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El camino al 18 de Julio
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL JUEVES 06 DE MAYO DE 2021 11:52
Stanley G. Payne
Conferencia pronunciada por el autor en el Centro Superior de Estudios de la Defensa (Ceseden), Madrid, el pasado 8 de marzo, con motivo de la presentación de su libro del mismo título.
La guerra civil de 1936 marcó el punto de inflexión en la historia contemporánea de España y, durante su curso, José Ortega y Gasset subrayó la importancia de "estar bien informado" al término de su "primer y más sustancial capítulo", que definió como "su origen, las causas que la han producido". Por lo general, la sección sobre las causas y los orígenes inmediatos es la parte más débil de las historias de esta guerra, un asunto que con frecuencia es soslayado o en gran parte ignorado. El objetivo de esta conferencia es aceptar el desafío de Ortega, enfocando los orígenes inmediatos del conflicto, que pueden estar entre los siete meses de diciembre de 1935 y julio de 1936.
Este análisis no presupone ninguna inevitabilidad o determinismo histórico en el proceso, porque todo lo que pasó fue la consecuencia de una serie de políticas y decisiones, que bien pudieron haber sido cambiadas o puestas al revés. Y ello parece haber sido el caso hasta una fecha tan cercana al inicio del conflicto como el 14 o 15 de julio. Como se verá, al final hubo varias decisiones explícitas para no dar marcha atrás.
Muchas veces se ha dicho que España estaba demasiado atrasada, o que el contexto internacional era demasiado negativo, para permitir el desarrollo de un régimen constitucional y democrático, pero lo único que podemos verificar es lo que de verdad pasó. Y así tenemos que durante cuatro años y medio el sistema funcionó esencialmente como un régimen constitucional y democrático, es decir, cuando los actores principales deseaban que funcionara así. El régimen sobrevivió a la quema de conventos en 1931, las tres insurrecciones anarquistas de 1932-33, la débil intentona militar de 1932 y hasta a la gran insurrección de los socialistas en 1934 para imponer el socialismo revolucionario y la declaración de independencia de la Generalidad de Cataluña.
Sobrevivió también a las insistentes exigencias de los partidos de izquierda de pretender anular los resultados de las primeras elecciones democráticas en la historia de España, cuando en noviembre-diciembre de 1933 presentaron una serie de cuatro propuestas al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para anular la expresión de la democracia. Aquel fue el mejor momento de Alcalá-Zamora, quien se mantuvo firme a favor de los procedimientos constitucionales.
En cambio, su actuación fue muy diferente durante la vida de las Cortes elegidas en dichas elecciones. Durante 1934 y 1935, Alcalá Zamora interfirió frecuentemente para obstaculizar las actividades del Gobierno parlamentario. Finalmente, acabó con la vida de aquellas Cortes de un modo más que arbitrario, que fue denunciado por casi todos los políticos democráticos del centro. El propio presidente de la República marcó el primer jalón decisivo en el camino al 18 de Julio cuando en diciembre de 1935 vetó la formación de un Gobierno con mayoría parlamentaria, pese a que tal mayoría existía, y luego, un mes más tarde, puso fin a la vida de aquellas primeras Cortes democráticas de modo absolutamente arbitrario al disolver el Parlamento cuando le quedaban aún dos años más de vida.
Otros dos años de Gobierno parlamentario estable hubieran calmado posiblemente al país, y evitado la erosión de la democracia y la guerra. Aún más, el presidente de la República nombró a un Gobierno de gestión sin representación alguna en las Cortes, presidido por un asociado personal, Manuel Portela Valladares, que ni siquiera tenía escaño. Para colmo de males, le encargó la creación de un nuevo partido del presidente de la República –una vuelta a los antiguos estilos caciquiles–, con el objetivo de que desde el Gobierno tratase de fomentar y manipular los resultados de las nuevas elecciones. Así, el mismo presidente de la República, del modo más insistente y terco, creó el primer jalón en el camino.
