Sanidad reconoce la negligencia al centralizar las compras de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo: el INGESA no tenía "preparación"
Así lo asegura Alfonso Mª Jiménez, exdirector del INGESA en su escrito de alegaciones presentado al Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso LD.
Miguel Ángel PérezSeguir a miguelpr83
12/6/2022 - 21:36
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez, junto a Fernando Simón y Salvador Illa, durante la reunión del Comité Científico de la el bichito-19. | EFE
El Ministerio de Sanidad ha reconocido la negligencia que cometió el propio Gobierno de Pedro Sánchez cuando ordenó centralizar las compras sanitarias al comienzo de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito-19 en marzo de 2020. El Ejecutivo prohibió a las CCAA comprar material aprovechando el estado de alarma y se efectuaron compras centralizadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, dependiente de Sanidad.
En un escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exdirector del INGESA y responsable de las compras en ese periodo, Alfonso Mª Jiménez, asegura que este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional" para realizar las compras de material. Actualmente, el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid mantiene imputados al propio Jiménez y a otros dos altos cargos del Ejecutivo que fueron responsables de las compras de material sanitario por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
En su escrito de alegaciones, el exdirector de INGESA relata que "el desconocimiento y el volumen de la problemática planteada por esta esa época en el 2020 de la que yo le hablo, desbordaron, en pocos días, todas las capacidades de nuestro Sistema Sanitario. La gran cantidad de ingresos hospitalarios, el desbordamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y, sobre todo, la elevada mortalidad de las primeras semanas, pusieron a prueba todas nuestras posibilidades".
"En este contexto, no la principal, sino la única prioridad, fue acometer todas las acciones que se nos habían encomendado para combatir la cobi19 con la mayor urgencia posible. Estas acciones eran, sobre todo, la adquisición de los medicamentos y productos sanitarios y de protección necesarios para proteger a los profesionales sanitarios que estaban enfermando y, en muchas ocasiones muriendo como consecuencia de la enfermedad. Las llamadas y comunicaciones de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos demandando material de protección eran continuadas y, en muchos casos, dramáticas", añade.
"Estas acciones resultaron extremadamente complejas por la situación de un mercado ‘roto’ (se podría decir incluso que "inexistente") en el que, la demanda de estos productos era enorme (todos los países necesitábamos lo mismo) y los precios y condiciones de compra variaban de día en día y, a veces, en horas. Lo ‘acordado’ un día podía no tener validez al día siguiente. El precio ‘acordado’ (incluso pagado) podía variar en pocos días u horas", apunta el exdirector de INGESA.
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"A pesar del enorme esfuerzo realizado, con jornadas interminables, sábados, domingos y Semana Santa incluidos, era materialmente imposible atender en tiempo a todos los trámites y procedimientos necesarios para tener todos los procedimientos ‘en regla’. No obstante, con alguna excepción en cuanto a los tiempos, se cumplieron todos los requisitos exigidos por la normativa de aplicación", concluye.
El TdC renunció a investigar el "cuello de botella"
Tal y como publicó LD, el Tribunal de Cuentas renunció a investigar el "cuello de botella" que causó el Gobierno al centralizar la compra de material sanitario. El tribunal aprobó recientemente un informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 por parte del Ejecutivo y no apreciaba ninguna irregularidad tras analizar 73 contratos por un valor total de 551 millones de euros. La mayoría de dichos contratos fueron suscritos por el citado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario denunciaron que "se deberían haber fiscalizado las compras centralizadas de material sanitario. La actuación seguida por Sanidad generó un ‘cuello de botella’ en la llegada de material sanitario a los centros hospitalarios españoles en los momentos de máxima intensidad en el número de contagios y de ingresos de afectados en los hospitales. Además, la insuficiencia de material producida por la negligente actuación del Ministerio de Sanidad generó un importante número de contagios entre el personal sanitario".
La Fiscalía pide archivar la querella contra tres altos cargos del Gobierno responsables de las compras del el bichito
La Fiscalía hace referencia al reciente informe del Tribunal de Cuentas para justificar la petición de archivo tras la querella presentada por Vox.
