inadaptat susial
Madmaxista
El campo minado del referéndum
7 Julio, 2017
Antonio Santamaría
Ley referéndum Catalunya | Política | Españas | El Viejo Topo
La meticulosa puesta en escena de la presentación de la Ley del Referéndum, en sesión matinal en una sala del Parlament de Catalunya y en sesión vespertina en el Teatre Nacional de Catalunya, fue planeada por las fuerzas secesionistas como el pistoletazo de salida de la campaña para movilizar a sus bases sociales cara al 1 de octubre, un tanto alicaídas tras el fiasco de la licitación de la compra de las urnas para el referéndum.
La histórica jornada, una de las muchas que nos está deparando el procesismo, estuvo deslucida por la entrevista al conseller Jordi Baiget en el diario El Punt Avui, vinculado a la antigua Convergència, donde éste expresaba sus dudas sobre la celebración del referéndum. Estas manifestaciones provocaron una auténtica tormenta política, la CUP exigió su inmediata dimisión y la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, aseguró que Baiget se mantendría en el cargo. No obstante, el conseller fue fulminantemente cesado por Carles Puigdemont –previa consulta a Artur Mas–, lo que motivó el airado twitt del inhabilitado Francesc Homs, en el que confiesa estar hasta los “bemoles” de que sean los miembros de la antigua Convergència quienes paguen los platos rotos del procés. En realidad, Baiget expresó en voz alta lo que muchos dirigentes de su partido piensan en privado. Su fulminante destitución provocó un enorme malestar en el seno de su partido, especialmente por la manera en que Pascal fue desautorizada y mostrando quién manda de verdad en el PDeCat. En este sentido, circulan diversas especulaciones, de incierto fundamento, sobre una eventual cadena de dimisiones a medida que se acerque la fecha del referéndum.
La escenografía del anuncio de la presentación de la ley puso de relieve que el ejecutivo de la Generalitat únicamente gobierna para los independentistas, pues a ambos actos solo asistieron los diputados y partidarios de Junts pel Sí, la CUP y las entidades independentistas. Con la notable excepción de los caballos de Troya del independentismo Joan Josep Nuet (EUiA), Albano-Dante Fachín, Joan Giner y Àngels Martínez de Podem, lo cual significó una victoria simbólica para el bloque secesionista al conseguir dividir al grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot. Ello a pesar de las distancias que marcó Ada Colau respecto al referéndum en la entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, cuando negó su carácter vinculante, insinuó que está concebido para movilizar sólo a los partidarios del sí y afirmó que no pondría en peligro ni a la institución ni a los funcionarios en este tema. Una toma de posición que despertó las duras descalificaciones de Junts pel Sí y la CUP acusándola de asumir los argumentos “unionistas”. El bloque independentista es consciente de que el ámbito de los Comunes es el único donde ampliar el compromiso con el referéndum; pero, si no es posible conseguir su apoyo, al menos confía, como ocurrió con éxito con PSC e ICV, en generar la división entre sus filas.
Dos novedades
Diversos analistas políticos y juristas han señalado el carácter aberrante de la anunciada Ley del Referéndum. Una norma ordinaria que vulnera el principio elemental de jerarquía jurídica al saltarse las prescripciones tanto de la Constitución española como del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ambas de rango superior. Por otro lado, en la presentación de la ley, se insistió hasta la saciedad en que la normativa para celebrarlo reunirá todas las garantías democráticas respecto al censo, la junta, los colegios o la composición de las mesas electorales pero sin concretar ninguno de estos elementos. En realidad, se pidió a la ciudadanía un acto de fe sobre estas cuestiones. Aquí cuentan a su favor con la total ausencia de sentido crítico de su base electoral, que creyó en el programa de Junts pel Sí donde no se mencionaba el referéndum –considerado una pantalla pasada por utilizar el lenguaje procesista– y se prometió la elaboración de una Constitución catalana que sería aprobada y refrendada en 18 meses, tras lo cual se procedería a una declaración unilateral de independencia. Una notable diferencia respecto a la militancia de otros partidos como el PSOE, cuya militancia, en las pasadas primarias, desoyó las directrices del aparato y votó masivamente a favor de Pedro Sánchez.