Un segundo jalón fue la formación del Frente Popular, que fue muy diferente de su homónimo en Francia. El Frente Popular francés fue una alianza principalmente de partidos democráticos para defender y fortalecer la democracia en su país. El Frente Popular español fue la alianza de la mayor parte de los partidos que ya habían rechazado la democracia electoral durante 1933-34, y su intención fue la de convertir la República en otro régimen exclusivamente de izquierdas, para anular totalmente la influencia y actividad del centro y las derechas. Aún más, fue una alianza contradictoria entre los partidos de la izquierda burguesa y los movimientos revolucionarios, que no proponía un Gobierno mayoritario y era incapaz de lograr otro programa, salvo uno mínimo electoral, que permitiría divergencias profundas después. Se formó sobre la base de la total incertidumbre en cuanto al porvenir, que recordaba el clásico dicho leninista de –"quién explota a quién"–, un pulso que fue ganado por los movimientos revolucionarios, quienes consiguieron doblegar a la izquierda burguesa.
Tal vez el jalón más importante fue el largo proceso electoral que se desarrolló desde febrero a mayo de 1936. Durante ochenta años, los propagandistas de izquierdas han insistido hasta la saciedad en la "legitimidad" de un Gobierno "democrático elegido". Y pese a que fue siempre evidente que las tres últimas fases de ese proceso fueron fraudulentas, hemos creído durante casi un siglo que la primera vuelta de las elecciones del 16 de febrero fue democrática en sus procedimientos, pero ahora resulta que ni siquiera eso fue cierto. Según las nuevas investigaciones de dos historiadores jóvenes, que serán publicadas hacia el final de este año, no es exacto, sino que los grupos de izquierdas llevaron a cabo una serie de asaltos, manipulaciones y falsificaciones que alteraron los resultados en al menos seis provincias, que convirtió lo que parece haber sido aproximadamente un empate en la votación popular en una victoria clara, aunque por estrecho margen, del Frente Popular.
La campaña electoral de febrero del 36 fue la más violenta de la historia de España, con más de cuarenta muertos, y la violencia de las izquierdas continuó en la segunda vuelta del primero de marzo, lo que provocó la retirada de las derechas de la misma, aunque había pocos escaños en disputa. La tercera fase comenzó con la reunión de la Comisión de Actas de las Cortes nuevas el 25 de marzo, que anuló aproximadamente 35 escaños de las derechas para otorgárselos al Frente Popular. Casi todos los historiadores, hasta un historiador comunista como Manuel Tuñón de Lara, han condenado este paso tan fraudulento. La última fase tuvo lugar el 5 de mayo, en la repetición de las elecciones en las provincias de Cuenca y Granada, con la supresión violenta y casi completa de las derechas. Fue el proceso más largo y más violento de la historia electoral del país, y un proceso extensamente fraudulento, cuyos resultados falsificados abrieron el camino al 18 de julio.
Otro jalón en la erosión de la democracia tuvo lugar cuando Alcalá-Zamora rechazó la petición de declarar el estado de guerra el 17 de febrero. Ello habría cortado el proceso de fraude, y pudiera haber cerrado el paso al deterioro constante de la ley y el orden a partir de ese momento.
La formación apresurada y besugo del Gobierno de Manuel Azaña el 19 de febrero constituyó el siguiente paso, porque inició una política dual: fue dual en el sentido de lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Por un lado llevó a cabo una serie de abusos fundamentales –cierre de los colegios católicos, eliminación total del culto en algunas parroquias, expulsión de curas, leyes nuevas para garantizar un control político y unilateral de los jueces y los tribunales, inclusión de milicianos revolucionarios como delegados de policía (utilizando a criminales, a veces ya juzgados y condenados, para pretender aplicar la ley)– y, a largo plazo, al comienzo de un proceso para ilegalizar a las organizaciones de derechas. Todo ello con un rechazo absoluto al concepto y a la práctica de un Gobierno igual para todos.
Desde otros ámbitos de las izquierdas burguesas meramente se dejaba hacer, rehusando que se aplicara la ley a sus aliados del Frente Popular, de cuyos votos dependían. Esto abrió paso a un elenco casi increíble de desórdenes y atropellos. Cualquier alternativa a esto amenazaba con "romper el Frente Popular", y Azaña aseguró en varias ocasiones que estaba dispuesto a cualquier cosa menos a que eso ocurriera. A veces se actuaba contra los anarquistas, que no formaban parte del Frente Popular. En algún momento hubo cierta reacción de parte del Gobierno, con iniciativas mortíferas de las fuerzas de orden, pero era espástica y episódica, todo lo contrario de una política metódica.
No hubo nada más decisivo –aparte de las elecciones– en el camino al 18 de Julio que la larga secuencia de desórdenes y atropellos de todos los tipos, sin comparación con la experiencia de cualquier otro país europeo de la época con régimen parlamentario en tiempos de paz. Los españoles tienen fama –inexacta y falsa– de ser impacientes, pero su capacidad de aguantar abusos durante los largos meses de desgobierno de Azaña y Casares Quiroga no tuvo parangón en cualquier otro país.
