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Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El Ministerio de Industria atraviesa momentos difíciles. Debe gestionar una cantidad ingente de fondos europeos Next Generation EU a través de varios proyectos estratégicos (los denominados PERTE) con la ministra centrada en su campaña para la alcaldía de Madrid y una cúpula recién nombrada, tras los ceses del secretario general, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez, el pasado diciembre.
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El Gobierno se comprometió a pagar un anticipo por el 90% de esa cuantía en diciembre de 2022. Un dinero que, según confirman desde el Ministerio, aún no ha llegado a las empresas. Los desembolsos, que rondarán los 715 millones, se realizarán a finales de febrero o principios de marzo, según Industria, con un retraso de entre dos y tres meses.
Las empresas que fueron elegidas estaban obligadas a presentar garantías del 100% en el caso de las subvenciones y del 20% en el caso de los préstamos. Para cumplir este requisito en tiempo y forma, y con el compromiso del Gobierno de iniciar los desembolsos en diciembre, la mayoría de las empresas negoció las garantías entre octubre y noviembre, asumiendo los costes de las mismas desde esa fecha.
Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes 20 de enero cuando el Ministerio publicó la resolución definitiva. El Ministerio ha tenido que reevaluar los proyectos que no consiguieron presentar todas las garantías necesarias, entre los que se encontraba el proyecto de Seat. El fabricante estuvo cerca de dejar plantado a Industria con su proyecto estrella al no asignarle todo el dinero 'prometido'. Tras la reevaluación, se abría un nuevo plazo para la aceptación y la presentación de las garantías adicionales en aquellos proyectos en los que hubiese cambios, que finalizó el 16 de enero.
La publicación de la Orden de bases se produjo el 28 de diciembre de 2021 y la publicación de la convocatoria, el 18 de marzo de 2022. Además, el Ministerio publicó dos resoluciones provisionales de concesión (la última el 02 de diciembre de 2022) antes de la definitiva, publicada el pasado viernes 20 de enero y en la que se confirma que un 75% del dinero quedará sin repartir y tendrá que resolverse en una segunda convocatoria, algo que en su momento ya se tildó de 'fiasco' por parte de las empresas.
Las empresas, paradas y pagando intereses
El retraso en el pago de los anticipos, que previsiblemente no se producirá hasta finales de febrero o principios de marzo, está afectando a la situación financiera de las empresas seleccionadas. "El impacto negativo es muy grande. No pueden iniciar los proyectos comprometidos, con plazos ya muy ajustados, mientras afrontan la carga financiera de los costes de los avales", denuncia Noelia Escobar, responsable de relaciones institucionales de Incotec y vicepresidenta de la Asociación de Consultoras Españolas especializadas en la Financiación de la I+D+i (Afidi).
Óscar Fernández Puigdomenech, vocal de Afidi, asegura que "los problemas se están dando especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que no pueden estar esperando tres meses con inversiones retenidas, planes sin confirmar y pagando intereses a los bancos".
Cecilia Medina, responsable de I+D+i y Formación de Sernauto y coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y de Movilidad Move to Future recuerda que se han vivido "varios retrasos en todo el proceso" que "ponen en riesgo los proyectos por hacer difícil la continuidad de algunas empresas". Critica que "por ahora todo este proceso solo ha supuesto un esfuerzo financiero por parte de las entidades involucradas".
Además, Medina advierte de que la propia ejecución de los proyectos también se pone en riesgo, ya que se va a retrasar el inicio y, por ahora, el periodo de ejecución solo puede llegar a junio de 2025. En un informe publicado este lunes por Fedea, y realizado en colaboración con Llorente y Cuenca (LLYC) y BBVA Research, se destaca precisamente que "en el PERTE VEC las inversiones han de completarse en un máximo de 30 meses y siempre antes de junio de 2025, lo que ha provocado la renuncia de algún solicitante".
Por último, desde la asociación de proveedores de automoción denuncian que "toda esta situación compromete, y mucho, la credibilidad en España para hacer inversiones por parte de entidades extranjeras". En la misma línea, Escobar lamenta que "es una oportunidad que se está viendo lastrada por una normativa y procesos sumamente encorsetados y lentos", lo que "pone en grave peligro el cumplimiento de los objetivos de reforzar nuestra economía y relanzar nuestra industria".
Además del PERTE VEC, el primero y más avanzado, el Gobierno ha aprobado ya otros 11. Para impulsarlos, el Gobierno está creando nuevos altos cargos bajo la nueva figura del 'comisionado', que tienen sueldo y rango de subsecretarios. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el último, con el nombramiento de José María López Martínez para el del Vehículo Eléctrico.
Ante la pregunta de por qué se ha constituido ahora, un año y medio después de su puesta en marcha y tras aprobar comisionados en otros PERTE menos avanzados, desde Industria responden que se trata de una "lección" aprendida, pues la primera fase de este PERTE fue "muy complicada", con el personal del Ministerio "desbordado, sin estructura y sin capacidad de abrir plazas adicionales".