Dos son las únicas novedades del texto anunciado. En primer lugar, se invoca la legislación internacional sobre el derecho a la autodeterminación para invalidar la vigencia del ordenamiento jurídico-político español. Una argumentación capciosa y mendaz, pues es de sobras conocido que el derecho a la autodeterminación de la ONU solo se aplica a los pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación militar que impida su libre desarrollo. Una doctrina aclarada por el anterior secretario general de Naciones Unidas en su visita a Barcelona en 2015 cuando manifestó: “Catalunya no está en la categoría de pueblos con derecho a la autodeterminación”.
Tampoco cumple con las prescripciones de la Comisión de Venecia que reclama, entre otras cosas, el plazo de un año entre la aprobación de las normativas legales del referéndum y su celebración y exige su adecuación al ordenamiento constitucional del Estado de referencia. Ahora bien, aquí lo que interesa subrayar es que esta mendacidad será uno de los leitmotivs argumentales de los dirigentes independentistas para orillar el obstáculo que supone el choque frontal con la legalidad española. Una falsedad que será repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación de la Generalitat y afines y que será creída a pies juntillas por las clases medias atomizadas y despolitizadas, base social del movimiento independentista para quienes el nacionalismo y la secesión más que una opción política es una religión laica. De ahí que en ellas la fe se imponga a la razón.
La segunda novedad radica en el propósito de declarar la independencia unilateralmente a las 48 horas de realizado el escrutinio si hubiera un solo voto favorable a la secesión. Ello a despecho de las prescripciones de la Comisión de Venecia, pues ni se establece un quórum de participación, ni una mayoría reforzada para declarar válido el resultado de la consulta. También se oblitera, como se establece en la Ley de la Claridad canadiense, la necesidad de establecer negociaciones entre los dos gobiernos implicados para concretar el traspaso de poderes en caso de victoria de los partidarios de la separación.
En realidad, como apuntó Ada Colau, se busca que participen masivamente los electores independentistas; pero también, añadimos nosotros, una pequeña cifra de votantes contrarios a la secesión a fin de dotar de una apariencia de legitimidad a la consulta para lo cual resulta imprescindible el concurso del espacio de los Comunes. Como hemos indicado en diversas ocasiones, el movimiento independentista realiza sistemáticamente un uso instrumental de los procedimientos democráticos: se invocan cuando son útiles a la causa de la secesión y se desechan cuando constituyen un obstáculo. Como sucede, solo por poner un ejemplo, con la reforma del reglamento del Parlament para aprobar en lectura única y sin debate tanto la ley del referéndum como las de desconexión.
Campo de minas
Nos acercamos a unas semanas extremadamente peligrosas donde la alta tensión acumulada podría desembocar en un conflicto de imprevisibles consecuencias. Estamos, si se nos permite la metáfora, ante un campo minado donde cualquier movimiento en falso puede provocar una explosión.
En parte, esta es la intención de amplios sectores de los dirigentes del movimiento secesionista que, mediante reiteradas provocaciones, buscan una reacción violenta del gobierno español como factor de movilización interna y para recabar el apoyo de la comunidad internacional. Una estrategia de elevada irresponsabilidad a la que parecen dar pábulo los sectores más duros del PP, como la titular del ministerio de Defensa, María Dolores de Cospedal quien, en unas desafortunadas declaraciones, recordó el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad nacional. En clave menos agresiva, pero no menos inquietante, se expresaron los expresidentes de gobierno González, Aznar y Zapatero que invocaron la constitucionalidad del artículo 155 de la Constitución, por cierto tomado de la Carta Magna de la República Federal Alemana, que permite la intervención de las autonomías por parte del gobierno central en caso de manifiesta desobediencia al orden constitucional.
Lamentablemente, no se atisba en el horizonte ningún signo que nos permita ahorrarnos el anunciado choque de trenes que está ahondando las barreras políticas e identitarias entre la ciudadanía catalana, cogida como un auténtico rehén, entre los fuegos cruzados del nacionalismo catalán y español.
