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El ajuste encoge los salarios pero no lo suficiente
El ajuste encoge los salarios.
- La rebaja de los sueldos se una a la destrucción de empleo como vía para recuperar productividad.
- La renta de los trabajadores cada vez pesa menos en el PIB.
Manuel V. Gómez 25 NOV 2012 - 00:27 CET
La reforma laboral está cumpliendo uno de sus objetivos: la devaluación salarial. Hasta el momento ha fallado en los otros. No ha estimulado la contratación, que no levanta cabeza. No ha frenado la temporalidad, el mal endémico del mercado laboral español. Y la destrucción de empleo sigue campando a sus anchas, cuando la crisis se encamina hacia su sexto año. En cambio, está logrando el ajuste de sueldos y logrando que las empresas españolas recuperen por esta vía —y por la de los despidos— parte de la competitividad perdida durante la época de expansión.
La llamada devaluación interna avanza con cada dato sobre salarios, convenios, PIB o IPC. Mientras los precios crecen a un ritmo anual del 3,5%, los sueldos suben un 1,4%. Y lo más probable es que este último dato se quede corto, ya que solo contempla la negociación colectiva habida hasta el momento en 2012, muy orate. Hasta ahora, solo 4,8 millones de trabajadores están amparados por un pacto firmado este año; el resto de asalariados con convenio, de acuerdo con la ley, tiene sus sueldos congelados. Además, tampoco se contemplan en la estadística los más de 400 acuerdos firmados entre empresarios y representantes de los trabajadores de los que tiene constancia el Ministerio de Empleo —la comunicación a la autoridad laboral no es obligada en los acuerdos de empresa, como apunta Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT—, para no acatar las condiciones pactadas en los convenios de ámbito superior (sectores estatales o provinciales).
A pesar de estas lagunas, es probable que la tendencia que apuntan los datos se agudice. Esto podrá comprobarse a mitad de diciembre, cuando se conozca la nueva estadística trimestral de coste laboral. En la última edición, la del segundo trimestre, el coste salarial se había congelado en 1.979 euros al mes, lo mismo que el año anterior. Y eso teniendo en cuenta que en este estudio no se analiza el comportamiento de los sueldos públicos, que desde 2010 han perdido en torno a un 20% de su poder adquisitivo.
Con todos estos números sobre la mesa, puede pronosticarse que en los próximos trimestres el menguante peso de los salarios en la riqueza nacional, ahora en el 45,6% un mínimo histórico, todavía será menor.
“Detrás está la reforma laboral”, sentencia contundente Ángel Laborda. La opinión del director del panel de coyuntura de Funcas es unánime entre los economistas, procedan de la corriente que procedan. Piensa así Fernando Luengo, profesor de la Universidad Complutense, muy crítico con la devaluación interna y sus consecuencias (perdida de poder adquisitivo de los asalariados, caída del consumo...). Lo mismo opina Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de CC OO, partidario de la moderación salarial si va acompañada de la contención de los márgenes empresariales y del ajuste de los precios regulados (energía, combustible, tasas, tras*porte público...). Y también lo cree Marcel Jansen, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), defensor de este proceso como única vía para la recuperación económica.
Jansen añade otra causa: el acuerdo firmado por UGT, CC OO y CEOE a comienzos de año. Y para ello llama la atención sobre un dato que tiene un comportamiento contrario al normal: hasta octubre los convenios firmados en empresas registran subidas salariales (1,5%) mayores que los firmados en los sectores (1,2%).
Luengo, además, apunta otra forma de ajuste que se está dando. “En menos tiempo y con menos recursos se están haciendo más tareas”, denuncia el menos ortodoxo de los economistas consultados para este reportaje, apoyándose en sus investigaciones sobre la industria de los bienes de equipo. Dicho de otra forma, se trabaja más por el mismo sueldo o menos, con lo que se aumenta la productividad.