Miguel Ángel PérezSeguir a miguelpr83
13/6/2022 - 10:21
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngSalvador Illa | EFE
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de instrucción nº 26 en el que solicita el archivo provisional de la querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez a quienes acusaba de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
Según el Ministerio Público, la formación política no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" para llevar a cabo una investigación porque la querella se sustenta en "meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis ".
La querella iba dirigida contra tres personas: el exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La formación política sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.
Dicha decisión se conoce horas después de que Libertad Digital publicase que el Ministerio de Sanidad había reconocido la negligencia que cometió el propio Gobierno cuando ordenó centralizar las compras sanitarias al comienzo de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito-19 en marzo de 2020. El Ejecutivo prohibió a las CCAA comprar material aprovechando el estado de alarma y se efectuaron compras centralizadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, dependiente de Sanidad. Según el exdirector del INGESA y responsable de las compras en ese periodo, Alfonso Mª Jiménez, para el que la Fiscalía pide este lunes el archivo, este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional"
La Fiscalía explica que los indicios aportados por los querellantes sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentan en "meras conjeturas" relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias "pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones". Esa falta de concreción, a su juicio, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad "por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica".
A continuación se centra en la adecuación a la normativa vigente de los contratos celebrados por la entidad pública INGESA entre los meses de marzo y abril del año 2020. En primer lugar, expone que existió un hecho "notorio" e "incuestionable" como fue la esa época en el 2020 de la que yo le hablo "y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento". Por ello se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por INGESA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que son objeto de la querella, y concluye que dicho informe "no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa".
La mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe "conciso" y "detallado" elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos celebrados es lo que lleva a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa. Además, precisa que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella," la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativas y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal".
Por último, el escrito de la Fiscalía alude a la participación de los tres querellados en los hechos denunciados. Para el representante del Ministerio Público resulta "relevante" la declaración que en sede judicial hizo el director de INGESA quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, "donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases".
Existe una falta "total" de acreditación de los hechos
En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días "sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa". Respecto a la segunda "nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal".
De ahí que la conclusión de la Fiscalía sea la de que existe una falta "total" de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y a los indicios existentes contra los investigados y, por lo tanto, se aprecia "la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados".
Así lo asegura Alfonso Mª Jiménez, exdirector del INGESA en su escrito de alegaciones presentado al Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso LD.
Miguel Ángel PérezSeguir a miguelpr8312/6/2022 - 21:36
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sánchez, junto a Fernando Simón y Salvador Illa, durante la reunión del Comité Científico de la el bichito-19. | EFE
El Ministerio de Sanidad ha reconocido la negligencia que cometió el propio Gobierno de Pedro Sánchez cuando ordenó centralizar las compras sanitarias al comienzo de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito-19 en marzo de 2020. El Ejecutivo prohibió a las CCAA comprar material aprovechando el estado de alarma y se efectuaron compras centralizadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, dependiente de Sanidad.
En un escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exdirector del INGESA y responsable de las compras en ese periodo, Alfonso Mª Jiménez, asegura que este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional" para realizar las compras de material. Actualmente, el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid mantiene imputados al propio Jiménez y a otros dos altos cargos del Ejecutivo que fueron responsables de las compras de material sanitario por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
En su escrito de alegaciones, el exdirector de INGESA relata que "el desconocimiento y el volumen de la problemática planteada por esta esa época en el 2020 de la que yo le hablo, desbordaron, en pocos días, todas las capacidades de nuestro Sistema Sanitario. La gran cantidad de ingresos hospitalarios, el desbordamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y, sobre todo, la elevada mortalidad de las primeras semanas, pusieron a prueba todas nuestras posibilidades".
"En este contexto, no la principal, sino la única prioridad, fue acometer todas las acciones que se nos habían encomendado para combatir la cobi19 con la mayor urgencia posible. Estas acciones eran, sobre todo, la adquisición de los medicamentos y productos sanitarios y de protección necesarios para proteger a los profesionales sanitarios que estaban enfermando y, en muchas ocasiones muriendo como consecuencia de la enfermedad. Las llamadas y comunicaciones de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos demandando material de protección eran continuadas y, en muchos casos, dramáticas", añade.
