Chapapote1
Madmaxista
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porLuis Miguel Montero
15 octubre, 2024 05:15
El último informe de la Unidad Central Operativa Delincuencia Económica (UAFAC) entregado el 8 de octubre al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el marco de la instrucción del Caso Koldo de compra de mascaras puede acabar con varias carreras políticas, entre ellas la de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, la mallorquina Francina Armengol. El 17 de agosto de 2020 el ex asesor del ministro Ábalos, Koldo García, escribía a la entonces presidenta de Baleares para agradecerle el contacto de la consejera de salud balear: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
El documento recoge que «paralelamente a las gestiones realizadas con Torres (Canarias) y otros altos cargos de su gobierno, Koldo habría contactado con responsables del gobierno autonómico de las Islas Baleares al objeto de proponer la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajasen desde la Península».
Durante el registro del teléfono de Koldo García, la Guardia Civil encontró una conversación de whatsapp mantenida el 17 de agosto de 2020 a las 7.19 horas «solicitándole que le llamase. Armengol le comunicaba que tenía un día complicado y que a lo mejor al mediodía podía intentar llamar a Koldo. Mientras tanto Koldo informaba a Aldama que «Canarias quiere la prueba de Megalab» y «Baleares ahora me llama»», escriben los agentes en su informe.
El mismo día por la tarde «Armengol compartía con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard. entonces consejera de Salud de Islas Baleares. Acto seguido, Koldo respondía «Vale cariño, te mantengo informada de todo»», según consta en el citado documento.
El 18 de agosto de 2020 Koldo García, «enviaba el contacto de Patricia Gómez a Tapia (Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab). El día 21 de agosto Patricia Gómez escribía a Koldo para decirle que a las 9.30 «viene Nacho Díaz»». Gómez actualmente es diputada socialista en el Parlamento Balear.
La Guardia Civil analizó luego el teléfono de Ignacio Díaz Tapia, empresario imputado en la causa, con Patricia Gómez y concluyó que «se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia Gómez se ha podido observar como Tapia habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García Pineda, Manuel Palomino Chacón y Juli Fuster Culebras».
El documento añade que «consultada la plataforma de Contratación del Sector Público se ha detectado que Eurofins Megalab resultó adjudicatario de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640 euros por la realización de pruebas diagnósticas el bichito 19 a los residentes baleares que regresaban a las islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad».
Los contratos a los que se refiere el informe de la UCO de Guardia Civil fueron el expediente SSCC EM 016/21 por 464.064 euros firmado el 14/01/2021 y el segundo, el expediente SSCC EM 218/21 por 660.576 euros acordado el 10/05/2021.
En su conclusión tercera «el Consejo Consultivo emite dictamen favorable a la declaración de nulidad de la Resolución del Director General del ente público de 4 de mayo de 2020 de adjudicación, por emergencia, del contrato SSCC EM 226/2020 de suministro de material el bichito-19: mascaras 37 FFP2, a la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L” (expediente RO SSCC EM 226/2020 ) por incurrir en la causa de nulidad prevista en el art. 39.2a de la LCSP, atendiendo a la falta de capacidad de la empresa para contratar el suministro objeto de dicho contrato y a la falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo, de conformidad con lo expuesto en la consideración jurídica cuarta».
De esta manera los diez juristas del Consejo Consultivo balear dan vía libre al gobierno de Marga Prohens (PP) para reclamar legalmente la devolución de esos 3,7 millones de euros en mascaras destinadas al personal sanitario, que nunca se pudieron utilizar por su ineficacia para el fin que se adquirieron por el gobierno de Armengol.
Los firmantes del dictamen, con el voto en contra de un solo ponente, aseguran que «la caducidad del género entregado no imposibilita su restitución, que puede articularse de otros modos […], al considerar, resumidamente, que el suministro prestado no se adecuaba al objeto del contrato y que la mercantil ha causado un perjuicio económico al ente público» y que ni mucho menos la empresa adjudicataria del contrato tenía «la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
15 octubre, 2024 05:15
El último informe de la Unidad Central Operativa Delincuencia Económica (UAFAC) entregado el 8 de octubre al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el marco de la instrucción del Caso Koldo de compra de mascaras puede acabar con varias carreras políticas, entre ellas la de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, la mallorquina Francina Armengol. El 17 de agosto de 2020 el ex asesor del ministro Ábalos, Koldo García, escribía a la entonces presidenta de Baleares para agradecerle el contacto de la consejera de salud balear: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
El documento recoge que «paralelamente a las gestiones realizadas con Torres (Canarias) y otros altos cargos de su gobierno, Koldo habría contactado con responsables del gobierno autonómico de las Islas Baleares al objeto de proponer la contratación de Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajasen desde la Península».
