JAVIER SOMALOQué es un golpe de Estado
Hay unos cuantos desde el big bang de Zapatero pero podemos apuntar este 9 de diciembre como uno de los que más ayuda a comprender en qué consiste un golpe de Estado moderno.https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png
10/12/2022 - 08:41
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez, durante el homenaje a Almudena Grandes. | EFE
Cuando un presidente acomoda la Ley apoyado en los partidos que la violan para salvarlos del delito porque depende de ellos para seguir en el poder, cuando anula con artimañas el debate parlamentario de dichas reformas y, cuidado, cuando amenaza con guandoca a los que traten de impedir el asalto, no estamos ante una democracia. De ninguna manera.
En el puente de la Constitución, para mayor chulería, Pedro Sánchez ha presentado dos reformas legales encaminadas a controlar el Tribunal Constitucional y a proteger a ERC, su socio fundamental, del golpe de Estado de 2017. Y un golpe sólo puede taparse con otro. O con otro episodio del original, el que anuló el Parlamento regional, proclamó la república de Cataluña y hasta sustrajo armas a la Guardia Civil, pero que se juzgó sin haber concluido.
Dice Patxi López desde su habitual, molesta y rotunda ignorancia que el PP es un partido "antisistema" y "antidemocrático" y que, por el contrario, el de Pedro Sánchez es un Gobierno "elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas de este país". Eso es mentira. Una de las más repetidas, aunque Patxi haya tenido que leerla. Y es importante resolver este extremo porque la legitimidad que tanto se esgrime requiere de ciertas señales que tampoco son visibles en el actual gobierno.
Pedro Sánchez prometió que jamás pactaría con Bildu ("Si quiere lo digo cinco veces o veinte: con Bildu no-vamos-a-pactar…"), calificó a ERC de racista y luego dijo aquello de que "no dormiría por la noche" si tuviera a Podemos en el Gobierno. De hecho basó ese miedo, como le confesó a Antonio Ferreras, en la falta de preparación de los jovenlandesados para enfrentarse a leyes o a la simple gestión. En contra de lo que prometió, pactó con todos: con ERC, con Bildu y con Podemos, para llegar a lo que él jamás alcanzaría con el PSOE. Su gobierno no lo eligió democráticamente ciudadano alguno y el votante socialista tenía bien claras las opciones de pacto de Sánchez porque las anunció a bombo y platillo y con su insoportable y vacua retórica política. Todo en Sánchez es mentira. Y con esa mentira se está tejiendo un golpe a la democracia sobre los escombros de otro anterior que sigue provocando efectos sin posibilidad de ser juzgados.
El golpe del PBOE
Lo definió bien Isabel Díaz Ayuso: "Sánchez quiere ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, todo en uno". Desde que llegó al Gobierno se presentó como el líder del Partido del Boletín Oficial del Estado que no necesita de un Parlamento para calzarse las leyes con las que ir chapoteando entre los poderes del Estado hasta embarrarlos en una sola ciénaga. Cuando preguntó al periodista de RNE de quién dependía la Fiscalía General del Estado resumió sus intenciones. Ahora ya está en plena ejecución del plan.
Del autor
La burla se permite reformar la Ley del Poder Judicial del 85, la que nos trajo el sistema de reparto político de los jueces, pero reducir a mayoría simple la mayoría cualificada que era necesaria en el seno del CGPJ para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Y si algún vocal pusiera pegas, "incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales". A la guandoca. Somos la envidia de Nicolás Maduro.
Ante tamaña coz al orden constitucional cabría preguntarse en primera instancia si, como dicen los golpistas peruanos de Pedro Castillo para exculparle, estará Pedro Sánchez bajo los efectos de una ingesta involuntaria de drojas. Sería todo mucho más fácil, pero no, no hay delirio ni subidón ni bloqueo mental. Está todo calculado.
Como sostiene Libertad Digital en su editorial, de Perú podemos aprender que las amenazas se convierten en realidad, pero también que es crucial una reacción instantánea ante los delirios caudillistas. Eso no significa que Dina Boluarte sea garantía alguna para la democracia peruana pero a Castillo se le han parado los pies en seco, sin contemplaciones. Aquí, en España y en Europa, la sola mención de un artículo restrictivo de la Constitución, el 155, que ni siquiera es lo que debería ser porque quisimos derogar la LOAPA, causó y causa ampollas en las delicadas pieles de los políticos que ansían poder personal pero carecen del valor necesario para defender la democracia. Consciente de ello, Sánchez derriba las defensas de la Constitución desde el poder. Macron sonríe, Europa silba. A ver PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos… Es la última.