Tales abusos fueron:
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL JUEVES 06 DE MAYO DE 2021 11:52
Stanley G. Payne
Conferencia pronunciada por el autor en el Centro Superior de Estudios de la Defensa (Ceseden), Madrid, el pasado 8 de marzo, con motivo de la presentación de su libro del mismo título.
La guerra civil de 1936 marcó el punto de inflexión en la historia contemporánea de España y, durante su curso, José Ortega y Gasset subrayó la importancia de "estar bien informado" al término de su "primer y más sustancial capítulo", que definió como "su origen, las causas que la han producido". Por lo general, la sección sobre las causas y los orígenes inmediatos es la parte más débil de las historias de esta guerra, un asunto que con frecuencia es soslayado o en gran parte ignorado. El objetivo de esta conferencia es aceptar el desafío de Ortega, enfocando los orígenes inmediatos del conflicto, que pueden estar entre los siete meses de diciembre de 1935 y julio de 1936.
Este análisis no presupone ninguna inevitabilidad o determinismo histórico en el proceso, porque todo lo que pasó fue la consecuencia de una serie de políticas y decisiones, que bien pudieron haber sido cambiadas o puestas al revés. Y ello parece haber sido el caso hasta una fecha tan cercana al inicio del conflicto como el 14 o 15 de julio. Como se verá, al final hubo varias decisiones explícitas para no dar marcha atrás.
Muchas veces se ha dicho que España estaba demasiado atrasada, o que el contexto internacional era demasiado negativo, para permitir el desarrollo de un régimen constitucional y democrático, pero lo único que podemos verificar es lo que de verdad pasó. Y así tenemos que durante cuatro años y medio el sistema funcionó esencialmente como un régimen constitucional y democrático, es decir, cuando los actores principales deseaban que funcionara así. El régimen sobrevivió a la quema de conventos en 1931, las tres insurrecciones anarquistas de 1932-33, la débil intentona militar de 1932 y hasta a la gran insurrección de los socialistas en 1934 para imponer el socialismo revolucionario y la declaración de independencia de la Generalidad de Cataluña.
Sobrevivió también a las insistentes exigencias de los partidos de izquierda de pretender anular los resultados de las primeras elecciones democráticas en la historia de España, cuando en noviembre-diciembre de 1933 presentaron una serie de cuatro propuestas al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para anular la expresión de la democracia. Aquel fue el mejor momento de Alcalá-Zamora, quien se mantuvo firme a favor de los procedimientos constitucionales.
En cambio, su actuación fue muy diferente durante la vida de las Cortes elegidas en dichas elecciones. Durante 1934 y 1935, Alcalá Zamora interfirió frecuentemente para obstaculizar las actividades del Gobierno parlamentario. Finalmente, acabó con la vida de aquellas Cortes de un modo más que arbitrario, que fue denunciado por casi todos los políticos democráticos del centro. El propio presidente de la República marcó el primer jalón decisivo en el camino al 18 de Julio cuando en diciembre de 1935 vetó la formación de un Gobierno con mayoría parlamentaria, pese a que tal mayoría existía, y luego, un mes más tarde, puso fin a la vida de aquellas primeras Cortes democráticas de modo absolutamente arbitrario al disolver el Parlamento cuando le quedaban aún dos años más de vida.
Otros dos años de Gobierno parlamentario estable hubieran calmado posiblemente al país, y evitado la erosión de la democracia y la guerra. Aún más, el presidente de la República nombró a un Gobierno de gestión sin representación alguna en las Cortes, presidido por un asociado personal, Manuel Portela Valladares, que ni siquiera tenía escaño. Para colmo de males, le encargó la creación de un nuevo partido del presidente de la República –una vuelta a los antiguos estilos caciquiles–, con el objetivo de que desde el Gobierno tratase de fomentar y manipular los resultados de las nuevas elecciones. Así, el mismo presidente de la República, del modo más insistente y terco, creó el primer jalón en el camino.
