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Observador neutral
El Gobierno español debe trasponer antes de que acabe el año la 'directiva Whistleblower', pensada para proteger a los filtradores de casos de corrupción en el ámbito empresarial
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Está a punto de cumplirse una década del primer desahucio de Roberto Martínez y María José Alarcón. El primero porque, años después, hubo un segundo. Fueron parte de los denunciantes del fraude multimillonario en las residencias de BB Serveis, una empresa que les dejó “totalmente en la ruina, sin ingresos y en una época bastante complicada”, el prólogo de la crisis económica de 2008. “La batalla contra BB Serveis empezó a nivel personal, por una serie de impagos, pero poco a poco fuimos conociendo más casos y esta bestialidad”, recuerda el propio Martínez, portavoz de la plataforma de afectados.
Su pareja trabajaba en una residencia pública, pero con plazas concertadas sacadas a concurso que había ganado la empresa en cuestión. “Además, utilizaban la titulación de Mari José para poder ganar los concursos”, enfatiza. Cuando la investigación de los trabajadores había dado sus primeros pasos, “BB Serveis intentaba tapar los agujeros que dejábamos al descubierto, negando la evidencia: uno de los directivos se atrevió a decir que nos iban a denunciar por injurias y calumnias”. En 2013 consiguieron agrupar a 31 trabajadoras para presentar una querella y, año y medio más tarde,recibieron una llamada de la Guardia Civil para hacer una serie de preguntas sobre el caso, que ya estaban investigando. Fueron a declarar a sus oficinas, donde aportaron “una serie de pruebas que entendíamos que posiblemente ellos no las tendrían, porque era casi imposible conseguirlas si no era por nuestra mano”.
El caso Falciani
Ya en febrero de 2016, todo saltó por los aires con la detención de varios directivos. Para entonces, la pareja estaba ya en proceso de su segundo desahucio: “En ese momento nos empiezan a contactar periodistas para entrevistarnos y ven en la situación en la que vivimos, con un piso de 24 metros cuadrados tras destapar un fraude multimillonario y a punto de vernos en la calle”.
Fueron uno de los primeros casos de lo que en inglés se conoce como 'whistleblower', para lo que no hay una traducción exacta al castellano, aunque sería algo así como ‘filtrador’, ‘alertador’ o ‘denunciante’ de irregularidades de la empresa o institución en la que trabaja, donde han destacado grandes casos de renombre mediático como el de Hervé Falciani, el informático que trabajaba para HSBC y sacó a la luz la lista de clientes que utilizaban cuentas opacas en el banco suizo.
En España no hay ninguna regulación específica para proteger a este tipo de perfiles, aunque no será por mucho tiempo. Antes de que acabe el año, se tendrá que trasponer la llamada 'Directiva Whistleblower', que busca una mayor seguridad en toda la Unión Europea para estos alertadores de corruptelas y que, en el caso español, supondrá un auténtico terremoto, aunque hay dudas sobre sus consecuencias.
Un 10% más de denuncias en el Ibex 35
Uno de los aspectos clave de la directiva es el establecimiento de un mecanismo interno de denuncias de las empresas, algo inédito en la legislación española. No obstante, buena parte de las grandes empresas españolas tienen ya algún tipo de canal de denuncias como los buzones digitales, uno de los más habituales. De hecho, según un análisis de la Agencia EFE, las denuncias internas de empleados, clientes o incluso, proveedores del Ibex 35 aumentaron un 10,6 % en 2020, registrando cerca de 10.000 comunicaciones. Tanto estas empresas como aquellas que tengan más de 50 trabajadores deberán adaptarse a la nueva regulación -aquellas que tengan menos de 250 empleados tendrán una prórroga de dos años para adaptarse-, aunque aún no se han dado detalles sobre qué tipo de regulación se implementará en España.