¿En qué momento se jodió… España? Hay unos cuantos desde el big bang de Zapatero, llave de la mazmorra, pero podemos apuntar este 9 de diciembre de 2022 como uno de los que más ayuda a comprender en qué consiste un golpe de Estado moderno.
ARDO RUIZ DE LA SERNA Seguir a @RRdelaSernaPreparando el golpe de Estado
Los nacionalistas vascos y catalanes están apoyando a Sánchez a cambio de la rendición del Estado ante una futura repetición del golpe de 2017.https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png
10/12/2022 - 11:54
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saluda al diputado electo en prisión preventiva de ERC Oriol Junqueras, durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales. | EFE
Gabriel Albiac ha recordado en varias ocasiones la cita de Gabriel Naudé (1600-1653), el gran bibliotecario y humanista del Barroco francés, para definir el golpe de Estado: "Rayo que golpea antes de que el trueno pueda ser escuchado entre las nubes". Esta semana del Puente de la Constitución se recordará por varias decisiones fulminantes. El golpe de 2017 reveló que el Estado era más fuerte de lo que los nacionalistas catalanes creían. Las protestas ciudadanas en Cataluña y en el resto de España y la firmeza de algunas instituciones —las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Rey— demostraron que España no había dicho aún su última palabra.
Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018, el proceso de ruptura de la unidad nacional, que comenzó en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acelerado. Dividida la sociedad, rotos los consensos y fracturada la convivencia, se trata ahora de tomar por asalto las instituciones que detuvieron el golpe de Estado de 2017 y de adaptar el marco jurídico de modo que permita la impunidad de los golpistas y la repetición de la intentona.
Distraída la opinión pública por el mundial, los festivos y la estrategia de tapar unos escándalos con otros —recordemos el de los forzadores cuyas penas se han rebajado por la Ley Montero— Pedro Sánchez ha hecho un movimiento audaz y peligroso: reformar el Código Penal, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial para hacerse con el máximo intérprete de la Constitución. Resulta ser una apuesta arriesgada y que suscita muchas dudas de legalidad.
En primer lugar, se trata de una evidente operación para que el gobierno pueda designar a sus dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que han tenido responsabilidades políticas con gobiernos socialistas, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los suyos. Según se ha publicado, el gobierno pretende precisar por ley que el Gobierno y el Consejo pueden nombrar a sus candidatos de forma autónoma. Esto es dudoso desde el punto de vista jurídico porque sería una ley interpretativa de la Constitución, algo que la jurisprudencia del TC ha declarado inconstitucional.
Por otro lado, pretenden reducir la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a los dos magistrados del TC que le corresponden. En lugar de la mayoría de tres quintos necesaria ahora, una mayoría reforzada, se pasaría a un sistema de mayoría simple. Esto ya se consideró y el Gobierno lo descartó por los reparos que puso la Comisión Europea. Ya en 2020, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, expresó su preocupación por un proyecto que pretendía rebajar la mayoría para la renovación del CGPJ de reforzada de tres quintos a mayoría absoluta.
Del autor
Sin embargo, no sólo se trata de que prevalezca en el TC una mayoría ideológicamente afín al gobierno, sino también de que un candidato cercano llegue a la presidencia del tribunal. El objetivo, pues, es dominar uno de los pocos órganos que aún no controlan y que resultó crucial frente al golpe de Estado de 2017.
En paralelo, pero de forma coordinada, se reformaría de nuevo el Código Penal para derogar el delito de sedición, sustituido por unos "desórdenes públicos agravados", y el de malversación, lo que permitiría no sólo la repetición del golpe de 2017, sino el regreso de Oriol Junqueras como candidato a las elecciones en Cataluña y una rebaja muy sensible de las responsabilidades que tendría que afrontar Puigdemont. En efecto, la reforma de la malversación reduciría las penas a la mitad en los casos en que no haya habido enriquecimiento personal o de terceros. El objetivo declarado de ERC, que ha presentado la enmienda para reformar la malversación, es beneficiar a los condenados por el golpe. Como efecto colateral pero deseable para el PSOE, otros condenados por malversación podrían resultar beneficiados por la reforma; por ejemplo, los condenados por los ERE de Andalucía, entre los que está José Antonio Griñán.