7 Julio, 2017
Antonio Santamaría
Ley referéndum Catalunya | Política | Españas | El Viejo Topo
La meticulosa puesta en escena de la presentación de la Ley del Referéndum, en sesión matinal en una sala del Parlament de Catalunya y en sesión vespertina en el Teatre Nacional de Catalunya, fue planeada por las fuerzas secesionistas como el pistoletazo de salida de la campaña para movilizar a sus bases sociales cara al 1 de octubre, un tanto alicaídas tras el fiasco de la licitación de la compra de las urnas para el referéndum.
La histórica jornada, una de las muchas que nos está deparando el procesismo, estuvo deslucida por la entrevista al conseller Jordi Baiget en el diario El Punt Avui, vinculado a la antigua Convergència, donde éste expresaba sus dudas sobre la celebración del referéndum. Estas manifestaciones provocaron una auténtica tormenta política, la CUP exigió su inmediata dimisión y la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, aseguró que Baiget se mantendría en el cargo. No obstante, el conseller fue fulminantemente cesado por Carles Puigdemont –previa consulta a Artur Mas–, lo que motivó el airado twitt del inhabilitado Francesc Homs, en el que confiesa estar hasta los “bemoles” de que sean los miembros de la antigua Convergència quienes paguen los platos rotos del procés. En realidad, Baiget expresó en voz alta lo que muchos dirigentes de su partido piensan en privado. Su fulminante destitución provocó un enorme malestar en el seno de su partido, especialmente por la manera en que Pascal fue desautorizada y mostrando quién manda de verdad en el PDeCat. En este sentido, circulan diversas especulaciones, de incierto fundamento, sobre una eventual cadena de dimisiones a medida que se acerque la fecha del referéndum.
La escenografía del anuncio de la presentación de la ley puso de relieve que el ejecutivo de la Generalitat únicamente gobierna para los independentistas, pues a ambos actos solo asistieron los diputados y partidarios de Junts pel Sí, la CUP y las entidades independentistas. Con la notable excepción de los caballos de Troya del independentismo Joan Josep Nuet (EUiA), Albano-Dante Fachín, Joan Giner y Àngels Martínez de Podem, lo cual significó una victoria simbólica para el bloque secesionista al conseguir dividir al grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot. Ello a pesar de las distancias que marcó Ada Colau respecto al referéndum en la entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, cuando negó su carácter vinculante, insinuó que está concebido para movilizar sólo a los partidarios del sí y afirmó que no pondría en peligro ni a la institución ni a los funcionarios en este tema. Una toma de posición que despertó las duras descalificaciones de Junts pel Sí y la CUP acusándola de asumir los argumentos “unionistas”. El bloque independentista es consciente de que el ámbito de los Comunes es el único donde ampliar el compromiso con el referéndum; pero, si no es posible conseguir su apoyo, al menos confía, como ocurrió con éxito con PSC e ICV, en generar la división entre sus filas.
Dos novedades
Diversos analistas políticos y juristas han señalado el carácter aberrante de la anunciada Ley del Referéndum. Una norma ordinaria que vulnera el principio elemental de jerarquía jurídica al saltarse las prescripciones tanto de la Constitución española como del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ambas de rango superior. Por otro lado, en la presentación de la ley, se insistió hasta la saciedad en que la normativa para celebrarlo reunirá todas las garantías democráticas respecto al censo, la junta, los colegios o la composición de las mesas electorales pero sin concretar ninguno de estos elementos. En realidad, se pidió a la ciudadanía un acto de fe sobre estas cuestiones. Aquí cuentan a su favor con la total ausencia de sentido crítico de su base electoral, que creyó en el programa de Junts pel Sí donde no se mencionaba el referéndum –considerado una pantalla pasada por utilizar el lenguaje procesista– y se prometió la elaboración de una Constitución catalana que sería aprobada y refrendada en 18 meses, tras lo cual se procedería a una declaración unilateral de independencia. Una notable diferencia respecto a la militancia de otros partidos como el PSOE, cuya militancia, en las pasadas primarias, desoyó las directrices del aparato y votó masivamente a favor de Pedro Sánchez.