Daniel Burón, director del departamento jurídico de LABE Abogados, considera que “la digitalización del proceso va a ser esencial por dos cuestiones”. Por un lado, en “la trasposición se debe indicar si se va a permitir la denuncia anónima, porque la directiva establece que tienes que identificarte de alguna forma”. En ese sentido, “lo mejor es la firma digital pero quizá muchos trabajadores no lo tienen, con lo cual hay que darles otros métodos, como por apoderamiento”.
Eso sí, cuantos más dispongan de firma digital, “más rápido se podrá hacer el trabajo, porque nos evitará todos los trámites para verificar la identidad”. El otro asunto, relacionado con el anterior, es si en la tras*posición se permiten las denuncias anónimas. De ser así, lo anterior perdería peso, pues “resulta más irrelevante quién sea el denunciante, porque lo importante son los hechos a investigar y así se hará”.
Por su parte, Virginia Peña, socia directora de Penya Advocats, explica que “la denuncia podrá llevarse a cabo de forma verbal o escrita”, aunque subraya que “a veces se cuestiona si es suficiente un correo electrónico”: “La directiva establece una serie de requisitos, como que sea accesible por el personal interno y externo, confidencial o anonimato, protección al denunciante, trazabilidad, todos los pasos por los que tras*curre y perdurabilidad en el tiempo. Las herramientas que se están considerando más oportunas son las plataformas digitales o aplicaciones de móviles”.
En este sentido, la abogada indica que esta regulación “supondrá un antes y un después”, porque “puede suponer una vía de entrada de la postura preventiva en aquellas empresas que hasta el momento no disponían de un plan de prevención de delitos o compliance penal”. “Este será un primer paso, pero el verdadero cambio de mentalidad empresarial debe venir de mano de la formación. La empresa debe formar a sus trabajadores en una cultura de cumplimiento ético de las normas de carácter interno que permita a través de los protocolos de actuación, en primer lugar, los riesgos que existen en su seno, evaluarlos y por último adoptar las medidas oportunas para mitigar cualquier tipo de práctica abusiva que pueda tener lugar”, añade.
Una normativa de mínimos
“La directiva tiene un objetivo fundamental: proteger a los denunciantes, aquellos que proporcionan información sobre las infracciones que se cometen en el ámbito empresarial”, indica Peña, que advierte de que “estas infracciones incluyen desde acciones, como las prácticas abusivas, así como omisiones”: “Se trata de proteger de las posibles represalias que pueden sufrir en su puesto de trabajo, tales como un despido, degradación, intimidación o inclusión en listas negras”.
Burón, de LABE Abogados, explica que “lo que hay sobre la mesa es una normativa de mínimos que los estados miembros tendrán que tras*poner y, como mínimo, respetar”, aunque “también pueden ir más allá”. “Es una cuestión con mucha enjundia, en la que hay que analizar los ordenamientos particulares de los estados miembros y de momento tenemos un manual muy superficial”, apostilla el letrado, que recuerda que el 17 de diciembre de este año vence el plazo para trasponerla. La redacción final, advierte, reflejará “la expectativa que tiene el Estado español en el cumplimiento normativo, si se quiere quedar en un estado incipiente o extensivo”.
“La directiva establece una figura central que es el responsable del canal de denuncias, que es un tercero imparcial y objetivo que tiene la función de recibir las denuncias y tramitarlas, procediendo a una mínima investigación y haciendo las diligencias que considere oportunas. También podrá archivar esa denuncia porque entiende que es falsa, en fraude, sin fundamento”, apunta Burón. Aquí es donde aparecen cuestiones como la garantía de que “los altos responsables de la empresa no interfieran en tu trabajo como responsable del canal de denuncia, porque aunque tu trabajo sea remunerado por la empresa, eso no excluye que tenga una obligación de imparcialidad ante los asuntos que trata, como el auditor de cuentas”.