La historia que acaba por poner en marcha la devaluación salarial —y casi por hacerla inevitable— es conocida. Durante los años de crecimiento, especialmente desde la entrada en el euro, España pierde mucha competitividad. Tanta que en 2007 y 2008 el déficit por cuenta corriente se sitúa en torno a los 100.000 millones, (10% del PIB). Solo Estados Unidos, entre los países desarrollados, presentaba un boquete de una magnitud similar.
Para llegar a este desequilibrio fue necesario que las empresas españolas perdieran mucha productividad. ¿Cuánta? La cifra depende de qué variable se utilice y durante qué periodo. Si se utiliza la productividad (el cociente entre la producción y los recursos obtenidos para ello), la pérdida de toda la economía fue de unos 18 puntos respecto a la eurozona desde 1993. Si se emplean los costes laborales de las manufacturas (un índice que mide lo que cuesta producir lo que se exporta), la pérdida sería de 20 puntos desde que arrancó el euro.
Cerrar esa brecha es lo que pretendía el Ejecutivo cuando puso en marcha la última reforma laboral, argumentan en el Ministerio de Economía. También entraba en sus planes acelerar el proceso al prometer una rebaja de dos puntos de las cotizaciones sociales (al fin y al cabo, coste laboral), pero la maltrecha situación de las cuentas de la Seguridad Social ha llevado finalmente al Ejecutivo a renunciar a esta alternativa.
Al no disponer de la herramienta de la política monetaria —la devaluación de la divisa ha sido el mecanismo tradicional—, los Gobiernos de la zona euro han de recurrir a una de las pocas alternativas que se abren, la devaluación interna: bajada real de salarios para bajar precios y, al final de la cadena, vender y exportar más para que el sector exterior tire de la economía.
En realidad, la brecha ya había comenzado a cerrarse desde 2008. Aunque lo hacía —y todavía lo hace— de la peor forma posible: la destrucción de empleo. Al fin y al cabo, hay dos formas de reducir la masa salarial: reduciendo sueldos o despidiendo. O una tercera: las dos al mismo tiempo. Esta vía se abrió en febrero, con la reforma laboral. Desde entonces, el número de empresas que combina despidos y reducción de sueldos aumenta. Según un estudio efectuado entre 300 compañías por Adecco y Sagardoy, un bufete laboralista vinculado habitualmente a las grandes firmas, casi un 40% ha combinado sendas medidas.
“Sí que está pasando”, confirma Luis Zumalacárregui, un abogado laboralista que cuenta entre sus clientes a empresarios y trabajadores. “Además, cuando lo hace una compañía de un sector, el resto tiene que hacerlo si quiere competir en igualdad de condiciones”, añade.
La combinación de reducción de salarios y destrucción de empleo incrementa los riesgos que implica por sí misma toda devaluación salarial: la caída excesiva del consumo interno y mayor dificultad de los afectados para hacer frente a las deudas contraídas. España afronta, en este momento, ambos peligros, y lo hace en un contexto internacional muy desfavorable. Durante toda la crisis, el sector exterior ha tenido un buen comportamiento. En 2012 incluso es probable que la balanza comercial de bienes y servicios tenga un saldo favorable por primera vez en años. Pero el enfriamiento constante de la economía europea resta potencial de crecimiento a un motor que debería sustituir en gran medida al consumo interno para que el empleo comience a levantar cabeza.
Como apunta Miguel Ángel García, de CC OO, España tiene todavía un sector exterior muy pequeño para que los beneficios de la devaluación interna tengan un resultado inmediato. En la actualidad, se exporta poco más del 32% del PIB. En Letonia, un país que puso en marcha con éxito esta opción al comienzo de la crisis, este porcentaje se eleva al 50%. Llegar a la porción del país báltico es uno de los retos que señala el sindicalista, pero “sin atajos buscando tejido productivo con valor añadido”, apostilla.
