacen chistes sobre la falta de eficacia de unos espías españoles que causan risa por sus extremadas torpezas al más puro estilo Mortadelo y Filemón.
Así las cosas y mientras el CNI ha sido incapaz de enterarse de absolutamente nada en el “procés” separatista de Cataluña (ni de dónde se imprimían las papeletas electorales, ni dónde se compraron y almacenaban las urnas, ni en qué lugares habría colegios institucionales, ni evitar que se le escaparan de España –uno tras otro- todos los sediciosos golpistas que han querido huir de la justicia) o ha demostrado su grado mayor de incompetencia para la seguridad nacional en cuestiones tan importantes como los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, la dedicación de nuestros espías a asuntos de interés personal y político de la vicepresidente para controlar, presionar y poder coaccionar a enemigos políticos (que cosecha por decenas dentro y fuera de su partido) resulta un clamor a voces tanto dentro de La Casa (como denominan los propios agentes secretos al CNI) como en todos los mentideros de la política nacional.
Desde La Tribuna de Cartagena hemos denunciado constantemente la utilización del CNI para cuestiones tan diferentes a la seguridad nacional como resolver los continuos líos de faldas del Emérito monarca Juan Carlos hasta destrozar la carrera judicial de la magistrado Coro Cillán a quien de juez estrella por el 11M han convertido en una indigente que duerme en las bocas de metro de la capital de España, pasando por la protección de los intereses particulares de la familia Botín o tapar las múltiples irregularidades ¿criminales? del Banco de Santander.
Pero lo vivido ayer con la obligada dimisión de Cristina Cifuentes al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid ya ha traspasado todos los límites de la decencia pública, de la jovenlandesal política (si es que en esta nación aún queda algo de jovenlandesal política) y de la legalidad.
Y no olviden el nombre de un personaje tan turbio como imprescindible en todas estas actuaciones irregulares del CNI –también, por supuesto, en la concerniente a ese cadáver político denominado Cristina Cifuentes-: el hoy detenido comisario José Manuel Villarejo.
Les ponemos en antecedentes de cómo la vicepresidente Soraya Sáenz Santamaría (¿cómo cabe en una humanidad tan diminuta tanta capacidad de perversión) con un proceder mucho más del estilo de Vito Corleone (como denuncia Roberto Centeno en su artículo de hoy en La Tribuna de Cartagena) que del mismísimo Maquiavelo, ha logrado el jaque mate a su íntima enemiga Cristina Cifuentes en esa operación de acoso y derribo que -fuera como fuera- tenía perdida la ya expresidente de la Comunidad de Madrid por utilización personal de la Universidad Rey Juan Carlos y, sobre todo, por mentir más que un vendedor de ropa de marca falsificada.
Y para lograr el engranaje perfecto en la mayoría de las operaciones de destrucción pública y personal de los enemigos de Soraya, para ejecutar la gran jugada maestra de la vicepresidente del gobierno de España y lograr el éxito rotundo de sus maquinaciones precisa, siempre, de un medio de comunicación que actúe como correa de tras*misión, algo que ya de por sí tiene bastante fácil de conseguir quien reparte, a capricho, la publicidad institucional entre los medios. Y, como en la práctica totalidad de los muchos y turbios casos en os que se ve envuelto el CNI, allí está OK Diario a quien el profesor Roberto Centeno denomina como “hoja parroquial del Partido Popular y de las cloacas del Estado”.
Y es que, a poco que tiren ustedes de hemeroteca encontrarán, casi siempre, a OK Diario en medio de toda exclusiva que, lejos de responder a la pertinaz investigación periodística de sus redactores, es el resultado de la intensa relación de su director, Eduardo Inda, con la vicepresidente del Gobierno; y firmando estas noticias el nombre de un ¿periodista? de tantos años de ejercicio como de sospechosa relación con los servicios de inteligencia: Manuel Cerdán Allenada.
No en vano el ínclito Manuel Cerdán -al igual que su jefe Eduardo Inda- han tenido idéntica formación (un auténtico máster, aunque sin título) en todo tipo de conspiraciones políticas: la escuela del más turbio de los catedráticos de la manipulación, la maquinación y la confabulación de la historia del periodismo español: Pedro J. Ramírez.
Eduardo Inda, el comisario Villarejo y el CNI
Podría citarles decenas de asuntos que relacionan a Eduardo Inda con el –felizmente hoy en prisión- comisario José Manuel Villarejo pero, en aras a la concreción, tan sólo les ofreceremos dos ejemplos ilustrativos de cómo se las gasta el que pasa por ser el “enfant garçon“ del periodismo español, el mayor descubridor de tramas de corrupción política, y para quién pudiera esar trabajando.