Durante el registro del teléfono de Koldo García, la Guardia Civil encontró una conversación de whatsapp mantenida el 17 de agosto de 2020 a las 7.19 horas «solicitándole que le llamase. Armengol le comunicaba que tenía un día complicado y que a lo mejor al mediodía podía intentar llamar a Koldo. Mientras tanto Koldo informaba a Aldama que «Canarias quiere la prueba de Megalab» y «Baleares ahora me llama»», escriben los agentes en su informe.
El mismo día por la tarde «Armengol compartía con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picard. entonces consejera de Salud de Islas Baleares. Acto seguido, Koldo respondía «Vale cariño, te mantengo informada de todo»», según consta en el citado documento.
El 18 de agosto de 2020 Koldo García, «enviaba el contacto de Patricia Gómez a Tapia (Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab). El día 21 de agosto Patricia Gómez escribía a Koldo para decirle que a las 9.30 «viene Nacho Díaz»». Gómez actualmente es diputada socialista en el Parlamento Balear.
La Guardia Civil analizó luego el teléfono de Ignacio Díaz Tapia, empresario imputado en la causa, con Patricia Gómez y concluyó que «se ha podido verificar que la reunión se produjo el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. A raíz de su conversación con Patricia Gómez se ha podido observar como Tapia habría conseguido acceso a otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García Pineda, Manuel Palomino Chacón y Juli Fuster Culebras».
El documento añade que «consultada la plataforma de Contratación del Sector Público se ha detectado que Eurofins Megalab resultó adjudicatario de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640 euros por la realización de pruebas diagnósticas el bichito 19 a los residentes baleares que regresaban a las islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad».
Los contratos a los que se refiere el informe de la UCO de Guardia Civil fueron el expediente SSCC EM 016/21 por 464.064 euros firmado el 14/01/2021 y el segundo, el expediente SSCC EM 218/21 por 660.576 euros acordado el 10/05/2021.
LAS mascaras DE ARMENGOL NO SERVÍAN
No es el único indicio del Caso Koldo que señala a Francina Armengol. Un informe sobre la gestión de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo realizado por el Consejo Consultivo de Baleares el 28 de junio de 2024 emitió un dictamen para saber si el contrato firmado por el Gobierno de Francina Armengol para la compra de 1,5 millones de mascaras a la empresa Soluciones de Gestión, principal investigada en el Caso Koldo, por 3,7 millones euros era válido. Hace unas semanas el Consejo declaró la nulidad de ese contrato y abría una vía legal administrativa para que el actual gobierno balear reclame la devolución de ese dinero.En su conclusión tercera «el Consejo Consultivo emite dictamen favorable a la declaración de nulidad de la Resolución del Director General del ente público de 4 de mayo de 2020 de adjudicación, por emergencia, del contrato SSCC EM 226/2020 de suministro de material el bichito-19: mascaras 37 FFP2, a la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L” (expediente RO SSCC EM 226/2020 ) por incurrir en la causa de nulidad prevista en el art. 39.2a de la LCSP, atendiendo a la falta de capacidad de la empresa para contratar el suministro objeto de dicho contrato y a la falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo, de conformidad con lo expuesto en la consideración jurídica cuarta».
De esta manera los diez juristas del Consejo Consultivo balear dan vía libre al gobierno de Marga Prohens (PP) para reclamar legalmente la devolución de esos 3,7 millones de euros en mascaras destinadas al personal sanitario, que nunca se pudieron utilizar por su ineficacia para el fin que se adquirieron por el gobierno de Armengol.
Los firmantes del dictamen, con el voto en contra de un solo ponente, aseguran que «la caducidad del género entregado no imposibilita su restitución, que puede articularse de otros modos […], al considerar, resumidamente, que el suministro prestado no se adecuaba al objeto del contrato y que la mercantil ha causado un perjuicio económico al ente público» y que ni mucho menos la empresa adjudicataria del contrato tenía «la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».