No será fácil. La devaluación interna es un camino que han emprendido prácticamente casi todos los países periféricos de la zona euro. Solo en Italia, según Eurostat, están creciendo los costes laborales en los últimos años. En el resto (Irlanda, Grecia, Portugal y España), la tendencia es a la inversa, en mayor o menor medida.
Esta subasta a la baja entre socios puede acabar por alargar en el tiempo el proceso. Para García, España ya se encuentra cerca del final. “Debería acabar aproximadamente el año que viene”, explica. De acuerdo con las cifras de productividad agregada, España ha recuperado unos 13 puntos de los 18 que perdió.
Menos optimistas son en Fedea. En esta fundación, de corte liberal, se calcula que falta por recorrer la mitad del camino. “Creo que deben congelarse los salarios [lo que supone una bajada real] durante años”, expone Marcel Jansen. Este profesor de economía de la Universidad Autónoma habla del ejemplo de su país, Holanda, donde los sueldos estuvieron congelados durante casi toda la década de los noventa y donde la crisis golpea con menor la virulencia que en el sur de Europa. Él piensa que esto no va a acabar ni en un año ni en dos. Lo que para Jansen es necesario, para Luengo aboca a España a una “fractura social” y a un “círculo vicioso muy pesimista”.
Desde luego, el contenido del pacto salarial firmado por sindicatos y empresarios puede acabar recomendando la congelación hasta 2014. Y los convenios nuevos que se están firmando, no solo están dando como resultado subidas de sueldo mucho menores (0,69%) que los firmados en años anteriores (1,5%), sino que se están pactando por periodos de tiempo más largos de lo que se hacía hasta ahora.
En el punto en que sí hay coincidencia es en que la marcha de los precios y los márgenes empresariales amenaza con echar por tierra la devaluación salarial. Lo ha advertido el Banco de España, partidario de la medida. Y lo dice un detractor como Luengo: “Bajan los salarios, y los precios no, o no en igual medida”.
No está de acuerdo el Ministerio de Economía. No lo dice abiertamente, pero en su argumentación prefieren fijar su atención en el deflactor del PIB, un índice que mide todos los precios de una economía, excluidos los de las importaciones, y que lleva varios trimestres por debajo del 0,5%, según el INE. Un dato que contrasta con el 3,5% que marcó en noviembre el IPC, el índice que trata de medir la evolución de la cesta de la compra, empujado por el aumento del IVA el pasado septiembre.
Sea como sea, tampoco en este punto el contexto internacional ayuda. El IPC en la zona euro crece un 2,5%. Y es en economías que deberían tener un comportamiento inflacionario para poner de su parte en la reactivación económica donde menos crecen los precios. En Alemania apenas suben un 2,1%.
También estrecha el camino el gran peso de la deuda, tanto pública como privada. Quien pierde parte de su salario (o pierde su empleo), no ve cómo mengua lo que debe, lo que, en el mejor de los casos, acaba por traducirse en menos consumo.
En el caso de la deuda pública, su tamaño, camino del 90% del PIB, añade otro obstáculo. El menor consumo y la reducción de sueldos supone menos recaudación para las arcas públicas. En consonancia, menos recursos. En este punto, de nuevo aparece el contraejemplo de Letonia. Cuando en Riga empezaron a devaluar salarios, su deuda pública era del 10% del PIB.
Por motivos como este, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, partidario del camino emprendido por España, advierte al analizar el caso báltico: “Ciertamente, los ajustes que tienen que hacer muchos de estos países [los de sur, entre ellos España] son más que pequeños que los de Letonia. Pero sus economías son menos flexibles y abiertas. Ellos tienen menos ganancias potenciales de productividad [...] y su deuda pública es mucho más pesada. Así que estas lecciones no son fácilmente exportables. Y no debemos hacerlos la ilusión de que los ajustes en el sur serán fáciles e indoloros. En ese contexto, el argumento para el pacto social, y una implantación más rápida de los ajustes de salarios y precios [...], es muy fuerte”.
