El BCE urge al Gobierno a frenar su impuesto a la banca porque pone en riesgo el crédito

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La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde EFE


El BCE urge al Gobierno a frenar su impuesto a la banca porque pone en riesgo el crédito

1667496486499.png Roberto Marbán
Madrid 03/11/2022 Actualizada 18:06
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Dictamen hostil del Banco Central Europeo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez a introducir un nuevo impuesto sobre la banca con el que el Ejecutivo pretendía recaudar, junto al de las energéticas, hasta 7.000 millones de euros en dos años.

La medida debería entrar en vigor en 2023, pero ha recibido la oposición del supervisor europeo, que acaba de emitir un juicio a modo de respuesta al Congreso de los Diputados, donde en la actualidad se tramita. Así, el BCE cuestiona abiertamente este nuevo tributo al entender que puede provocar «efectos contraproducentes» sobre la estabilidad financiera y el crecimiento económico del país.


El BCE pide un análisis exhaustivo

El dictamen, que va firmado por la presidenta Christine Lagarde, hace una serie de advertencias en contra al plan que propusieron PSOE y Unidas Podemos al entender que esta propuesta legislativa «debe ir acompañada por un análisis exhaustivo» de posibles consecuencias perjudiciales para el sector bancario.

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Ahorradores protegidos por la entidad más solvente de España


En este sentido, el Banco Central Europeo recuerda que «la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores».
Esto provocaría que «el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado».
El supervisor concluye que «esto podría poner en peligro una tras*misión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos».


Claves

Hasta ahora, el BCE no se había pronunciado sobre el contenido del impuesto, pero su vicepresidente, el español Luis de Guindos, insistió en que este nuevo tributo no debía encarecer la financiación ni restringir el crédito.
En opinión de varios expertos, este impuesto acabaría traduciéndose en más comisiones y en el endurecimiento de las condiciones de los préstamos.

Y es que cuando el Gobierno remitió a la Cámara Baja la medida para su tramitación, lo hizo sin aclarar algunas dudas. Una de ellas apuntaba al impacto que la tasa podía tener sobre el cliente final. Esto es, que tanto los bancos, como las petroleras, gasistas y eléctricas, terminaran por trasladar el sobrecoste sobre los usuarios en forma de comisiones, recibos o suplementos.


¿Y ahora qué?

Aunque el mencionado dictamen no es vinculante para el Ejecutivo, sí es una advertencia complicada de ignorar por la influencia que tienen sus conclusiones sobre los inversores.

La opinión del BCE con la medida española es continuista respecto a veredictos anteriores emitidos con anterioridad para otros países miembros de la Unión Europea.

Así, el supervisor ya puso sus objeciones a iniciativas fiscales parecidas en países como Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumanía, a los que tras*mitió su idea de que este tipo de impuestos no deben tener la finalidad de recaudar, sino, como mucho, el de cubrir el coste de una posible quiebra del sistema financiero.


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EL BCE PUBLICA SU INFORME SOBRE EL IMPUESTAZO DE SANCHEZ

El BCE pide al Gobierno frenar el impuestazo a la banca tras declarar «legítimo» cobrarlo a los clientes
El jefe del Bundesbank critica el impuestazo a la banca y avisa de nuevas subidas de tipos
El gobernador del Banco de España advierte a Calviño de que el impuestazo tiene que pasar por el filtro del BCE



El BCE pide al Gobierno frenar el impuestazo a la banca tras declarar «legítimo» cobrarlo a los clientes



El Banco Central Europeo ha recalcado en su dictamen sobre el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer a la banca un impuestazo que los bancos están legitimados para subir los precios a sus clientes, y le pide frenar su tramitación «hasta estudiar exhaustivamente» sus consecuencias negativas para la economía española.

El BCE recomienda al Gobierno español que su propuesta legislativa «vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario». En particular, debería detallar «el impacto específico del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado».

«Conviene aclarar», dice el documento del BCE, presentado en la tarde de hoy jueves, que los «incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; los aumentos de costes relacionados con la cobertura de riesgos; y los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos».

El organismo europeo, que vela por la estabilidad financiera y por contener la inflación en la eurozona, añade que espera, por otra parte, que las entidades financieras «tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda».
«Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo», explica el BCE, «parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no».

Así mismo, indica sobre el impuesto propuesto por Pedro Sánchez -el pasado mes de julio en el Congreso-, debe aclararse «qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito».

El BCE señala en su dictamen que el gravamen temporal «podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito». En ese caso, los bancos «que no se beneficien necesariamente de las condiciones actuales del mercado podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica».

También destaca que la aplicación del impuesto «únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria».

«Existe una discrepancia entre la redacción utilizada en la proposición de ley», subraya el organismo presidido por Christine Lagarde, «para establecer el criterio a la hora de determinar las entidades de crédito y financieras afectadas por el gravamen temporal, que hace referencia a la ‘suma de ingresos por intereses y comisiones, determinada de acuerdo con su normativa contable de aplicación’ y la redacción para determinar la base a la que se aplica el gravamen temporal del 4,8%, que se refiere a ‘la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior».


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