Si esa persona “entiende que en la denuncia hay elementos fundados para la comisión de un delito, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes”, continúa el abogado para subrayar que “es un filtro del operador privado que determina si hay indicios suficientes de irregularidades ya darle trascendencia a una autoridad pública”: “Esta directiva es la oportunidad de una vez por todas de regular y abarcar de ver que operadores privados tengan cierta responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones de entidades privadas y públicas”.
“Hemos pasado de todo”
“A nosotros nos tocó batallar sin conocimientos, porque éramos personas que tenían otras dedicaciones profesionales, y con la balanza muy en favor de los delincuentes”, responde Robert Martínez, de la plataforma de afectados por BB Serveis, cuando le preguntan por la llamada Directiva whistleblower. “Si lo implantan en condiciones, que lo dudo, se pasaría de no tener nada a recibir asesoramiento legal y jurídico, además de que hubiera una protección básica de vivienda y comida. En el sector de las residencias, tenemos trabajadoras de distintos lugares que recurren a nosotros para denunciar algo porque no se atreven a hacerlo ellas”.
“En nuestro caso no había colchón, sí en el de otros compañeros, y eso te revienta”, reconoce Martínez, que expone que desde entonces han estado empalmando trabajos temporales y “muy esporádicos”. “Hubo un momento en el que nuestros ingresos reales eran 69 euros del paro de Mari José. Luego conseguimos una renta de la Generalitat que nos dejó algo más de respiro, pero sobrevivir ha sido casi heroico. En los primeros años, nuestro objetivo era conseguir los 450 de alquiler, comer como pudiéramos, alguna ayuda familiar y los trabajos que íbamos consiguiendo”, relata el afectado, que pone un ejemplo cristalino: “Para ir a reunirnos con los abogados nos teníamos que colar en el metro”.
“Todos los denunciantes de corrupción estamos de acuerdo en que nos hemos expuesto demasiado, porque hemos ido a cara descubierta, sin alguien nos hubiera enseñado a protegernos, porque te puede traer problemas como nos ha traído a todos”, lamenta este denunciante, que rememora que han pasado “de todo” sus compañeros de plataforma: “Cuando denuncias algo, pasas de no conocer nada a estar en medio del huracán sin darte cuenta y ya no hay retorno. Estás marcado para toda la vida y, donde corresponde, no te dan trabajo. Te conviertes en un apestado”. Es aquí donde enfatiza que “lo más fácil habría sido mirar a otro lado y llegar a un acuerdo con la empresa”.
¿Puede caer en saco roto?
¿Existe el riesgo de que la Directiva caiga en saco roto? La abogada Peña lo ve como un buen primer paso, ya que proviene de “una apuesta firme del legislador europeo por implantar ya una política preventiva”, aunque debería ir “seguida de otras medidas orientadas en la misma línea”. Burón se muestra convencido de que “en el momento en el que las empresas empiecen a cumplir todo esto, el efecto inmediato va a ser reducir a mínimos las irregularidades cometidas en el seno de una actividad empresarial”, pues hasta ahora “el trabajador no tenía ninguna forma de denunciar de forma confidencial”. “Las empresas tendrán que cuidarse mucho para no acabar en la situación de que el responsable del canal de denuncias comunique un informe a la autoridad pertinente”, avisa.
Este letrado también pone sobre relieve que “la clave para que las autoridades actúen de verdad es darles el trabajo hecho”. “Si como jurista tienes la oportunidad de hacer un trabajo previo para que al juez le llegue el expediente desarrollado, es más fácil que siga con la instrucción, porque va a hacer que se reduzcan los problemas y que prosigan las investigaciones”, comenta el letrado de LABE, que apunta que esto lleva a dos requerimientos: “Que haya un tercero que de verdad sea independiente, que eso va a ser otra problemática, y que la empresa en cuestión no esté todo el día presionando para que no salga un escándalo u otro, que le dejen de hacer su trabajo al encargado de tratamiento. Si esto se cumple, se podrá trabajar”.