Fuente: El ajuste encoge los salarios | Economía | EL PAÍS
El ajuste encoge los salarios.
- La rebaja de los sueldos se una a la destrucción de empleo como vía para recuperar productividad.
- La renta de los trabajadores cada vez pesa menos en el PIB.
Manuel V. Gómez 25 NOV 2012 - 00:27 CET
La reforma laboral está cumpliendo uno de sus objetivos: la devaluación salarial. Hasta el momento ha fallado en los otros. No ha estimulado la contratación, que no levanta cabeza. No ha frenado la temporalidad, el mal endémico del mercado laboral español. Y la destrucción de empleo sigue campando a sus anchas, cuando la crisis se encamina hacia su sexto año. En cambio, está logrando el ajuste de sueldos y logrando que las empresas españolas recuperen por esta vía —y por la de los despidos— parte de la competitividad perdida durante la época de expansión.
La llamada devaluación interna avanza con cada dato sobre salarios, convenios, PIB o IPC. Mientras los precios crecen a un ritmo anual del 3,5%, los sueldos suben un 1,4%. Y lo más probable es que este último dato se quede corto, ya que solo contempla la negociación colectiva habida hasta el momento en 2012, muy orate. Hasta ahora, solo 4,8 millones de trabajadores están amparados por un pacto firmado este año; el resto de asalariados con convenio, de acuerdo con la ley, tiene sus sueldos congelados. Además, tampoco se contemplan en la estadística los más de 400 acuerdos firmados entre empresarios y representantes de los trabajadores de los que tiene constancia el Ministerio de Empleo —la comunicación a la autoridad laboral no es obligada en los acuerdos de empresa, como apunta Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT—, para no acatar las condiciones pactadas en los convenios de ámbito superior (sectores estatales o provinciales).
A pesar de estas lagunas, es probable que la tendencia que apuntan los datos se agudice. Esto podrá comprobarse a mitad de diciembre, cuando se conozca la nueva estadística trimestral de coste laboral. En la última edición, la del segundo trimestre, el coste salarial se había congelado en 1.979 euros al mes, lo mismo que el año anterior. Y eso teniendo en cuenta que en este estudio no se analiza el comportamiento de los sueldos públicos, que desde 2010 han perdido en torno a un 20% de su poder adquisitivo.
Con todos estos números sobre la mesa, puede pronosticarse que en los próximos trimestres el menguante peso de los salarios en la riqueza nacional, ahora en el 45,6% un mínimo histórico, todavía será menor.
“Detrás está la reforma laboral”, sentencia contundente Ángel Laborda. La opinión del director del panel de coyuntura de Funcas es unánime entre los economistas, procedan de la corriente que procedan. Piensa así Fernando Luengo, profesor de la Universidad Complutense, muy crítico con la devaluación interna y sus consecuencias (perdida de poder adquisitivo de los asalariados, caída del consumo...). Lo mismo opina Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de CC OO, partidario de la moderación salarial si va acompañada de la contención de los márgenes empresariales y del ajuste de los precios regulados (energía, combustible, tasas, tras*porte público...). Y también lo cree Marcel Jansen, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), defensor de este proceso como única vía para la recuperación económica.
Jansen añade otra causa: el acuerdo firmado por UGT, CC OO y CEOE a comienzos de año. Y para ello llama la atención sobre un dato que tiene un comportamiento contrario al normal: hasta octubre los convenios firmados en empresas registran subidas salariales (1,5%) mayores que los firmados en los sectores (1,2%).
Luengo, además, apunta otra forma de ajuste que se está dando. “En menos tiempo y con menos recursos se están haciendo más tareas”, denuncia el menos ortodoxo de los economistas consultados para este reportaje, apoyándose en sus investigaciones sobre la industria de los bienes de equipo. Dicho de otra forma, se trabaja más por el mismo sueldo o menos, con lo que se aumenta la productividad.