"Estas acciones resultaron extremadamente complejas por la situación de un mercado ‘roto’ (se podría decir incluso que "inexistente") en el que, la demanda de estos productos era enorme (todos los países necesitábamos lo mismo) y los precios y condiciones de compra variaban de día en día y, a veces, en horas. Lo ‘acordado’ un día podía no tener validez al día siguiente. El precio ‘acordado’ (incluso pagado) podía variar en pocos días u horas", apunta el exdirector de INGESA.
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"A pesar del enorme esfuerzo realizado, con jornadas interminables, sábados, domingos y Semana Santa incluidos, era materialmente imposible atender en tiempo a todos los trámites y procedimientos necesarios para tener todos los procedimientos ‘en regla’. No obstante, con alguna excepción en cuanto a los tiempos, se cumplieron todos los requisitos exigidos por la normativa de aplicación", concluye.
El TdC renunció a investigar el "cuello de botella"
Tal y como publicó LD, el Tribunal de Cuentas renunció a investigar el "cuello de botella" que causó el Gobierno al centralizar la compra de material sanitario. El tribunal aprobó recientemente un informe de Fiscalización sobre la contratación de emergencia del ejercicio 2020 por parte del Ejecutivo y no apreciaba ninguna irregularidad tras analizar 73 contratos por un valor total de 551 millones de euros. La mayoría de dichos contratos fueron suscritos por el citado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario denunciaron que "se deberían haber fiscalizado las compras centralizadas de material sanitario. La actuación seguida por Sanidad generó un ‘cuello de botella’ en la llegada de material sanitario a los centros hospitalarios españoles en los momentos de máxima intensidad en el número de contagios y de ingresos de afectados en los hospitales. Además, la insuficiencia de material producida por la negligente actuación del Ministerio de Sanidad generó un importante número de contagios entre el personal sanitario".
La Fiscalía pide archivar la querella contra tres altos cargos del Gobierno responsables de las compras del el bichito
La Fiscalía hace referencia al reciente informe del Tribunal de Cuentas para justificar la petición de archivo tras la querella presentada por Vox.
Miguel Ángel PérezSeguir a miguelpr8313/6/2022 - 10:21
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngSalvador Illa | EFE
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de instrucción nº 26 en el que solicita el archivo provisional de la querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez a quienes acusaba de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
Según el Ministerio Público, la formación política no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" para llevar a cabo una investigación porque la querella se sustenta en "meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis ".
La querella iba dirigida contra tres personas: el exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La formación política sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.
Dicha decisión se conoce horas después de que Libertad Digital publicase que el Ministerio de Sanidad había reconocido la negligencia que cometió el propio Gobierno cuando ordenó centralizar las compras sanitarias al comienzo de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito-19 en marzo de 2020. El Ejecutivo prohibió a las CCAA comprar material aprovechando el estado de alarma y se efectuaron compras centralizadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, dependiente de Sanidad. Según el exdirector del INGESA y responsable de las compras en ese periodo, Alfonso Mª Jiménez, para el que la Fiscalía pide este lunes el archivo, este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional"
La Fiscalía explica que los indicios aportados por los querellantes sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentan en "meras conjeturas" relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias "pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones". Esa falta de concreción, a su juicio, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad "por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica".
A continuación se centra en la adecuación a la normativa vigente de los contratos celebrados por la entidad pública INGESA entre los meses de marzo y abril del año 2020. En primer lugar, expone que existió un hecho "notorio" e "incuestionable" como fue la esa época en el 2020 de la que yo le hablo "y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento". Por ello se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por INGESA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que son objeto de la querella, y concluye que dicho informe "no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa".
La mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe "conciso" y "detallado" elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos celebrados es lo que lleva a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa. Además, precisa que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella," la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativas y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal".
Por último, el escrito de la Fiscalía alude a la participación de los tres querellados en los hechos denunciados. Para el representante del Ministerio Público resulta "relevante" la declaración que en sede judicial hizo el director de INGESA quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, "donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases".
Existe una falta "total" de acreditación de los hechos
En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días "sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa". Respecto a la segunda "nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal".
De ahí que la conclusión de la Fiscalía sea la de que existe una falta "total" de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y a los indicios existentes contra los investigados y, por lo tanto, se aprecia "la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados".