El periodista Francisco Mercado, por aquel entonces jefe de investigación de OK Diario, se sentó ante la mesa de su director con una extraordinaria exclusiva relacionada con un asunto “muy feo”, la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales llevada a cabo por el comisario Villarejo (junto a los también comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago). Y el jefe de investigación de OK Diario no salía de su asombro cuando Eduardo Inda le prohibió publicarlo.
Esto no es una suposición de La Tribuna de Cartagena sino las propias manifestaciones -en sede judicial- del redactor Francisco Mercado, declaraciones pronunciadas ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, encargado del “caso del pequeño Nicolás”. Obviamente, tras estas declaraciones, el periodista Francisco Mercado tuvo que abandonar la redacción de OK Diario.
La segunda muestra del proceder y la relación de Inda con el comisario Villarejo es una experiencia empírica que nadie ha tenido que contarme porque la viví en carne propia (hechos que ya fueron denunciados desde La Tribuna de Cartagena).
El mismo día en que ofrecimos la primicia informativa del posible asesinato de Emilio Botín un periodista de OK Diario (a quien conozco personalmente) me telefoneó en nombre de su director para interesarse por mis fuentes y, sobre todo, por las posibles pruebas que obraran en mi poder. Y uno –que no es orate del todo y que algo de dignidad tiene- le contestó al compañero “intermediario” que si Eduardo Inda quería hablar conmigo que me llamara personalmente y no lo hiciera a través de nadie.
Pero es que al día siguiente de esa llamada, el mismo redactor de OK Diario volvía a telefonearme (grabaciones que por supuesto conservo a buen recaudo) para decirme que a Eduardo Inda ya no le interesaba mi información pero que, “casualmente”, tenía amistad con José Manuel Villarejo y que estaba muy interesado “en comprarme” toda la información que tuviera sobre el posible asesinato de Emilio Botín, argumentando que estaba a punto de lanzar un nuevo periódico digital del que el comisario era el único propietario, a lo que respondí con un “no gracias, no comparto informaciones, no vendo pruebas, que te vaya bonito…”.
Pero uno no es orate del todo; publicar que el patrón de la banca española (acaso el hombre con más poder en toda la vieja piel de toro) probablemente haya sido asesinado e inmediatamente recibir ofertas para comprarme las pruebas de las que dispongo y, a mayor abundamiento, encontrar en esta historia a un personaje tan siniestro como el comisario Villarejo era como para ponerse a temblar e intentar averiguar “por dónde me podía venir el palo”.
Y lo que descubrí no tenía desperdicio: los dos socios en esta nueva y repentina aventura periodística del comisario eran Javier López Madrid (recuerdan, el compiyogui de la reina Letizia) y Guillermo Morenés, a la sazón esposo de la principal acusada de inducción al asesinato de su propio padre y presidenta actual del Banco de Santander, Ana Patricia Botín.
El pasado lunes el juez decreta el ingreso en prisión del director general del despacho de abogados que trabaja para el comisario Villarejo
Tan sólo 48 horas antes de que OK Diario publique el vídeo que va a obligar a Cristina Cifuentes a presentar su dimisión, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, ordena el registro del despacho de abogados que trabaja para el comisario Villarejo y envía a prisión a su director general. Fuentes de toda solvencia confirman a La Tribuna de Cartagena que el registro de este bufete de abogados y la orden de ingreso en prisión de su máximo responsable está relacionada con los posibles trabajos de espionaje (documentación, seguimientos, imágenes, audios y videos) realizados por el comisario Villarejo para este despacho jurídico y la sospecha del juez Diego de Egea de que se tratara de datos confidenciales obtenidos de la propia seguridad del estado.
Según publicación en el Boletín Oficial del Estado, número 83, del 05/04/2014, la conservación del vídeo publicado por OK Diario, (grabado por las cámaras de una empresa privada) en el que se demuestra que Cristina Cifuentes intentó llevarse sin pagar dos cremas para la cara en un hipermercado por valor de 40 euros es, de todo punto de vista, ilegal.
¿Quién conserva durante siete años ese vídeo–repetimos, de manera ilegal- y quién lo filtra a OK Diario?