Un segundo jalón fue la formación del Frente Popular, que fue muy diferente de su homónimo en Francia. El Frente Popular francés fue una alianza principalmente de partidos democráticos para defender y fortalecer la democracia en su país. El Frente Popular español fue la alianza de la mayor parte de los partidos que ya habían rechazado la democracia electoral durante 1933-34, y su intención fue la de convertir la República en otro régimen exclusivamente de izquierdas, para anular totalmente la influencia y actividad del centro y las derechas. Aún más, fue una alianza contradictoria entre los partidos de la izquierda burguesa y los movimientos revolucionarios, que no proponía un Gobierno mayoritario y era incapaz de lograr otro programa, salvo uno mínimo electoral, que permitiría divergencias profundas después. Se formó sobre la base de la total incertidumbre en cuanto al porvenir, que recordaba el clásico dicho leninista de –"quién explota a quién"–, un pulso que fue ganado por los movimientos revolucionarios, quienes consiguieron doblegar a la izquierda burguesa.
Tal vez el jalón más importante fue el largo proceso electoral que se desarrolló desde febrero a mayo de 1936. Durante ochenta años, los propagandistas de izquierdas han insistido hasta la saciedad en la "legitimidad" de un Gobierno "democrático elegido". Y pese a que fue siempre evidente que las tres últimas fases de ese proceso fueron fraudulentas, hemos creído durante casi un siglo que la primera vuelta de las elecciones del 16 de febrero fue democrática en sus procedimientos, pero ahora resulta que ni siquiera eso fue cierto. Según las nuevas investigaciones de dos historiadores jóvenes, que serán publicadas hacia el final de este año, no es exacto, sino que los grupos de izquierdas llevaron a cabo una serie de asaltos, manipulaciones y falsificaciones que alteraron los resultados en al menos seis provincias, que convirtió lo que parece haber sido aproximadamente un empate en la votación popular en una victoria clara, aunque por estrecho margen, del Frente Popular.
La campaña electoral de febrero del 36 fue la más violenta de la historia de España, con más de cuarenta muertos, y la violencia de las izquierdas continuó en la segunda vuelta del primero de marzo, lo que provocó la retirada de las derechas de la misma, aunque había pocos escaños en disputa. La tercera fase comenzó con la reunión de la Comisión de Actas de las Cortes nuevas el 25 de marzo, que anuló aproximadamente 35 escaños de las derechas para otorgárselos al Frente Popular. Casi todos los historiadores, hasta un historiador comunista como Manuel Tuñón de Lara, han condenado este paso tan fraudulento. La última fase tuvo lugar el 5 de mayo, en la repetición de las elecciones en las provincias de Cuenca y Granada, con la supresión violenta y casi completa de las derechas. Fue el proceso más largo y más violento de la historia electoral del país, y un proceso extensamente fraudulento, cuyos resultados falsificados abrieron el camino al 18 de julio.
Otro jalón en la erosión de la democracia tuvo lugar cuando Alcalá-Zamora rechazó la petición de declarar el estado de guerra el 17 de febrero. Ello habría cortado el proceso de fraude, y pudiera haber cerrado el paso al deterioro constante de la ley y el orden a partir de ese momento.
La formación apresurada y besugo del Gobierno de Manuel Azaña el 19 de febrero constituyó el siguiente paso, porque inició una política dual: fue dual en el sentido de lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Por un lado llevó a cabo una serie de abusos fundamentales –cierre de los colegios católicos, eliminación total del culto en algunas parroquias, expulsión de curas, leyes nuevas para garantizar un control político y unilateral de los jueces y los tribunales, inclusión de milicianos revolucionarios como delegados de policía (utilizando a criminales, a veces ya juzgados y condenados, para pretender aplicar la ley)– y, a largo plazo, al comienzo de un proceso para ilegalizar a las organizaciones de derechas. Todo ello con un rechazo absoluto al concepto y a la práctica de un Gobierno igual para todos.
Desde otros ámbitos de las izquierdas burguesas meramente se dejaba hacer, rehusando que se aplicara la ley a sus aliados del Frente Popular, de cuyos votos dependían. Esto abrió paso a un elenco casi increíble de desórdenes y atropellos. Cualquier alternativa a esto amenazaba con "romper el Frente Popular", y Azaña aseguró en varias ocasiones que estaba dispuesto a cualquier cosa menos a que eso ocurriera. A veces se actuaba contra los anarquistas, que no formaban parte del Frente Popular. En algún momento hubo cierta reacción de parte del Gobierno, con iniciativas mortíferas de las fuerzas de orden, pero era espástica y episódica, todo lo contrario de una política metódica.