El gobierno, pues, está allanando el terreno a los candidatos nacionalistas en Cataluña al tiempo que resuelve algunos problemas propios del PSOE. A cambio, los nacionalistas catalanes y vascos —a cuyas exigencias también ha cedido Pedro Sánchez— le garantizan el apoyo como han hecho con los presupuestos generales del Estado de 2023. El debilitamiento institucional del Estado es el precio que Sánchez paga por seguir en el poder. Cuando los nacionalistas "lo vuelvan a hacer", el Estado será más endeble por voluntad del gobierno. Los indultos a los golpistas, que por cierto firmó el ministro Campo, uno de los candidatos del PSOE al Constitucional, no fueron una excepción, sino que sentaron una regla: el gobierno renuncia a defender la unidad de España.
En efecto, si volvemos la vista atrás, el cese del coronel Pérez de los Cobos "por pérdida de confianza" sirvió como aviso a navegantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La toma del Constitucional lo politizará con un sesgo sanchista evidente. El asedio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros podrían exponerse a responsabilidades penales si los planes del gobierno salen adelante, dará a La Moncloa un poder formidable sobre nombramientos y gobierno de los jueces. De la Fiscalía, mejor ni hablar. Ya recordó Pedro Sánchez de quién dependía. La Abogacía del Estado está directamente a sus órdenes. Poco a poco, la separación de poderes se resquebraja mientras un gobierno rehén de los nacionalistas cede a todas sus exigencias.
A falta de derecho, a Pedro Sánchez siempre le queda el relato. Presenta la debilidad como conciliación, la flaqueza como diálogo y la renuncia a defender la unidad nacional con los instrumentos que le brindan la Constitución y las leyes como "desjudicialización". Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas para afrontar las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023. Estas últimas están previstas para diciembre y coincidirán con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los nacionalistas vascos y catalanes están apoyando a Pedro Sánchez a cambio de la rendición del Estado y su flaqueza ante una futura repetición del golpe de 2017. El movimiento de esta semana forma parte de ese empeño.
Hay unos cuantos desde el big bang de Zapatero pero podemos apuntar este 9 de diciembre como uno de los que más ayuda a comprender en qué consiste un golpe de Estado moderno.https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png
10/12/2022 - 08:41
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez, durante el homenaje a Almudena Grandes. | EFE
Cuando un presidente acomoda la Ley apoyado en los partidos que la violan para salvarlos del delito porque depende de ellos para seguir en el poder, cuando anula con artimañas el debate parlamentario de dichas reformas y, cuidado, cuando amenaza con guandoca a los que traten de impedir el asalto, no estamos ante una democracia. De ninguna manera.
En el puente de la Constitución, para mayor chulería, Pedro Sánchez ha presentado dos reformas legales encaminadas a controlar el Tribunal Constitucional y a proteger a ERC, su socio fundamental, del golpe de Estado de 2017. Y un golpe sólo puede taparse con otro. O con otro episodio del original, el que anuló el Parlamento regional, proclamó la república de Cataluña y hasta sustrajo armas a la Guardia Civil, pero que se juzgó sin haber concluido.
Dice Patxi López desde su habitual, molesta y rotunda ignorancia que el PP es un partido "antisistema" y "antidemocrático" y que, por el contrario, el de Pedro Sánchez es un Gobierno "elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas de este país". Eso es mentira. Una de las más repetidas, aunque Patxi haya tenido que leerla. Y es importante resolver este extremo porque la legitimidad que tanto se esgrime requiere de ciertas señales que tampoco son visibles en el actual gobierno.