Así se prepara el chantaje a Cristina Cifuentes con el vídeo
Esa es la cuestión más importante que debería dilucidarse, muchísimo más importante –incluso- que la propia destitución de Cristina Cifuentes, una presidenta de la Comunidad de Madrid que no debió cesar de su cargo por su criptomanía sino por el asunto del falso Máster que, además de responsabilidad política, esperemos acabe con las responsabilidades penales que procedan.
Cuando los vigilantes de seguridad del hipermercado retienen a Cristina Cifuentes (recordemos que una empresa privada de seguridad no puede detener sino retener) acuden a su llamada agentes del Cuerpo Nacional de policía de la Comisaría de Vallecas; como se trata de un robo inferior a 400 euros y como ni el establecimiento ni Cifuentes deciden presentar denuncia, los policía se limitan a levantar el preceptivo atestado de actuación. Ambas partes tienen un plazo de 15 días para presentar la denuncia, plazo que tras*curre sin que se presente por lo que legalmente, confome a la Ley de Protección de Datos, es obligatorio destruir esas imágenes.
Fuentes policiales han confirmado a La Tribuna de Cartagena que la empresa de vigilancia del hipermercado actuó correctamente por lo que la destrucción de ese vídeo sólo es puntable a quien lo custodiaba: la Policía Nacional.
La Comisaría de la Policía Nacional de Vallecas sostiene que destruyó ese vídeo pero, el resultado final es que ha acabado por difundirse 7 años después.
Según ha confirmado a La Tribuna de Cartagena una fuente de absoluta solvencia, es el comisario Villarejo quien -con la colaboración de otro comisario que le hace llegar la grabación- hace llegar el vídeo a Soraya Sáenz Santamaría; o dicho de otro modo, las “cloacas del Estado”, pasándose por el forro la legislación vigente y las propias normas de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, una vez más actúan al servicio personal de la vicepresidente del Gobierno, algo que han venido haciendo de manera habitual desde que el CNI dejó de estar a las órdenes del Ministerio de defensa para pasar a manos de la vicepresidencia del Gobierno.
OK Diario es la hoja parroquial del PP y del CNI
Esta afirmación no es nuestra; corresponde al extraordinario artículo que hoy mismo publicamos en La tribuna de Cartagena el catedrático Roberto Centeno.
Según Centeno, “el autor de la noticia, un tal Cerdán fue colocado al parecer en OK Diario –“OK cloacas del Estado y hoja parroquial del PP” como se conoce a este diario- por el CNI, y siempre ha publicado filtraciones interesadas de este Centro, de la misma manera que Carlos Cuesta publica filtraciones provenientes del área de Cospedal. Como Rajoy conocía la existencia de este vídeo (del que presuntamente le habría informado Soraya Sáenz Santamaría, enemiga mortal de la presidenta de la Comunidad de Madrid) y esta ha sido tan increíblemente estulta de negarse a dimitir, como ahora que parece haber enloquecido y pretende seguir manteniendo el escaño en la Asamblea y la inmunidad parlamentaria, el vídeo en cuestión se sacó de un cajón, al más puro estilo mafioso y donde podemos estar todos, ya que esto no es un Estado de Derecho sino un oligarquía de bandas mafiosas. Un lodazal inmundo en que el Régimen del 78 ha convertido a España”.
Por nuestra parte sostenemos que la más que sospechosa habilidad del periodista Manuel Cerdán para publicar todo tipo de filtraciones referentes al CNI hace tiempo que debería haber sido investigada por la autoridad judicial, una autoridad judicial que también suele cuidar mucho su relación con OK Diario… por lo que pueda pasar.
No es la primera vez que se relaciona a Eduardo Inda con el CNI incluso en calidad de “agente encubierto”, el diario Público, llegó a acusarle de formar parte de una trama de chantajes conjuntamente con su redactor Manuel Cerdán, el exdirector adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino y el propio comisario Villarejo. Público llegó a difundir una grabación -realizada por el comisario Enrique García Castaño- en la que se estaría realizando un chantaje a la mismísima Casa Real.
Inda como director de OK Diario y Manuel Cerdán están involucrados en operaciones de “presión” paralelas a las actuaciones del CNI tales como todos los secretos de los propios servicios de inteligencia sobre la relación del rey Juan Carlos con CorinnaSayn-Wittgenstein y los pagos que presumiblemente habría recibido la amante del monarca por mantener su silencio.