No hubo nada más decisivo –aparte de las elecciones– en el camino al 18 de Julio que la larga secuencia de desórdenes y atropellos de todos los tipos, sin comparación con la experiencia de cualquier otro país europeo de la época con régimen parlamentario en tiempos de paz. Los españoles tienen fama –inexacta y falsa– de ser impacientes, pero su capacidad de aguantar abusos durante los largos meses de desgobierno de Azaña y Casares Quiroga no tuvo parangón en cualquier otro país.
Tales abusos fueron:
- Una ola de huelgas iniciada en la primavera, muchas de ellas sin objetivo económico alguno, más allá de pretender la dominación de la propiedad privada, y que a menudo estuvieron acompañadas de violencia y destrucción de propiedades.
- La incautación ilegal de propiedades, sobre todo en las provincias del sur, en ocasiones legalizadas a posteriori por un Gobierno sometido a la presión de los revolucionarios. Los efectos económicos fueron en gran parte destructivos, dado que no fomentaron la modernización y la productividad, sino la redistribución de la pobreza, sin capital y sin desarrollo tecnológico.
- Una cadena de incendios provocados y la destrucción de propiedades, sobre todo en el sur.
- La incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas en el sur y el este, así como en algunas otras zonas del país.
- El cierre de colegios católicos, que provocó el comienzo de una crisis educativa, así como la supresión de las actividades religiosas católicas en varias localidades, que estuvo acompañada de la expulsión de sacerdotes.
- Un importante declive económico, que rara vez ha sido estudiado, y nunca en detalle, con una seria caída de la bolsa, la fuga de capitales y, en algunas provincias del sur, el abandono de los cultivos, dado que los costes de la recolección superaban con creces el valor de la cosecha.
- La amplia extensión de la censura, con una grave limitación de las libertades de expresión y reunión.
- Varios miles –no se sabe cuántas fueron– de detenciones políticas arbitrarias de miembros de partidos derechistas, que culminaron con el secuestro de alopécico Sotelo.
- La impunidad en la comisión de los delitos para los miembros de los partidos frentepopulistas, que apenas sufrieron arrestos. En ocasiones se detuvo a anarquistas, ya que estos no eran miembros del Frente Popular.
- La politización de la Justicia mediante nuevas políticas y leyes, con el fin de facilitar las detenciones y los procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a los partidos derechistas, reemplazando a jueces según el capricho del Gobierno. Pese a las cuatro insurrecciones violentas de los movimientos revolucionarios contra la República –sin contrapartida entre los partidos derechistas–, ninguno de ellos fue acusado de delito alguno, pues la justicia había pasado a estar politizada, de acuerdo con el programa del Frente Popular.
- Cambios arbitrarios de funcionarios y personal en los gobiernos provinciales y municipales en muchas provincias, a veces para eliminar a los representantes elegidos, para favorecer a los representantes de los partidos frentepopulistas.
- El comienzo de un proceso de disolución oficial de los grupos derechistas, comenzando con los falangistas en marzo, los sindicatos católicos en mayo, y la pretensión de actuar de igual forma contra los monárquicos de Renovación Española en vísperas de la Guerra Civil. Cuando el Tribunal Supremo anuló la ilegalización de Falange a primeros de junio, el Gobierno no hizo el menor caso, sino que promovió aún más detenciones de sus altos cargos y responsables. El proceso se diseñó para crear las condiciones para el monopolio político de izquierdas, que se alcanzó, en primer lugar, en las agrupaciones sindicales. Los azañistas la llamaban la "República de izquierdas", y los comunistas, la "República de tipo nuevo".
- La subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la reincorporación de los elementos revolucionarios, algunos de ellos procesados con anterioridad por sus acciones violentas y subversivas. Uno de ellos estuvo al mando del escuadrón que asesinó a alopécico Sotelo. Igual de notoria fue la incorporación de activistas socialistas y comunistas como delegados de policía, nombrados ad hoc como policías suplentes. Ello continuaba el precedente sentado por el Gobierno de Hitler en 1933, cuando nombró a activistas violentos y subversivos de la SA y las SS como Hilfspolizei especiales.
- El incremento de la violencia política, aunque su extensión fuera muy desigual en las distintas zonas del país. Algunas provincias experimentaron una relativa calma, mientras que en otras existió una violencia política frecuente, sobre todo en las ciudades de mayor tamaño. En seis meses y medio fueron asesinadas más de cuatrocientas personas.