El buzón digital para 'chivatazos' que pondrá patas arriba a las empresas españolas
El Gobierno español debe trasponer antes de que acabe el año la 'directiva Whistleblower', pensada para proteger a los filtradores de casos de corrupción en el ámbito empresarial
Está a punto de cumplirse una década del primer desahucio de Roberto Martínez y María José Alarcón. El primero porque, años después, hubo un segundo. Fueron parte de los denunciantes del fraude multimillonario en las residencias de BB Serveis, una empresa que les dejó “totalmente en la ruina, sin ingresos y en una época bastante complicada”, el prólogo de la crisis económica de 2008. “La batalla contra BB Serveis empezó a nivel personal, por una serie de impagos, pero poco a poco fuimos conociendo más casos y esta bestialidad”, recuerda el propio Martínez, portavoz de la plataforma de afectados.
Su pareja trabajaba en una residencia pública, pero con plazas concertadas sacadas a concurso que había ganado la empresa en cuestión. “Además, utilizaban la titulación de Mari José para poder ganar los concursos”, enfatiza. Cuando la investigación de los trabajadores había dado sus primeros pasos, “BB Serveis intentaba tapar los agujeros que dejábamos al descubierto, negando la evidencia: uno de los directivos se atrevió a decir que nos iban a denunciar por injurias y calumnias”. En 2013 consiguieron agrupar a 31 trabajadoras para presentar una querella y, año y medio más tarde,recibieron una llamada de la Guardia Civil para hacer una serie de preguntas sobre el caso, que ya estaban investigando. Fueron a declarar a sus oficinas, donde aportaron “una serie de pruebas que entendíamos que posiblemente ellos no las tendrían, porque era casi imposible conseguirlas si no era por nuestra mano”.
El caso Falciani
Ya en febrero de 2016, todo saltó por los aires con la detención de varios directivos. Para entonces, la pareja estaba ya en proceso de su segundo desahucio: “En ese momento nos empiezan a contactar periodistas para entrevistarnos y ven en la situación en la que vivimos, con un piso de 24 metros cuadrados tras destapar un fraude multimillonario y a punto de vernos en la calle”.
Fueron uno de los primeros casos de lo que en inglés se conoce como 'whistleblower', para lo que no hay una traducción exacta al castellano, aunque sería algo así como ‘filtrador’, ‘alertador’ o ‘denunciante’ de irregularidades de la empresa o institución en la que trabaja, donde han destacado grandes casos de renombre mediático como el de Hervé Falciani, el informático que trabajaba para HSBC y sacó a la luz la lista de clientes que utilizaban cuentas opacas en el banco suizo.
En España no hay ninguna regulación específica para proteger a este tipo de perfiles, aunque no será por mucho tiempo. Antes de que acabe el año, se tendrá que trasponer la llamada 'Directiva Whistleblower', que busca una mayor seguridad en toda la Unión Europea para estos alertadores de corruptelas y que, en el caso español, supondrá un auténtico terremoto, aunque hay dudas sobre sus consecuencias.
Un 10% más de denuncias en el Ibex 35
Uno de los aspectos clave de la directiva es el establecimiento de un mecanismo interno de denuncias de las empresas, algo inédito en la legislación española. No obstante, buena parte de las grandes empresas españolas tienen ya algún tipo de canal de denuncias como los buzones digitales, uno de los más habituales. De hecho, según un análisis de la Agencia EFE, las denuncias internas de empleados, clientes o incluso, proveedores del Ibex 35 aumentaron un 10,6 % en 2020, registrando cerca de 10.000 comunicaciones. Tanto estas empresas como aquellas que tengan más de 50 trabajadores deberán adaptarse a la nueva regulación -aquellas que tengan menos de 250 empleados tendrán una prórroga de dos años para adaptarse-, aunque aún no se han dado detalles sobre qué tipo de regulación se implementará en España.