El CNI y OK Diario detrás del vídeo de Cifuentes
Pero cuestión muy diferente, es la constante y descarada utilización por parte del Partido Popular –y mucho más concretamente por la más mala persona de un partido repleto de personas muy malas, la vicepresidente Soraya Sáenz Santamaría- de los servicios secretos españoles, un CNI que, bajo su dirección política, ha cosechado los mayores fracasos profesionales de la historia mundial de los servicios de inteligencia, hasta el punto que en todo el mundo se hacen chistes sobre la falta de eficacia de unos espías españoles que causan risa por sus extremadas torpezas al más puro estilo Mortadelo y Filemón.
Así las cosas y mientras el CNI ha sido incapaz de enterarse de absolutamente nada en el “procés” separatista de Cataluña (ni de dónde se imprimían las papeletas electorales, ni dónde se compraron y almacenaban las urnas, ni en qué lugares habría colegios institucionales, ni evitar que se le escaparan de España –uno tras otro- todos los sediciosos golpistas que han querido huir de la justicia) o ha demostrado su grado mayor de incompetencia para la seguridad nacional en cuestiones tan importantes como los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, la dedicación de nuestros espías a asuntos de interés personal y político de la vicepresidente para controlar, presionar y poder coaccionar a enemigos políticos (que cosecha por decenas dentro y fuera de su partido) resulta un clamor a voces tanto dentro de La Casa (como denominan los propios agentes secretos al CNI) como en todos los mentideros de la política nacional.
Desde La Tribuna de Cartagena hemos denunciado constantemente la utilización del CNI para cuestiones tan diferentes a la seguridad nacional como resolver los continuos líos de faldas del Emérito monarca Juan Carlos hasta destrozar la carrera judicial de la magistrado Coro Cillán a quien de juez estrella por el 11M han convertido en una indigente que duerme en las bocas de metro de la capital de España, pasando por la protección de los intereses particulares de la familia Botín o tapar las múltiples irregularidades ¿criminales? del Banco de Santander.
Pero lo vivido ayer con la obligada dimisión de Cristina Cifuentes al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid ya ha traspasado todos los límites de la decencia pública, de la jovenlandesal política (si es que en esta nación aún queda algo de jovenlandesal política) y de la legalidad.
Y no olviden el nombre de un personaje tan turbio como imprescindible en todas estas actuaciones irregulares del CNI –también, por supuesto, en la concerniente a ese cadáver político denominado Cristina Cifuentes-: el hoy detenido comisario José Manuel Villarejo.
Les ponemos en antecedentes de cómo la vicepresidente Soraya Sáenz Santamaría (¿cómo cabe en una humanidad tan diminuta tanta capacidad de perversión) con un proceder mucho más del estilo de Vito Corleone (como denuncia Roberto Centeno en su artículo de hoy en La Tribuna de Cartagena) que del mismísimo Maquiavelo, ha logrado el jaque mate a su íntima enemiga Cristina Cifuentes en esa operación de acoso y derribo que -fuera como fuera- tenía perdida la ya expresidente de la Comunidad de Madrid por utilización personal de la Universidad Rey Juan Carlos y, sobre todo, por mentir más que un vendedor de ropa de marca falsificada.
Y para lograr el engranaje perfecto en la mayoría de las operaciones de destrucción pública y personal de los enemigos de Soraya, para ejecutar la gran jugada maestra de la vicepresidente del gobierno de España y lograr el éxito rotundo de sus maquinaciones precisa, siempre, de un medio de comunicación que actúe como correa de tras*misión, algo que ya de por sí tiene bastante fácil de conseguir quien reparte, a capricho, la publicidad institucional entre los medios. Y, como en la práctica totalidad de los muchos y turbios casos en os que se ve envuelto el CNI, allí está OK Diario a quien el profesor Roberto Centeno denomina como “hoja parroquial del Partido Popular y de las cloacas del Estado”.
Y es que, a poco que tiren ustedes de hemeroteca encontrarán, casi siempre, a OK Diario en medio de toda exclusiva que, lejos de responder a la pertinaz investigación periodística de sus redactores, es el resultado de la intensa relación de su director, Eduardo Inda, con la vicepresidente del Gobierno; y firmando estas noticias el nombre de un ¿periodista? de tantos años de ejercicio como de sospechosa relación con los servicios de inteligencia: Manuel Cerdán Allenada.
No en vano el ínclito Manuel Cerdán -al igual que su jefe Eduardo Inda- han tenido idéntica formación (un auténtico máster, aunque sin título) en todo tipo de conspiraciones políticas: la escuela del más turbio de los catedráticos de la manipulación, la maquinación y la confabulación de la historia del periodismo español: Pedro J. Ramírez.