En otro informe reciente, LLYC destaca, precisamente, que "los aprendizajes derivados de los problemas de la primera convocatoria del PERTE VEC se ven reflejados en dos novedades importantes de cara a próximas convocatorias: la revisión de los requerimientos de avales, para no hacer depender la continuidad de un proyecto complejo, con muy diversos participantes, de la presentación de garantías por parte de todos ellos; y la posibilidad de presentar proyectos individuales, como se ha previsto para el despliegue del PERTE de descarbonización de la industria".
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Las empresas que fueron elegidas estaban obligadas a presentar garantías del 100% en el caso de las subvenciones y del 20% en el caso de los préstamos. Para cumplir este requisito en tiempo y forma, y con el compromiso del Gobierno de iniciar los desembolsos en diciembre, la mayoría de las empresas negoció las garantías entre octubre y noviembre, asumiendo los costes de las mismas desde esa fecha.
Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes 20 de enero cuando el Ministerio publicó la resolución definitiva. El Ministerio ha tenido que reevaluar los proyectos que no consiguieron presentar todas las garantías necesarias, entre los que se encontraba el proyecto de Seat. El fabricante estuvo cerca de dejar plantado a Industria con su proyecto estrella al no asignarle todo el dinero 'prometido'. Tras la reevaluación, se abría un nuevo plazo para la aceptación y la presentación de las garantías adicionales en aquellos proyectos en los que hubiese cambios, que finalizó el 16 de enero.
La publicación de la Orden de bases se produjo el 28 de diciembre de 2021 y la publicación de la convocatoria, el 18 de marzo de 2022. Además, el Ministerio publicó dos resoluciones provisionales de concesión (la última el 02 de diciembre de 2022) antes de la definitiva, publicada el pasado viernes 20 de enero y en la que se confirma que un 75% del dinero quedará sin repartir y tendrá que resolverse en una segunda convocatoria, algo que en su momento ya se tildó de 'fiasco' por parte de las empresas.
Las empresas, paradas y pagando intereses
El retraso en el pago de los anticipos, que previsiblemente no se producirá hasta finales de febrero o principios de marzo, está afectando a la situación financiera de las empresas seleccionadas. "El impacto negativo es muy grande. No pueden iniciar los proyectos comprometidos, con plazos ya muy ajustados, mientras afrontan la carga financiera de los costes de los avales", denuncia Noelia Escobar, responsable de relaciones institucionales de Incotec y vicepresidenta de la Asociación de Consultoras Españolas especializadas en la Financiación de la I+D+i (Afidi).
Óscar Fernández Puigdomenech, vocal de Afidi, asegura que "los problemas se están dando especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que no pueden estar esperando tres meses con inversiones retenidas, planes sin confirmar y pagando intereses a los bancos".
Cecilia Medina, responsable de I+D+i y Formación de Sernauto y coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y de Movilidad Move to Future recuerda que se han vivido "varios retrasos en todo el proceso" que "ponen en riesgo los proyectos por hacer difícil la continuidad de algunas empresas". Critica que "por ahora todo este proceso solo ha supuesto un esfuerzo financiero por parte de las entidades involucradas".
Además, Medina advierte de que la propia ejecución de los proyectos también se pone en riesgo, ya que se va a retrasar el inicio y, por ahora, el periodo de ejecución solo puede llegar a junio de 2025. En un informe publicado este lunes por Fedea, y realizado en colaboración con Llorente y Cuenca (LLYC) y BBVA Research, se destaca precisamente que "en el PERTE VEC las inversiones han de completarse en un máximo de 30 meses y siempre antes de junio de 2025, lo que ha provocado la renuncia de algún solicitante".
Por último, desde la asociación de proveedores de automoción denuncian que "toda esta situación compromete, y mucho, la credibilidad en España para hacer inversiones por parte de entidades extranjeras". En la misma línea, Escobar lamenta que "es una oportunidad que se está viendo lastrada por una normativa y procesos sumamente encorsetados y lentos", lo que "pone en grave peligro el cumplimiento de los objetivos de reforzar nuestra economía y relanzar nuestra industria".
Además del PERTE VEC, el primero y más avanzado, el Gobierno ha aprobado ya otros 11. Para impulsarlos, el Gobierno está creando nuevos altos cargos bajo la nueva figura del 'comisionado', que tienen sueldo y rango de subsecretarios. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el último, con el nombramiento de José María López Martínez para el del Vehículo Eléctrico.
Ante la pregunta de por qué se ha constituido ahora, un año y medio después de su puesta en marcha y tras aprobar comisionados en otros PERTE menos avanzados, desde Industria responden que se trata de una "lección" aprendida, pues la primera fase de este PERTE fue "muy complicada", con el personal del Ministerio "desbordado, sin estructura y sin capacidad de abrir plazas adicionales".
En otro informe reciente, LLYC destaca, precisamente, que "los aprendizajes derivados de los problemas de la primera convocatoria del PERTE VEC se ven reflejados en dos novedades importantes de cara a próximas convocatorias: la revisión de los requerimientos de avales, para no hacer depender la continuidad de un proyecto complejo, con muy diversos participantes, de la presentación de garantías por parte de todos ellos; y la posibilidad de presentar proyectos individuales, como se ha previsto para el despliegue del PERTE de descarbonización de la industria".
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