Pedro Sánchez prometió que jamás pactaría con Bildu ("Si quiere lo digo cinco veces o veinte: con Bildu no-vamos-a-pactar…"), calificó a ERC de racista y luego dijo aquello de que "no dormiría por la noche" si tuviera a Podemos en el Gobierno. De hecho basó ese miedo, como le confesó a Antonio Ferreras, en la falta de preparación de los jovenlandesados para enfrentarse a leyes o a la simple gestión. En contra de lo que prometió, pactó con todos: con ERC, con Bildu y con Podemos, para llegar a lo que él jamás alcanzaría con el PSOE. Su gobierno no lo eligió democráticamente ciudadano alguno y el votante socialista tenía bien claras las opciones de pacto de Sánchez porque las anunció a bombo y platillo y con su insoportable y vacua retórica política. Todo en Sánchez es mentira. Y con esa mentira se está tejiendo un golpe a la democracia sobre los escombros de otro anterior que sigue provocando efectos sin posibilidad de ser juzgados.
El golpe del PBOE
Lo definió bien Isabel Díaz Ayuso: "Sánchez quiere ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, todo en uno". Desde que llegó al Gobierno se presentó como el líder del Partido del Boletín Oficial del Estado que no necesita de un Parlamento para calzarse las leyes con las que ir chapoteando entre los poderes del Estado hasta embarrarlos en una sola ciénaga. Cuando preguntó al periodista de RNE de quién dependía la Fiscalía General del Estado resumió sus intenciones. Ahora ya está en plena ejecución del plan.
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La burla se permite reformar la Ley del Poder Judicial del 85, la que nos trajo el sistema de reparto político de los jueces, pero reducir a mayoría simple la mayoría cualificada que era necesaria en el seno del CGPJ para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Y si algún vocal pusiera pegas, "incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales". A la guandoca. Somos la envidia de Nicolás Maduro.
Ante tamaña coz al orden constitucional cabría preguntarse en primera instancia si, como dicen los golpistas peruanos de Pedro Castillo para exculparle, estará Pedro Sánchez bajo los efectos de una ingesta involuntaria de drojas. Sería todo mucho más fácil, pero no, no hay delirio ni subidón ni bloqueo mental. Está todo calculado.
Como sostiene Libertad Digital en su editorial, de Perú podemos aprender que las amenazas se convierten en realidad, pero también que es crucial una reacción instantánea ante los delirios caudillistas. Eso no significa que Dina Boluarte sea garantía alguna para la democracia peruana pero a Castillo se le han parado los pies en seco, sin contemplaciones. Aquí, en España y en Europa, la sola mención de un artículo restrictivo de la Constitución, el 155, que ni siquiera es lo que debería ser porque quisimos derogar la LOAPA, causó y causa ampollas en las delicadas pieles de los políticos que ansían poder personal pero carecen del valor necesario para defender la democracia. Consciente de ello, Sánchez derriba las defensas de la Constitución desde el poder. Macron sonríe, Europa silba. A ver PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos… Es la última.
¿En qué momento se jodió… España? Hay unos cuantos desde el big bang de Zapatero, llave de la mazmorra, pero podemos apuntar este 9 de diciembre de 2022 como uno de los que más ayuda a comprender en qué consiste un golpe de Estado moderno.
ARDO RUIZ DE LA SERNA Seguir a @RRdelaSernaPreparando el golpe de Estado
Los nacionalistas vascos y catalanes están apoyando a Sánchez a cambio de la rendición del Estado ante una futura repetición del golpe de 2017.https://s.libertaddigital.com/images/tras*.png
10/12/2022 - 11:54
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saluda al diputado electo en prisión preventiva de ERC Oriol Junqueras, durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales. | EFE
Gabriel Albiac ha recordado en varias ocasiones la cita de Gabriel Naudé (1600-1653), el gran bibliotecario y humanista del Barroco francés, para definir el golpe de Estado: "Rayo que golpea antes de que el trueno pueda ser escuchado entre las nubes". Esta semana del Puente de la Constitución se recordará por varias decisiones fulminantes. El golpe de 2017 reveló que el Estado era más fuerte de lo que los nacionalistas catalanes creían. Las protestas ciudadanas en Cataluña y en el resto de España y la firmeza de algunas instituciones —las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Rey— demostraron que España no había dicho aún su última palabra.
Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018, el proceso de ruptura de la unidad nacional, que comenzó en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acelerado. Dividida la sociedad, rotos los consensos y fracturada la convivencia, se trata ahora de tomar por asalto las instituciones que detuvieron el golpe de Estado de 2017 y de adaptar el marco jurídico de modo que permita la impunidad de los golpistas y la repetición de la intentona.