Daniel Burón, director del departamento jurídico de LABE Abogados, considera que “la digitalización del proceso va a ser esencial por dos cuestiones”. Por un lado, en “la trasposición se debe indicar si se va a permitir la denuncia anónima, porque la directiva establece que tienes que identificarte de alguna forma”. En ese sentido, “lo mejor es la firma digital pero quizá muchos trabajadores no lo tienen, con lo cual hay que darles otros métodos, como por apoderamiento”.
Eso sí, cuantos más dispongan de firma digital, “más rápido se podrá hacer el trabajo, porque nos evitará todos los trámites para verificar la identidad”. El otro asunto, relacionado con el anterior, es si en la tras*posición se permiten las denuncias anónimas. De ser así, lo anterior perdería peso, pues “resulta más irrelevante quién sea el denunciante, porque lo importante son los hechos a investigar y así se hará”.
Por su parte, Virginia Peña, socia directora de Penya Advocats, explica que “la denuncia podrá llevarse a cabo de forma verbal o escrita”, aunque subraya que “a veces se cuestiona si es suficiente un correo electrónico”: “La directiva establece una serie de requisitos, como que sea accesible por el personal interno y externo, confidencial o anonimato, protección al denunciante, trazabilidad, todos los pasos por los que tras*curre y perdurabilidad en el tiempo. Las herramientas que se están considerando más oportunas son las plataformas digitales o aplicaciones de móviles”.
En este sentido, la abogada indica que esta regulación “supondrá un antes y un después”, porque “puede suponer una vía de entrada de la postura preventiva en aquellas empresas que hasta el momento no disponían de un plan de prevención de delitos o compliance penal”. “Este será un primer paso, pero el verdadero cambio de mentalidad empresarial debe venir de mano de la formación. La empresa debe formar a sus trabajadores en una cultura de cumplimiento ético de las normas de carácter interno que permita a través de los protocolos de actuación, en primer lugar, los riesgos que existen en su seno, evaluarlos y por último adoptar las medidas oportunas para mitigar cualquier tipo de práctica abusiva que pueda tener lugar”, añade.
Una normativa de mínimos
“La directiva tiene un objetivo fundamental: proteger a los denunciantes, aquellos que proporcionan información sobre las infracciones que se cometen en el ámbito empresarial”, indica Peña, que advierte de que “estas infracciones incluyen desde acciones, como las prácticas abusivas, así como omisiones”: “Se trata de proteger de las posibles represalias que pueden sufrir en su puesto de trabajo, tales como un despido, degradación, intimidación o inclusión en listas negras”.
Burón, de LABE Abogados, explica que “lo que hay sobre la mesa es una normativa de mínimos que los estados miembros tendrán que tras*poner y, como mínimo, respetar”, aunque “también pueden ir más allá”. “Es una cuestión con mucha enjundia, en la que hay que analizar los ordenamientos particulares de los estados miembros y de momento tenemos un manual muy superficial”, apostilla el letrado, que recuerda que el 17 de diciembre de este año vence el plazo para trasponerla. La redacción final, advierte, reflejará “la expectativa que tiene el Estado español en el cumplimiento normativo, si se quiere quedar en un estado incipiente o extensivo”.
“La directiva establece una figura central que es el responsable del canal de denuncias, que es un tercero imparcial y objetivo que tiene la función de recibir las denuncias y tramitarlas, procediendo a una mínima investigación y haciendo las diligencias que considere oportunas. También podrá archivar esa denuncia porque entiende que es falsa, en fraude, sin fundamento”, apunta Burón. Aquí es donde aparecen cuestiones como la garantía de que “los altos responsables de la empresa no interfieran en tu trabajo como responsable del canal de denuncia, porque aunque tu trabajo sea remunerado por la empresa, eso no excluye que tenga una obligación de imparcialidad ante los asuntos que trata, como el auditor de cuentas”.
