Una investigación de EL PAÍS revela que los municipios cobran 8.000 euros de media mensual por el uso de sus tierras, mientras que la Comunidad apenas llega a los 1.500
JUAN JOSÉ MATEO
Madrid - 23 FEB 2023 - 05:00 CET
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.JESÚS HELLÍN (EUROPA PRESS)
Las empresas que gestionan colegios privados concertados sobre parcelas públicas tienen que pagar un 442% más al año por su uso cuando la cesión la hace directamente un Ayuntamiento y no la Comunidad de Madrid: 95.150 euros de media anual por el uso de ese suelo frente a 17.543,45. Esa diferencia, conocida tras una investigación de EL PAÍS que ha incluido consultas a 58 municipios madrileños, no se explica únicamente por las necesidades de financiación de los ayuntamientos. También refleja que el PP ha aprovechado sus 28 años al frente del Gobierno autonómico para fomentar este modelo educativo bajo el lema de la libre elección de escuela. Una apuesta que ahora vive su punto culminante: quienes ganen el concurso que promociona el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para construir dos centros concertados en la capital no tendrán que pagar ni un euro por usar durante 75 años las parcelas públicas sobre las que se levantarán los centros, y que están valoradas en más de 11 millones de euros.
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“La Comunidad de Madrid, en las adjudicaciones realizadas hasta el año 2013, establecía un canon mínimo que, no obstante, los licitadores podían mejorar en su oferta”, explica un portavoz gubernamental sobre los colegios concertados impulsados durante las etapas en las que Esperanza Aguirre e Ignacio González se sucedieron en el poder (2003-2015). “Por otro lado, los ayuntamientos son quienes fijan su canon en los centros que adjudican directamente”, añade este interlocutor, en un intento de explicar que en los municipios se cobre una media de 7.929 euros mensuales a los adjudicatarios, por los 1.461 de la Comunidad. “En las licitaciones actuales la Comunidad de Madrid no ha fijado canon al ser una cesión gratuita de suelo”, sigue. Y concluye: “No obstante, en los pliegos se contempla el establecimiento de una tasa en caso de que se impartan enseñanzas fuera de concierto”.
Los colegios concertados son centros privados en los que la Administración regional financia determinadas etapas educativas para que sean gratuitas. Pueden levantarse sobre parcelas de propiedad privada, autonómica o municipal. En este último caso, la cesión del terreno, y el correspondiente pago por su uso, podían ser articuladas hasta 2022, cuando entró en vigor la nueva ley educativa (Lomloe), de dos maneras: directamente entre la concesionaria y el ayuntamiento de turno, o con la intermediación de la Comunidad como redactora de los pliegos. Sin embargo, la Lomloe quiso impedir la cesión de terrenos municipales para este fin, al explicitar que esta solo debería destinarse a construir centros “públicos”. Un planteamiento que el PP ha puenteado en Madrid con la fórmula de firmar convenios con el Ayuntamiento para que sea la Comunidad quien promocione el colegio concertado
elpais.com
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Madrid - 23 FEB 2023 - 05:00 CET
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Las empresas que gestionan colegios privados concertados sobre parcelas públicas tienen que pagar un 442% más al año por su uso cuando la cesión la hace directamente un Ayuntamiento y no la Comunidad de Madrid: 95.150 euros de media anual por el uso de ese suelo frente a 17.543,45. Esa diferencia, conocida tras una investigación de EL PAÍS que ha incluido consultas a 58 municipios madrileños, no se explica únicamente por las necesidades de financiación de los ayuntamientos. También refleja que el PP ha aprovechado sus 28 años al frente del Gobierno autonómico para fomentar este modelo educativo bajo el lema de la libre elección de escuela. Una apuesta que ahora vive su punto culminante: quienes ganen el concurso que promociona el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para construir dos centros concertados en la capital no tendrán que pagar ni un euro por usar durante 75 años las parcelas públicas sobre las que se levantarán los centros, y que están valoradas en más de 11 millones de euros.
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“La Comunidad de Madrid, en las adjudicaciones realizadas hasta el año 2013, establecía un canon mínimo que, no obstante, los licitadores podían mejorar en su oferta”, explica un portavoz gubernamental sobre los colegios concertados impulsados durante las etapas en las que Esperanza Aguirre e Ignacio González se sucedieron en el poder (2003-2015). “Por otro lado, los ayuntamientos son quienes fijan su canon en los centros que adjudican directamente”, añade este interlocutor, en un intento de explicar que en los municipios se cobre una media de 7.929 euros mensuales a los adjudicatarios, por los 1.461 de la Comunidad. “En las licitaciones actuales la Comunidad de Madrid no ha fijado canon al ser una cesión gratuita de suelo”, sigue. Y concluye: “No obstante, en los pliegos se contempla el establecimiento de una tasa en caso de que se impartan enseñanzas fuera de concierto”.
Los colegios concertados son centros privados en los que la Administración regional financia determinadas etapas educativas para que sean gratuitas. Pueden levantarse sobre parcelas de propiedad privada, autonómica o municipal. En este último caso, la cesión del terreno, y el correspondiente pago por su uso, podían ser articuladas hasta 2022, cuando entró en vigor la nueva ley educativa (Lomloe), de dos maneras: directamente entre la concesionaria y el ayuntamiento de turno, o con la intermediación de la Comunidad como redactora de los pliegos. Sin embargo, la Lomloe quiso impedir la cesión de terrenos municipales para este fin, al explicitar que esta solo debería destinarse a construir centros “públicos”. Un planteamiento que el PP ha puenteado en Madrid con la fórmula de firmar convenios con el Ayuntamiento para que sea la Comunidad quien promocione el colegio concertado
El chollo de los colegios concertados con Ayuso y Aguirre: los Ayuntamientos cobran un 442% más que Madrid por ceder parcelas públicas
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