La historia que acaba por poner en marcha la devaluación salarial —y casi por hacerla inevitable— es conocida. Durante los años de crecimiento, especialmente desde la entrada en el euro, España pierde mucha competitividad. Tanta que en 2007 y 2008 el déficit por cuenta corriente se sitúa en torno a los 100.000 millones, (10% del PIB). Solo Estados Unidos, entre los países desarrollados, presentaba un boquete de una magnitud similar.
Para llegar a este desequilibrio fue necesario que las empresas españolas perdieran mucha productividad. ¿Cuánta? La cifra depende de qué variable se utilice y durante qué periodo. Si se utiliza la productividad (el cociente entre la producción y los recursos obtenidos para ello), la pérdida de toda la economía fue de unos 18 puntos respecto a la eurozona desde 1993. Si se emplean los costes laborales de las manufacturas (un índice que mide lo que cuesta producir lo que se exporta), la pérdida sería de 20 puntos desde que arrancó el euro.
Cerrar esa brecha es lo que pretendía el Ejecutivo cuando puso en marcha la última reforma laboral, argumentan en el Ministerio de Economía. También entraba en sus planes acelerar el proceso al prometer una rebaja de dos puntos de las cotizaciones sociales (al fin y al cabo, coste laboral), pero la maltrecha situación de las cuentas de la Seguridad Social ha llevado finalmente al Ejecutivo a renunciar a esta alternativa.
Al no disponer de la herramienta de la política monetaria —la devaluación de la divisa ha sido el mecanismo tradicional—, los Gobiernos de la zona euro han de recurrir a una de las pocas alternativas que se abren, la devaluación interna: bajada real de salarios para bajar precios y, al final de la cadena, vender y exportar más para que el sector exterior tire de la economía.
En realidad, la brecha ya había comenzado a cerrarse desde 2008. Aunque lo hacía —y todavía lo hace— de la peor forma posible: la destrucción de empleo. Al fin y al cabo, hay dos formas de reducir la masa salarial: reduciendo sueldos o despidiendo. O una tercera: las dos al mismo tiempo. Esta vía se abrió en febrero, con la reforma laboral. Desde entonces, el número de empresas que combina despidos y reducción de sueldos aumenta. Según un estudio efectuado entre 300 compañías por Adecco y Sagardoy, un bufete laboralista vinculado habitualmente a las grandes firmas, casi un 40% ha combinado sendas medidas.
“Sí que está pasando”, confirma Luis Zumalacárregui, un abogado laboralista que cuenta entre sus clientes a empresarios y trabajadores. “Además, cuando lo hace una compañía de un sector, el resto tiene que hacerlo si quiere competir en igualdad de condiciones”, añade.
La combinación de reducción de salarios y destrucción de empleo incrementa los riesgos que implica por sí misma toda devaluación salarial: la caída excesiva del consumo interno y mayor dificultad de los afectados para hacer frente a las deudas contraídas. España afronta, en este momento, ambos peligros, y lo hace en un contexto internacional muy desfavorable. Durante toda la crisis, el sector exterior ha tenido un buen comportamiento. En 2012 incluso es probable que la balanza comercial de bienes y servicios tenga un saldo favorable por primera vez en años. Pero el enfriamiento constante de la economía europea resta potencial de crecimiento a un motor que debería sustituir en gran medida al consumo interno para que el empleo comience a levantar cabeza.
Como apunta Miguel Ángel García, de CC OO, España tiene todavía un sector exterior muy pequeño para que los beneficios de la devaluación interna tengan un resultado inmediato. En la actualidad, se exporta poco más del 32% del PIB. En Letonia, un país que puso en marcha con éxito esta opción al comienzo de la crisis, este porcentaje se eleva al 50%. Llegar a la porción del país báltico es uno de los retos que señala el sindicalista, pero “sin atajos buscando tejido productivo con valor añadido”, apostilla.