Distraída la opinión pública por el mundial, los festivos y la estrategia de tapar unos escándalos con otros —recordemos el de los forzadores cuyas penas se han rebajado por la Ley Montero— Pedro Sánchez ha hecho un movimiento audaz y peligroso: reformar el Código Penal, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial para hacerse con el máximo intérprete de la Constitución. Resulta ser una apuesta arriesgada y que suscita muchas dudas de legalidad.
En primer lugar, se trata de una evidente operación para que el gobierno pueda designar a sus dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que han tenido responsabilidades políticas con gobiernos socialistas, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los suyos. Según se ha publicado, el gobierno pretende precisar por ley que el Gobierno y el Consejo pueden nombrar a sus candidatos de forma autónoma. Esto es dudoso desde el punto de vista jurídico porque sería una ley interpretativa de la Constitución, algo que la jurisprudencia del TC ha declarado inconstitucional.
Por otro lado, pretenden reducir la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a los dos magistrados del TC que le corresponden. En lugar de la mayoría de tres quintos necesaria ahora, una mayoría reforzada, se pasaría a un sistema de mayoría simple. Esto ya se consideró y el Gobierno lo descartó por los reparos que puso la Comisión Europea. Ya en 2020, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, expresó su preocupación por un proyecto que pretendía rebajar la mayoría para la renovación del CGPJ de reforzada de tres quintos a mayoría absoluta.
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En paralelo, pero de forma coordinada, se reformaría de nuevo el Código Penal para derogar el delito de sedición, sustituido por unos "desórdenes públicos agravados", y el de malversación, lo que permitiría no sólo la repetición del golpe de 2017, sino el regreso de Oriol Junqueras como candidato a las elecciones en Cataluña y una rebaja muy sensible de las responsabilidades que tendría que afrontar Puigdemont. En efecto, la reforma de la malversación reduciría las penas a la mitad en los casos en que no haya habido enriquecimiento personal o de terceros. El objetivo declarado de ERC, que ha presentado la enmienda para reformar la malversación, es beneficiar a los condenados por el golpe. Como efecto colateral pero deseable para el PSOE, otros condenados por malversación podrían resultar beneficiados por la reforma; por ejemplo, los condenados por los ERE de Andalucía, entre los que está José Antonio Griñán.
El gobierno, pues, está allanando el terreno a los candidatos nacionalistas en Cataluña al tiempo que resuelve algunos problemas propios del PSOE. A cambio, los nacionalistas catalanes y vascos —a cuyas exigencias también ha cedido Pedro Sánchez— le garantizan el apoyo como han hecho con los presupuestos generales del Estado de 2023. El debilitamiento institucional del Estado es el precio que Sánchez paga por seguir en el poder. Cuando los nacionalistas "lo vuelvan a hacer", el Estado será más endeble por voluntad del gobierno. Los indultos a los golpistas, que por cierto firmó el ministro Campo, uno de los candidatos del PSOE al Constitucional, no fueron una excepción, sino que sentaron una regla: el gobierno renuncia a defender la unidad de España.
En efecto, si volvemos la vista atrás, el cese del coronel Pérez de los Cobos "por pérdida de confianza" sirvió como aviso a navegantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La toma del Constitucional lo politizará con un sesgo sanchista evidente. El asedio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros podrían exponerse a responsabilidades penales si los planes del gobierno salen adelante, dará a La Moncloa un poder formidable sobre nombramientos y gobierno de los jueces. De la Fiscalía, mejor ni hablar. Ya recordó Pedro Sánchez de quién dependía. La Abogacía del Estado está directamente a sus órdenes. Poco a poco, la separación de poderes se resquebraja mientras un gobierno rehén de los nacionalistas cede a todas sus exigencias.
A falta de derecho, a Pedro Sánchez siempre le queda el relato. Presenta la debilidad como conciliación, la flaqueza como diálogo y la renuncia a defender la unidad nacional con los instrumentos que le brindan la Constitución y las leyes como "desjudicialización". Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas para afrontar las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023. Estas últimas están previstas para diciembre y coincidirán con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los nacionalistas vascos y catalanes están apoyando a Pedro Sánchez a cambio de la rendición del Estado y su flaqueza ante una futura repetición del golpe de 2017. El movimiento de esta semana forma parte de ese empeño.