Si esa persona “entiende que en la denuncia hay elementos fundados para la comisión de un delito, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes”, continúa el abogado para subrayar que “es un filtro del operador privado que determina si hay indicios suficientes de irregularidades ya darle trascendencia a una autoridad pública”: “Esta directiva es la oportunidad de una vez por todas de regular y abarcar de ver que operadores privados tengan cierta responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones de entidades privadas y públicas”.
“Hemos pasado de todo”
“A nosotros nos tocó batallar sin conocimientos, porque éramos personas que tenían otras dedicaciones profesionales, y con la balanza muy en favor de los delincuentes”, responde Robert Martínez, de la plataforma de afectados por BB Serveis, cuando le preguntan por la llamada Directiva whistleblower. “Si lo implantan en condiciones, que lo dudo, se pasaría de no tener nada a recibir asesoramiento legal y jurídico, además de que hubiera una protección básica de vivienda y comida. En el sector de las residencias, tenemos trabajadoras de distintos lugares que recurren a nosotros para denunciar algo porque no se atreven a hacerlo ellas”.
“En nuestro caso no había colchón, sí en el de otros compañeros, y eso te revienta”, reconoce Martínez, que expone que desde entonces han estado empalmando trabajos temporales y “muy esporádicos”. “Hubo un momento en el que nuestros ingresos reales eran 69 euros del paro de Mari José. Luego conseguimos una renta de la Generalitat que nos dejó algo más de respiro, pero sobrevivir ha sido casi heroico. En los primeros años, nuestro objetivo era conseguir los 450 de alquiler, comer como pudiéramos, alguna ayuda familiar y los trabajos que íbamos consiguiendo”, relata el afectado, que pone un ejemplo cristalino: “Para ir a reunirnos con los abogados nos teníamos que colar en el metro”.
“Todos los denunciantes de corrupción estamos de acuerdo en que nos hemos expuesto demasiado, porque hemos ido a cara descubierta, sin alguien nos hubiera enseñado a protegernos, porque te puede traer problemas como nos ha traído a todos”, lamenta este denunciante, que rememora que han pasado “de todo” sus compañeros de plataforma: “Cuando denuncias algo, pasas de no conocer nada a estar en medio del huracán sin darte cuenta y ya no hay retorno. Estás marcado para toda la vida y, donde corresponde, no te dan trabajo. Te conviertes en un apestado”. Es aquí donde enfatiza que “lo más fácil habría sido mirar a otro lado y llegar a un acuerdo con la empresa”.
¿Puede caer en saco roto?
¿Existe el riesgo de que la Directiva caiga en saco roto? La abogada Peña lo ve como un buen primer paso, ya que proviene de “una apuesta firme del legislador europeo por implantar ya una política preventiva”, aunque debería ir “seguida de otras medidas orientadas en la misma línea”. Burón se muestra convencido de que “en el momento en el que las empresas empiecen a cumplir todo esto, el efecto inmediato va a ser reducir a mínimos las irregularidades cometidas en el seno de una actividad empresarial”, pues hasta ahora “el trabajador no tenía ninguna forma de denunciar de forma confidencial”. “Las empresas tendrán que cuidarse mucho para no acabar en la situación de que el responsable del canal de denuncias comunique un informe a la autoridad pertinente”, avisa.
Este letrado también pone sobre relieve que “la clave para que las autoridades actúen de verdad es darles el trabajo hecho”. “Si como jurista tienes la oportunidad de hacer un trabajo previo para que al juez le llegue el expediente desarrollado, es más fácil que siga con la instrucción, porque va a hacer que se reduzcan los problemas y que prosigan las investigaciones”, comenta el letrado de LABE, que apunta que esto lleva a dos requerimientos: “Que haya un tercero que de verdad sea independiente, que eso va a ser otra problemática, y que la empresa en cuestión no esté todo el día presionando para que no salga un escándalo u otro, que le dejen de hacer su trabajo al encargado de tratamiento. Si esto se cumple, se podrá trabajar”.