Dos son las únicas novedades del texto anunciado. En primer lugar, se invoca la legislación internacional sobre el derecho a la autodeterminación para invalidar la vigencia del ordenamiento jurídico-político español. Una argumentación capciosa y mendaz, pues es de sobras conocido que el derecho a la autodeterminación de la ONU solo se aplica a los pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación militar que impida su libre desarrollo. Una doctrina aclarada por el anterior secretario general de Naciones Unidas en su visita a Barcelona en 2015 cuando manifestó: “Catalunya no está en la categoría de pueblos con derecho a la autodeterminación”.
Tampoco cumple con las prescripciones de la Comisión de Venecia que reclama, entre otras cosas, el plazo de un año entre la aprobación de las normativas legales del referéndum y su celebración y exige su adecuación al ordenamiento constitucional del Estado de referencia. Ahora bien, aquí lo que interesa subrayar es que esta mendacidad será uno de los leitmotivs argumentales de los dirigentes independentistas para orillar el obstáculo que supone el choque frontal con la legalidad española. Una falsedad que será repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación de la Generalitat y afines y que será creída a pies juntillas por las clases medias atomizadas y despolitizadas, base social del movimiento independentista para quienes el nacionalismo y la secesión más que una opción política es una religión laica. De ahí que en ellas la fe se imponga a la razón.
La segunda novedad radica en el propósito de declarar la independencia unilateralmente a las 48 horas de realizado el escrutinio si hubiera un solo voto favorable a la secesión. Ello a despecho de las prescripciones de la Comisión de Venecia, pues ni se establece un quórum de participación, ni una mayoría reforzada para declarar válido el resultado de la consulta. También se oblitera, como se establece en la Ley de la Claridad canadiense, la necesidad de establecer negociaciones entre los dos gobiernos implicados para concretar el traspaso de poderes en caso de victoria de los partidarios de la separación.
En realidad, como apuntó Ada Colau, se busca que participen masivamente los electores independentistas; pero también, añadimos nosotros, una pequeña cifra de votantes contrarios a la secesión a fin de dotar de una apariencia de legitimidad a la consulta para lo cual resulta imprescindible el concurso del espacio de los Comunes. Como hemos indicado en diversas ocasiones, el movimiento independentista realiza sistemáticamente un uso instrumental de los procedimientos democráticos: se invocan cuando son útiles a la causa de la secesión y se desechan cuando constituyen un obstáculo. Como sucede, solo por poner un ejemplo, con la reforma del reglamento del Parlament para aprobar en lectura única y sin debate tanto la ley del referéndum como las de desconexión.
Campo de minas
Nos acercamos a unas semanas extremadamente peligrosas donde la alta tensión acumulada podría desembocar en un conflicto de imprevisibles consecuencias. Estamos, si se nos permite la metáfora, ante un campo minado donde cualquier movimiento en falso puede provocar una explosión.
En parte, esta es la intención de amplios sectores de los dirigentes del movimiento secesionista que, mediante reiteradas provocaciones, buscan una reacción violenta del gobierno español como factor de movilización interna y para recabar el apoyo de la comunidad internacional. Una estrategia de elevada irresponsabilidad a la que parecen dar pábulo los sectores más duros del PP, como la titular del ministerio de Defensa, María Dolores de Cospedal quien, en unas desafortunadas declaraciones, recordó el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad nacional. En clave menos agresiva, pero no menos inquietante, se expresaron los expresidentes de gobierno González, Aznar y Zapatero que invocaron la constitucionalidad del artículo 155 de la Constitución, por cierto tomado de la Carta Magna de la República Federal Alemana, que permite la intervención de las autonomías por parte del gobierno central en caso de manifiesta desobediencia al orden constitucional.
Lamentablemente, no se atisba en el horizonte ningún signo que nos permita ahorrarnos el anunciado choque de trenes que está ahondando las barreras políticas e identitarias entre la ciudadanía catalana, cogida como un auténtico rehén, entre los fuegos cruzados del nacionalismo catalán y español.