Eduardo Inda, el comisario Villarejo y el CNI
Podría citarles decenas de asuntos que relacionan a Eduardo Inda con el –felizmente hoy en prisión- comisario José Manuel Villarejo pero, en aras a la concreción, tan sólo les ofreceremos dos ejemplos ilustrativos de cómo se las gasta el que pasa por ser el “enfant garçon“ del periodismo español, el mayor descubridor de tramas de corrupción política, y para quién pudiera esar trabajando.
El periodista Francisco Mercado, por aquel entonces jefe de investigación de OK Diario, se sentó ante la mesa de su director con una extraordinaria exclusiva relacionada con un asunto “muy feo”, la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales llevada a cabo por el comisario Villarejo (junto a los también comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago). Y el jefe de investigación de OK Diario no salía de su asombro cuando Eduardo Inda le prohibió publicarlo.
Esto no es una suposición de La Tribuna de Cartagena sino las propias manifestaciones -en sede judicial- del redactor Francisco Mercado, declaraciones pronunciadas ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, encargado del “caso del pequeño Nicolás”. Obviamente, tras estas declaraciones, el periodista Francisco Mercado tuvo que abandonar la redacción de OK Diario.
La segunda muestra del proceder y la relación de Inda con el comisario Villarejo es una experiencia empírica que nadie ha tenido que contarme porque la viví en carne propia (hechos que ya fueron denunciados desde La Tribuna de Cartagena).
El mismo día en que ofrecimos la primicia informativa del posible asesinato de Emilio Botín un periodista de OK Diario (a quien conozco personalmente) me telefoneó en nombre de su director para interesarse por mis fuentes y, sobre todo, por las posibles pruebas que obraran en mi poder. Y uno –que no es orate del todo y que algo de dignidad tiene- le contestó al compañero “intermediario” que si Eduardo Inda quería hablar conmigo que me llamara personalmente y no lo hiciera a través de nadie.
Pero es que al día siguiente de esa llamada, el mismo redactor de OK Diario volvía a telefonearme (grabaciones que por supuesto conservo a buen recaudo) para decirme que a Eduardo Inda ya no le interesaba mi información pero que, “casualmente”, tenía amistad con José Manuel Villarejo y que estaba muy interesado “en comprarme” toda la información que tuviera sobre el posible asesinato de Emilio Botín, argumentando que estaba a punto de lanzar un nuevo periódico digital del que el comisario era el único propietario, a lo que respondí con un “no gracias, no comparto informaciones, no vendo pruebas, que te vaya bonito…”.
Pero uno no es orate del todo; publicar que el patrón de la banca española (acaso el hombre con más poder en toda la vieja piel de toro) probablemente haya sido asesinado e inmediatamente recibir ofertas para comprarme las pruebas de las que dispongo y, a mayor abundamiento, encontrar en esta historia a un personaje tan siniestro como el comisario Villarejo era como para ponerse a temblar e intentar averiguar “por dónde me podía venir el palo”.
Y lo que descubrí no tenía desperdicio: los dos socios en esta nueva y repentina aventura periodística del comisario eran Javier López Madrid (recuerdan, el compiyogui de la reina Letizia) y Guillermo Morenés, a la sazón esposo de la principal acusada de inducción al asesinato de su propio padre y presidenta actual del Banco de Santander, Ana Patricia Botín.
El pasado lunes el juez decreta el ingreso en prisión del director general del despacho de abogados que trabaja para el comisario Villarejo
Tan sólo 48 horas antes de que OK Diario publique el vídeo que va a obligar a Cristina Cifuentes a presentar su dimisión, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, ordena el registro del despacho de abogados que trabaja para el comisario Villarejo y envía a prisión a su director general. Fuentes de toda solvencia confirman a La Tribuna de Cartagena que el registro de este bufete de abogados y la orden de ingreso en prisión de su máximo responsable está relacionada con los posibles trabajos de espionaje (documentación, seguimientos, imágenes, audios y videos) realizados por el comisario Villarejo para este despacho jurídico y la sospecha del juez Diego de Egea de que se tratara de datos confidenciales obtenidos de la propia seguridad del estado.
Según publicación en el Boletín Oficial del Estado, número 83, del 05/04/2014, la conservación del vídeo publicado por OK Diario, (grabado por las cámaras de una empresa privada) en el que se demuestra que Cristina Cifuentes intentó llevarse sin pagar dos cremas para la cara en un hipermercado por valor de 40 euros es, de todo punto de vista, ilegal.
¿Quién conserva durante siete años ese vídeo–repetimos, de manera ilegal- y quién lo filtra a OK Diario?