No será fácil. La devaluación interna es un camino que han emprendido prácticamente casi todos los países periféricos de la zona euro. Solo en Italia, según Eurostat, están creciendo los costes laborales en los últimos años. En el resto (Irlanda, Grecia, Portugal y España), la tendencia es a la inversa, en mayor o menor medida.
Esta subasta a la baja entre socios puede acabar por alargar en el tiempo el proceso. Para García, España ya se encuentra cerca del final. “Debería acabar aproximadamente el año que viene”, explica. De acuerdo con las cifras de productividad agregada, España ha recuperado unos 13 puntos de los 18 que perdió.
Menos optimistas son en Fedea. En esta fundación, de corte liberal, se calcula que falta por recorrer la mitad del camino. “Creo que deben congelarse los salarios [lo que supone una bajada real] durante años”, expone Marcel Jansen. Este profesor de economía de la Universidad Autónoma habla del ejemplo de su país, Holanda, donde los sueldos estuvieron congelados durante casi toda la década de los noventa y donde la crisis golpea con menor la virulencia que en el sur de Europa. Él piensa que esto no va a acabar ni en un año ni en dos. Lo que para Jansen es necesario, para Luengo aboca a España a una “fractura social” y a un “círculo vicioso muy pesimista”.
Desde luego, el contenido del pacto salarial firmado por sindicatos y empresarios puede acabar recomendando la congelación hasta 2014. Y los convenios nuevos que se están firmando, no solo están dando como resultado subidas de sueldo mucho menores (0,69%) que los firmados en años anteriores (1,5%), sino que se están pactando por periodos de tiempo más largos de lo que se hacía hasta ahora.
En el punto en que sí hay coincidencia es en que la marcha de los precios y los márgenes empresariales amenaza con echar por tierra la devaluación salarial. Lo ha advertido el Banco de España, partidario de la medida. Y lo dice un detractor como Luengo: “Bajan los salarios, y los precios no, o no en igual medida”.
No está de acuerdo el Ministerio de Economía. No lo dice abiertamente, pero en su argumentación prefieren fijar su atención en el deflactor del PIB, un índice que mide todos los precios de una economía, excluidos los de las importaciones, y que lleva varios trimestres por debajo del 0,5%, según el INE. Un dato que contrasta con el 3,5% que marcó en noviembre el IPC, el índice que trata de medir la evolución de la cesta de la compra, empujado por el aumento del IVA el pasado septiembre.
Sea como sea, tampoco en este punto el contexto internacional ayuda. El IPC en la zona euro crece un 2,5%. Y es en economías que deberían tener un comportamiento inflacionario para poner de su parte en la reactivación económica donde menos crecen los precios. En Alemania apenas suben un 2,1%.
También estrecha el camino el gran peso de la deuda, tanto pública como privada. Quien pierde parte de su salario (o pierde su empleo), no ve cómo mengua lo que debe, lo que, en el mejor de los casos, acaba por traducirse en menos consumo.
En el caso de la deuda pública, su tamaño, camino del 90% del PIB, añade otro obstáculo. El menor consumo y la reducción de sueldos supone menos recaudación para las arcas públicas. En consonancia, menos recursos. En este punto, de nuevo aparece el contraejemplo de Letonia. Cuando en Riga empezaron a devaluar salarios, su deuda pública era del 10% del PIB.
Por motivos como este, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, partidario del camino emprendido por España, advierte al analizar el caso báltico: “Ciertamente, los ajustes que tienen que hacer muchos de estos países [los de sur, entre ellos España] son más que pequeños que los de Letonia. Pero sus economías son menos flexibles y abiertas. Ellos tienen menos ganancias potenciales de productividad [...] y su deuda pública es mucho más pesada. Así que estas lecciones no son fácilmente exportables. Y no debemos hacerlos la ilusión de que los ajustes en el sur serán fáciles e indoloros. En ese contexto, el argumento para el pacto social, y una implantación más rápida de los ajustes de salarios y precios [...], es muy fuerte”.
Fuente: El ajuste encoge los salarios | Economía | EL PAÍS
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