Así se prepara el chantaje a Cristina Cifuentes con el vídeo
Esa es la cuestión más importante que debería dilucidarse, muchísimo más importante –incluso- que la propia destitución de Cristina Cifuentes, una presidenta de la Comunidad de Madrid que no debió cesar de su cargo por su criptomanía sino por el asunto del falso Máster que, además de responsabilidad política, esperemos acabe con las responsabilidades penales que procedan.
Cuando los vigilantes de seguridad del hipermercado retienen a Cristina Cifuentes (recordemos que una empresa privada de seguridad no puede detener sino retener) acuden a su llamada agentes del Cuerpo Nacional de policía de la Comisaría de Vallecas; como se trata de un robo inferior a 400 euros y como ni el establecimiento ni Cifuentes deciden presentar denuncia, los policía se limitan a levantar el preceptivo atestado de actuación. Ambas partes tienen un plazo de 15 días para presentar la denuncia, plazo que tras*curre sin que se presente por lo que legalmente, confome a la Ley de Protección de Datos, es obligatorio destruir esas imágenes.
Fuentes policiales han confirmado a La Tribuna de Cartagena que la empresa de vigilancia del hipermercado actuó correctamente por lo que la destrucción de ese vídeo sólo es puntable a quien lo custodiaba: la Policía Nacional.
La Comisaría de la Policía Nacional de Vallecas sostiene que destruyó ese vídeo pero, el resultado final es que ha acabado por difundirse 7 años después.
Según ha confirmado a La Tribuna de Cartagena una fuente de absoluta solvencia, es el comisario Villarejo quien -con la colaboración de otro comisario que le hace llegar la grabación- hace llegar el vídeo a Soraya Sáenz Santamaría; o dicho de otro modo, las “cloacas del Estado”, pasándose por el forro la legislación vigente y las propias normas de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, una vez más actúan al servicio personal de la vicepresidente del Gobierno, algo que han venido haciendo de manera habitual desde que el CNI dejó de estar a las órdenes del Ministerio de defensa para pasar a manos de la vicepresidencia del Gobierno.
OK Diario es la hoja parroquial del PP y del CNI
Esta afirmación no es nuestra; corresponde al extraordinario artículo que hoy mismo publicamos en La tribuna de Cartagena el catedrático Roberto Centeno.
Según Centeno, “el autor de la noticia, un tal Cerdán fue colocado al parecer en OK Diario –“OK cloacas del Estado y hoja parroquial del PP” como se conoce a este diario- por el CNI, y siempre ha publicado filtraciones interesadas de este Centro, de la misma manera que Carlos Cuesta publica filtraciones provenientes del área de Cospedal. Como Rajoy conocía la existencia de este vídeo (del que presuntamente le habría informado Soraya Sáenz Santamaría, enemiga mortal de la presidenta de la Comunidad de Madrid) y esta ha sido tan increíblemente estulta de negarse a dimitir, como ahora que parece haber enloquecido y pretende seguir manteniendo el escaño en la Asamblea y la inmunidad parlamentaria, el vídeo en cuestión se sacó de un cajón, al más puro estilo mafioso y donde podemos estar todos, ya que esto no es un Estado de Derecho sino un oligarquía de bandas mafiosas. Un lodazal inmundo en que el Régimen del 78 ha convertido a España”.
Por nuestra parte sostenemos que la más que sospechosa habilidad del periodista Manuel Cerdán para publicar todo tipo de filtraciones referentes al CNI hace tiempo que debería haber sido investigada por la autoridad judicial, una autoridad judicial que también suele cuidar mucho su relación con OK Diario… por lo que pueda pasar.
No es la primera vez que se relaciona a Eduardo Inda con el CNI incluso en calidad de “agente encubierto”, el diario Público, llegó a acusarle de formar parte de una trama de chantajes conjuntamente con su redactor Manuel Cerdán, el exdirector adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino y el propio comisario Villarejo. Público llegó a difundir una grabación -realizada por el comisario Enrique García Castaño- en la que se estaría realizando un chantaje a la mismísima Casa Real.
Inda como director de OK Diario y Manuel Cerdán están involucrados en operaciones de “presión” paralelas a las actuaciones del CNI tales como todos los secretos de los propios servicios de inteligencia sobre la relación del rey Juan Carlos con CorinnaSayn-Wittgenstein y los pagos que presumiblemente habría recibido la amante del monarca por mantener su silencio.
El CNI y OK Diario detrás del vídeo de Cifuentes
